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noviembre 22, 2024

Quintana Roo

Fortalecen capacitación y estrategias anticorrupción en Quintana Roo

REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Cancún.- En un paso significativo hacia la mejora del servicio público y la lucha contra la corrupción, la Magistrada Presidenta Minerva Maribel Moreno Cruz participó en representación del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

Durante estas sesiones, se aprobó por unanimidad un ambicioso proyecto de becas dirigido a personas servidoras públicas. Este programa busca certificar a los funcionarios bajo el estándar EC1556, capacitándolos en la investigación de presuntas faltas administrativas con un enfoque que integra la apertura gubernamental, la innovación tecnológica, los derechos humanos y la perspectiva de género.

Además, se presentó un informe sobre la situación financiera del capítulo 3000 de la Secretaría del Sistema Anticorrupción. Se aprobó un tabulador de sueldos por unanimidad y, con mayoría de votos, se aprobó el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2025 de la Secretaría del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO).

Entre otros temas destacados en la agenda, se discutieron y aprobaron las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES). También se notificó la renuncia de la Dra. Jalil Arlene Ix Benítez como titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, iniciando así el proceso para designar a su sucesor ante la décimo octava legislatura del Congreso del Estado.

El desarrollo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador culminó con la aprobación de la propuesta de actualización del Programa de Trabajo para el año 2024, con el fin de fortalecer el servicio público de carrera, intensificar las acciones contra la corrupción y mejorar la gestión pública en Quintana Roo.

Este conjunto de decisiones marca un hito en el compromiso del estado por erradicar la corrupción y asegurar un ejercicio público más transparente y responsable.

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