MANUEL CHAN / GRUPO CANTÓN
Tihosuco.- A tres días de iniciar un bloqueo en la carretera federal Tihosuco-Valladolid, ejidatarios de esta comunidad siguen exigiendo el cumplimiento de la indemnización por la expropiación de más de 131 hectáreas de tierras que ocurrieron hace más de 54 años para la construcción de la vía corta a Mérida.
Los más de 800 ejidatarios de Tihosuco, que han estado luchando por el pago de la expropiación desde hace más de medio siglo, se mantienen firmes en su protesta, advirtiendo que no levantarán el bloqueo hasta que se resuelva de manera definitiva la falta de pago por el avalúo de sus tierras.
A través de altavoces, los ejidatarios expresaron su frustración al señalar que, aunque el año pasado recibieron la primera parte de la indemnización (27.4 millones de pesos), aún queda pendiente una segunda parte que no ha sido pagada. “El año pasado nos pagaron la primera parte, y quedamos en que en unos meses más nos pagarían lo que falta, pero ya está terminando el año y no ha sucedido”, comentó uno de los manifestantes.
Reclamos por incumplimiento
El bloqueo, iniciado el lunes pasado, tiene como principal objetivo presionar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), institución encargada de realizar los pagos de indemnización. Según los ejidatarios, el Tribunal Unitario Agrario ya notificó a la SICT para que pague el avalúo pendiente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), pero la respuesta ha sido negativa, argumentando falta de recursos económicos.
El monto que aún se debe es de 200,000 pesos, suma que debe ser entregada al INDAABIN para poder realizar el avalúo final y cerrar el proceso de indemnización. “No queremos más ‘Guerra de Castas’, queremos solución con diálogo”, enfatizaron los ejidatarios, aludiendo a la histórica lucha agraria que marcó la historia de la región y que aún parece perdurar en las tensiones entre las autoridades y la población campesina.
La falta de diálogo con las autoridades
A pesar de que el bloqueo ya lleva tres días y afecta el tráfico entre Valladolid y Felipe Carrillo Puerto, hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades locales, estatales o federales. Solo se ha permitido el paso de personas con cita médica y vehículos de emergencia, pero quienes viajan por la carretera tienen que recurrir a vías alternas, lo que implica mayores distancias y tiempos de traslado.
Los ejidatarios lamentaron la falta de atención por parte de las autoridades municipales y estatales. “Nuestra presidenta municipal vino a pedir nuestro voto y la subimos, pero ni agua nos regala y el dinero se lo lleva ella. Nosotros estamos desamparados”, expresó otro de los manifestantes, haciendo un llamado a las autoridades para que intervengan en la solución de esta problemática.
Historia de luchas y promesas incumplidas
Este conflicto no es nuevo. A principios de 2023, los ejidatarios de Tihosuco realizaron un primer cierre carretero para exigir el pago de la indemnización, acuerdo que se alcanzó después de varias horas de negociaciones, comprometiéndose el gobierno a continuar con el proceso. Sin embargo, el incumplimiento de las autoridades generó dos bloqueos más durante el año, hasta que en abril de 2023 se concretó el pago de la primera parte de la indemnización.
El saldo pendiente sigue siendo un tema de controversia, ya que la decisión de continuar con el proceso de pago depende de un nuevo avalúo, que hasta ahora no ha sido posible debido a la falta del pago previo al INDAABIN.
Los ejidatarios, que exigen una mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales, continúan con el bloqueo de la carretera, como una medida de presión para que se cumpla con lo pactado. “No queremos más enfrentamientos, no queremos más ‘Guerra de Castas’, queremos una solución con diálogo”, reiteraron durante la protesta.
La situación sigue siendo incierta, y los ejidatarios han advertido que no levantarán el bloqueo hasta que sus demandas sean atendidas de manera efectiva. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando una respuesta que permita poner fin a un conflicto que ya lleva más de 54 años sin resolución.