REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Chiquilá.- En una asamblea celebrada en la casa ejidal de Chiquilá, los ejidatarios aprobaron por unanimidad llevar ante el Tribunal Unitario Agrario y la vía penal las irregularidades y el desfalco por más de 10 millones de pesos cometidos por la ex directiva encabezada por Ignacio Cáceres Correa. Este acto de corrupción, descubierto mediante una auditoría, involucra la venta indebida de terrenos y contratos realizados sin el conocimiento ni la autorización de los ejidatarios.
El desfalco será ventilado a través de demandas que buscan resarcir los daños económicos causados al ejido de Chiquilá y su anexo San Ángel. La asamblea dejó claro que la venta de terrenos realizada por Cáceres Correa y su ex tesorero, Zacarías Jiménez, fue una clara violación de la confianza y responsabilidades del cargo que ocupaban.
En un principio, ambos ex dirigentes solicitaron tres meses para aclarar el destino del dinero, sin embargo, esta solicitud fue rechazada por la asamblea, ya que se consideró que no era viable postergar el proceso.
El presidente del comisariado ejidal, Jorge Ventura Arceo, destacó durante la reunión que, desde que la ex directiva asumió el control de las oficinas en San Ángel, se dedicaron a la venta de tierras como si fueran propiedades privadas, ignorando su verdadera responsabilidad de velar por el bienestar de los 294 ejidatarios. Con la aprobación de las demandas, los ejidatarios buscan hacer justicia y recuperar los recursos que pertenecen a la comunidad.
