REDACCIÓN / Grupo Cantón
CANCÚN.- El gobierno de Diego Castañón en Tulum está marcado por la corrupción y el encubrimiento. Su administración ha protegido a funcionarios vinculados en un escándalo de despojo de tierras y malversación de recursos públicos, en el que destacan los hermanos Antonio y Lorenzo Miranda Miranda. Antonio, quien apenas duró semanas como tesorero municipal, y su hermano Lorenzo, ex titular de Desarrollo Urbano, han sido señalados por apropiarse ilegalmente de cerca de 180 hectáreas con pie de carretera y por el desvío de al menos 23 millones de pesos, según denunció el regidor Eugenio Barbachano.
Desde mayo de 2023, el medio Grupo Pirámide documentó el despojo de 179 hectáreas en Tulum, señalando la existencia de una mafia inmobiliaria que involucraba a empresarios yucatecos, notarías y funcionarios municipales y estatales. Pese a que el caso fue denunciado ante la Fiscalía de Quintana Roo, varios de los implicados no solo no fueron castigados, sino que fueron incorporados a la campaña electoral de Castañón y, posteriormente, a su administración.
Uno de ellos fue Antonio Miranda Miranda, quien había sido oficial mayor en la administración de Marciano Dzul Caamal. Su hermano, Lorenzo, ocupó la dirección de Desarrollo Urbano cuando Castañón era tesorero. A pesar de los múltiples señalamientos, ambos continuaron en la estructura municipal, junto con otros funcionarios como Rubén Raziel Ek Cruz en Catastro.
El escándalo estalló cuando el regidor Eugenio Barbachano exhibió irregularidades en el manejo de 23 millones de pesos y el inexplicable enriquecimiento de los Miranda Miranda. Esto desató una crisis interna en el gobierno municipal, donde la verdadera pregunta es: ¿qué secretos guardan los Miranda Miranda sobre Castañón que les han permitido obtener y mantener privilegios en su administración?
Casos similares han provocado la huida de personajes clave, como el exasesor Edgardo Díaz, implicado en la mafia inmobiliaria y quien hoy se refugia como tesorero en Tizimín, Yucatán. La denuncia ante la fiscalía (folio 8144/2022) señala violaciones a la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de conflicto de intereses y falsificación de documentos, en una operación que tuvo lugar cuando Castañón era tesorero de la administración de Dzul Caamal.
La pregunta es inevitable: ¿protegerá la Fiscalía de Quintana Roo a Castañón y sus operadores o finalmente se hará justicia por los despojos y el saqueo en Tulum?
