El pasado domingo 8 de noviembre la joven fue hallada sin vida en el fraccionamiento Vista Real.

Fueron llevados ante tribunales a dos sujetos probablemente relacionados en el feminicidio.

DE LA REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) dio a conocer a través de un comunicado que la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del delito de Feminicidio puso a disposición de un juez de control a dos personas del sexo masculino que probablemente participaron en el feminicidio de B.A.L.A.
Asimismo, se di a conocer que otras tres personas se encuentran a disposición del ministerio público relacionadas en este caso y cuya situación legal se definirá dentro de los plazos que establece la ley.
Por otra parte, la FGE, informó que aún se procesa evidencia que permita identificar a los probables participantes de los daños a los inmuebles pertenecientes a la administración pública de los órdenes estatal y municipal, ocurridos la tarde del domingo durante la manifestación de un colectivo feminista, en Benito Juárez.
En tanto, la FGE tiene a una persona detenida que ya rindió su declaración ante la autoridad ministerial, mientras que otras 21 fueron remitidas ante el juez cívico, tras los acontecimientos suscitados la tarde de ayer.
La evidencia permitirá solicitar las órdenes de aprehensión pertinentes en caso de acreditarse la probable comisión del delito de daños y lo que resulte.

Se han realizado tres cateos a distintos domicilios.

La fiscalía indicó que es evidente que el reclamo legítimo de las mujeres está siendo aprovechado por individuos con otro tipo de intereses con el propósito de lastimar la imagen de Quintana Roo, que afecta su vida social y cultural además de vulnerar la paz que caracteriza a la entidad.
Con relación a la indagatoria iniciada por la agresión emprendida por parte de policías hacia manifestantes ocurrida el pasado lunes en la plaza de la Reforma, se señala en el comunicado que se continúa robusteciéndose la carpeta de investigación a fin de determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos que -de manera irresponsable- accionaron sus armas incurriendo en un exceso del uso de la fuerza y dejó como saldo dos periodistas y cinco civiles lesionados.