Mario Zermeño / GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Existe un cinismo por parte de desarrolladores inmobiliarios “temerarios” en Quintana Roo, ya que el número de obras en construcción frente a playas o sitios exclusivos, rebasa el número de proyectos que están en proceso de autorización o que ya fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Antonella Vázquez Cavedon integrante y representante legal de la asociación civil Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), compartió a Grupo Cantón que existe un descontrol en la edificación de desarrollos inmobiliarios sin estudios, ni permisos, en lugares exclusivos y cercanos al mar Caribe.
“Próximamente estaremos compartiendo el número de proyectos autorizados y los que están en proceso de autorización por parte de la Semarnat, ya que la teoría no coincide con la realidad”, compartió
Y es que, de acuerdo a Antonella Vázquez, la asociación civil DMAS se dio a la tarea de investigar el número de proyectos de construcción aprobados y en también de los que están en proceso de aprobación en materia de impacto ambiental, señalando que existe una discordancia entre la realidad y lo administrativo.
“Pedimos por transparencia todas las autorizaciones de impacto ambiental que ha autorizado Semarnat de 2023 hasta mayo de 2024 y son muy pocas”, declaró.
En un adelanto, la abogada y activista señaló que son alrededor de 21 proyectos autorizados por la Semarnat en un periodo aproximado de un año, mismo que abarca de 2023 a mayo de 2024, determinando que son pocas las autorizaciones en materia ambiental, ante el número de desarrollos inmobiliarios que se están edificando actualmente.
“Muchos desarrollos están actuando en la total ilegalidad, porque se dedican a construir y vender, sin que antes tengan todos los permisos por parte de las autoridades ambientales, municipales y estatales para tener actuar conforme a la leyes”, determinó.
No se puede ser incongruente ante la ley, por ello es que se le exige que den cumplimiento de manera ordenada y sin provocar daños ambientales.
“Los estudios deben de ser previos para ver si el proyecto va a ser congruente con lo que se puede hacer y si hay factibilidad para brindar los servicios de infraestructura social básica”, subrayó.