La Secretaria del Trabajo, tiene una demanda desde el 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de abuso de autoridad.

Cristina Escudero
Grupo cantón

CaNCún. Los problemas y escándalos de la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, siguen en pie y parecen no tener freno, ya que además de ser ventaneada por conflicto de interés e influyentismo, es señalada de tener injerencia en asuntos internos de sindicatos, por si fuera poco, la ineptitud de la funcionaria quedó en total evidencia durante estos siete meses que lleva la emergencia sanitaria al desamparar a los más de 100 mil trabajadores que perdieron su empleo.
El diputado y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, Hernán Villatoro Barrios, es quien ha señalado en varias ocasiones a Portillo Navarro. Desde que inició la controvertida administración del gobernador Carlos Joaquín González, ha estado envuelta en varias denuncias por retrasar a su conveniencia tomas de nota y extralimitarse en sus funciones, por lo cual, el dirigente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos de la República Mexicana, Sergio Alberto Padilla, solicitó su destitución y acusó que en Conciliación y Arbitraje, así como del secretario de Acuerdos, Moisés Almeida quien condiciona trámites a la entrega de dinero.
La secretaria del trabajo, tiene una demanda desde el 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de abuso de autoridad interpuesta por Pedro Javier Moreno Uc, quien en ese entonces era el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Moreno solicitó al Congreso del Estado juicio político en contra de Catalina Portillo Navarro; los hechos se remontan al 4 de septiembre de 2017, cuando Moreno Uc fue despedido de manera injustificada; sin embargo, fue reinstalado en el cargo en el mes de febrero de 2018 al ganar una demanda en el Juzgado Sexto de Distrito.

Hay anomalías como la confiscación de cuentas bancarias de personas fallecidas.

ANOMALÍAS DETECTADAS

Como resultado de algunas anomalías detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto a diversos movimientos bancarios detectadas en la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo, entre ellas “la confiscación” de cuentas bancarias de personas ya fallecidas, la Fiscalía General de la República (FGR) Inició en el 2019 una investigación para ubicar dichos movimientos realizados a través de esta dependencia.

Sergio Navarro, secretario general de la Confederación Nacional de Servidores Públicos de la República Mexicana exige la destitución de Catalina Portillo.

La dependencia federal, detectó el movimiento irregular de diversas cuentas bancarias, en el sentido de que personal de la Secretaría del Trabajo del estado de Quintana Roo, les había incautado cuentas a personas ya muertas, sin que mediara alguna explicación satisfactoria, ni siquiera la aclaración simple y lógica de tal determinación.
Se habla de más de una docena de cuentas que ligaron a problemas laborales para poder ordenar su incautación inmediata pero resulta que varias de ellas sus titulares ya habían fallecido.
En estos hechos también aparece el nombre de la presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Nelly Adriana Lizama Uc, sobre quien pesa una denuncia penal presentada por el banco español Sabadell ante la Fiscalía General de Quintana Roo por el presunto “movimiento fraudulento” para evadir una millonaria deuda.
El caso más reciente en el que se refleja la corrupción al interior de la Secretaría del Trabajo del estado de Quintana Roo, es la denuncia que interpusieron 18 exempleados de la tienda de autoservicio Wal-Mart, Sam’s Club y Bodega Aurrerá, quienes después de 20 años trabajando fueron despedidos de manera injustificada, sin liquidación conforme a la ley, por lo que exigen justicia.

El diputado Hernán Villatoro ha señalado las irregularidades.