Paloma Wong / Grupo Cantón
Chetumal.- El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) busca modernizar la justicia electoral, pues pretende implementar el Juicio en Línea que permitirá a los ciudadanos interponer recursos judiciales desde cualquier lugar del Estado, informó el presidente del Tribunal, Sergio Avilés Demeneghi.
Dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, el TEQROO solicitó una ampliación al presupuesto de 5.41 por ciento del presupuesto ejercido en este 2024, que fue de poco más de 43 millones de pesos y que a su vez tuvo un aumento por ser año electoral que al final del día dio como resultado un presupuesto superior a los 47 millones de pesos.
Si bien el presupuesto de egresos está en análisis de parte de la XVIII Legislatura, Sergio Avilés Demeneghi, mencionó que dentro de este paquete presupuestal se consideran diferentes programas y proyectos, entre ellos la modernización de la justicia electoral, pues se pretende implementar el Juicio en Línea, que permitirá a los ciudadanos interponer recursos judiciales desde cualquier lugar del Estado.
Esta iniciativa responde a la necesidad de agilizar los procesos y hacer más accesible la justicia electoral, consolidando al tribunal como una institución abierta y cercana al ciudadano.
“En el año fiscal 2025 pretendemos instaurar el juicio en línea y espero que obviamente la legislatura entienda la sensibilidad de este tipo de procedimientos a efecto de acercar la justicia para una manera más afectiva”, abundó.
El magistrado presidente del Tribunal dijo que este sistema tiene como objetivo superar las limitaciones geográficas, ya que actualmente Quintana Roo cuenta con una sola sede en Chetumal, lo que representa un desafío para ciudadanos de otras regiones del Estado.
De antemano, el entrevistado mencionó que este proyecto tiene una inversión aproximada de dos millones de pesos. De tal manera que el organismo confía en que el Congreso local entienda la relevancia y el impacto positivo de esta iniciativa para garantizar una justicia accesible, ya que la decisión final sobre la asignación de recursos adicionales quedará en manos del Congreso local.