Paloma Wong
Chetumal.-
Autoridades del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y la XVIII Legislatura sostuvieron una reunión para trabajar en la modificación al artículo 182 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que garantiza la libre manifestación pacífica, esto luego de las inconformidades públicas de algunos sectores poblacionales.
Como se recordará la semana pasada diversas asociaciones civiles se pronunciaron en contra de dicha reforma, ya que a consideración de los integrantes de estas atenta en contra de la libre manifestación y por lo tanto genera una violación a los derechos humanos. Derivado de ello, la gobernadora del Estado, Mara Lezama, instruyó atender dicha reforma.
En este sentido, Carlos Felipe Fuentes del Río, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, informó que este martes sostuvieron una reunión para atender la modificación a dicho artículo y dejar en claro la terminología, ya que la adición que se hizo en la reforma recién aprobada fue para salvaguardar la infraestructura vial y que no se haga una retención del transporte público privado, pero no así en contra de la libre manifestación pacífica.
Declaró que existe una reforma previa con respecto publicada en 1991, pero en este momento y tras la instrucción emitida recalcó que se no se cuartará ningún derecho de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se han manifestado libre y pacíficamente.
“Es importante recalcar que la adición que se hizo en esta Legislatura y con propuesta del Ejecutivo no fue adicionar nada sobre el tema de una obstaculización del bloqueo, ya que estos delitos existen desde 1991 e incluso se publica en la gaceta del 29 de marzo de 1991y lo que se hace la adición es para salvaguardar la infraestructura vial y no sea una retención de transporte público privado, pero no se hizo nada en contra de la libre manifestación, pero ya estamos trabajando en esto”, detalló.
El artículo 182 del Código Penal, de acuerdo a la actualización realizada la semana pasada, establece penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas económicas para quien dañe, altere, destruya u obstaculice vías, mobiliario urbano o infraestructura de transporte, incluyendo la retención de vehículos del servicio público o privado.
.Si bien ya se trabaja en la reforma a este artículo del Código Penal, el consejero jurídico del Gobierno del Estado adelantó que esta podría ser entregada al Congreso del Estado en los próximos días sin pasar de la próxima semana, y esta pueda ser analizada por los diputados locales para su dictaminación
“Más allá de la ambigüedad lo que se está proponiendo es la excepción que no sea delito cuando se trate de la libre manifestación pacífica de las y los ciudadanos para que tengan garantizado su derecho a la protesta”, puntualizó Fuentes del Río.
