Riccardo Vega Serrador y el ex gobernador de Q. Roo, tienen un oscuro pasado rodeado de corrupción

Cristina Escudero

grupo cantón

Cancún Ricardo Antonio Vega Serrador fue uno de la veintena de personajes a los que se les han intervenido sus cuentas bancarias a través del requerimiento hacendario 110/F/B/978/20221 que forma parte del acuerdo 10/2021, que dio a conocer la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto, el pasado día 4 de febrero.

Vega Serrador es uno de los personajes a los que se encuentra ligado el ex mandatario Félix González Canto, y su riqueza es de tal magnitud que se le menciona como un prestanombres del ex gobernador.

Al empresario se le conoce por tener un emporio gasolinero en toda la entidad. Pero hay que recordar que con Félix González Canto, Vega Serrador, recibió del IPAE las emblemáticas Villas Juveniles del CREA, en la Zona Hotelera de Cancún. Otros integrantes de Corpo Gas también obtuvieron otros terrenos del IPAE, la gran mayoría de los cuales fueron intervenidos por el gobierno federal, en 2016.

Esto es curioso porque en la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera, también figura Francisco Garibay Osorio, ex director del IPAE en el gobierno de Félix González Canto, al igual que su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido, y una empresa de ambos, Inmobiliaria Crisántemos, vendida a ellos por Vega Serrador en 2010.

Como funcionario en el IPAE, Garibay Osorio benefició con más de 100 terrenos a esta inmobiliaria, lo que resultó ser en su propio lucro, al adquirirla de Vega Serrador. Las reservas territoriales de Quintana Roo que fueron vendidas por el IPAE en el tiempo de González Canto, a particulares a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el “lavado” de miles de millones de pesos. Además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, que cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

En el mandato de González Canto la entidad se convirtió en una zona de inseguridad, con secuestros, extorsiones, robos a la orden del día

Cabe recordar que durante el sexenio de González Canto, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos, 406 se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, vendió 176 predios, en Cancún, 156 y en Chetumal, 139.

Como se recordará, en 2006 Quintana Roo registró un total de 798 casos de delitos contra la salud, la inmensa mayoría, es decir 703 fueron por posesión, de lo que se infiere el incremento del consumo de enervantes entre los quintanarroenses y al año siguiente alcanzó la cifra de mil 43 casos por delitos contra la salud, de los cuales 992 fueron por posesión y los restante por “narcomenudeo”.

“No he tenido ni tengo relación con la mafia rumana.”

Félix González Canto

Ex gobernador de Q. Roo

Así, durante el gobierno de González Canto, Quintana Roo se convirtió en una zona de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, “levantones”, cobros por derecho de piso y ejecuciones estuvieron a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

SE DECLARA INOCENTE

Desde que se dio a conocer la lista, varios medios hicieron señalamientos de cómo estaba involucrada la gente cercana a Félix González Canto. El exgobernador se encuentra prácticamente en todos los negocios con prestanombres: hoteles, restaurantes, gasolineras, combis, minibuses, terrenos de alta plusvalía, bienes inmobiliarios, tiendas de conveniencia y un largo etcétera, al grado de que es considerado el hombre más rico de la entidad. Ese poder lo comparte en la península con Emilio Gamboa Patrón (ahora prácticamente escondido para evitar llamar la atención).

Ayer circuló en redes sociales que González Canto había sido citado a declarar por la UIF, pero aseguró que ese documento estaba alterado y que no había sido notificado de ningún requerimiento ni se han congelado sus cuentas bancarias.

También ha negado tener relación con clonadores de tarjetas, “No he tenido ni tengo relación con la mafia rumana. Esta red delincuencial llegó a la entidad en 2014, cuando mi administración como gobernador fue de 2005 al 2011”, dijo González Canto en la entrevista echando toda la culpa a quien impuso en la gubernatura: Roberto Borge. Sin embargo, varios de los que son sus protegidos, como Laura Fernández Piña, presidenta de Puerto Morelos, sí que se la ha mencionado de pingües negocios que ha realizado con estos grupos delictivos.