AGENCIA SIM / Grupo Cantón
CANCÚN.- Personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de la Región 102, se manifestaron pacífica para hacer público las diversas carencias que padecen, además de su inconformidad por no estar dentro del IMSS Bienestar.
Paola Puc, enfermera de contrato y una de las manifestantes, mencionó que desde hace dos años han solicitado un toldo para los pacientes que esperan sus muestras en la intemperie, quienes llegan a sufrir desmayos por insolación o padecen por las intensas lluvias.
Aseguró que en diversas ocasiones han solicitado la instalación de estos toldos, sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de las autoridades.
“Nosotros somos una unidad que somos sumamente indispensable, la autoridad no lo ve así”, expresó.
Agregó que es necesario que sean tomados en cuenta como una unidad prioritaria.
Los manifestantes mencionaron que en esta unidad acuden alrededor de dos mil 500 pacientes por temas de vital importancia como la salud sexual, por lo que piden la intervención de la gobernadora para que verifique la situación que están viviendo.
Además, refirieron que también sus acciones de protesta obedecen a la falta de personal basificado, de ahí que exigen la plantilla completa para realizar adecuadamente sus funciones.
Recordaron que en abril habían hecho una primera manifestación para exigir contratos de base, prestaciones y equipos adecuados.
“Ya habíamos hecho una manifestación y estuvimos tranquilos porque no buscamos hacer líos, pero esto es para pedir que la gobernadora nos escuche, porque estamos seguros que está recibiendo información inadecuada”, expresó.
Por su parte, Binnui Rodríguez, enfermera desde hace siete años, mencionó que desde la primera manifestación han sido hostigados con constantes supervisiones por parte del personal de la Secretaría de Salud, con las cuales han cumplido, a pesar del poco recurso con el que cuentan.
Indicaron que en años anteriores no recibían ni siquiera una inspección al año, pero ahora es casi cada semana que están siendo supervisados, lo que califican como una represalia por alzar la voz.
