Cancún, Quintana Roo- Tras una semana en la que las oficinas del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” estuvieron bajo custodia judicial, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha autorizado el retiro de los sellos de aseguramiento del inmueble, en medio de investigaciones sobre presuntos vínculos de su directiva con actividades delictivas en la región.

Este paso abre la puerta para que el sindicato reanude sus operaciones, pero también deja una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad y transparencia de sus líderes.

El cierre temporal del inmueble fue producto de una orden judicial emitida para salvaguardar la posible evidencia en investigaciones que involucran a figuras clave del gremio, incluyendo a su secretario general, Salomón Alfonso, y al subsecretario, Óscar Antonio.

Ambos han sido señalados en una serie de denuncias que los vinculan con grupos criminales que operan en Benito Juárez, así como con actos de violencia que afectan tanto al gremio como a la seguridad pública.

La medida cautelar de aseguramiento es una herramienta que permite a las autoridades actuar de forma rápida para preservar posibles pruebas; sin embargo, el impacto social de este tipo de clausuras en un gremio con amplia presencia como el sindicato de taxistas genera una mezcla de reacciones.

Para los colaboradores del sindicato, la liberación del inmueble representa una oportunidad de retomar sus actividades laborales, mientras que para la ciudadanía, este suceso refuerza la exigencia de justicia y transparencia en las instituciones.

Ante la desconfianza de la ciudadanía hacia el gremio de taxistas, la reapertura de las oficinas sindicales llega en un momento crítico, en el que el liderazgo de esta organización tendrá