Jazmín Ramos / Grupo Cantón
CANCÚN.- Ante la permisividad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, hay un total de 150 fraccionamientos en Cancún que enfrentan problemas en el sistema de drenaje, en virtud de que los desarrolladores incumplieron con los servicios básicos y la capacidad de carga de las aguas negras, refirió Antonella Vázquez Cavedon, representante de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Entrevistada tras ofrecer una conferencia de prensa en donde dio a conocer los avances en torno al caso del condómino Adamar en Bahía Soliman en Tulum, el cual se construyó sin un solo permiso, violentando la Ley Ambiental y la Ley de Asentamientos Humanos, consideró que las irregularidades en estas unidades habitacionales tienen su origen en la corrupción, que pone en peligro el manto freático.
Al respecto, ejemplificó con el caso de la unidad habitacional Urbi Villas del Rey, quienes por año han enfrentado problemas por la falta de drenaje, los cuales tienen su origen por las omisiones de las autoridades al otorgar la constancia de uso de suelo y de terminación de la obra sin contar con los servicios, de hecho, DMAS representó el caso y obtuvieron un amparo y ahora exigen la construcción de una planta de tratamiento de los vertidos negros.
Mencionó que en total la autoridad ha reconocido que hay 150 fraccionamientos en esas condiciones, lo que demuestra la permisividad, la omisión y la corrupción que rodea la autorización de estas colonias, que enfrentan rezagos en infraestructura urbana; es más, ni siquiera están municipalizadas.
“Lo grave aquí es cómo las autoridades permitieron la venta de ese fraccionamiento y ahora se tiene un grave problema con el sistema de drenaje, ya que están contaminando el manto freático, mientras las familias corren el riesgo de sufrir enfermedades. Es muy grave lo que pasa en materia ambiental en Cancún y en general en Quintana Roo, pues casos similares se registran en otros municipios”.
Mencionó que el hecho de que se permitan construcciones sin cumplir con la ordenanza y que además se comercialicen, revela la corrupción que hay en los tres órdenes de gobierno, pues los desarrolladores operan con toda impunidad, generando un problema que pone en riesgo el medio ambiente sano.
Dijo que en esta red de omisiones participa tanto la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProfepaI), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Capa y Desarrollo Urbano e incluso Protección Civil, de ahí lo complicado del tema, ya que a la hora de exigir justicia se complica y muchos casos se caen.