JAZMIN RAMOS / Grupo Cantón
La captación y distribución del agua se convirtió en un negocio millonario tras la privatización del servicio a la empresa Aguakan
Quintana Roo,- A pesar de que Quintana Roo se encuentra entre los diez estados del país con el agua potable más cara, cuya tarifa mínima alcanza los 194 pesos, se tienen problemas graves en la calidad del vital líquido, por lo que beberla directamente del grifo puede ocasionar cuadros de diarrea, vómito, fiebre y, en casos críticos, cólera, disentería e incluso poliomielitis.
En sí, la captación y distribución del agua se convirtió en un negocio millonario tras la privatización del servicio a la empresa Aguakan, la cual arrastra incumplimientos en el contrato-concesión que ha derivado en un suministro deficiente, caro y riesgoso para la salud pública, refieren especialistas, organizaciones sociales, legisladores, así como la propia gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Con base en datos del Tercer Foro de Tecnología del Agua y Saneamiento que lideró la organización Centinelas del Agua, el estado enfrenta graves desafíos referentes a la calidad del agua, ya que no se ajusta a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127, la cual establece los límites permisibles para el uso y consumo del vital líquido.
Ahí, se establecen los parámetros químicos, físico-bacteriológicos y organolépticos que debe tener el agua para que sea apta al consumo humano, de tal suerte que en el estado se distribuye un vital líquido con altas concentraciones de metales pesados, además de bacterias que ponen en riesgo la salud.
La dureza del agua que llega a los hogares y que también es utilizada en las actividades productivas, puede constatarse a simple vista en las tomas de agua, grifos y regaderas, en donde se suele acumular el carbonato de calcio, que son las contras que obstruyen el flujo del líquido.
De hecho, el director general de Centinela del Agua, Alejandro López Tamayo, dijo en una conferencia previa al encuentro de especialistas que el problema de la calidad de agua es serio debido al incumplimiento de la norma y alertó sobre los problemas en la salud que puede ocasionar, así como el impacto en los ecosistemas.
Explicó que el agua apta para el consumo humano debe estar por debajo de mil partes por millón en dureza; sin embargo, en algunos municipios del estado, el vital líquido se encuentra en mil 200 a mil 330 por millón, de modo que es necesario utilizar procesos adecuados para su potabilidad.
Indicó que existen varias opciones para mejorar la calidad del agua, entre ellas la ósmosis inversa, a través de la cual se utiliza una membrana semipermeable para eliminar impurezas, contaminantes y otras partículas. En sí se trata de una barrera selectiva que permite que el recurso hídrico pase limpio.
Asimismo, hizo referencia a la contaminación del agua subterránea en donde se han encontrado altas concentraciones de nutrientes relacionadas con las aguas negras; ahí también tiene injerencia Aguakan, dado que la empresa es la encargada de la gestión del drenaje.
En ese sentido, dijo que es urgente que se mejore la recolección, tratamiento y reinyección de las aguas residuales mediante su red de drenaje para amortiguar la presión que existe en los mantos freáticos ante los ciclos de retorno.
La contaminación del manto freático en el estado ha sido denunciada en repetidas ocasiones por colectivos ambientales, entre ellos Derecho a un Medio Ambiente Santo y el Grupo Ecologistas del Mayab (Gema), pero las autoridades han hecho caso omiso para frenar los desarrollos de alto impacto y exigir a la concesionaria que cumpla con la red de drenaje.
Es más, en el caso de Cancún, el propio Ayuntamiento financió un estudio sobre la calidad del agua, el cual estuvo a cargo de AyMa Ingeniería, que reveló los graves problemas de contaminación del manto freático.
Y si bien hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres con las empresas Aguakan en relación a la protección de los cuerpos lagunares, aguas subterráneas y zonas costeras, la concesión tiene la obligación de mejorar el tratamiento de las aguas negras y los ciclos de retorno.
Mientras tanto, las autoridades deben aplicar las leyes ambientales y no violentar los Programas de Desarrollo Urbano (PDU), pues han emitido licencias para proyectos turísticos y habitacionales de alto impacto que contribuyen a la contaminación del agua, ya que algunos ni siquiera cuentan con drenaje.
Prueba de ello es que en Cancún hay un total de 150 desarrollos habitacionales que carecen de drenaje y esto se suma a los asentamientos irregulares, más de 80, que también abonan a la contaminación del agua.
En estos casos Aguakan les echa la bolita a las autoridades, cuando hay responsabilidad compartida, es decir, los gobiernos deben exigir a los desarrolladores sus esquemas de planeación referentes al servicio de agua y drenaje, en tanto las empresas deben cumplir con la inversión para fortalecer la infraestructura hidráulica.
Pero mientras esos suceden, la distribución del agua y del manejo de los vertidos negros son deficientes, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad de los ecosistemas, sino la salud de la población.
Es más, en el tema del problema del suministro del recurso hídrico, la gobernadora también ha hecho señalamiento en contra Aguakan, al indicar que los quintanarroenses tienen derecho a un servicio y agua de calidad.
Ante ello, aseguró que sobre el caso ya hay expertos de la administración central para encontrar la mejor solución referente al contrato a fin de llegar a los mejores términos con la empresa y recalcó que la prioridad es que los usuarios no solo tengan un buen servicio, sino mejorar la calidad del agua que reciben en los hogares.
En ese contexto, el químico biólogo parasitólogo Raúl Urióstegui Martínez reiteró que los riesgos para la salud si se consume el agua directamente del grifo pueden ser fatales para la salud, en razón de que no se tiene un proceso adecuado de purificación para el consumo humano.
Mencionó que, aunque la mala calidad del agua que se distribuye en los hogares no es privativa de Quintana Roo, sino del país, sí hay estados con el recurso hídrico más contaminado que otros, pues las leyes que rigen el tratamiento para el uso doméstico no se cumplen.
Dijo que el estado enfrenta problemas graves con relación a la calidad del agua derivado de las actividades humanas, las descargas de aguas negras, el uso de pesticidas y químicos en las actividades productivas.
De modo, añadió, que ante la falta de tratamiento adecuado el agua que llega a los hogares puede contener bacterias, parásitos, metales pesados y químicos que indudablemente causan efectos en la salud, desde una diarrea hasta cólera, tifoidea, disentería y poliomielitis.
Además, señaló que, si existe alta presencia de químicos, el agua puede causar intoxicación, daño a los órganos y problemas de salud a largo plazo y, en dado caso que tenga niveles altos de minerales como el fluoruro, ocasiona problemas en los huesos y dientes.
Incluso, comentó que se han detectado casos en que el consumo de agua con metales pesados como el plomo puede generar daños al sistema nervioso, especialmente en niños, por lo que recomendó abstenerse de tomar el vital líquido del agua corriente.
Ante ello, dijo que lo ideal es tomar agua purificada a través del uso de filtros que ayudan a eliminar contaminantes, además de hervir el agua para erradicar bacteria y virus. De hecho, dijo que en el mercado hay infinidad de alternativas para tratar el agua, así como varias marcas que venden agua embotellada.
Comentó que, lamentablemente, en Quintana Roo y el país el agua se volvió un negocio, de modo que para evitar riesgo a la salud no queda más que invertir en el vital líquido para uso humano, a pesar de que ya se paga por el suministro del recurso hídrico que llega a los hogares.
Cabe destacar que, según datos del propio gobierno del estado, los altos cobros de Aguakan tienen su origen en la modificación de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Líquidos Residuales del Estado, la cual también benefició a CAPA.
Los camibo a la ordenanza quedaron asentadas en el decreto 444 del 2011. Desde entonces, entre Auakan y Capa, se obtuvieron ganancias superiores a los 21 mil millones de pesos, de modo que en ese periodo las tarifas del agua potable en el estado se quintuplicaron, provocando que el vial líquido que se suministra en la entidad se ubique entre las 10 más caras del país.
Actualmente, la tarifa mínima en los municipios que tienen concesionada el agua alcanza 194 pesos cuando hay entidades cuya tarifa oscila entre los 11 y 18 pesos, la cual es de mayor calidad si se compara con la del estado.
Ejemplo de ello es que un recibo de consumo doméstico puede oscilar entre los 500 y 900 pesos, sin contar que en determinadas horas el agua llega por tandeo y suele suspenderse por las noches, de ahí que, si no se tienen tinacos o cisternas, los hogares puedan sufrir carencias en el suministro.
De esta forma, la tarifa de agua de Quintana Roo no solo supera la media nacional, sino que es un agua dura que puede generar problemas de salud pública.
Debido a los problemas que puede generar la mala calidad del agua, el especialista en Tecnología Hidráulica, Hugo Enrique Cervantes, dijo que es prioritario invertir en infraestructura adecuada para la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como establecer regulaciones y controles para evitar la descarga ilegal de aguas negras.
Consideró que es fundamental fomentar el uso eficiente del agua y la conservación de los recursos hídricos, además de aportar al uso de las nuevas tecnologías y capacitar a los recursos humanos para mejorar la gestión y el suministro del agua potable.
No obstante, primero, se tendrá que ver que es lo que pasará con la concesión de Aguakan, porque a pesar de que se busca su salida luego de que el Congreso del Estado derogará el decreto que ampliaba el contrato al 2053, sigue la disputa legal entre la empresa y el gobierno estatal.
De tal suerte que los usuarios continuarán padeciendo la mala calidad del agua y las altas tarifas, mientras se genera mayor presión a los ecosistemas por no tratar correctamente los vertidos de aguas negras.
