CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días de conocer su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, reafirmó su inocencia ante las acusaciones de narcotráfico en su contra y señaló presuntos vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con líderes del crimen organizado.
El exfuncionario, declarado culpable por un jurado estadounidense de colaborar con el Cártel de Sinaloa, aseguró que tras su arresto en diciembre de 2019, se le ofreció un acuerdo para inculpar a instituciones mexicanas, lo cual, según él, afectaría la estabilidad del país. Al rechazar la oferta, se procedió con su juicio, en el cual, según García Luna, los fiscales no presentaron evidencia sólida como documentos, fotografías, videos o registros de comunicación que lo vincularan con actividades del narcotráfico.
En una carta difundida por su defensa, García Luna insistió en que el gobierno actual tiene nexos con el narcotráfico y mencionó “registros oficiales” de contactos entre López Obrador y líderes del crimen, incluyendo al recién capturado Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. García Luna citó una carta de Zambada en la que se detallan estos vínculos y criticó al gobierno por presuntamente obstaculizar la captura del capo y desmantelar el Poder Judicial en México.
García Luna también denunció las condiciones que ha vivido en prisión, siendo testigo de homicidios y amenazas contra su integridad. Relató que en dos ocasiones fue vigilado y grabado por otros reclusos, quienes intentaron implicarlo en actividades ilícitas.
A pesar de su condena, García Luna sigue sosteniendo su inocencia y se opone a la Reforma Judicial en México, un tema que ha sido polémico en los últimos meses.
En agosto de 2023, su solicitud de un nuevo juicio fue denegada por el juez Brian Cogan, quien argumentó que las nuevas pruebas presentadas por la defensa carecían de suficiente fundamento.
La sentencia definitiva está programada para el 9 de octubre de este año.
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y podría enfrentar cadena perpetua por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La fiscalía de Nueva York sostiene que el exsecretario protegió a la organización criminal a cambio de millonarios sobornos, permitiendo el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Además de sus problemas legales en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha solicitado su extradición por malversación de fondos públicos.