Redacción / Grupo Cantón
Cancún.- Solo la acusación bastó. Una mujer fue condenada a tres años de cárcel por “administración fraudulenta”, sin que se presentara alguna auditoría, sin facturas o estados de cuenta, sin que se explicara cómo se cometió el fraude y sin que se supiera el destino del supuesto dinero faltante.
Este abuso de la justicia solo pudo suceder porque la empresa demandante era Xcaret.
En una acción que evidencia una aparente red de complicidades tejida por esta empresa con personal de la Fiscalía, Grupo Xcaret denunció a Lourdes Hernández, quien fuera la gerente de su empresa filial “Naturama Tour Adventures”, por un supuesto faltante de 260 millones de pesos, aunque sin aportar pruebas de ello.
Del monto denunciado, la gran mayoría, 248 millones, correspondían a pagos de impuestos, tema en el que la gerente no tenía competencia alguna, pues las declaraciones las realizaba un contralor.
Otros 18 millones eran por supuesta venta de tickets que “faltaban”, aunque sin que se indicara cómo o hacia dónde iban los recursos, pues el dinero ni siquiera entraba en efectivo.
Como “evidencia”, Grupo Xcaret presentó un informe de un contador, en un Excel, en donde señalaba las cuentas.
Lo correcto era que la Fiscalía comprobara estos hechos, con una auditoría fiscal, además del dictamen de un perito, pero esto no se hizo.
La gerente fue llevada ante un juez, sin que la parte acusadora presentara sus estados de cuenta, auditoría o facturas.
El abogado defensor sí se encargó de solicitar un peritaje, con un experto que señala que un Excel editable no representa prueba alguna, además de señalar múltiples inconsistencias en la supuesta suma de faltantes.
A esto se suman más irregularidades: el proceso fue dilatado por cinco años, por abogados cambiants, testigos que desaparecían y audiencias que eternamente se postergaban. La acusada era sometida a una verdadera tortura psicológica, con amenazas, calumnias y con la zozobra de tener una denuncia penal encima.
Nada importó, el juez Miguel Segovia Herrera encontró a la acusada culpable y a sentenció a tres años de cárcel, además de una millonaria reparación del daño. El caso actualmente se encuentra en proceso de apelación.
Marco Antonio Canales Arrona, abogado quien lleva esta apelación criticó que los factores de poder se impongan al debido ejercicio jurisdiccional.
“En este caso podemos ver que, aunque la Fiscalía no acreditó circunstancias de modo tiempo lugar y ocasión, ni así tampoco grado de participación, sustentado en pruebas muy endebles, condenan a mi representada”, criticó.
Juan Gutiérrez Sánchez, perito contable que revisó este caso, considera inverosímil lo ocurrido, por lo que todo apunta a que hubo un tráfico de influencias por parte del poderoso Grupo Xcaret.
Para colmo, en el documento presentado como “evidencia”, ni siquiera se señala que exista algún daño patrimonial. El contador únicamente advierte que hay riesgos por debilidades en el control interno.
Lo lógico en cualquier empresa al ver esto es que se ordene una auditoría para revisar las finanzas, pero de forma absurda Xcaret procedió directamente a una denuncia, sin querer acreditar siquiera algún delito.
“No entiendo cómo una empresa tan grande hizo las cosas tan mal. No comprobaron absolutamente nada”, comentó el perito.
Por esa razón, al redactar su sentencia, Miguel Segovia no podía indicar cuál era la acusación ni detallar cómo ocurrían los supuestos delitos.
“Resulta impensable que de forma tan desaseada un juez decidiera condenar a la cárcel por tres años a una persona, sin evidencias en su contra”, comentó el experto.
Lourdes Hernández Vallejo, quien ya ha enfermado por crisis nerviosa a raíz de este problema, señala que ella trabajó en “Naturama” por ocho años sin problemas, y que cuando renunció ella recibió una liquidación, acordada con los socios de Xcaret, Carlos Constandse y Miguel Quintana Palli.
Fue hasta cuatro meses después de su renuncia cuando un amigo que todavía laboraba en Xcaret le advirtió que le estaban “armando un expediente”, situación que se hizo realidad al poco tiempo.
Junto con Lourdes Hernández Vallejo también había otros trabajadores listados como imputados, pero que luego fueron retirados de la lista. Aunque se les transfirió de área, todos continúan trabajando para Xcaret, pese a que se les había acusado igual de esta supuesta administración fraudulenta.
De los testigos que presentaron, todos se enfermaron a la hora de las audiencias, o eran cambiados por otros. Todos eran de Xcaret, y nadie de Naturama Tour Adventures, la empresa supuestamente agraviada.
Incluso, aunque designaron a Moisés Araujo como representante legal de Naturama Tour Adventures, quienes acudían a las audiencias eran directivos de Xcaret, quienes por su sola palabra afirmaban tener autoridad de defender a esta otra empresa, pues era un “satélite” suyo.
Las inconsistencias continuaban, pues Naturama Tour Adventures fue cambiada de una SA de CV a una Sapi de CV, pero la fiscal insistía en presentar documentos de una u otra empresa sin cuidado alguno.
Para justificar la “administración fraudulenta” de la acusada, presentaron un poder notarial, pero de la empresa que ya había dejado de existir, por lo que luego añadieron un segundo poder, de otra notaría, en la que cancelaba el anterior poder y extendía uno nuevo. Esto no era procedente, pues como otra razón social, no podía negar los poderes de la anterior empresa.
Quizá lo más irregular fuera que la fiscal no quiso realizar un estudio socioeconómico de la acusada, quien vivía en una casa normal en Puerto Morelos, ni siquiera en residencial, la que todavía pagaba a Infonavit. No hubo investigación de hacia dónde se había ido este supuesto dinero.
Lourdes Hernández Vallejo asegura que, pese a todo, aunque quieran aplastarla con su poder económico y político, ella no se va a dejar, aunque tenga que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Han abusado de mi persona, psicológicamente, moralmente, económicamente, pero no me voy a dar por vencida. Sin importar donde tenga que llegar, voy a demostrar los corruptos que son”, declaró.
Su abogado también declaró que tenía fe en que en segunda instancia debe proceder un estudio pormenorizado de este caso, por lo que será imposible esconder las irregularidades cometidas.