Redacción / Grupo Cantón
Quintana Roo enfrenta una emergencia ambiental: 8 de cada 10 cenotes están contaminados por aguas residuales, afectando turismo, biodiversidad y el mar Caribe.
Quintana Roo.- Bajo la superficie cristalina del Caribe mexicano, una amenaza invisible se expande: más del 80% de los cenotes presentan signos de contaminación. Lejos de ser un fenómeno aislado, esta crisis revela los efectos del crecimiento urbano desordenado, la débil regulación ambiental y megaproyectos que ignoran la fragilidad del subsuelo.
Con más de 3,500 cenotes y el sistema de ríos subterráneos más extenso del continente, Quintana Roo alberga una riqueza natural única, hoy en peligro por filtraciones de aguas negras, sustancias tóxicas y residuos de la actividad humana.
“El agua huele mal, hay residuos visibles y especies que antes veíamos han desaparecido. Esto no es un problema futuro, es una catástrofe que ya está pasando”, advierte Roberto Rojo García, biólogo y defensor de los cenotes.
Investigaciones recientes revelan la presencia de cocaína, cafeína, antibióticos y nicotina en el agua subterránea, lo que representa un grave riesgo para la salud humana, el turismo y el Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los más importantes del planeta.
Uno de los mayores focos de tensión ambiental es el polémico Tren Maya, cuya construcción en el Tramo 5 Sur ha perforado más de 125 cavernas y colocado alrededor de 15,000 pilotes, generando colapsos, filtraciones y destrucción de formaciones geológicas milenarias.
“Cada cueva que se pierde es un capítulo borrado de nuestra historia natural y cultural. Lo que se está destruyendo no se puede recuperar”, subraya Rojo García.
Aunque la Semarnat ha anunciado un plan de restauración, hasta ahora no hay fechas ni presupuesto definido, lo que ha generado desconfianza entre activistas y científicos.
En contraste, organizaciones civiles como Sélvame del Tren impulsan reformas legales urgentes, entre ellas:
Ley Tajamar, que obliga a incluir cenotes y ríos subterráneos en los atlas de riesgo.
Ley Pok Ta Pok, que exige estudios ambientales rigurosos antes de cualquier cambio de uso de suelo.
La ciudadanía juega un rol clave en este momento crítico. Activistas y especialistas coinciden: no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pierde el patrimonio natural del Caribe mexicano. Exigen transparencia, cumplimiento de la ley y un freno urgente al deterioro ambiental.
