• Se dota de autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Chetumal, Quintana Roo.– La XVIII Legislatura del Estado aprobó reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de Quintana Roo, en materia de fortalecimiento al combate de la corrupción, responsabilidades administrativas y reorganización administrativa del Estado.
En la sesión ordinaria número 4, el Pleno Legislativo aprobó la minuta con proyecto de decreto, la cual será enviada a los ayuntamientos de la entidad para el trámite legislativo correspondiente, mediante la cual se crea un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción con fundamento constitucional y legal suficiente para que realice sus actuaciones con pleno apego a los principios establecidos en la Carta Magna y permita el combate, erradicación y sanción de los actos de corrupción en nuestra entidad.
La reforma contempla requisitos para ser magistrada o magistrado de Justicia Administrativa y Anticorrupción como un proceso distinto e independiente del Poder Judicial del Estado.
Este nuevo Tribunal contará con cinco personas titulares de las magistraturas, de las cuales una fungirá como titular de la Presidencia y será designada por el Tribunal Pleno para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración.
ADICIONAN DISPOSICIONES
En materia de órganos internos de control (OIC) se adicionaron disposiciones para establecer desde el nivel constitucional los requisitos que deberán cumplir las personas que ocupen la titularidad de los OIC de los órganos autónomos de la entidad, además de homologar la duración en el cargo de las personas titulares con el periodo que ocupa la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, para que se encuentre acorde al periodo de gestión en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como de responsabilidades y combate a la corrupción.
También se le otorga a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la plena autonomía como un órgano constitucional autónomo, por lo que las reformas buscan consolidar la independencia y la capacidad de acción de esta Fiscalía, garantizando su efectividad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
De esta manera, tanto el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, como los órganos internos de control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se erigen como los bastiones en la procuración e impartición de justicia y en el fortalecimiento de la política de combate a la corrupción. La autonomía de cada uno de estos entes públicos le permitirá actuar con firmeza y determinación, sin miedo a represalias ni influencias indebidas.
