CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó este jueves, con 4 votos a favor y 1 en contra, el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que confirma una amplia mayoría calificada para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Solo la magistrada Janine Otálora Malassis votó en contra del proyecto.
Con esta resolución se confirma que la coalición integrada por Morena, el PT y el PVEM, tendrán 364 curules, según lo establecido por la fórmula de distribución de diputados por representación proporcional aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal, aseguró que la pluralidad en la Cámara de Diputados no está en riesgo, dado que actualmente existen seis fuerzas políticas representadas.
Soto explicó que el papel del Tribunal Electoral es verificar que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya cumplido con lo que establece la Constitución, y que el Tribunal no tiene la facultad de asignar curules, pues ésta se realiza de acuerdo con una regla que ha sido aplicada en más de cinco elecciones.
Soto enfatizó que, en este momento, no es jurídicamente posible cambiar las reglas del proceso electoral. La interpretación y aplicación de las normas electorales deben mantenerse consistentes para asegurar la equidad y el respeto a los principios constitucionales, garantizando la estabilidad y la justicia en el sistema democrático.
La sala superior del TEPJF inició al filo de las 18:00 horas la sesión sobre la integración de la nueva legislatura.
El proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña confirma una amplia mayoría calificada de Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, con 364 diputados.
La presidenta del tribunal, Mónica Soto, dejó claro al iniciar la sesión que juzgarán con apego a lo que establece la Constitución, sin temor a amenazas incluso familiares.
“Nuestro compromiso es con México y su constitución estricto apego a la Constitución. Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, por juzgar con libertad y con apego a derecho”, dijo Soto.
La magistrada Janine Otálora Malassis anunció que votará en contra del proyecto que garantiza mayoría calificada a Morena y sus aliados, pues dijo se daría una sobre representación contraria a los principios constitucionales y legales.
Otálora propuso que se interprete otorgando a Morena los votos que realmente obtuvo donde postuló a candidatos siglados o postulados por el PT y el PVEM en su convenio de coalición.
En su turno, Felipe Alfredo Fuentes Barrera apoyó el proyecto de De la Mata, y afirmó que la coalición electoral entre partidos políticos concluye el mismo día de la jornada electoral. Explicó que, al negarse la posibilidad de que la coalición tuviera un emblema propio, cada partido aparece ahora de manera individual y es votado de esa forma por los ciudadanos.
Fuentes subrayó la importancia de brindar certeza a las reglas establecidas previamente, señalando que no es razonable que, una vez que se han generado los resultados electorales, el tribunal actúe como un “corrector” de la decisión ciudadana.
Además, expresó su desacuerdo con modificar las reglas del proceso electoral después de que este ha iniciado, pues podría interpretarse como una violación de la ley. Finalmente, manifestó su coincidencia con el proyecto que respalda esta postura.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso que existen inconsistencias estructurales en el sistema electoral mexicano, especialmente en relación con la representación proporcional y la figura de las coaliciones.
Rodríguez Mondragón destacó que el umbral del 3% para que un partido pueda recibir diputaciones plurinominales, aunque necesario, tiende a beneficiar a los partidos con más votos. Asimismo, recordó que el límite del 8% para evitar la sobrerrepresentación de partidos fue establecido en 1996 como resultado de un acuerdo político que se remonta a las elecciones de 1994, cuando el PRI obtuvo más del 60% de los votos.
El magistrado subrayó que, según el marco jurídico vigente, la figura de coalición no está prevista para las diputaciones plurinominales. En 2003, el Instituto Federal Electoral (IFE) revisó los límites de las coaliciones, pero en 2018 se eliminó la posibilidad de coaliciones por representación proporcional, lo que llevó a que los límites solo se apliquen a partidos políticos individuales y no a coaliciones.
Rodríguez Mondragón criticó la actual falta de coherencia en el sistema electoral, argumentando que las reglas son insuficientes para abordar la duplicidad que se permite a los partidos en su participación electoral. Afirmó que este sistema normativo deficiente deja en evidencia las fallas estructurales y consideró que el proyecto en discusión debió declarar fundado el agravio legislativo, vinculando al Congreso a modificar las reglas para corregir esta incoherencia.
El magistrado hizo un llamado a una reforma que resuelva estas inconsistencias, asegurando que el sistema electoral sea más congruente con los principios democráticos que se buscan proteger.
La magistrada Mónica Soto dio su respaldo al proyecto que garantiza la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Soto subrayó que esta postura es coherente con los criterios que la Sala Superior ha sostenido desde 2009. Afirmó que el Congreso no está en falta, como expuso Reyes Rodríguez, ya que la fórmula de distribución de diputados por representación proporcional no puede interpretarse para reducir la diferencia de votos y curules obtenidas por los partidos, pues la asignación deriva directamente de la Constitución, y el pleno ya lo ha considerado como cosa juzgada.
Soto ilustró con gráficas de elecciones anteriores, que bajo la misma ley e interpretación, la composición de las curules ha variado, lo que demuestra la consistencia y coherencia del INE y del TEPJF en sus decisiones, las cuales ya deberían constituir jurisprudencia.
La magistrada enfatizó que las reglas de sobrerrepresentación aplican a los partidos, no a las coaliciones, y que la Sala no puede interpretar la ley de manera diferente una vez concluido el proceso electoral. Soto advirtió que cualquier intento de reinterpretación fuera de tiempo atentaría contra la certeza jurídica.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña afirmó que la interpretación de las normas electorales ha permanecido constante desde 2009 y que no existe una justificación sólida para cambiar la forma de entender la norma en este momento.
De la Mata subrayó que, a lo largo de los años, otros partidos también se han beneficiado de la sobrerrepresentación, como el PRI y el Verde en 2012 y 2015, y Morena, PES, PT y PVEM en 2018. Según el magistrado, el 8% de sobrerrepresentación ha sido una constante desde 1990, y el Tribunal Electoral ha actuado de manera imparcial para garantizar el respeto a estas reglas.
El magistrado destacó que el actual debate no está vinculado con una cláusula específica, sino con la aplicación de la fórmula para verificar la sobre y subrepresentación. Reiteró que cualquier cambio en la interpretación de la norma debe provenir de una modificación legislativa. Hasta que se produzca tal cambio, no hay razón para alterar la interpretación vigente, ya que hacerlo podría comprometer el respeto a la voluntad popular y la equidad en el sistema democrático.
De la Mata concluyó que el Tribunal Electoral se ha limitado a asegurar que las reglas establecidas se respeten fielmente, manteniendo la imparcialidad en la asignación de curules y garantizando que el proceso electoral siga siendo justo y transparente.