El próximo primero de julio 88.7 de mexicanos acudirán a las urnas del país para elegir a 3 mil 326 cargos nacionales y locales; entre ellos al presidente de México, los gobernadores de ocho estados y la jefatura de la Ciudad de México.
Estos comicios se producen en un contexto muy complicado no sólo porque son las más grandes y costosas en la historia de México sino también por la escalada de violencia relacionada con el narcotráfico y una corrupción que parece insuperable.
Nunca en la historia del país ha ocurrido una elección de esta envergadura, lo que se traduce que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que instalar 154 mil casillas, seis mil más que en 2015.
Durante las elecciones federales del 2012, se destinó 15 mil 953 millones de pesos para el gasto del instituto y hoy se destinó 50.88% más que el de 2006, cuando se entregaron al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 11 mil 892 millones de pesos.
De los partidos
México tendrá en 2018 las elecciones más caras de su historia. Los nueve partidos que integran la contienda recibieron en conjunto 2 mil 148 millones de pesos, más los 42 millones de pesos que recibieron los dos únicos candidatos independientes, de los cuales, por cierto, queda solo uno.
El presidente más caro
Sin duda, de las campañas electorales, la de éste año son las más costosas de la historia del país.
De acuerdo con el proyecto de financiamiento público para las actividades de campaña, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se destinó 2 mil 148 millones de pesos para los gastos de campaña, dicha cantidad es 21.76% más alta que lo que se destinó a las campañas electorales durante 2010, cuando se otorgaron mil 680.5 millones de pesos.
Para los independientes se partió en partes igual 42 millones 963 mil 332 pesos para el financiamiento de su candidaturas.
Los “amigos” de candidatos
El artículo 54 de esa misma Ley General de Partidos Políticos establece que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esa Ley, las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal.
Tampoco podrán realizar aportaciones las personas morales, personas físicas o morales extranjeras, organismos internacionales de cualquier naturaleza y las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
De los más de 88 millones de mexicanos votantes el 52% son mujeres, 12.6 millones son jóvenes que votaran por primera vez.
Equidad y autonomía
- Al dar a conocer esta cifra, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que, aunque se trataba del monto más alto de la historia que el Estado Mexicano ha destinado para financiar la política, éste generaba las bases para propiciar condiciones de equidad y autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales.La ley establece que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público en modalidades de financiamiento por la militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
- El próximo primero de julio estará en juego la gobernación de los estados de: Chiapas, Tabasco, Morelos, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Ciudad de México, Durango Aguascalientes e Hidalgo. Además de gobernaturas renovarán congreso local: Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo. Estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y Oaxaca se cambiarán alcaldías y diputaciones locales.
Del presupuesto
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, el monto anual por distribuir entre los partidos se determinará conforme el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicado por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2017 se fijó en 75.49 pesos.
En el caso de años de elecciones las dos Cámaras del Congreso de la Unión otorga a cada partido, para gastos de campaña, un monto equivalente a 50% del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que le correspondan ese año, detalla la ley.
Este representa un gasto necesario y no tan oneroso para una democracia de más de 120 millones de habitantes, apuntó en entrevista con la revista Forbes, Sunny Villegas, investigadora del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
