Q. Roo.- El secretario de gobierno, Francisco López Mena acompañó al Secretario de la Gestión Pública del Estado, Rafael del Pozo Dergal para informar sobre los avances que se lleva en la auditoría realizada a las dependencias del gobierno de Roberto Borge Angulo, a quien señaló de ser el responsable directo “del desorden administrativo en el estado”.

En rueda de prensa, el Secretario de la Gestión Pública explicó que hasta el momento las denuncias presentadas ante la Fiscalía son las de las dependencias de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y su extitular Juan Pablo Guillermo Molina; la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y su extitular Fernando Escamilla Carrillo; contra quien o quienes resulten responsable en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y su extitular Mauricio Rodríguez Marrufo, por último contra los presuntos malos manejos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)  y su extitular Gustavo Guerrero Ortiz.

Además, agregó que para poder realizar el presunto desvío y malversación de recursos públicos se necesitaron más personas, así que las denuncias también incluyen nombres de funcionarios de menor rango, “por el tipo de documento que falsificaron, donde intervinieron muchas personas, como las que hicieron el pago”.

Detalló que en el caso de Seduvi se cotizaron predios por debajo de la ley, donde la responsabilidad recae en sus últimos dos titulares. En Sintra se contrató irregularmente renta de maquinaria; puso de ejemplo de que hay casos donde solo existe un contrato, una factura y un cheque, pero sin evidencia de dónde se utilizó, para qué se utilizó y en qué se utilizó. Abundó que en dos periodos el presunto desvío arroja una cantidad de 700 millones de pesos; pero los casos en sus conjuntos en varios periodos dan cantidades hasta de más de mil 500 millones de pesos, que carecen de documentación probatoria.

Al preguntarle sobre cuáles son las empresas beneficiadas con estos presuntos desvíos, Del Pozo Dergal informó que son varias empresas a las que se les rentaba la maquinaria, “por ejemplo la mayoría está radicada en un pueblo de Yucatán…, lo que se presume que las empresas no existen. Los datos son materia de las investigaciones, vamos a dar a conocer los datos en su momento”.

Por el momento se continúa con las diligencias de las denuncias presentadas la semana pasada, las que se llevan a cabo en el vecino estado y en los municipios, lógicamente los detalles son reservados para no entorpecer la investigación.

Esos sí, aclaró que no se hace imputación alguna a las personas, sino que lo que se denuncian son hechos que pueden constituir elementos del delito, pero corresponderá a la Fiscalía del Estado citar a declarar a los involucrados.

Otro de los ejemplos abordados en la rueda de prensa llevada a cabo en Chetumal es el de CAPA, donde se recibió la contraprestación de Aguakan por mil 50 millones de pesos, por haberle otorgado la conexión del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad, de donde días después se realizó la transferencia de 506 millones de pesos a Sefiplan, cuando ese dinero se debió haber usado para infraestructura en CAPA.

“El gobernador Roberto Borge es el responsable del desorden administrativo, los demás servidores públicos que participaron en estos procesos de depredación, tendrán que responder cada uno y se verá quiénes tienen que responder ante las autoridades”.

Enfatizó que las denuncias hasta este momento son 15, algunas no se mencionan por razones de discrecionalidad de las investigaciones, pero que los quintanarroenses pueden tener la certeza que este gobierno tratará de buscar la reparación del daño hecho al patrimonio público. Solo hay que comprender que cada autoridad tiene sus facultades, cada dependencia tiene un plazo de responsabilidad, que a ellos les corresponde dar cuenta de estas regularidades y dar parte a la Fiscalía del estado, se espera que los jueces tengan la valentía y la libertad para dictar sentencia.

El funcionario estatal fue muy claro al decir que lo que se denuncian son hechos, no significa que los titulares de cada dependencia son las únicas personas que intervinieron en estos hechos.

Por lo que corresponde a la Seduvi, las operaciones que se llevaron a cabo en los dos periodos con el mismo número de titulares es que están vinculadas, porque hay casos que condonaron el costo del bien propiedad del estado hasta el 75 por ciento del valor real.

“Siete denuncias ante la fiscalía del estado y las investigaciones avanzan de acuerdo a la integración tanto de la administración anterior como los particulares. Las denuncias están relacionadas contra personas físicas y morales, detrás de ellas hay personas físicas, la presunción de empresas que no existen”.

Reveló que no ha sido citado al exgobernador Roberto Borge Angulo. Sin embargo la primera fecha para presentar alguna denuncia en su contra concluye el 22 de diciembre. (Por Martín G. Iglesias / Quintana Roo Hoy)

Van contra siete ex funcionarios de la administración Borgista

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que el día de hoy estará presentando alrededor de siete denuncias con relación a las conclusiones que ya se tienen sobre las auditorías practicadas a varias dependencias, las cuales arrojan irregularidades por un total de 2 mil 388 millones de pesos.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola en su programa “Despierta” de Televisa a nivel nacional, Carlos Joaquín reconoció que el ex gobernador Roberto Borge Angulo no está directamente relacionado con estas demandas, pero sí los titulares de las diversas dependencias que fueron auditadas.

Cuestionado sobre los nombres de los ex colaboradores de Borge que serán denunciados, el mandatario quintanarroense citó a Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de Infraestructura y Transporte; Ariel Federico Messel y Ariel Canul, subsecretarios de esta misma dependencia; Eliezer Villanueva, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Paulina García Achach, quién fuera titular de Desarrollo Urbano.

Por haber sido titulares de algunas de estas dependencias, Carlos Joaquín reconoció que Mauricio Rodríguez Marrufo y Juan Pablo Guillermo también están incluidos en las denuncias. Rodríguez Marrufo es actualmente el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Sobre si todas estas personas están localizables todavía, el gobernador dijo que no puede saber si todos, pero “sin duda creo que todos están localizables”.

Dentro de las irregularidades encontradas en las auditorías, cuyos resultados serán presentados el día de hoy en conferencia de prensa por los secretarios de Gobierno y de la Gestión Pública de su administración, Carlos Joaquín mencionó que se encontró una renta de maquinaria en el ejercicio 2013 por 430 millones de pesos y otra en el ejercicio 2014 por 348 millones de pesos, sin que exista el soporte financiero de los gastos, ni le evidencia de los servicios.

Reportó también desempeño irregular y abuso en el ejercicio de las funciones por 41 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por 8 millones de pesos; usurpación de funciones por algunos funcionarios que siguieron ejerciendo algunas acciones aún después de renunciar; desvío de un crédito simple en CAPA, primero por 507 millones de pesos y después por mil 055 millones.

Habrá más denuncias: Carlos Joaquín

Después de haber informado en un programa televisivo de alcance nacional, sobre las denuncias que presentó hoy el gobierno del estado ante la Fiscalía General, el gobernador Carlos Joaquín González justificó que estas son “conclusiones de nuestras auditorias, habrá más porque estamos en la revisión; son alrededor de 14”.

Previo a la sesión extraordinaria para la reanudación del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, el mandatario estatal les dijo a reporteros que se está en revisiones dentro de las diferentes dependencias, así que las denuncias son amplias, pues fueron puestas contra quien o quienes resulten responsables.

“Hacemos nuestro trabajo, el compromiso de la redención de cuentas, denunciar a lo que consideramos que para Quintana Roo es una ofensa, debe de saberse que se llevará a juicio para conocer la responsabilidad de quienes están involucrados”, enfatizó.

Aclaró que la función del gobierno del estado es solicitar la investigación, pero que no está en sus manos determinar la culpabilidad o no de los involucrados; de tal manera que algunas querellas su interpusieron ante la Procuraduría General de la República, por tratarse de recurso federal, otras fueron en la Fiscalía General del Estado, pues son recursos del presupuesto estatal; sin embargo, lo más importante es recuperar parte de los recursos o bienes que presuntamente se desviaron.

Carlos Joaquín González se dijo seguro del trabajo que realizan las instituciones del Estado, pero quien no trabaje con la confianza de los quintanarroenses, pues se tiene que ir, como los casos que se denominaron “paquete de impunidad” que solo tenían como objetivos blindar las acciones del gobierno anterior.

“Posiblemente exista el cambio en la Auditoria Superior (del Estado), porque dejaron el blindaje que tanta desconfianza generó entre los quintanarroenses; afortunadamente se dan los cambios para generar confianza en la ciudadanía”.