REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) debido a su investigación contra Israel, un aliado cercano de Washington.
Tanto Estados Unidos como Israel no son miembros de la CPI y no reconocen su jurisdicción. La corte emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra cometidos en la respuesta militar de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, que resultó en la muerte de decenas de miles de palestinos.
La orden firmada por Trump acusa a la CPI de realizar “acciones ilegítimas e infundadas” contra Estados Unidos e Israel, señalando específicamente las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. “La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel”, afirmó la orden, que también advirtió que estas acciones establecen un “precedente peligroso”.
Trump adoptó esta medida durante la visita de Netanyahu a Washington. Ambos líderes se reunieron en la Casa Blanca el martes, y el primer ministro israelí también pasó tiempo en el Capitolio con legisladores.
La orden ejecutiva establece que Estados Unidos tomará “consecuencias tangibles y significativas” contra los responsables de las “transgresiones” de la CPI, que podrían incluir el bloqueo de propiedades, activos y la prohibición de ingreso al país para funcionarios de la corte, empleados y sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las implicaciones de esta sanción, argumentando que dificultará la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos a nivel mundial. Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que la medida podría violar la libertad de expresión y la capacidad de las personas en Estados Unidos para colaborar con la CPI.
Israel y Estados Unidos han tenido una relación complicada con la CPI desde su creación. Aunque Washington participó en las negociaciones para la adopción del Estatuto de Roma en 1998, nunca ratificó el tratado, y bajo la presidencia de George W. Bush, se adoptó una política de oposición activa a la corte.
La firma de la orden ejecutiva también se produce en medio de críticas a la CPI por parte de algunos miembros del Congreso, como el senador republicano Lindsey Graham, quien ha cuestionado la jurisdicción de la corte sobre Israel, argumentando que es un sistema jurídico independiente y legítimo.
Por otro lado, algunos países europeos han mostrado su oposición a las sanciones, instando a los miembros de la CPI a cooperar para mitigar los riesgos y permitir que la corte continúe con su mandato de procesar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
