REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
COLOMBIA.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este miércoles 8 de enero que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro, programada para este viernes, y afirmó que las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el pasado 28 de julio, no fueron libres debido a diversas razones, lo que impide a Colombia reconocer los resultados.
Petro, uno de los aliados más cercanos del chavismo en América Latina, rechazó también el arresto de Enrique Márquez, excandidato presidencial, y de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, quienes fueron detenidos en las últimas horas. El mandatario colombiano expresó en sus redes sociales que estos y otros eventos relacionados con las detenciones políticas en Venezuela le impiden asistir al acto de posesión de Maduro.
“Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, aseguró Petro en la red social X, al tiempo que demandó la “libertad de todas las personas detenidas por razones políticas” en el país vecino.
El gobierno de Colombia argumenta que las elecciones del 28 de julio en Venezuela estuvieron marcadas por “bloqueos” económicos, especialmente las sanciones impuestas por Estados Unidos, que afectaron el proceso electoral. Además, Petro destacó la existencia de “intimidaciones internas” que empañaron la transparencia de los comicios, aunque no brindó detalles adicionales sobre estas acusaciones. Ya había planteado previamente la posibilidad de realizar nuevas elecciones en Venezuela.
La decisión de Petro ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones del vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, quien había indicado que el embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, asistiría a la investidura. Esto provocó el rechazo de varios sectores políticos y expresidentes como Juan Manuel Santos, quien instó a Petro a retirar a su representante diplomático de Venezuela.
Colombia y Venezuela mantienen una relación compleja, caracterizada por una frontera de 2.200 kilómetros, en la que operan grupos armados como la guerrilla del ELN. Además, Caracas se ha convertido en sede de las negociaciones entre el gobierno colombiano y diversos grupos armados, incluidos el ELN y otros paramilitares, lo que hace que la política bilateral entre ambos países sea especialmente delicada.