Este viernes, la Corte Penal Internacional lanzó una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, presidente de Rusia, alegando que es responsable de la emigración forzada en los niños de Ucrania desde zonas de su país que habían sido capturados durante la guerra en aquel territorio ruso.
El Kremlin ha negado de forma reiterada las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la invasión rusa de Ucrania, que dura ya un año. Putin es el tercer presidente en ejercicio sobre el que pesa una orden de detención de la CPI, tras el sudanés Omar al-Bashir y el libio Muamar Gadafi.
Aunque es poco probable que Putin acabe pronto ante un tribunal, la orden significa que podría ser detenido y enviado a La Haya si viaja a cualquiera de los estados miembros de la CPI.
El tribunal también dictó una orden de detención contra María Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de la infancia, por los mismos cargos.
Rusia no ha ocultado un programa en virtud del cual ha llevado a miles de niños ucranianos a Rusia, pero lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y a los niños abandonados en la zona de conflicto.
En la primera reacción a la noticia desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo en su canal de Telegram: “Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia considera “indignantes e inaceptables” las mismas cuestiones planteadas por la CPI, y que cualquier decisión del tribunal es “nula y sin valor” con respecto a Rusia.
