Internacional.- Una demanda colectiva presentada por dieciocho estados de Estados Unidos, junto con la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia, desafía la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.
Los fiscales generales de los estados demandantes califican la iniciativa como un “intento flagrantemente ilegal” que pone en riesgo la nacionalidad de cientos de miles de niños nacidos en suelo estadounidense.
La orden, firmada por Trump el día siguiente de asumir su segundo mandato, estipula que a partir del próximo mes las agencias federales dejarán de reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuyas familias no cuenten con un estatus migratorio regular o se encuentren en el país con visas temporales. Este cambio afectaría a los niños nacidos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes.
Los fiscales generales de los estados demandantes, liderados por procuradores demócratas, sostienen que la medida vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país. De acuerdo con los demandantes, Trump no tiene la autoridad para modificar por decreto un principio constitucional tan fundamental.
“Este intento de modificar la ciudadanía por nacimiento es una violación directa de nuestra Constitución”, declaró Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
En una línea similar, Letitia James, fiscal general de Nueva York, enfatizó que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es un pilar de la justicia y la equidad en EE. UU., surgido tras la abolición de la esclavitud.
Si se implementara la medida, se estima que alrededor de 150,000 niños al año podrían perder la nacionalidad estadounidense, quedando expuestos a la deportación y perdiendo acceso a servicios esenciales como atención médica y programas educativos. Los fiscales también advierten que la medida tendría un impacto económico negativo, ya que la eliminación de la ciudadanía afectaría los fondos federales destinados a servicios para niños.
El objetivo de la demanda es lograr una orden judicial preliminar que bloquee la aplicación de la orden ejecutiva, además de solicitar que se declare inválida y se suspendan las acciones que la implementen.
“El presidente puede tener poder, pero no es un monarca”, señalaron los fiscales, haciendo énfasis en su compromiso de impugnar legalmente lo que consideran un acto ilegal.
Entre los estados que han presentado la demanda se incluyen California, Colorado, Nueva Jersey, Nueva York y Vermont, además de la ciudad de San Francisco y el Distrito de Columbia. Al mismo tiempo, varias organizaciones no gubernamentales en Massachusetts y New Hampshire también han interpuesto demandas separadas por la misma medida.
La administración Trump defiende la orden como parte de su enfoque para reforzar la seguridad fronteriza y limitar la inmigración irregular. Los funcionarios cercanos al presidente argumentan que la 14ª Enmienda no fue diseñada para otorgar ciudadanía a los hijos de personas sin estatus legal.
Este nuevo capítulo de la lucha migratoria se suma a una serie de medidas impopulares impulsadas por Trump durante su mandato. Mientras tanto, los tribunales federales se preparan para evaluar una de las disputas más importantes en cuanto a la interpretación de la Constitución de Estados Unidos, con un posible enfrentamiento entre la Casa Blanca y los estados que rechazan las políticas del presidente.
