Juan R. Hernández / Grupo Cantón
Ciudad de México.- A 18 años del asesinato de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Ro-sario, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México cumplirá todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la víctima, así como por negar justicia a su familia.
Al ser cuestionada sobre la sentencia, Sheinbaum subrayó que existe un conjunto de recomendaciones obligatorias y que se dará cumplimiento íntegro a cada una de ellas. Detalló que las acciones estarán coordinadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Ro-dríguez, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, participará en la implementación de las medidas en la entidad.
Asimismo, confirmó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será la encargada de dar seguimiento a la reparación integral del daño a los familiares.
La mandataria explicó que las disposiciones están relacionadas tanto con la atención a víctimas como con medidas de no repetición, y adelantó que, conforme avance el grupo de trabajo interinstitucional, se informará públicamente sobre los resultados y avances.
Antecedentes
Ernestina Ascencio, indígena náhuatl de 73 años, fue atacada en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, Veracruz. Familiares y habitantes señalaron a elementos del Ejército como responsables de la agresión sexual y las lesiones que provocaron su muerte. Sin embargo, en ese momento, autoridades federales negaron los hechos y cerraron el caso.
El crimen ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, en un contexto de creciente militarización, y fue considerado posteriormente como un grave caso de violaciones a derechos humanos.
La sentencia de la Corte IDH, emitida en diciembre de 2025, ordena al Estado mexicano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, reabrir y conducir una investigación penal exhaustiva, sancionar a los responsables y garantizar una reparación integral a los familiares, que incluye compensación económica y apoyo psico-social.
Además, se establecen medidas como atención médica gratuita para los deudos, capacitación obligatoria a fuerzas armadas y personal de salud en derechos humanos, género e interculturalidad, así como la adopción de protocolos de no repetición para proteger a mujeres indígenas víctimas de violencia. También se exige fortalecer el acceso a la justicia mediante traductores y defensores comunitarios, y presentar informes periódicos de cumplimiento.