Ciudad de México.- Baskut Tuncak, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el manejo de sustancias tóxicas, difundió una carta en la que manifiesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su preocupación por la falta de mecanismos efectivos de participación de las comunidades de las cuencas del Río Sonora ante el proyecto de ampliación de una presa de jales del Grupo México.
La carta, publicada en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se difunde horas antes del esperado fallo de la SCJN al juicio de amparo interpuesto en 2016, y admitido en la Suprema Corte el pasado abril, que busca que las y los habitantes de Bacánuchi, en la cuenca del Río Bacánuchi, participen en la decisión sobre la ampliación de esta presa, propiedad de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V, propiedad de Grupo México.
La organización civil PODER, que participa en la defensa de los Comités de Cuenca del Río Sonora, ha señalado que con un área de más de 6 mil 535 hectáreas y una cortina de casi 200 metros de altura, la presa sería el cuerpo de agua más grande del Estado de Sonora.
Alertó también que tendría 80 mil veces más capacidad de almacenamiento de desechos tóxicos que los derramados en 2014, en la misma zona, cuando sucedió el que es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.
Grupo México ha reconocido que Bacánuchi está dentro del área de afectación directa de este proyecto.
Frente a este mega proyecto minero, Tuncak expuso en la carta dirigida a la SCJN que las presas de jales tienen un historial de fallas, liberando residuos tóxicos y peligrosos en las comunidades y recordó casos de importancia mundial como el mismo del Río Sonora (2014) y el de Bento Rodrigues en Brasil (2015).
Además, añade que la extracción de metales y minerales conlleva serias amenazas, entre otros, a los derechos a la vida, al nivel más alto de salud y al agua potable, por la exposición de las comunidades afectadas a sustancias tóxicas.
Apenas en mayo, Baskut Tuncak sostuvo un encuentro con representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora y comprobó las condiciones de vida de las familias afectadas por el derrame de 2014.
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Mientras que en la Ciudad de México se reunió con otras organizaciones y comunidades que están enfrentándose a megaproyectos en todo el País.
En la carta dirigida a la SCJN, el relator enfatiza que la participación pública efectiva requiere que la información esté disponible, sea accesible y presentada en forma apropiada para la comunidad afectada.
“En el presente caso, me resulta preocupante que la información necesaria no se encontrara disponible ni accesible para que la población pudiera participar de forma significativa”, expuso.
El relator especial de la ONU le recordó a los ministros de la SCJN que el Estado mexicano tiene claras obligaciones bajo el derecho internacional de hacer efectivos los derechos de acceso a la información y a la participación pública en asuntos medioambientales.
Mencionó al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981), la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Declaración de Dubái sobre la Gestión de los Productos Químicos (2006) y el Preámbulo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), además del Acuerdo de Escazú, el cual se espera que México firme próximamente.
Fuente/debate
