REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha lanzado oficialmente la convocatoria para quienes deseen postularse como candidatos a jueces, magistrados y ministros en el proceso de elección judicial que se llevará a cabo en 2025. La convocatoria fue publicada este lunes a través de Internet, y establece las bases para que los aspirantes se inscriban, sean evaluados y, eventualmente, sean considerados para ocupar altos cargos en el sistema judicial del país.
Cargos en disputa
En esta elección judicial, se estarán seleccionando a una serie de funcionarios clave, entre ellos:
- Cinco ministras y cuatro ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Tres magistradas y dos magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
- Una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- Diez magistradas y cinco magistrados para las salas regionales del TEPJF.
- 464 cargos para magistrados de Circuito y tribunales Colegiados de Apelación.
- 386 plazas para jueces de Distrito.
Requisitos de inscripción
Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos que incluyen la presentación de su título o cédula profesional en Derecho, históricos académicos que respalden los promedios establecidos en la reforma judicial, y una constancia de residencia en México por al menos dos años. Además, los candidatos deberán entregar un ensayo de tres cuartillas y proporcionar cinco cartas de recomendación de colegas, vecinos o personas de su entorno profesional y personal que respalden su candidatura.
El periodo para inscribirse será del 5 al 24 de noviembre de 2024, y el Comité de Evaluación revisará el cumplimiento de los requisitos para aprobar las listas de aspirantes, proceso que culminará el 9 de diciembre de este año.
Evaluación y proceso de selección
Para el proceso de evaluación, los aspirantes deberán presentar un examen escrito sobre temas como la Constitución, legislación federal vigente, jurisprudencia y precedentes de la SCJN. Además, aquellos que se postulen para cargos de ministros, magistrados del TDJ y del TEPJF serán sometidos a una entrevista pública, un proceso clave que se llevará a cabo entre el 13 y el 25 de enero de 2025.
El Comité seleccionará a los 10 candidatos mejor evaluados para cada puesto superior, y a seis para los cargos de menor jerarquía. Estas ternas serán presentadas posteriormente a la Suprema Corte, que, en una sesión programada para el 4 de febrero de 2025, elegirá a los postulantes que aparecerán en la boleta para la votación final. Para que los candidatos sean aprobados, se requiere una mayoría calificada de 8 votos dentro del pleno de la Corte.
Implicaciones políticas
El proceso de elección judicial de 2025 se desarrolla en un contexto político particularmente relevante, ya que la Suprema Corte experimentará cambios importantes en su composición. Con la próxima conclusión del periodo del ministro Luis María Aguilar Morales el 30 de noviembre, el bloque mayoritario de la Corte, conocido por su cercanía a la llamada “Cuarta Transformación” (4T), perderá uno de sus miembros clave. Esto reducirá el número de ministros del bloque oficialista a siete, lo que les dejaría con una capacidad limitada para influir directamente en las decisiones si no cuentan con el respaldo de al menos uno de los ministros opositores.
En este sentido, se espera que el proceso de elección de los nuevos ministros sea crucial para definir el equilibrio de poder dentro de la Corte en los próximos años.
Un proceso de selección clave
La convocatoria publicada por el Comité de Evaluación marca el inicio de un proceso judicial crucial para el sistema de justicia en México. Las decisiones que se tomen en esta elección no solo afectarán el perfil de los altos tribunales del país, sino que también reflejarán las dinámicas políticas actuales, con especial énfasis en la influencia de los bloques de la 4T y la oposición dentro de la Corte.
El proceso de selección, que incluye una rigurosa evaluación tanto académica como pública, se perfila como un ejercicio clave en la consolidación de un Poder Judicial que responda tanto a las exigencias legales como a las presiones políticas del país.
