Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe irregularidad alguna en la transferencia de 10 mil millones de pesos de dos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la Tesorería de la Federación, realizada por Nacional Financiera (Nafin) sin autorización del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Ante el reclamo del CJF, que anunció impugnar la medida por considerar que se hizo sin su aval y violando las cláusulas contractuales, La Jefa del Ejecutivo Federal afirmó: “No tiene razón la Corte. Pedimos a Gobernación que les explique el sustento jurídico. No hay nada irregular”.
Además, la mandataria subrayó que los salarios y prestaciones de los trabajadores judiciales están garantizados, y destacó que los recursos se destinarán al ISSSTE, “en vez de que se queden en unos cuantos de la Corte… Ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como estaba. Es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte”.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que una parte de los recursos de los fideicomisos se le dio al INE para el proceso electoral, y de eso “no dijo nada ni el Tribunal Electoral ni el Consejo de la Judicatura”.
Acusa CJF transferencia irregular
El CJF, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, denunció que Nafin movió los fondos sin consulta previa, violando los términos de los fideicomisos. En un comunicado, el órgano judicial afirmó que no emitió instrucción alguna para dicha operación y exigió claridad sobre el destino de los recursos.
Jueces federales reclaman incumplimientos
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED), acusó al CJF de “violar derechos” al no pagar indemnizaciones a juzgadores que renunciaron en 2024 por el proceso electoral judicial. Exigieron transparencia y el pago inmediato de lo adeudado.
Este conflicto se da en un contexto de tensión presupuestal: en enero, la JUFED denunció un recorte de 13 mil millones de pesos al PJF para 2025, lo que, según ellos, “asfixia” su operación. Sheinbaum, sin embargo, insiste en que la reasignación de recursos es legal y necesaria, mientras el CJF prepara su defensa legal.
