Omar Montalvo / Grupo Cantón
Federación está abierta al diálogo que recibe propuestas y aclara puntos a concesionarios inconformes / Nueva normativa busca aprovechar líquido que se desperdiciaba o vendía a privados para el suministro público / Ley del 92 no tenía control sobre los volúmenes reales de consumo de los permisos otorgados
Ciudad de México. – La inconformidad de productores del sector agrícola incrementó y en las últimas semanas hicieron bloqueos viales. Al principio su exigencia era precios justos y más seguridad, pero recientemente revelaron al gobierno federal que se sumaron quejas contra la nueva Ley de Aguas Nacionales. Según aclaró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hay un disgusto con las prohibiciones que hace la nueva normativa, principalmente porque busca el aprovechamiento de agua no utilizada por concesionarios para el abasto a la población.
En su última conferencia matutina, la presidenta explicó que hay mucha manipulación de la información que ha motivado los bloqueos, aunque para atender las dudas y propuestas de concesionarios y agricultores se habilitaron foros en el Congreso de la Unión con la presencia del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.
“El fondo de la propuesta de ley, es que no hay acaparamiento de agua” declaró la presidenta, quién reconoció que hace falta mejorar algunos puntos como en la prohibición de descargas de mineras en cuerpos de agua, sin embargo, declaró “hay algunos que quieren que se retire, pues eso no”.
La actual Ley Nacional de Aguas se maneja con disposiciones que se establecieron en 1992, es decir con un país de hace más de 30 años, y fue impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El documento hizo un trato mercantil del recurso natural, lo que provocó un auge en la emisión de concesiones para uso particular. Hasta el corte de septiembre, la Conagua detectó que hay más de 58 mil irregularidades en los permisos, por lo que emprendió una revisión a los 536 mil títulos que se han otorgado.
La nueva ley al ser impulsada por la presidenta, plantea ordenar el sistema de concesiones para transparentar el uso real del recurso. Otro punto que ha generado molestia a los permisionarios es que una concesión le garantizaba al propietario del permiso disponer de una cantidad de agua, sin embargo, no todo el recurso es aprovechado. La Conagua detectó que los litros no aprovechados se mantenían acaparados, o se vendían a particulares en un mercado negro. La nueva ley busca que el agua no aprovechada sea destinada al suministro público para evitar la sequía, además de fijar límites de extracción.
También prohíbe que los permisos se vendan entre privados, sino que al terminar el periodo del uso de agua, regrese el título al gobierno. El gobierno federal también ha aclarado que los concesionarios que usan el agua en la agricultura como una actividad familiar, pueden heredar los títulos. Sin embargo, permisionarios opositores de la ley han señalado que los límites de la extracción de agua, hace que los terrenos pierdan valor al momento de vender los predios, un argumento que respaldan legisladores del PRI.