CIUDAD DE MÉXICO.- Los poderes Ejecutivo y Legislativo preparan una iniciativa de reforma constitucional para reducir y regular los salarios de los integrantes de organismos autónomos como el Banco de México, el Inegi, la CNDH, el INE y la FGR.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó a Excélsior que si bien ya se eliminaron siete organismos autónomos, los que se mantienen tendrán que sujetarse a la austeridad republicana y para que no exista hueco legal que permita evadir la obligación de no ganar más que el titular de la Presidencia de la República.
Detalló que cuatro de las iniciativas presentadas por el entonces presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, que no se aprobaron en el periodo ordinario que terminó este mes y que ya tienen dictamen, se presentarán nuevamente, con posibles cambios de origen.
Los criterios para la integración de la iniciativa serán los mismos que planteó el expresidente, a partir de definir la percepción salarial en la Presidencia de la República, que “no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización”.
La Constitución ya establece que los ministros de la Corte, los magistrados electorales, de disciplina y de circuito, así como los jueces de distrito, no podrán ganar más que la Presidenta de la República.
Monreal indicó que las cuatro iniciativas pendientes del llamado plan C se aprobarán en el periodo ordinario del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año.
El pasado 20 de diciembre se publicó el decreto que extingue oficialmente a siete órganos autónomos: el Inai, el Coneval, la Cofece, el IFT, la CRE, la CNH y Mejoredu.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo preparan una nueva iniciativa para reducir y regular los salarios de los integrantes del Banco de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional Electoral (INE) y Fiscalía General de la República, que son las cinco entidades autónomas que se mantienen.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que cuatro de las iniciativas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, y que no se aprobaron en el periodo ordinario que terminó este mes y que ya tienen dictamen se presentarán nuevamente, con posibles cambios de origen.
Entre ellas “está la de percepciones y remuneraciones para servidores públicos de organismos autónomos como Banco de México, INE, CNDH y todos los que todavía existen”, informó en breve entrevista.
Precisó que si bien ya se eliminaron siete organismos autónomos, los que se mantienen tendrán que sujetarse a la dinámica de austeridad republicana y para que no exista hueco legal que permita evadir la obligación de no ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República, los cambios serán a nivel constitucional.
Los criterios para la integración de la iniciativa serán los mismos que planteó el expresidente, a partir de definir la percepción salarial en la Presidencia de la República, y que es necesaria, en la medida que ya la Constitución establece que los ministros de la Corte, los magistrados electorales, de disciplina y de circuito, así como los jueces de distrito no podrán ganar más que la Presidenta de la República.
Así, la definición será que “la remuneración integral de la persona titular de la Presidencia de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.
No forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia”, dice la definición que será retomada en la nueva iniciativa.
También se mantendrá que “las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie, identificando los montos equivalentes a cada concepto, así como el monto mensual que corresponda. La ley en la materia establecerá los formatos homologados en el que se deba elaborar y publicar dicha información”.
Ordena que “los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.
Y advierte que “no podrán adquirirse o contratarse con recursos públicos ningún tipo de bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Ricardo Monreal adelantó que estas cuatro iniciativas, que están pendientes del paquete del llamado plan C se aprobarán en el periodo ordinario del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año.