CIUDAD DE MÉXICO.- En los cuatro meses desde que se detectó en México el primer caso de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha hecho ninguna prueba de la enfermedad, aseguró el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell tras sentenciar que él tampoco se la ha realizado.

De igual manera, reveló que tampoco el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela se la ha aplicado. La razón es que no han estado en un esquema de contacto considerado de riesgo real con personas que hayan sido contagiadas.

Esto a pesar de que el presidente, principalmente, ha tenido actos públicos con funcionarios que después fueron confirmados, como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el pasado 7 de junio, después de una gira que compartieron en Tabasco, o el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmado el jueves pasado, tres días después de que apareció parado junto al presidente en un anuncio de cambios en dos dependencias.

López-Gatell detalló que se hacen estudios de caso-contacto cuando se dan ciertas condiciones.

“Existe la idea de que como supe que alguien tenía COVID y yo estuve en la misma reunión, por ejemplo, voy a poner un caso típico: tal persona tuvo COVID y resulta que yo estuve con ella o con él en la misma reunión el martes pasado. De inicio, debe estar en la lista quien haya estado en una situación así. Pero el estudio de caso-contactos lo que hace es entrevistar al caso y luego entrevista a los contactos. Y hay un razonamiento médico epidemiológico para ver si la duración del contacto es relevante, en general consideramos una hora o más, si la proximidad del contacto es relevante, ahí no hay un criterio fijo pero ponemos los dos metros de la sana distancia como criterio, y si ocurrió en el periodo de contagiosidad”, explicó.

El jueves pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó en una conferencia que ella se había hecho cinco pruebas durante estos meses, por lo que hubo cuestionamientos a que los miembros del gabinete puedan tener más acceso a pruebas que la población en general.

Ante ello, López-Gatell aclaró que no se trata de privilegios, pero que sí se da prioridad a las personas catalogadas como “personal estratégico de interés público”.

En esta categoría entran Fuerzas Armadas, cuerpos policiacos y funcionarios y funcionarias, no por la persona que son, sino porque su enfermedad representaría un riesgo para la estabilidad del país. Dicho esquema existe a nivel federal y en cada uno de los estados desde que ocurrió la epidemia de influenza A H1N1 en 2009.