Si los dueños de las guarderías dicen hablar en nombre de los padres de familia, ¿por qué entonces oponerse a que esos padres reciban el dinero directamente? Se comprende la molestia que las organizaciones experimentan ante la decisión del gobierno de reducir el subsidio de cuatro mil millones de pesos dedicados a las guarderías particulares a lo largo del territorio nacional. Sin ese subsidio aumentará el costo para los padres de familia y afectará la calidad de servicios.
El gobierno del cambio argumenta que entregar el dinero directamente a los padres optimiza el beneficio a los usuarios, y evita el riesgo de corrupción. La polémica ha dado lugar a un intenso tira a tira entre el gobierno y la oposición y alguna parte de la prensa desafecta a la 4T.
A mi juicio, el debate ha perdido proporción en aras de la descalificación política. La mayor parte de las guarderías desempeñan una labor fundamental para familias mexicanas. Y desde luego también hay vergonzosas excepciones: particulares que montan un negocio para convertirse en receptores profesionales del subsidio y no necesariamente prestan un servicio de calidad.
El tema de fondo es que el gobierno no está cancelando el subsidio, como los detractores han querido venderlo, sino simplemente desea modificar la manera de hacerlo llegar a los beneficiarios, ampliándolo incluso. Lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo es un cambio radical, una revolución en el concepto mismo de la transferencia para eliminar al intermediario.
Más importante aún, la medida no es una decisión para castigar a un sector, sino que forma parte de una filosofía de gestión de recursos públicos mucho más vasta con la cual difícilmente podemos estar en desacuerdo. La misma decisión se ha tomado para las nefastas organizaciones campesinas, obreras y populares que han vivido ordeñando los subsidios dedicados a los sectores populares. Es el primer paso para evitar el uso clientelar y faccioso de estas organizaciones, pero es sobre todo un acto de justicia para con los usuarios de estos programas de asistencia.
La llamada sociedad civil ha puesto el grito en el cielo porque la nueva política deja sin recursos públicos a organizaciones vinculadas a la iniciativa privada. Paradójicamente esos mismos sectores han visto con buenos ojos que se retiren los recursos a las organizaciones campesinas y se entreguen directamente a los trabajadores.
Por otro lado el tema de las guarderías se ha sacado de proporción; la oposición de derecha ha querido convencernos de que el hecho de no entregar los subsidios a estas empresas particulares representa un ataque en contra de las familias.
En realidad apenas el 5% del universo de escolares acude a este programa de guarderías. Y el recorte del subsidio por esta vía no significa que tengan que desaparecer. Por el contrario, al canalizar el dinero para el cuidado de los infantes a los padres de familia, ellos pueden elegir la opción que prefieran directamente.
Por otro lado, resultó desafortunada la intervención de Josefina Vázquez Mota para encabezar la cruzada de protestas a favor de las guarderías. Como se recordará, Juntos Podemos recibió 900 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto en condiciones cuestionadas, para ser destinados a los migrantes.
Más allá de los argumentos que nutren la inconformidad de los dueños, cabe preguntarse si la lucha de la senadora del PAN es también la defensa de un modus operandi del que ella misma se ha visto beneficiada.
La batalla política de las guarderías será cosa de niños frente a la que que seguramente darán todos estos organismos que han vivido huachicoleando los recursos destinados a los pobres. Esto apenas comienza.
