CANCÚN.- Representantes de las comunidades apícolas de los municipios de Hopelchén y Calakmul solicitan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador abstenerse de la consulta sobre el Tren Maya en tanto no se garantice la participación libre y transparente de las comunidades que podrían resultar afectadas por el trazo de la vía férrea.
Anastasio Oliveros López, presidente de la Unión de Sociedades Apícolas del municipio de Calakmul, recordó que hasta el momento se encuentra detenida la consulta por la siembra de soya transgénica que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, ya que las dependencias encargadas del gobierno federal no pudieron garantizar la libre participación de los pueblos originarios, por lo que pretender consultar a todas las comunidades para un proyecto aún de mayor envergadura es inviable.
En entrevista aparte, Sara Cuervo Vega, representante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró que las consultas a las comunidades por ley deben ser con suficiente tiempo de anticipación, libres e informadas, lo cual hace inviable pretender consultar el Tren Maya en menos de un mes tal como pretende el presidente
“No existen las condiciones para hacer una consulta conforme a los lineamientos y procedimientos que requiere la ley y en apego a los derechos que cobijan a los pueblos originarios. Deben ser previas, libres e informadas, pero el proyecto ya está teniendo polémicos avances”, dijo.
El simple principio de consulta libre debería dar a las comunidades la posibilidad de decidir ellas mismas la forma en la que serán consultadas y ello supone un trabajo de organización y trabajo de campo que hace imposible que pueda realizarse en diciembre próximo, dijo.
En entrevista previa, Naayeli Ramírez, asesora legal de la comunidad de Hopelchén, explicó que la consulta se indígena sobre la siembra de soya transgénica se ha llevado más de tres años y aún no puede realizarse porque en los hechos, tanto por el cambio de gobierno federal por la falta de condiciones que existieron desde que en 2015 la Corte ordenó dicho procedimiento como parte del amparo promovido por las comunidades ante los permisos que en 2012 el gobierno federal otorgó a Monsanto para la liberación de semilla de soya transgénica en 23,500 hectáreas distribuidas en los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, norte de Veracruz, San Luis Potosí (la parte de la Huasteca),Tamaulipas y Quintana Roo.
No hay información para consultar a pueblos originarios
En enero de 2019, Pablo Careaga Córdova, entonces coordinador del Tren Maya en el tramo Bacalar-Tulum, informó que la consulta a los pueblos originarios sobre el Tren Maya se realizaría en al menos cinco distintos distintas lenguas indígenas.
El funcionario dijo entonces que la consulta se llevaría gran parte de 2019, pues primero debía estar listo el proyecto ejecutivo del tren para poder presentar la información diferenciada por regiones a los distintos pueblos originarios por donde correrá la vía férrea.
“No es lo mismo el impacto que tendrá el tren en Calakmul, en Palenque o Bacalar; las inquietudes son distintas en función del tramo, pero también de la forma en la que el tren se integrará a la vida económica, social y urbana de las distintas regiones que recorrerá”, dijo.
Desde entonces se había dispuesto que la consulta fuese organizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero el proceso requería de los insumos de información regionalizada para que se entregase en sus distintas lenguas a los representantes de las distintas comunidades; ello implicaba contar con el proyecto ejecutivo y los estudios de ingeniería básica para poder tener información puntual y detallas que se pudiese informar a las comunidades previo a la consulta del proyecto.
Debe quedar claro que “no se va a realizar ningún tipo de obra que no tenga previamente los estudios correspondientes, ni las anuencias ni el consentimiento de los pueblos originarios”, insistió entonces el funcionario.
A finales de octubre, Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur dijo a El Economista que el 13 de diciembre próximo concluirán los trabajos de ingeniería básica del Tren Maya, a partir de lo cual iniciará inmediatamente la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
Dicho convenio establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.
Por Jesús Vázquez y Paloma Wong/Grupo Cantón
