Corrupción en México se lleva 5% del PIB: Función Pública

Los actos de corrupción en México implican un 5 por ciento del desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB)

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CIUDAD DE MÉXICO.-

Los actos de corrupción en México implican un 5 por ciento del desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB), es decir hasta un 10 por ciento de la riqueza nacional. Aseguró la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

En el acto donde se firmó el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de la Fundación Pública (SFP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la funcionaria aseveró que este problema eleva la desigualdad, reduce la provisión de los recursos públicos y agrava la pobreza.

Señaló que la corrupción limita la capacidad de las autoridades para combatir la inseguridad y contener la violencia, al tiempo que daña la competitividad de la economía y, sobre todo, mina la confianza entre pares, entre ciudadanos y en las instituciones que los representan, lo que finalmente mina la democracia.

Expresó que México en los últimos 12 años cayó del lugar 72 al lugar 138 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción y de transparencia internacional.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería, la titular de la SFP sostuvo que dicho crecimiento ocurrió al amparo de la impunidad. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, entre 2013 y 2016, menos de tres por ciento de las acciones penales terminaron en condena.

Resaltó que, frente a este panorama, México ha emprendido un nuevo camino partiendo de una premisa: la corrupción no es un problema exclusivamente económico o un fenómeno cultural, sino que se trata de un problema complejo y estructural.

Señaló que la corrupción es un diferencial de poder estructural que permite el abuso por parte de servidores públicos o élites del sector privado, y cuando se da, se genera este flagelo.

En segundo lugar, dijo, está la impunidad que prevalece entre quienes participan en actos corruptos, y tercero, la falta de participación ciudadana en el monitoreo, vigilancia y en la exigencia del castigo.