-Polémica de temporada
-Obradorismo bajo la lupa
-Periodismo con libertad
La edición de la revista Proceso, correspondiente a la semana en curso, ha generado polémica a partir de los encabezados de su portada: “El fantasma del fracaso”, como principal, y “AMLO se aísla”, como título secundario. Tales formulaciones tienen como sustento la entrevista que el reportero Álvaro Delgado hizo a Diego Valadés Ríos, un reconocido experto en constitucionalismo que ha ocupado las procuradurías de justicia en el plano federal (al final de la administración de Carlos Salinas de Gortari) y en la capital del país (con Manuel Camacho como jefe de gobierno).
Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Valadés formó parte del grupo de juristas que fueron cercanos al fallecido Jorge Carpizo McGregor, quien fue rector de la UNAM, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y titular de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación; estos tres últimos cargos, con Salinas de Gortari como presidente de la República.
La entrevista a Valadés, sensata y atendible, a juicio del autor de estos teclazos astillados, busca advertir sobre los riesgos que corre el futuro gobierno obradorista, construido con una alta carga de voluntad personal y aún sin el andamiaje institucional y de colectividad política bien organizada que requiere el tamaño de los cambios esperados. No es un ataque al político tabasqueño, pero sí un análisis de las debilidades y las fortalezas, con acento en estas, de lo que puede suceder en la política mexicana del sexenio por iniciar, sobre todo si el equipo del tabasqueño, su gabinete, y la fuerza de Morena, dominante del congreso federal, no acompañan y apuntalan los esfuerzos del próximo presidente de la República.
Sin embargo, la portada en mención provocó una intensa polémica que, según la Videocharla Astillada disponible en https://goo.gl/5xZxDH, pudo haberse atenuado con una puntual decisión editorial si en la portada de la discordia se hubiese hecho saber que se estaba frente a una entrevista, al agregar el nombre y apellido del declarante en cualquiera de los dos encabezados.
En un extremo se colocaron quienes buscan llevar al cadalso a la histórica revista crítica, por afectar con hipótesis políticas el camino, aún sin inicio formal, del hombre de los treinta millones de votos. En otro extremo, quienes defendieron (en varios casos, para aprovechar el filo de la publicación y enderezarla facciosamente contra AMLO) la congruencia crítica de la revista que, junto con La Jornada, han realizado un ejemplar ejercicio periodístico durante décadas, incluyendo etapas de grandes dificultades que, a la luz de los tiempos que corren, pudieran parecer poco relevantes o ser desconocidas por lectores de horas recientes.
El fondo de la discusión (más allá de especulaciones sobre sucesiones accionarias y perfiles políticos de herederos filiales) está en el papel que el periodismo crítico debe ejercer ante el nuevo poder presidencial, legitimado por un insólito volumen de votos y convertido en opción actualmente única de posibilidades de cambio (aunque sean leves y en circunstancias a veces contradictorias) de un sistema político y económico profundamente deteriorado.
Para un segmento de los seguidores de AMLO, la prensa crítica debe acompasarse a los planteamientos y las necesidades políticas del futuro gobierno. No asumir tal comportamiento significaría, bajo ese criterio, una suerte de traición y merecería un fusilamiento cívico a partir de un juzgamiento sumario de presunta corrupción. Pero, a pesar de la vehemencia postelectoral, y más allá de las tolvaneras que se producen en Twitter y en las redes sociales en general, prevalece la convicción de que es necesario el ejercicio periodístico que critique con fundamento, que mantenga una honesta distancia del poder y que sea capaz de dar difusión a errores, distorsiones y retrocesos.
Este martes, cuando se elijan legisladores federales de Estados Unidos y varios gobiernos estatales, habrá de conocerse la suerte política del presidente Donald Trump, quien ha detonado una política de exacerbación del ánimo antimigrante con la esperanza de estimular a sus votantes, republicanos, y no perder posiciones políticas ante sus adversarios, miembros del Partido Demócrata.
México ha jugado un papel involuntario, aunque negociado, en el montaje electoral de Trump. Los hechos demuestran que los poderes mexicanos, el saliente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y el entrante, que en asuntos concretos ya ha ejercido López Obrador, han aceptado tratar de sobrellevar la carga de contener la migración centroamericana en el sur mexicano. Peña Nieto, mediante el ejercicio de la fuerza física, aunque rebasados los operativos policiacos por la numerosidad de los centroamericanos en caravanas; López Obrador con los planes de desarrollo económico sureño a los que pretende incorporar a migrantes que así lo acepten.
La ampliamente conocida porosidad de la frontera mexicana con Guatemala y la calculada indisposición del peñismo para convertirse en verdugo sangriento de fin de sexenio respecto a esas caravanas de migrantes, han permitido que miles de centroamericanos se hayan organizado para ingresar a México y se encaminen hacia la capital del país (a donde ayer llegaron los primeros grupos). La marcha de centroamericanos ha sido oro electoral puro para Trump, quien ha cumplido con gusto su papel de general en jefe que ha enviado a la frrontera con México a miles de soldados pertenecientes al ejército más poderoso del mundo, para “enfrentar” la “invasión” de quienes huyen de la pobreza y la violencia (cruzando por un país que sufre similares desgracias) en busca de relativa mejoría económica.
Y, mientras es propuesta la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, ¡hasta mañana!
