CANCÚN.- UBER no es, o pretende ser un servicio de transporte público. A decir de los socios conductores; del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), “los servicios a través de las empresas de transporte como UBER son un modelo distinto al transporte público tradicional, y deben operar con regulaciones distintas y acordes a su modelo de negocio”.
Luego de una cacería encabezada por los sindicatos taxistas, con el aval de la entonces Dirección de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), un juez otorgó la protección federal para la operación de la plataforma electrónica, en tanto surge un fallo definitivo.
Esta redacción entrevistó a David y a Águeda, socios conductores para escuchar la postura de la plataforma: “El amparo que tiene UBER es en el sentido de que la plataforma no es un transporte público sino uno privado y como tal, no está obligado a contar con ninguna concesión, ese es el amparo que tiene ganado UBER como tal; aquí el gran problema es que el Instituto de Movilidad ha hecho omisión para recibir el documento en tiempo y forma como lo marca la ley”.
UN INSTITUTO QUE NO RECIBE NOTIFICACIONES, PERO SÍ SANCIONA
En el mes de diciembre UBER gana el amparo y lo entrega al Instituto de Movilidad, pero éste se niega a recibir y argumenta que con base en el propio amparo, tendrían de plazo hasta el 8 de abril para recibir; en esa fecha, regresan ante la dependencia y nuevamente se encuentran con una negativa a recibirles el documento, bajo el argumento de que, “como se trata de un Instituto de reciente creación, aún no cuentan con facultades para oír y recibir notificaciones”.
