CHETUMAL, Quintana Roo.- De acuerdo con los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, uno de los principales responsables de pagos no autorizados, de gastos sin comprobar y sobreprecio de obras durante la administración de Roberto Borge Angulo fue Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Hacienda del gobierno del estado de Quintana Roo y secretario de Finanzas y Planeación durante el ejercicio 2013.
De acuerdo con las investigaciones que realizó la ASF y que reproduce el Sol de Quintana Roo, se destaca que el funcionario no llevó una adecuada administración de los recursos recibidos por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, a través de los convenios de apoyos financieros.
El informe señala que durante su gestión transfirió recursos a diversas cuentas de los entes ejecutores, aunque la entidad federativa no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.
El medio de comunicación dice que prueba de ello es la revisión del manejo de más de 405 millones 24 mil pesos que fueron destinados para los Servicios Educativos de Quintana Roo, mismos que deberían ser aplicados en nómina del personal docente, educación básica, Colegio de Bachilleres y la Universidad de Quintana Roo.
En esa investigación del Sol de Quintana Roo, se dice que el rubro que registró un monto mayor de posibles anomalías —de acuerdo con una revisión realizada por Expansión al Sistema Público de Consultas de Auditorías de la ASF— fue el de transferencias a cuentas bancarias distintas a las autorizadas o sin comprobantes, con un total de mil 713 millones 825 mil 839 pesos.
Del total, mil 400 millones de pesos corresponden a la cuenta pública 2013 y están asentados en la auditoría 729, que derivó en la emisión de un pliego de observaciones, con clave de acción 13-A-23000-02-0729-06-002, del cual el Sol Quinta Roo menciona que tiene copia.
El documento señala que, se presume, hay un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de mil 400 millones de pesos más los rendimientos financieros que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por conceptos de recursos federales transferidos a otras cuentas bancarias y de los cuales la entidad fiscalizada no comprobó ni justificó el destino final de los recursos ni evidencia que los gastos fueron pagados con los recursos federales ministrados, se detalla en los documentos.
La publicación dice que, el total de 58 señalamientos realizados por el órgano fiscalizador a la entidad, 14 están relacionados con pagos que efectuó la autoridad a personal no autorizado, cuya erogación asciende a 118 millones 648,687 pesos.
Además, que la mayor en este rubro fue realizada en 2012, cuando la administración estatal destinó un total de 102 millones 567 mil 433 pesos de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago a 21 mil 950 trabajadores por percepciones que incumplían con la normatividad. Así se señala en la observación derivada de la auditoría 529.
En esa cuenta pública, la de 2012, se documentó el mayor número de irregularidades, con 27, las cuales alcanzaron un monto de 675 millones 322,484 pesos.
Por gastos no comprobados, el Gobierno de Quintana Roo registra seis observaciones que, en conjunto, suman un total de 275 millones 562,821. La mayor de éstas —220 millones 129,999.70 pesos— se emitió por no haber comprobado con documentos el destino de los recursos del FAEB, según se señala en la observación correspondiente a la auditoría 529.
Otras 12 anomalías están relacionadas con la falta de reintegro de recursos por parte de la administración estatal de fondos federales que no fueron devengados o de los que quedaron saldos pendientes respecto del gasto efectuado. En este rubro, el importe total fue de 340 millones 321,573.46.
El medio digital hace referencia que, la mayoría de las observaciones por este concepto, se registraron en 2013 con siete, una de las cuales fue por 126 millones 669,203 pesos, y consta en la auditoría 1144.
El resto de las irregularidades detectadas tienen que ver con conceptos como gastos no devengados, por 143 millones 241,298 pesos; la compra de medicamentos a sobreprecio no autorizados, por 12 millones 166,027 pesos; la no penalización a contratistas por incumplimientos, por 1 millón 576,077 pesos, así como obras inconclusas o a sobreprecio, 3 millones 102,194 pesos.
A estas observaciones podrían sumarse otras derivadas de las revisiones a las cuentas públicas 2015 y 2016, una vez que la ASF las integre. (redacción/Grupo Cantón)
