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Tópicos Fiscales

Medidas financieras y fiscales ante la crisis económica

Ante la crisis económica que vive la sociedad, es necesario adoptar una serie de medidas que permitan sobrevivir durante el periodo crítico; por lo que al respecto, sugiero que se tomen las siguientes medidas

En el rubro económico:
Disminuir al máximo la fuga de recursos, comprar lo estrictamente necesario, únicamente alimentos y medicinas, lo demás puede esperar.

Convenios con bancos y proveedores: diferimiento de créditos hipotecarios, automotrices, entre otros, inclusive, parcializar los pagos de las tarjetas de crédito.

Solicitar financiamientos a los bancos y al gobierno: aprovechar los créditos bancarios y del gobierno, con periodos de gracia y tasas de intereses bajas.

Medidas fiscales:
Aplicar los programas de diferimiento y pagos en parcialidades de contribuciones.

Pago en parcialidades o diferidos (Art. 66 CFF).

Diferimiento, subsidios y facilidades que otorgó el Gobierno de Quintana Roo (POE. 24 de marzo y 21 de abril, de 2020)

Pagos diferidos de las cuotas al IMSS (Acuerdo 13 abril 2020).

Prórroga de aportaciones al Infonavit (DOF del 27 abril, 2020).

Disminución del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales (Art. 14 último párrafo LISR) .

Recuperación de saldos a favor de contribuciones (Art. 22 CFF).

Compensación de saldos a favor de contribuciones (Art. 23 CFF).

Condonación de multas (ART. 74 CFF).

En cuanto a la aplicación de los estímulos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación:
Aprovechar las deducciones establecidas en las leyes.

En las disposiciones fiscales se encuentran diversas deducciones que no se aplican o se aplican muy poco, ya sea por desconocimiento o porque éstas no cumplen con los requisitos fiscales.

Las deducciones fiscales referidas, entre otras, son las siguientes:
PTU de ejercicios anteriores (Art. 14 Fr. II inciso a) LISR).

Cuentas incobrables (Art. 27 Fr. XV LISR).

Inventarios obsoletos Art. 27 fracción XX LISR).

Donativos (Art. 27 LISR).

Deducciones personales: Gastos médicos, dentales, y por servicios de psicología y nutrición, entre otros (Art. 151 LISR).
Pago de colegiaturas (Decreto)

Deducción inmediata y en el primer año de utilización de bienes de activo fijo (Art. 31 quinto párrafo).

Pérdidas por caso fortuito y fuerza mayor (Art. 27 Fr. V LISR).

Pérdida por enajenación de bienes distintos del costo de ventas (Art. 27 Fr. V LISR).

Conclusiones: ¡Quédate en casa! ¡Ánimo ya falta poco! Manténte positivo!.

Deducciones estructurales y no estructurales en materia fiscal

En materia fiscal, a los gastos realizados por un contribuyente se le conoce como deducciones. Ahora bien, cuando estas reúnen los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales, se convierten en deducciones fiscales, y a las que no cumplen con dichos requisitos se les conoce como no deducibles.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que los contribuyentes al momento de calcular el impuesto del ejercicio podrán aplicar las deducciones fiscales que reúnan los requisitos fiscales establecidos.

Dentro de las deducciones fiscales se encuentran las que están directamente relacionadas con la obtención del ingreso (estructurales) y las que se realizan de manera independiente al objeto social (no estructurales).

Deducciones estructurales
Son los gastos que realizan los contribuyentes y que están directamente relacionados con la obtención del ingreso. Se consideran estrictamente indispensables para la realización el mismo; están relacionadas con el principio de proporcionalidad y refiere a que a todo ingreso le corresponde un costo o gasto; el monto no tiene límite.

Deducciones no estructurales
Las deducciones no estructurales son gastos que no están directamente relacionados con el ingreso, y que en muchos casos dependen de la necesidad de la realización del mismo. Por ejemplo: las deducciones personales que se aplican al calcular el impuesto de ejercicio, como pueden ser: gastos médicos, hospitalarios, dentales, etc. Por su naturaleza, su deducción tiene un tope, es decir, el monto a aplicar depende de un porcentaje de los ingresos obtenidos o de los gastos realizados.

Sobre las deducciones estructurales y no estructurales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver un juicio de amparo, emitió el siguiente precedente:

DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Conforme a la tesis 1a. XXIX/2007, de rubro:

“DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones en materia de impuesto sobre la renta. Ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede abonarse, diferenciando dos tipos de deducciones:

1. Estructurales, identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva.

En este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes.

Ahora bien, los preceptos que reconocen este tipo de deducciones son normas jurídicas no autónomas dada su vinculación con las que definen el presupuesto de hecho o los elementos de gravamen, que perfilan los límites específicos del tributo, su estructura y función, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento de éste y, en estricto sentido, no suponen una disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamente dejaría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden equipararse o sustituirse con subvenciones públicas o asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria la promoción de conductas, aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extra fiscales.

2. No estructurales o “beneficios”, las cuales son figuras sustractivas que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado o de carácter extra fiscal.

Estas deducciones son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los denominados “gastos fiscales”, es decir, los originados por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social; tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos beneficios se tiene como objetivo prioritario plasmar criterios de extra fiscalidad justificados en razones de interés público.

Conclusión
Conforme al precedente emitido por la SCJN, los contribuyentes deben aplicar correctamente sus deducciones estructurales, que son las que están relacionadas con la obtención del ingreso, es decir, las estrictamente indispensables, entendiéndose como estas, las que sin ellas no se puede realzar el ingreso o servicio.

Por otro lado, las deducciones no estructurales, de origen están topadas, es decir, su deducción no puede ser al 100 por ciento, sino de manera porcentual, considerando los ingresos obtenidos o los gastos realizados.

El criterio emitido por la SCJN, tratándose de gastos médicos, pudiera ser injusto, ya que en algunos casos estas deducciones son reales, indispensables, que de no realizarlas pueden poner en riesgo la salud e inclusive la vida del contribuyente, en donde los gastos pueden ser muy elevados y fiscalmente no pueden deducirse al 100 por ciento.

La Intervención Económica y las Cartas de Intención

Introducción.

La finalidad del presente artículo es comentar el Convenio celebrado entre el gobierno mexicano y el Fondo Monetario Internacional firmado el 11 de abril de 1989, con el objeto de destacar que dicho documento es un ejemplo de una nueva clase de normas jurídicas internacionales, con contenido económico, que niegan el principio de no intervención y el concepto de soberanía nacional y, con ello, las bases sobre las cuales fue estructurado el derecho internacional clásico.

 

No intervención.

La no intervención ha tenido diversas definiciones, las que en su parte sustantiva refieren a que ningún país tiene el derecho a intervenir en los asuntos de otro país.
Como ejemplo tenemos la definición que sobre este concepto establece el artículo 8 de la Convención de Montevideo, adoptada en 1933, sobre Derechos y Obligaciones de los Estados: “Ningún país tiene derecho a intervenir interna o externa en los asuntos de otro”.

El 21 de diciembre de 1965 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 2131, titulada “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos domésticos de los Estados y la protección de su independencia y soberanía”. La que en su parte operativa, destacan los párrafos 1 y 5:

1. Ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier Estado. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas.

5. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro estado.
El documento de la ONU recoge diversos pronunciamientos que sobre la materia ya habían sido proclamados por diversos países en el mundo.

 

Internacionalización.

Dado el proceso de globalización que vive el mundo entero, ha ocasionado que existan relaciones entre un Estado y otro, así como con las organizaciones internacionales, lo que ha originado que se utilicen métodos para propiciar cambios en otros Estados, que no involucran el uso de fuerza física, que no se refieren a cuestiones técnicas de cooperación internacional, y que sí limitan la suprema potestas de los Estados respecto a su margen para decidir los elementos y sistemas políticos y económicos claves para su organización interna.

Estos nuevos métodos ya no sólo determinan las obligaciones y derechos que regulan las relaciones entre los Estados sino determinan sus estructuras políticas y económicas internas.

Esa nueva modalidad de intervención transnacional que contradice la regla de no intervención y vulnera el concepto de soberanía nacional, es legitimada en numerosos convenios internacionales como los convenios sobre derechos humanos y los acuerdos comerciales y financieros que prácticamente todos los países han firmado con organizaciones internacionales en materia de comercio y finanzas.

Si bien en ocasiones dichos instrumentos no son por sí mismos vinculantes, sí constituyen una costumbre jurídica internacional por su repetida celebración y su regular cumplimiento: la inveterata consuetudo y la opinio juris seu necessitatis.

 

Métodos de intervención.

Existen dos métodos utilizados por los Estados y las organizaciones internacionales para influir en otros Estados, que no implican el uso de la fuerza física:

Sanciones económicas que involucran la suspensión o retiro de prestaciones de índole económica, o la amenaza de hacerlo, o bloqueos económicos. Las naciones económicas son controvertidas y su base jurídica es muy discutible. Estas han sido utilizadas para “desestabilizar” gobiernos, como ejemplo de Estado Unidos contra Cuba, Chile, República Dominicana, Libia, Nicaragua y por la Unión Soviética contra Yugoslavia, Finlandia y Albania; y las de las Naciones Unidas contra África del Sur.

Manipulaciones gratificantes que incluyen el otorgamiento de beneficios económicos y financieros tales como ayuda de gobierno a gobierno, preferencias comerciales y préstamos.

 

Texto de la Carta de Intención de 1989.

Un ejemplo de manipulaciones gratificantes lo constituyen las cartas de intención firmadas por México frene al Fondo Monetario Internacional en 1976, 1982, 1985, 1986 y 1989.

A cambio de una línea de financiera, el gobierno de México firmó una Carta de Intención el pasado abril 11.

La Carta empieza citando hechos históricos, mencionando que México en los últimos años ha llevado un programa global de ajuste macroeconómico y cambio estructural dirigido a corregir los desequilibrios macroeconómicos y a eliminar distorsiones que obstaculizan el crecimiento del país.
Señala a mera de ejemplo: El superávit primario del sector público obtenido, (el que en varias décadas fue deficitario), la liberalización del comercio exterior del país y el programa de desincorporación de entidades y organismos como parte de la reforma estructural del sector público.

La carta considera que las políticas macroeconómicas y el cambio estructural señaladas han contribuido a restablecer las condiciones internas requeridas para recobrar un crecimiento económico sostenido. También se señala en la carta que están dispuestos a adoptar medidas adicionales, si fuera necesario.

 

Significado político de la carta.

Todas las cartas de intención firmadas por México “reconocen la autonomía de México”.
Sin embargo, lo que es común en todas ellas es el testimonio de la política económica del fondo.

A su vez, ésta responde a una filosofía que cada día gana más adeptos en los gobiernos de todos los países y que consiste en políticas efectivas para promover la privatización del aparto productivo, la eficiencia económica, la competitividad y la productividad, todos como medios para el crecimiento económico.

 

 

Conclusiones.

La Carta es una prueba de la inobservancia e inoperancia de los principios de soberanía y no intervención. Dichos principios, ahora distorsionan las realidades a las que se refieren.

Con la creciente interdependencia entre los Estados lo más probable es que el uso de técnicas de intervención económica que no implican el uso de fuerza, en vez de disminuir, van creciendo.

Ahora bien, México requiere recursos, como todos los países en algún grado, y las reglas que operan son que los grupos que los poseen, imponen sus condiciones a los que los necesitan. Lo demás son formas.

Finalmente opino que los países como México en vías de desarrollo, tiene que abrirse al proceso de la globalización, sacrificando de cierta manera la soberanía nacional y admitiendo la intervención de las reglas de los países desarrollados, en aras de conseguir recursos económicos para su crecimiento y desarrollo.

La simetría fiscal, no es una garantía

Cuando los contribuyentes son sujetos de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y estás encuentran que un contribuyente aplica una deducción fiscal, tienen la facultad de verificar que su contraparte, es decir, quien expidió el comprobante, prestó el servicio o enajenó el bien, haya declarado la operación con un ingreso acumulable.

Esta situación sucede de manera recurrente y los contribuyentes, sobre todo, los que aplican la deducción argumentan que si el otro contribuyente declaró el ingreso, por un sentido lógico y natural, el otro contribuyente tiene el derecho de deducir la operación, tomando como base el principio conocido como Simetría Fiscal.

La situación se torna aún más compleja cuando un contribuyente aplica una deducción y la autoridad no tiene manera de verificar que el otro acumuló el ingreso, ya sea que no lo haya declarado, que no esté localizado, esté dado de baja, etcétera.

¿Qué es Simetría Fiscal?
Se conoce como Simetría Fiscal, a aquel principio por virtud del cual quien efectúa una erogación tiene la posibilidad de deducirla o amortizarla, y a su vez, quien perciba el monto de la erogación, tendrá que reconocerla como un ingreso y pagar el impuesto por dicha percepción.

En ese tenor, la Simetría Fiscal incentiva por un lado, a acumulación de un ingreso y por otro, la deducción de una erogación.

Cabe señalar que la Simetría Fiscal es un principio de índole contable, que no encuentra fundamento o sustento en ninguna ley secundaria, ni mucho menos en nuestra ley Suprema.

La simetría fiscal, no es una garantía constitucional.

Sin embargo, el hecho de que un contribuyente declare un ingreso, no le genera el derecho en automático de la deducción a otro contribuyente, circunstancia que no vulnera su garantía constitucional; así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver diversos juicios de amparos en revisión sobre este tema, antecedente que se reseña a continuación:

SIMETRÍA FISCAL. NO ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y SU AUSENCIA NO PROVOCA NECESARIA Y AUTOMÁTICAMENTE UNA TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La simetría fiscal es un principio de política tributaria que establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que si a una persona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, a su contraparte que realiza el pago que genera ese ingreso, debe corresponderle una deducción.

Sin embargo, útil como es para conocer mejor la mecánica o el funcionamiento de algunos tributos y como parámetro de interpretación de la ley, la simetría fiscal no es una garantía constitucional, ni su ausencia tiene como consecuencia necesaria y automática la violación a alguno de los principios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Incluso, la asimetría fiscal no necesariamente aporta elementos para pronunciarse sobre la regularidad constitucional de una norma y, en caso de que provocara efectos coincidentes a los de una violación de garantías en materia tributaria, la inconstitucionalidad del precepto de que se trate derivará de esta última circunstancia y no de los juicios que puedan hacerse en torno a la asimetría, pues no debe pasar por alto que se trata de un mero enunciado de política fiscal.

Conclusión.
En la actualidad y de acuerdo al precedente emitido por la SCJN, los contribuyentes no deben confiarse argumentando el principio de Simetría Fiscal para efectuar una deducción fiscal, los contribuyentes no deben confiarse argumentando el principio de Simetría Fiscal para efectuar una deducción fiscal, sino que será necesario cumplir con todos los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales para que proceda la deducción;

principalmente lo relativo a la prestación efectiva del servicio, conocido como “Materialidad” aspecto que es muy bien verificado por las autoridades fiscales cuando ejercen sus facultades de comprobación, tan verificado es que, en algunos casos aplican criterios muy subjetivos y rechazan las deducciones; ocasionando que los contribuyentes se autocorrijan eliminando esas deducciones o interpongan los medios de defensa.