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La silla del patrón

El conflicto, el alborotador y la solución.

Este fin de semana en Playa del Carmen estalló un conflicto policiaco que mostró dos caras de la política: el oportunismo político y el uso del diálogo como herramienta para solucionar los conflictos.

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Decenas de elementos policiacos se manifestaron en las instalaciones de Seguridad Pública por la disparidad en los pagos por el recurso del Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg).

De acuerdo con los uniformados, a algunos les llegó un pago por más de 20 mil pesos, mientras que otros no recibieron ni siquiera mil.

Por eso se manifestaron, para exigir un trato más parejo.

Como siempre ocurre con este tipo de casos, no falta el político que aprovecha para sacar raja política de la situación, y eso ocurrió con el diputado local Carlos Toledo, quien busca la presidencia municipal de Playa del Carmen, que se presentó a alborotar el gallinero.

Con un discurso “maestro” decía: “no sé cómo esté el problema, pero aquí estoy y si es necesario ¡Vamos a Chetumal! Aunque hay que decirlo esto es un asunto municipal”; parece que el verde legislador desconoce que el Fortaseg proviene de recursos federales.

El acto también lo “protocolizó” firmándole de recibido a uno de los oficiales una hoja con el pliego petitorio y asegurándoles que su abogado los atendería.

Habría que recomendarle que cuando quiera aprovechar un conflicto social para allegarse votos primero se documente, para que pueda por lo menos ofrecer alguna alternativa de solución y no solo quiera llegar a alborotar más el gallinero. En lo que sí tuvo razón fue en decir que él muy poco puede hacer desde el Congreso local, adonde se comprometió a llevar el caso de los policías… hasta el miércoles.

Por su parte hay que decirlo, aunque nunca tuvo que haber pasado un paro como estos, también es cierto que la presidenta Cristina Torres, le dio una cátedra de diálogo y soluciones a Carlitos, quien llegó con la bandera verde al tope.

La alcaldesa fue un ejemplo de cómo el diálogo soluciona los conflictos; se presentó en el lugar y les explicó a los agentes cómo fue que a través de una fórmula se determinó la cantidad que se le pagaría a cada quien.

Dejó claro que estos son recursos federales, donde el ayuntamiento no interviene pero sí podía ofrecer a nombre de la comuna una cantidad en efectivo para resolver el problema de inmediato, lo cual representó una solución inmediata para los uniformados.

Asimismo, les escuchó con el resto de su pliego petitorio y ofreció una solución a cada uno de los puntos, lo cual fue bien recibido por los uniformados.

El tiempo mostrará a los oficiales que el intento del diputado Carlos Toledo de “apoyarlos” está hueco y carece de sustento.

Operativo Impunidad

En este 2018 las baterías están enfocadas en reforzar la seguridad en el estado y para ello el gobierno del estado hará equipo con la Federación. Parte de esta estrategia conjunta es el anuncio del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de que cinco mil elementos federales serán enviados a diferentes puntos del país, entre ellos Cancún.

Se trata de una serie de acciones para atender las necesidades específicas de seguridad, las cuales incluirán operativos de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión. Los agentes pertenecen tanto a la Policía Federal como a la Procuraduría General de la República.

Se establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la Policía Federal para ser desplegados en ciudades clave para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto impacto; además de Cancún irán a Colima, Los Cabos y Ciudad Juárez, entre otros lugares.

A los esfuerzos federales se une la estrategia estatal que consiste en tener un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en el Auditorio del Bienestar, lo que dignificará este inmueble, construido por la administración de Roberto Borge y símbolo de la corrupción y el saqueo en Quintana Roo.

El Auditorio fue habilitado como un búnker con la capacidad de controlar, desde Cancún, la seguridad en toda la entidad, y en los próximos días podría ser inaugurado.

En el C5, que se integrará a los que ya operan en Puebla, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, operarán los números de emergencias y denuncias 911 y 089, así como la Policía Cibernética que atiende casos de secuestros virtuales o extorsiones telefónicas, además de una central de monitoreo de más de 3,000 cámaras de vigilancia y 130 arcos carreteros instalados en lugares estratégicos.

Definir el uso que se le podía dar al Auditorio del Bienestar se había convertido en un problema por los defectos por mala planeación en la estructura que costó 244 millones de pesos, con un sobre costo de 60 millones de pesos.

La prioridad tanto para el estado como para el gobierno federal es el municipio de Benito Juárez, la joya de la corona, donde van enfocados todos los esfuerzos al tratarse del destino más conocido y visitado de Quintana Roo.

La instrucción es cero tolerancia a la delincuencia y cerrarle el paso a los criminales y a los delitos de alto impacto, que actualmente son el dolor de cabeza, así como garantizar la seguridad de la población.

Doble discurso del PRI

La realidad va sepultando cada vez más el discurso priísta. Aunque ahora intentan erigirse en un monumento anticorrupción, lo cierto es que cada vez son más las figuras impresentables que recuerdan las viejas prácticas de ese partido, actualmente -todavía- en el poder. PRI

Claro ejemplo fue la visita de su precandidato presidencial José Antonio Meade a Quintana Roo, donde se codeó con cuestionadas figuras que son ejemplo de corrupción, como el exgobernador Félix González Canto, “creador” del también exmandatario Roberto Borge, actualmente preso en Morelos por desvío de recursos.

Otro que departió con Meade fue el exsecretario de Gobierno borgista Gabriel Mendicuti Loría, quien tan solo un día después fue detenido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusado de daño patrimonial por 534 millones de pesos, al cual acaban de embargar 19 inmuebles y 21 vehículos, aparte de dictarle prisión preventiva justificada.

Mención aparte merecen los casos del presidente estatal del partido, Raymundo King, y del delegado en Quintana Roo Manuel Andrade, quienes pasaron un vergonzoso momento cuando fueron separados del candidato mientras éste daba su discurso en un desangelado evento en la zona hotelera de Cancún, donde por cierto a la prensa se le encerró en un “corral”, haciendo aún más inalcanzable al precandidato.

Meade jugó al doble discurso, pues mientras en público se separó de ellos, en privado les tomó la mano, platicó con ellos y se tomó decenas de fotos que fueron presumidas por esos personajes en sus redes sociales.

Fue a este doble discurso al que hizo mención en su visita a Cancún el domingo pasado el precandidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, quien destacó que al mismo tiempo que plantea estrategias anticorrupción, el aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, se rodea de corruptos.

“¿Con qué cara anuncian una estrategia de combate a la corrupción si justamente la gente de la que están rodeados son los personajes corruptos que en este momento están inclusive ya detenidos?”, cuestionó el panista.

Anaya expuso que, de ganar la Presidencia, castigará la corrupción y recordó que en los estados donde ha ganado el PAN se ha roto el pacto de impunidad, que consistía en que el gobernante entrante le cuidaba la espalda a su antecesor; puso como ejemplo a Quintana Roo, donde el gobierno actual, encabezado por Carlos Joaquín, ha interpuesto las denuncias necesarias para recuperar lo robado al estado.

Romanillos quintuplicó su fortuna

Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, multiplicó por cinco las propiedades a su nombre en el sexenio de Roberto Borge, se dio a conocer ayer en medios nacionales.

La exfuncionaria fue pieza clave en la red de corrupción del exgobernador Roberto Borge, al estar al frente de la dependencia que administraba el patrimonio inmobiliario del estado y desde donde habría operado la venta ilegal de 22 terrenos del patrimonio estatal, algunos de ellos al 6 por ciento de su valor.

Con Meade, Félix Gonzalez pierde en el 2018

Con el destape de José Antonio Meade como candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional, Félix González Canto quedaría relegado a cualquier posibilidad de imponer o imponerse para la candidatura 2018.

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Hay que recordar que el aún senador es cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y esa era su carta para la presidencia. Pero Osorio Chong ya anunció a su equipo de trabajo que seguiría encargado de la Secretaría de Gobernación hasta el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, dejando de lado sus aspiraciones a la candidatura para 2018.

El acto encabezado el día de ayer por el presidente Peña reorganiza las cosas al interior del PRI y readecúa las posiciones; el grupo vencedor resultó ser el de Luis Videgaray, al cual pertenece Meade, mientras que aquellos que apoyaban a algún otro aspirante deberán “cuadrarse” con el virtual candidato.

Con Meade, por su parte, además de que no hay mucha cercanía, se comenta que su primer acto como candidato será deslindarse de todos aquellos gobernadores y ex gobernadores señalados por desvío de recursos.

Cada vez el escenario es más complicado para los ex gobernadores que saquearon a Quintana Roo, uno ya resignado a regresar a México ante las condiciones tan complicadas en las que vive en Panamá y otro próximo a perder su fuero y por tanto imputable de varios delitos que se gestaron en su gobierno. La captura de Erce Barrón y el destape de Meade los hace sudar frío. Cada ver se cierra más el cerco en su contra.

Por su parte, Ercé Barrón llegó la mañana de ayer a Chetumal en un vuelo comercial y fue ingresado al centro de reinserción social de la capital del estado. En el aeropuerto frente a la prensa dijo: “Claro que soy inocente”; sin embargo, fue capturado tratando de huir del país. ¡Que incongruencia!

Barrón es pieza clave en los desvíos financieros que se hicieron durante los gobiernos de Félix y Borge; con González Canto sirvió como tesorero del estado, mientras que con Roberto Borge se encargó de la Administración Portuaria Integral, desde donde hizo y deshizo.

Su testimonio servirá para esclarecer los desvíos hechos en la naviera Barcos Caribe, integrada por personajes cercanos a Borge y que cubre la ruta Cozumel-Playa del Carmen y en el caso de Servicios Aéreos VIP Saesa, que cuenta por miles los millones que se “perdieron” por este medio.

El gobierno del estado se anota un certero acierto con la captura de Barrón por la información que este pudiera entregar, y el destino juega a su favor con la designación de Meade.

Aleksei Makeev, el Ruso Nazi sigue creando polémicas

Algunos colegas con fuentes muy confiables me comentaron que al interior del tribunal les soplaron al oído que un juez de control había expedido una orden de liberación en contra de Aleksei Makeev, mejor conocido como el #RusoNazi o #RusoLoco, aquel personaje que gustaba grabar mensajes racistas en contra de hombres, mujeres e incluso niños mexicanos.

Ese sujeto levantó al pueblo cancunense en su contra, al grado de intentar lincharlo; decenas de personas llegaron a su casa con la intención de hacer justicia con su propia mano y en la refriega, el ruso mató a un muchacho a puñaladas.

Es por ese delito que está en prisión mientras se sigue un juicio en su contra en el que se determinará su condena.

Las imágenes captadas del cuasi linchamiento recorrieron el universo de las redes de una manera tan viral como pocas noticias lo logran.

Los videos difundidos por el #RusoNazi indignaron a miles de mexicanos, el discurso de odio y racismo pegó fuerte.

Tras la supuesta orden de liberación, las redes se encendieron de nueva cuenta y la indignación no se hizo esperar.

Diferentes medios “se fueron con la finta” y dieron por un hecho la liberación del extranjero, asegurando que el juez consideró que el asesinato que llevó a cabo fue en defensa propia.

Lo cierto es que el #RusoNazi sigue hoy todavía en el Cereso de Chetumal.

Aún no se ha agotado la investigación complementaria en la etapa intermedia y faltan por desahogar periciales psiquiátricas solicitadas por la defensa.

La Fiscal General del Estado informó que aún faltan por desahogarse las diligencias periciales psiquiátricas solicitadas por la defensa y será un Juez Oral quien valore y desahogue las evidencias en su contra que presentó la representación social, para que determine su situación legal.

Sí fue sacado a consulta a Cancún y fue regresado al Cereso Chetumal hasta que haya resultados y desahoguen las probanzas; el juez será quien valore esas pruebas con el procedimiento respectivo.

La estrategia de la defensa es argumentar que el homicido que se le imputa fue en defensa propia pues el hoy occiso ingresó al domicilio del extranjero y lo atacó.

Se valora también su situación mental, pues no sólo en México presentó un comportamiento agresivo, también en Rusia agredía a sus vecinos.

No hay que dejar de mencionar que Aleksei es de origen ruso, por lo que pudieran también intervenir la embajada rusa y Relaciones Exteriores de México, volviendo el asunto también carácter diplomático.

Debemos aprender de la experiencia que ya costó la vida de un joven muchacho cancunense y entender que difundir discursos de odio, racismo y venganza pudieran propiciar trágicas situaciones.

 

Estrategia turística en Quintana Roo

Las autoridades turísticas buscan nuevas estrategias para promocionar los destinos de la entidad; en el caso de Cancún se harán ajustes en la promoción turística para potenciar dos innovadores conceptos: el primero que un ejecutivo viaje durante seis meses presentando la diversidad del producto en el destino, y la segunda, proceder legalmente contra los difusores de “fake news” contra Quintana Roo.

El portal Reportur explica que el primer concepto introduce la figura de un Chief Experience Officer para Cancún que durante seis meses, que irá de marzo a agosto, recibirá un salario mensual de 10 mil dólares para hospedarse en suites de hoteles lujosos, bucear, acudir a cenas gourmet, jugar golf, visitar sitios arqueológicos e ir por las noches a bailar a los antros, según Dinero, en una promoción que ya ha generado 4.4 millones de visitas al sitio Cancun.com.

El mercado principal es el estadounidense, de donde se han recibido la mayoría de las solicitudes para este empleo.

La cobertura, hasta ahora, ha sido de 5.2 millones de notas en todo tipo de medios y se estiman más de cuatro mil millones de impactos, mientras el costo total de este proyecto será de 2 millones de dólares. Se espera obtener por esta inversión en promoción por lo menos 100 millones de dólares.

La segunda estrategia será proceder legalmente contra aquellos que difundieron imágenes de una supuesta matanza en Cancún; este tipo de hechos son conocidos como “fake news” y la intención es desacreditar a personas o destinos.

La publicación que se refería a Cancún apareció en el portal de noticias “Más viral no hay”, a través de la liga alzandolavoz.net y se refería al hallazgo de cuerpos sin vida en las costas de Cancún.

Al respecto se pronunció la Secretaría de Turismo de México (Sectur) y la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) a través de un comunicado, señalando que se estaba al tanto de información difundida destacando la falsedad de la misma, lo que calificó como un “mal intento de difundir información falsa”.

Las imágenes difundidas no correspondían a playas del destino, Quintana Roo o México, es más, la arena ni siquiera es del color inconfundible de las playas de Cancún. Noticias como estas tienen como fin dar una imagen de inseguridad y alejar a los turistas del Caribe mexicano, es por esto que las autoridades turísticas actuarán en consecuencia, tomando acciones legales para impedir que se repita este tipo de ataques hacia la imagen de Cancún.

Más denuncias contra borgistas

Los ex titulares de las secretarías de Infraestructura y Transportes (Sintra), Fernando Escamilla, y de Medio Ambiente (SEMA), Rafael Muñoz Berzunza, estarían involucrados en un escándalo más, en este caso en el basurero de Othón P. Blanco.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco promueve nuevas denuncias en contra de estos ex funcionarios por presuntas irregularidades en la estructura del Relleno Sanitario Intermunicipal.

El problema quedó en evidencia con una nueva falla en la estructura del relleno que impidió el inicio de operaciones la semana pasada.

Al intentar cruzar la rampa, el camión recolector de basura quedó atorado y sufrió daños, pues esta se rompió.

Así como en este caso hubo muchas obras de la pasada administración estatal en las que se utilizaron materiales de mala calidad y se inflaron los precios.

No debe perderse de vista que dicho lugar se invirtieron 130 millones de pesos y durante la anterior administración estatal se presumió como una obra innovadora.

Pero recordemos quienes son estos personajes: Rafael Muñoz Berzunza, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente, es uno de los 17 funcionarios que la PGR ha señalado como cómplices del exgobernador Roberto Borge y es parte de las 84 denuncias que realizó el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Cuenta, por el despojo de bienes de Quintana Roo, tanto muebles, inmuebles y millonarios montos de dinero.

Mientras que Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), está incluido en la demanda contra los prestanombres del ex gobernador.

En esa denuncia, se lo acusa de desviar 80 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación para pagarle a empresas fantasma para la construcción de caminos sacacosechas que nunca se realizaron.

Ahora, por la incapacidad operativa del relleno no se puede recibir la basura de la capital del estado y comunidades aledañas.

Por mes las comunidades de Mahahual, Xcalak y zonas aledañas generan por lo menos 30 toneladas de desechos sólidos. Bacalar por lo menos una cifra similar.

Por la necesidad de espacio para depositar los desechos sólidos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco quedó obligado a rentar un terreno en la Costa Maya, que genera a la Comuna un gasto no contemplado.

Por lo pronto, la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Othón P. Blanco recaba elementos para promover una nueva denuncia penal.

Son 9 ex funcionarios detenidos y un ex gobernador: Red de Corrupción de Borge y Félix

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado excelentes resultados al estado, logrando la vinculación a proceso hasta ahora de nueve de los exfuncionarios borgistas que saquearon las finanzas de Quintana Roo.
Desde el pasado 5 de mayo de 2017, cuando fue detenido Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, uno a uno han ido cayendo los miembros de la red de corrupción creada por Roberto Borge para desfalcar al estado.

De los nueve detenidos, dos enfrentan su proceso en libertad y uno, el mismo Rodríguez Marrufo, ya recibió sentencia: se le condenó a pagar 39 millones de pesos al declararse culpable del delito de desempeño irregular de la función pública, con lo que quedó libre.

Mención aparte merece el exgobernador Roberto Borge Angulo, detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México a inicios de este año.

En este caso los fiscales lograron conjuntar un expediente lo suficientemente fuerte para que el juez dictara auto de vinculación a proceso y que Borge Angulo pase su proceso en prisión preventiva justificada.

En orden cronológico, la segunda en ser detenida fue Paulina García Achach, exsubsecretaria de Seduvi, quien fue capturada el 8 de mayo de 2017.

En su audiencia el juez determinó que podía seguir en libertad el proceso que se le sigue por el delito de desempeño irregular de funciones, para lo cual le fijó una garantía por 39 millones de pesos.

El 4 de julio de 2017 se capturó a Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Derivado del trabajo realizado por los fiscales adscritos al Tribunal de Juicio Oral, se obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que enfrenta su proceso en prisión.

Víctor Loyola, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue detenido el 3 de septiembre de 2017 en el estado de Yucatán, relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública. Se logró su imputación y actualmente enfrenta su proceso en prisión.

Erce Barrón, exdirector de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), fue detenido el 27 de noviembre en Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Se le vinculó a proceso y pasó 50 días en prisión, hasta que sus abogados lograron hacer válido un amparo en su favor, por ello seguirá su proceso en libertad.

La exdirectora de recursos financieros de CAPA, Ana Alicia Rivera Galera, fue detenida el 28 de noviembre de 2017. Se le acusa del delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.

Fiscales del Ministerio Público lograron obtener de un Juez de Control auto de vinculación a proceso en su contra, además de embargarle un predio, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, y dos vehículos, como garantía para reparación del daño causado a la administración pública estatal.

Paula González Cetina, jefa de la anterior y exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue detenida el 3 de enero.

La Fiscalía General del Estado le solicitó al juez que le impusiera prisión preventiva justificada, la que fue otorgada, por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

Gabriel Mendicuti, exsecretario de Gobierno, fue detenido el 21 de enero de 2018 al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La Fiscalía estatal logró que el Juez de Control lo vinculara a proceso y decretara prisión preventiva justificada por dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además de que se mantendrá el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles de su propiedad.

Cuatro días después, en la Ciudad de México, se logró la aprehensión de Mauricio Góngora, expresidente municipal de Solidaridad.

El fiscal Miguel Ángel Pech Cen confirmó que son tres órdenes de aprehensión en su contra por tres carpetas de administrativas, la primera por Desempeño Irregular de la Función por el quebranto de 594 millones de pesos, la segunda por la Carpeta de Peculado por 5 millones de pesos y una tercera por peculado por 155 millones de pesos.

Quintana Roo, un destino seguro

Las gestiones del gobernador Carlos Joaquín González ante las autoridades de Estados Unidos rinden sus primeros frutos, al actualizar la información para viajeros internacionales sobre México que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conocida comúnmente como “Travel Advisory” y destacar a Quintana Roo como un destino seguro.

La dependencia precisó que NO existe ninguna restricción de viaje para el Estado de Quintana Roo haciendo mención expresa de las áreas turísticas como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

Como se recordará, en octubre pasado, el gobernador realizó una gira de trabajo por el vecino del norte en la cual llevó a cabo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cámara de Comercio y la Embajada de México.

Ahí destacó el reforzamiento de la seguridad que se está haciendo en Quintana Roo para que tanto los turistas como la población del estado tengan la tranquilidad de disfrutar de un destino pacífico.

En esa ocasión se estableció una agenda de comunicación, información y trabajo que permitió un seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas y que concluyó con la adecuación de la alerta.

Quintana Roo es destino de millones de turistas estadounidense que ponen sus ojos en esta parte del Caribe mexicano para vacacionar en sus principales periodos de asueto.

En general, el turismo extranjero a México aumentó un 12 por ciento en 2017.

Alrededor del 60 por ciento de los visitantes extranjeros al país provienen de Estados Unidos.

Los destinos turísticos quintanarroenses aparecen frecuentemente en los tops de las diferentes operadoras y portales turísticos como Expedia o Trip Advisor.

Hay que destacar que en 2017 Cancún y Los Cabos registraron su mayor crecimiento en actividad hotelera desde 2010, según reporta el diario El Financiero.

Estos dos centros de playa -junto con Huatulco, Nuevo Vallarta, Ixtapa y Loreto- incrementaron 12 por ciento en promedio diario el número de habitaciones de hotel ocupadas en los primeros 11 meses de 2017, respecto al mismo perÍodo del año pasado, según datos del sistema Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Ambos son Centros Integralmente Planeados (CIP) impulsados por el Fonatur en la década de los 70 con el afán de tener centros turísticos con un desarrollo ordenado, aunque en el caso de Cancún, rompió todas las expectativas.

Un enorme fraude fue el que se detectó en la Secretaría de Salud de Quintana Roo, donde durante las últimas dos administraciones estatales los empleados sufrieron grave quebranto económico y en muchos casos perdieron su patrimonio por deudas impagables con entidades financieras.
Resulta que durante los últimos diez años trabajadores del sector salud obtuvieron créditos de diferentes financieras, pero a la hora de los pagos se les hacía el descuento correspondiente y su deuda no disminuía.

Muchos terminaron pagando hasta cuatro veces más del monto original del crédito, además de ser objeto de acoso escolar intimidaciones de parte de sus acreedores.

Gran parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud fueron afectados, se estima que el 70 por ciento de los tres mil cien trabajadores tuvieron este tipo de problemas, es decir, más de dos mil cien padres y madres de familia sufrieron cobros excesivos de este tipo de empresas.

Cómo es posible que los gobiernos estatales hayan permitido este atropello a los derechos de los trabajadores durante más de una década (entre los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo) una muestra más del desprecio y desamparo hacia la clase trabajadora de ambos gobernantes.
Cada vez aflora más del cochinero que se tenía en casi todas las dependencias estatales. Ahora, el sindicato de Sesa informa que canceló los convenios con 22 empresas financieras que ofrecían préstamos a los trabajadores del sector salud, entre ellas Total Crédit, Independencia, Crédito Maestro, Crecicuentas, Patronato del Ahorro, Crediméxico y Credifácil, entre otras.

El líder del sindicato de Sesa dijo que las empresas incurrieron en graves abusos a los trabajadores, como ocultarles los informes de sus pagos y negarles el acceso a sus expedientes e historiales de pago.

Se pidió el apoyo de la administración de la Secretaría de Salud para verificar el estatus de cada trabajador, y se confirmó que efectivamente había personas que habían terminado de pagar sus deudas y las financieras les seguían cobrando.

Ahora habrá que ver en qué acaba la investigación pertinente pues se afectó el patrimonio de decenas de familias quintanarroenses que cuentan con un sueldo austero y que vieron en un crédito la posibilidad de solventarse.

¡Ganamos todos!

En Quintana Roo podemos sentirnos muy satisfechos del proceso electoral, fue un proceso democrático ejemplar y pegado a la legalidad.
Debemos reconocer que el gobernador Carlos Joaquín González no metió las manos, como acostumbraban sus  antecesores.  Lo declaró en tono firme y lo cumplió: “¡Yo no tengo candidatos! Lo que sí tengo es el deseo de que haya orden, paz y tranquilidad a la hora de elegir”.
El mandatario prometió que todos los partidos y candidatos recibirían la total certeza de que las elecciones serán democráticas y abiertas y enfatizó que: “que gane aquel que la sociedad decida. Que así sea”
A los medios de comunicación no se les impuso una “línea” desde el gobierno del estado, como se acostumbraba en los sexenios anteriores, la realidad es que la forma de gobierno de Carlos Joaquín González  se apega más al respeto de las leyes, a las reglas. Sin duda, un gobernante demócrata.
Andrés Manuel López Obrador visitó varias veces Quintana Roo y  jamás tuvo obstáculos, de hecho  el mensaje siempre fue de “bienvenido”. Como el gran pueblo turístico que somos, también supieron traer al hoy presidente electo de México.
Sus candidatos operaron sus campañas libres y sin persecusiones. Carlos Joaquín  sabe lo que se significa la guerra sucia, las persecuciones, las amenazas los bloqueos, los insultos… Félix y Borge operaron sin piedad sobre él, ¿quién no lo recuerda?
Hoy Quintana Roo puede sentirse orgulloso de vivir una fiesta democrática la expresión ciudadana. En el sufragio se expresó en voz de cambio. Morena hoy gobierna las capitales de Quintana Roo y seguramente lo hará de la mano de un gobernador respetuoso de la ley.
Ganamos Todos

Exgobernadores priistas encarcelados en gobiernos panistas

exgobernadores-priistas-gobiernos

Hasta hace poco era una regla no escrita que el gobernador que llegaba al leer le cubría la espalda a su sucesor, máxime cuando ambos eran del mismo partido.

Así ocurrió durante muchos sexenios con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde los mandatarios se sucedían sin que el nuevo hiciera siquiera algún comentario crítico sobre la labor de su sucesor.

Aunque en muchas de las administraciones se dieron todo tipo de excesos, el que el mandatario electo fuese del mismo partido garantizaba impunidad.

Esto ha estado cambiando desde que en la mayor parte del país se ha dado la alternancia, principalmente con el Partido Acción Nacional (PAN).

Un ejemplo de lo anterior es que en los estados donde cambió el gobierno por un abanderado de la coalición “Por México al Frente”, se han denunciado los desvíos de los exgobernadores, algunos de los cuales además ya están en la cárcel.

Casos específicos el de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge.

Allí los nuevos gobernadores, Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín, respectivamente, se fueron por la vía jurídica para que sus antecesores pagaran por todos los delitos cometidos contra el patrimonio estatal.

Es así como en Veracruz en abril del año pasado tras casi seis meses prófugo de la justicia, el priista Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido en Guatemala, por la Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil guatemalteca.

Dos meses más tarde, en junio de 2017, el exmandatario quintanarroenses, Roberto Borge, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.

Se espera que los procesos no solo concluyan con la detención y consignación de los políticos, sino que se logre recuperar el patrimonio de los estados saqueados por ellos y sus cómplices.

Esto no solo es una promesa de campaña, también es una sentida demanda de la ciudadanía que en gran medida votó por el cambio para acabar con esos regímenes caracterizados por el ratocinio y la opresión.

Hasta ahora los gobernadores emanados de la alianza México al Frente han dado muestras de cero impunidad.

Los triunfos de Acción Nacional acabaron con los pactos de impunidad mientras que en los estados donde ganó el PRI este “pacto” sigue vigente.

El regreso de Borge

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Antes del 15 de enero estará en México el exgobernador Roberto Borge Angulo, confirmó su defensa.

De acuerdo con su abogado, Roberto Borge está totalmente listo para enfrentar en las mejores condiciones judiciales a la justicia mexicana, aunque presentó una denuncia por las malas condiciones en las que -asegura- ha estado preso en Panamá, pero eso no interfiere con la extradición.

El pasado 11 de diciembre la justicia panameña dio luz verde a la extradición de Roberto Borge y un día después él desistió de presentar cualquier recurso para impedir su regreso a México. A partir de esa fecha, las autoridades mexicanas tienen un mes para extraditar al exmandatario y aunque se había dicho que llegaría antes de Navidad, esa fecha se ha extendido.

Vienen cambios en gabinete

Se avisoran cambios en el gabinete del gobernador Carlos Joaquín a inicios del 2018; de entrada sus secretarios de Finanzas, Juan Vergara, y de Desarrollo Social, Julián Ricalde, buscarán la diputación por el distrito 3 y una senaduría, respectivamente.

Julián ya apartó su espacio en el PRD, al inscribirse antes de cerrar el proceso aunque renunciará hasta 90 días antes de las elecciones. Vergara, por su parte, mencionó que fue el pasado 10 de diciembre cuando realizó la solicitud para esperar ser el precandidato por una diputación federal y posteriormente candidato oficial por dicho distrito.

Respecto a dejar el cargo en el gabinete estatal, puntualizó que en cuanto sea notificado que sea elegido como precandidato por la diputación federal, solicitará licencia.

Uber

Esta semana la plataforma Uber dio a conocer que suspendería sus operaciones en Cancún a partir del miércoles 27 de diciembre, pero esperando reanudar a principio de 2018. Agregó que sin embargo seguirá dando soporte técnico a los más de mil socios conductores a través de su centro de atención que permanecerá abierto.

Señaló también que este periodo de inactividad lo aprovecharán para hacer alianzas comerciales.

La noticia cayó como baño de agua fría a sus usuarios y operadores, que ayer se manifestaron en la icónica glorieta de El Ceviche en Cancún en protesta por esta decisión.

Las manifestantes, pancartas en mano manifestaron su rechazo al mal servicio que brindan los taxistas en Cancún. Se espera que Uber vuelva a operar tras llevar a cabo pláticas con las autoridades respecto a la Ley de Movilidad.

Mejoras en la Fiscalía, aunque falta mucho por hacer 

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La Fiscalía General del Estado al mando de Miguel Ángel Pech Cen, ha implementado estrategias que le han permitido dar resultados principalmente en delitos que afectan directamente a la ciudadanía como el robo de vehículos.

La Fiscalía Especializada en Investigación y Recuperación de Vehículos recuperó en la zona norte 447 unidades el año pasado, 127 más que el 2016, cuando se registraron 320 recuperaciones entre automóviles, motocicletas, embarcaciones y autopartes. 

De enero a noviembre de 2017 se recibieron mil 300 denuncias por robo de vehículo en la zona norte, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres.

Aproximadamente en el 50 por ciento de las denuncias presentadas con reporte local los vehículos son recuperados en otros estados lo que se suma al número de unidades vehiculares ya citadas.

Mientras tanto en la zona sur se recuperaron 164 vehículos que contaban con reporte de robo o presentaban alguna alteración en sus números de serie.

Los vehículos y motocicletas recuperados fueron entregados a la Fiscalía del Ministerio Público, instancia que las mantiene bajo su resguardo para ser entregadas a sus legítimos dueños previa acreditación de la propiedad.

En el combate al rezago de expedientes, en 2017 se obtuvieron 110 sentencias condenatorias en el Sistema de Justicia Tradicional.

El trabajo realizado por los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Juzgado Penal Tradicional permitió que la institución obtuviera, además de 110 sentencias condenatorias, 17 órdenes de aprehensión y 32 órdenes de reaprehensión, las cuales se trabajan para darles cumplimiento.

Es importante precisar que a la par del inicio del Sistema de Justicia Penal Oral, la fiscalía destinó personal y equipo para concluir los expedientes que se iniciaron durante el Sistema de Justicia Tradicional, que derivaron en la obtención de los resultados antes descritos.

La Fiscalía también, en colaboración con otras Fiscalías y Procuradurías del país, coadyuva con la búsqueda de ciudadanos desaparecidos en diversas partes de la República Mexicana.

La Unidad de Atención a Personas Desaparecidas registró un índice de efectividad del 96 por ciento, al registrar 422 personas localizadas con vida de un total de 443 inicios de denuncias de personas reportadas como desaparecidas.

Se han emitido puntualmente las alertas, pre alertas y recomendaciones específicas para lograr saldo positivo este 2017. La estadística de personas desaparecidas establece que 211 personas fueron mayores de edad, de las cuales no han sido localizadas 12; mientras que 232 personas menores de edad fueron reportadas ante la autoridad ministerial como extraviadas y en la mayoría de los casos se fueron del hogar por cuestiones familiares, de ellas se desconoce aún el paradero de nueve.

En 2017 se generaron 21 Alertas Amber, de las que aún permanecen dos activas y de 15 pre-alertas, cuatro siguen activadas.

Nuevo ombudsperson, en suspenso

Esta semana es crucial en la definición de quién será el nuevo ombudsman de la entidad, o debería decir ombudsperson, pues el término se ha adecuado para que tanto un hombre como una mujer puedan aspirar al cargo.

El Congreso inició ya el proceso de elección y será esta semana cuando se verificará que los candidatos hayan presentado los documentos requeridos.

En caso de haber algún requisito por subsanar, tendrán dos días para cumplimentarlo.

Posteriormente se definirá el calendario para que se presenten, dentro de los 10 días siguientes, a entrevistas de carácter público con el fin de conocer los objetivos de sus aspiraciones, así como un planteamiento general de porqué buscan ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

El calendario, así como los nombres de quienes acudan a las entrevistas, serán publicados en estrados del Congreso.

El ombudsperson es el defensor del pueblo, es decir, quién se encarga de defender a la ciudadanía en caso de que sufra algún abuso de parte de la autoridad de los diferentes órdenes de gobierno.

Ante el inminente término del período de Harley Sosa Guillén, el congreso el estado, mediante la Comisión de Derechos Humanos se prepara para evaluar los currículum de los aspirantes al cargo.

Entre los aspirantes destaca la joven chetumaleña Claudette Yanell González Arellano, quién ha sonado mucho en los últimos días.

González Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, cuenta con una maestría en Derecho por la universidad de estudios de postgrado en derecho, de la Ciudad de México.

Cursa actualmente una maestría en derechos humanos en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos en Chetumal, por lo cual tiene a su favor la preparación académica necesaria para cumplir con una encomienda tan importante como presidir la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.

En cuanto a su experiencia laboral, Claudette Yanell González Arellano se ha desempeñado como jefa del departamento de quejas y denuncias en la Contraloría del municipio Othón P. Blanco, directora general del Instituto de Atención a la Juventud, también en la capital del estado.

Asimismo, ha sido catedrática en la materia de Derecho Ambiental en la Universidad de Quintana Roo campus Chetumal.

También ha sido directora de Desarrollo Social del ayuntamiento capitalino y actualmente se desempeña como subsecretaria técnica de la Secretaría de gobierno del estado.

Cuenta también con diferentes diplomados, cursos y talleres que sin duda hacen de Claudette Yanell González Arellano la candidata idónea para ser la titular de Derechos Humanos en Quintana Roo.

Me refiero en especial a ella, puesto que la semana pasada ha sido objeto de crítica, una campaña de desprestigio inició contra ella solo por el simple hecho de “aspirar a ser”.

Debemos recordar que son 17, pero sólo ella ha sido objeto de crítica.

¿Por qué? Sencillo, sus credenciales y su actual posición la ponen como la principal aspirante a ocupar el cargo.

Como dato, hace 16 años no ha ocupado el cargo una mujer.

Veremos.

Lamentable matan a otro periodista

Un nombre más se suma a la lista de periodistas asesinados este año en México. periodista

Gumaro Pérez Aguilando, reportero de Acayucan, Veracruz, fue asesinado a balazos este martes, mientras presenciaba un festival escolar de su hijo.

Gumaro Pérez, de 34 años de edad, fundó el portal de noticias regionales “La voz del sur” y también era trabajador del Ayuntamiento de Acayucan.

Con él suman 13 comunicadores asesinados en lo que va de 2017, cuatro de ellos en Veracruz.

Es preocupante el nivel de violencia hacia los periodistas en nuestro país.

México ocupa el puesto 147 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Hace unos días, durante su visita a México los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza, consideraron que la situación que prevalece en el medio periodístico en el país es caótica, a lo que urge tomar medidas serias y sólidas en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión.

De acuerdo con los relatores, los últimos dos años han sido muy complicados para la prensa, pese a la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección a periodistas.

El conteo de Artículo 19 señala que en el sexenio del presidente saliente Enrique Peña Nieto, al menos 38 periodistas fueron asesinados. Gumaro Pérez sería el número 39.

La misma cifra fue mencionada en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, en el que también se incluye la muerte de 8 defensores de derechos humanos.

No deja de causar impotencia que pese a las reiteradas denuncias y llamados a proteger a los comunicadores sigan dándose crímenes como este y continúe el hostigamiento hacia la prensa.

En lugar de afianzar leyes para protegernos se votan “leyes mordaza” como la aprobación de las modificaciones al Código Civil Federal para que se considere un hecho ilícito que se comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien; es decir, ahora es delito decir la verdad.

Sin duda nos hace falta mucho por hacer para que paren los crímenes y agresiones contra periodistas pero más que nada es necesaria la colaboración de las autoridades mediante leyes que den seguridad.

Relatores de la ONU y CIDH

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Tuve la oportunidad de entrevistar a Edison Lanza y David Kaye, quienes son relatores para la libertad de expresión enviados de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y de la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).

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Lo hice en el marco de una reunión que los relatores de Naciones Unidas tuvieron con periodistas mexicanos desplazados en su mayoría por el nivel de violencia que se vive en ciertos estados de la República o bien por recibir amenazas que ponen en riesgo su vida, grupo del cual formo parte.

La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, de ahí la gran importancia del encuentro.

Los temas a tratar fueron los periodistas desplazados, que por cierto ellos no tenían en el radar que existía este tipo de problema, nos agradecieron e hicieron hincapié en que nuestra aportación fue muy importante ya que esto no se aplica en otras naciones o por los menos ellos no tienen conocimiento de ello, por lo que les abre mucho más el panorama sobre los periodistas que viven esta delicada situación.

Tras la reunión con los periodistas desplazados, los relatores instaron al gobierno de México a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer de protección y transparencia.

México ya ha dado un paso loable creando estas instituciones; ahora debería darles las herramientas para ser efectivas.

Destacaron que la necesidad de abordar los temas de protección y transparencia será especialmente crítica en 2018, cuando la ciudadanía mexicana votará en elecciones federales, estatales y locales.

“Garantizar la seguridad de los y las periodistas les permite recabar y difundir información sobre cuestiones del más alto interés público”, dijeron los expertos, en una declaración conjunta al final de su visita.

Los Relatores Especiales añadieron:

“Nos inspiró la pasión de las y los periodistas con quienes nos encontramos, su compromiso con su papel de informar a la sociedad mexicana y su anhelo de investigar sobre corrupción, crimen organizado u otros asuntos de interés público, sin importar los riesgos que saben que podrían enfrentar”.

“Nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas, en las que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado.

El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes en sus narrativas”, dijeron.

Un paso más contra la corrupción

Quintana Roo da un paso más en el combate a la corrupción: la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior del Estado, lo que permitirá contar con un mecanismo que permita una eficiente fiscalización de los recursos públicos utilizados en la entidad.

Como hemos señalado en otras ocasiones, la rendición de cuentas y transparencia es una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín y aunque en ocasiones la transparencia ha generado ataques de sus detractores, lo cierto es que ahora es posible acceder a información que en sexenios anteriores era casi imposible, por los malos manejos de quienes detentaban el poder.

El papel de la Secretaría de la Contraloría ha sido muy destacado, al recabar toda la información e interponer todas las denuncias necesarias para que los exfuncionarios que saquearon las arcas del estado sean presentados ante la justicia. Aunque hay más de 80 borgistas y felixistas señalados en los expedientes de investigación, hasta ahora se ha detenido a 10 de ellos, incluyendo al exgobernador Roberto Borge, el excandidato a la gubernatura Mauricio Góngora y el exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti.

Por su parte, la Auditoría Superior se ha encargado de hacer las observaciones correspondientes a las cuentas públicas de los once ayuntamientos, las dependencias gubernamentales y los organismos descentralizados. Aún no se ha concluido con el sexenio borgista, por lo cual seguramente falta detectar más desvíos y malos manejos en diferentes dependencias.

La homologación de procesos entre la Contraloría y la Auditoría permitirá unir procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización; y una mayor ampliación de la cobertura de la fiscalización para privilegiar la transparencia.

Recordemos también que como parte de las acciones que se han realizado en Quintana Roo para combatir la corrupción se encuentra la puesta en marcha de la Línea de Denuncia Ciudadana “Tak Pool” con el número 01 800 849 77 84 y que está disponible para toda la ciudadanía que desee denunciar un acto de corrupción.

Asimismo, se instaló el Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas para darle seguimiento puntual y evaluar lo que se ha hecho bien, las metas que se deben trazar y alcanzar durante el gobierno.

Alto riesgo, el periodismo

“Nocturno en que nada se oye
En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte,
en esta soledad sin paredes
al tiempo que huyeron los ángulos
en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre
para salir en un momento tan lento
en un interminable descenso”.

-Xavier Villaurrutia

Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados 136 periodistas, 14 de ellos mujeres; de 2005 a la fecha han desaparecido 21 periodistas, incluidas dos mujeres. Han ocurrido 52 atentados contra medios de comunicación del 2006 a la fecha.

México, según Reporteros Sin Fronteras, una de las organizaciones internacionales más respetadas en la defensa del periodismo, es el tercer país más letal para ejercer esta profesión, después de Siria y Afganistán.

Los visores de la CNDH han calificado al oficio como de ALTO RIESGO porque han advertido el incremento de las quejas, en especial las agresiones.

La criminalización del periodista tras su asesinato se vuelve también una forma de violencia severa, relacionada con justificar la ineficiencia del estado. “Es como decir ‘te pasó algo porque eras malo’, mencionó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.

“Cuando matan a un periodista las autoridades siempre siguen el mismo patrón: no han empezado ni a investigar y empiezan a soltar versiones que no tienen nada que ver con su ejercicio periodístico. Alegan que (su muerte) tenía que ver con su vida personal , que andaba metido en cosas raras o fue un crimen pasional, esto último lo dicen mucho en el caso de las mujeres”, destacó Olivia Zerón, reportera y conductora.

Luis Raúl González, presidente de CNDH, declaró que la falta de esclarecimiento de los crímenes, agresiones o amenazas, “es un caldo de cultivo para que se sigan propiciando y, que en el fondo, lo que está aconteciendo es que se está lesionando uno de los pilares de la democracia”.

La impunidad y la corrupción es el enemigo a vencer en la lucha para la protección de la libertad de expresión. ¡Urgen resultados! ¡Justicia!

Nuria Varela, escritora y reportera, lo dice bien: “la impunidad es el motor de la violencia, si matar asesina, torturar es gratis. ¿Por qué no hacerlo?”

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década. A pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos para la protección y persecución, la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, afirmaron David Kaye, de la ONU y Edison Lanza, de la CIDH.

Naciones Unidas ha lanzado dos comunicados para Quintana Roo en menos de un mes, uno por el asesinato del comunicador Guadalupe Chan, en Felipe Carillo Puerto, y otro por la ejecución del periodista Rubén Pat, en Playa del Carmen. Esto debe de ser atendido y debe de ser resuelto por el bien de nuestro bello destino.

Nuestro Quintana Roo, Nuestro hermoso estado, está crujiendo…

Fiscalía va por la recuperación del patrimonio del estado

La Fiscalía del Estado va por la recuperación de dos mil millones de pesos saqueados a Quintana Roo por funcionarios de la pasada administración estatal, pues no se trata solo de detener a los culpables del enorme desfalco a las arcas quintanarroenses, sino de recuperar lo robado.

De estos dos mil millones de pesos desaparecidos durante el borgismo, mil 500 millones corresponden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y otros 500 millones a la aerolínea VIP Saesa.

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En el caso de CAPA, hace unos días fue detenida Ana Rivera por el delito de peculado dentro de la carpeta administrativa 308/2017. La exfuncionaria se desempeñó como administradora de la CAPA en la administración pasada que encabezó Roberto Borge Angulo.

La acusación de malversación de fondos públicos de la CAPA también involucra a otros ex directivos de esa institución, empezando por la extitular de la dependencia, Paula González Cetina, contra quien ya se giró una orden de aprehensión que podría ser cumplimentada en cualquier momento.

Recordemos que la exdirectora de CAPA no se presentó la semana pasada a la audiencia de formulación por la imputación del mismo delito que la hoy detenida.

Los mil 50 millones de pesos fueron desviados de la concesionaria Aguakan como contraprestación para la privatización del servicio en Solidaridad; esa cantidad fue depositada a CAPA y esta a su vez a la Secretaría de Finanzas, pero su destino final se desconoce.

Los otros 500 millones de pesos corresponden a los desvíos cometidos en VIP Saesa, en donde están involucrados al menos 11 funcionarios borgistas, quienes autorizaron contratos y pagos por servicios aéreos.

Recordemos también que se investiga si los vuelos eran utilizados para transportar dinero en efectivo.

Por lo pronto permanece en prisión Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa, quien durante su comparecencia en el Congreso no supo explicar porqué se contrataron tantos vuelos, que eran utilizados por funcionarios, sus familias y amigos.

Otros de los los borgistas detenidos hasta ahora son Ercé Barrón Barrera, extesorero durante la administración de Félix González y titular de la Apiqroo con Roberto Borge, cuya audiencia está programada para el 2 de diciembre.

Enfrenta su proceso en libertad Paulina García Achach, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y ya fue sentenciado Mauricio Rodríguez Marrufo, quien dejó la cárcel tras pagar 39 millones de pesos y declararse culpable.

Y no podemos dejar de mencionar al exgobernador Roberto Borge Angulo, detenido en Panamá y quien espera en ese país su extradición a México.

Próximamente C5

Descentralizar la policía estatal es una de las estrategias del gobierno del estado encabezado por Carlos Joaquín, es decir, que los elementos policíacos no solo se concentren en Chetumal sino en otros puntos del estado que así lo requieran.

Es por ello que se desplazaron agentes en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Tulum, así como próximamente Bacalar.

Es importante señalar que el gobierno del estado sí está tomando en cuenta el reclamo de la ciudadanía, que en un 70% o más ha señalado que su principal demanda es la seguridad, de allí que se trabaje no solamente en la coordinación con los otros órdenes de gobierno, sino que en el ámbito estatal se organiza la seguridad.

Está a punto de concretarse el proyecto de Seguridad Pública Estatal en el que a través de videocámaras se estarán vigilando las principales avenidas y acceso de los municipios de Quintana Roo; la vigilancia se realizará con alta tecnología a través del C-5, que se ubicará en el municipio Benito Juárez en el edificio del Auditorio del Bienestar.

Adicionalmente a este centro de mando, se tendrán otros en el centro y sur del estado donde se instalarán agentes de la policía estatal para reforzar a los policías municipales.

Desde del inicio del sexenio se señaló que serían tres mil las videocámaras que se instalarán en puntos neurálgicos de la entidad y se ha entregado patrullas y motonetas a los municipios para una mayor vigilancia.

Un punto importante a destacar es que la actual administración recibió el gobierno con 20 patrullas y ahora se cuenta con 600 patrullas para dar una mayor vigilancia a los quintanarroenses.

También se está preparando el atlas delincuencial del estado, para conocer las zonas más conflictivas de los diferentes municipios y definir estrategias de seguridad propicias para cada lugar.

Pese al despliegue de elementos, las autoridades policiales han mencionado que aún se requieren más agentes para cubrir adecuadamente todas las bases; por ello se han regionalizado los requisitos para ser policía, entre estos la estatura.

Es así como se trabaja para tener una mejor cobertura policíaca y garantizar la seguridad de la población.

Periodistas quintanarroenses… ¿en desamparo?

La abrogación de la Ley estatal para la Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, conocida como Ley Borge, ha traído a la mesa una nueva discusión: ¿realmente quedan desamparados los comunicadores y comunicadoras quintanarroenses al no contar con una ley estatal? ¿O es mejor contar solamente con el Mecanismo Federal y mantener una coordinación adecuada con el enlace estatal?

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En su pasada vista el Relator de la ONU, David Kaye y su homólogo Relator de CIDH, Edison Lanza, ambos especialistas en libertad de expresión, en el documento que emitieron con sus observaciones preliminares en su punto #26 mencionan: “… los mecanismos locales no ofrecen una solución adecuada a los problemas de protección, dado que la inseguridad para casi todos los periodistas se genera a nivel local.

Aunque respetamos la motivación para crear estas instituciones, la prioridad debe ser reforzar el papel del Mecanismo Federal, no solo para asegurar una coordinación efectiva sino para proporcionarles la capacidad de operar de manera local de manera sostenible.”

En otras palabras no es necesaria una Ley Estatal sino una eficiente coordinación entre el Enlace Estatal y el Mecanismo Federal.

La abrogación de la Ley Borge es congruente con estas opiniones de estos dos grandes expertos en la materia, pero el desconocimiento local sobre el tema permite muchas especulaciones.

Bien asesorado y dando los pasos correctos, cualquier comunicador víctima de una agresión puede acceder a los beneficios del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que está conformado por una Junta de Gobierno que se encarga de analizar los caos y brindar la protección, así como analizar los apoyos que se ofrecen y darle seguimiento a los casos.

La junta de Gobierno Federal está conformada por varias dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación (a través del Mecanismo Federal), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Derechos Humanos y ONG´s de mucho peso social, entre otras.

Cada una de ellas aporta según sus atribuciones elementos para garantizar la protección.

En el caso específicamente de la CEAV, una vez acreditado el carácter de víctima, mismo que puede derivar de la denuncia ante la Procuraduría General de la República, tu queja ante Derechos Humanos o en su caso ante la misma CEAV, se pude acceder a los fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Entre los apoyos que se pueden generar están: apoyo médico de cualquier índole, psicológico y/o psiquiátrico, traslados en diligencias según lo específica la ley de víctimas, apoyo en alimentos, vivienda, gastos fúnebres, asesoría legal y/o defensa legal, entre muchos otros.

Dentro de la misma CEAV existe un fondo especial para los periodistas y defensores de derechos humanos.

Los argumentos vertidos en días pasados sobre la supuesta desprotección a mujeres periodistas carece de veracidad, tanto las mujeres como los hombres periodistas y defensores de derechos humanos tienen el derecho a la protección integral si han sido agredidos en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, no hay que mezclar o confundir, para temas laborales existen las juntas de conciliación o la Procuraduría del Trabajo, de lo que se trata es de garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos y evitar que por ejercerlos perdamos la vida.

Mezclar los temas, lejos de ayudar, perjudica porque se desvirtúa la verdadera lucha y la razón de ser de la Ley Federal de Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Aclaro, no es que esté en contra de mejores condiciones de trabajo para el gremio periodístico, ¡al contrario! Pero si lo que se busca es pelear por mejores salarios y condiciones entonces el modelo a seguir sería un sindicato.

Sin duda el contar con garantías de protección para el ejercicio de la labor periodística en caso de ser víctimas de agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques físicos, es de vital importancia, solo en el 2017 han sido 12 periodistas asesinados, alcanzando a Siria que es un país en guerra declarada.

Terminó la espera, Borge está en México

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Finalmente, y tras una espera de siete meses el ex gobernador Roberto Borge Angulo fue extraditado por las autoridades panameñas.

El ex mandatario permaneció en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio, cuando fue detenido en el aeropuerto de Tocumen mientras pretendía abordar un vuelo con destino a París.

Mucho más delgado que cuando estaba en el poder -su abogado asegura que perdió 20 kilos-, con una mirada penetrante y su acostumbrado gesto de cruzar las manos para evitar que se le vean las esposas, Borge llegó a las instalaciones de la base aeronaval panameña.

Allí fue revisado médicamente y se hicieron los trámites legales correspondientes para que abandonara el país canalero.

Llamó mucho la atención el rosario que colgaba de su cuello, por encima de su camisa.

Con 30 minutos de retraso Borge abordó el Bombardier Challenger 605 que lo trajo a México.

Dos horas después aterrizó en la Ciudad de México, donde ya era esperado por su defensa, las autoridades mexicanas y decenas de reporteros.

Horas después y tras cumplir con una serie de trámites, el convoy federal trasladó al ex gobernador al penal Neza Bordo, en el Estado de México.

Allí quedó a disposición del juez de su causa.

Trascendió que su primera audiencia será el día sábado, cuando se determinará si enfrentará su proceso en libertad o se le dicta prisión preventiva.

Hay que recordar que Borge Angulo está acusado por la Fiscalía estatal de los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado en agravio del estado de Quintana Roo, por un monto de más de 3 mil millones de pesos.

Además, la justicia federal lo investiga por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por los primeros delitos se le había fijado en un principio una fianza de 89 mil pesos y la Fiscalía logró que fuesen 85 millones; ahora se busca que esa cantidad se multiplique por tres, es decir, que la fianza alcance los 255 millones de pesos.

Asimismo, el fiscal general del estado, Miguel Pech Cen, advirtió que los fiscales solicitarán que el exgobernador sea traído al Centro de Reinserción Social de Chetumal para enfrentar las denuncias en su contra por peculado y afectación al erario público por 3 mil millones de pesos.

En Quintana Roo las reacciones no se han hecho esperar y tanto políticos como empresarios y miembros de la sociedad civil se manifestaron a favor de que prevalezca la justicia en el caso del ex gobernador.

Seguramente durante los próximos meses seremos testigos de un intenso proceso legal que culminará con la sentencia de Roberto Borge; habrá que ver también quienes de sus subalternos caen junto a su jefe.

Se desató el escándalo

Hay un escándalo en puerta luego que el periódico Reforma publicó que a través de la Sedatu la titular Rosario Robles desvió recursos con empresas fantasmas en 2015, entre ellas el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Hay que recordar que durante la administración de Roberto Borge todas las secretarías y dependencias fueron parte de una gran maquinaria de despojo al erario público, y este caso es sólo uno de los muchos que hay por descubrir.

En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015, para el desvío de recursos durante la gestión de Roberto Borge.

Tras la publicación del medio nacional, la funcionaria retó vía Twitter al rotativo para que hoy al mediodía en la Procuraduría General de la República presenten las pruebas.
Hay que recordar que en esa época a la que hace referencia el reporte, a los colegas y trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no les daban ni siquiera papel para imprimir y les bajaron el sueldo entre 20 y 25% porque decían que no había recursos para pagarles.

El año pasado la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría estatal informaron que investigarían una asignación indebida de recursos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del orden de 800 millones de pesos, para realizar dos contratos de producción.

También se detectaron algunas transferencias de recursos realizadas de forma extraordinarias y que se enmarcarían en un uso indebido de fondos federales.
El dispendio de recursos durante el mandato de Roberto Borge fue espectacular, pues se creó una estructura de medios privados que vendían la línea editorial a cambio de cientos de millones de pesos. Esos medios sirvieron para atacar a los enemigos políticos del ex gobernador, y para esconder el multimillonario desfalco al estado que aún hoy se investiga.

Parte de las irregularidades son que no todos los contratos que se hicieron tienen el soporte documental que muestre que esos convenios se cumplieron. O sea, se entregaba el dinero, pero no hay documentación de una contraprestación al respecto.

Guerra en el PRI

Las puñaladas están al orden del día en el Partido Revolucionario Institucional, donde los antiguos aliados se han vuelto enemigos.

Resulta que al ver como las investigaciones por desvíos de recursos y otros delitos se acercan cada vez más a ellos muchos priístas han optado por el fuego amigo, como el que han enviado al actual presidente de su partido, Enrique Ochoa Reza.

En días pasados se dio a conocer que la mayoría de los casi 200 diputados federales priistas pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que “quitara ya” al dirigente nacional del CEN del tricolor.

Pero de inmediato fue desmentida esa versión, saliendo a la luz que fueron personajes como Ivonne Ortega y Félix González Canto, aliados del ex presidente priísta Manlio Fabio Beltrones quienes difundieron esa versión.

Lo cierto es que al ver como se les escapa de las manos el poder el grupo político de Félix González Canto, que no tiene ninguna posibilidad para 2018, ha optado por atacar mediante diferentes estrategias.

En el caso de Ochoa Reza, se sabe que les ha negado espacios por su histórica derrota en 2016, cuando el tricolor perdió varias elecciones.

En lo que respecta a Quintana Roo, se han especializado en difundir fake news o noticias falsas, para lo cual se han aliado con especialistas en guerra sucia. Su principal tarea es empañar la labor del gobernador del estado, Carlos Joaquín.

Para ello, el ex gobernador ha contratado al yucateco Hugo D’Urrutia, quien se ha encargado de hacer y difundir en redes sociales videos en los cuales se enfrenta al gobierno estatal y se intenta defender a los borgistas corruptos que saquearon al estado.

Y es que Félix González Canto está cada vez más desesperado conforme se acerca el fin de su periodo como senador pues bien sabe que perderá el beneficio del fuero y podría correr la misma suerte que Mauricio Góngora, Gabriel Mendicuti o su principal alumno: Roberto Borge.

Otra de las estrategias que ha sido denunciada por los mismos ciudadanos consiste en una serie de llamadas disfrazadas de encuestas telefónicas en las cuales se da información en contra del gobierno de Carlos Joaquín.

Las llamadas son realizadas de un número de la Ciudad de México que corresponde a la empresa Atento, una multinacional de customer relationship management (CRM) en el sector de business process outsourcing.

Ante tales ataques, el gobierno estatal estudia el interponer demandas contra esta empresa por prestarse a la guerra sucia contra la entidad.

La Medrano

Mientras suenan campanas de boda para la exesposa de Roberto Borge, Mariana Zorrilla, quien publicó en redes sociales su compromiso con el empresario libanés Luis Gerardo Chagra Nacif, su otrora rival en amores, Gabriela Medrano, salta a la palestra pública y en esta ocasión por un presunto desvío de recursos a través de la Fundación Borge, que habría sido creada expresamente por el exmandatario para tal fin.

Gabriela Medrano emanó de las filas del Partido Verde Ecologista de México y de la mano de Borge llegó incluso a ser diputada federal; en el ocaso de su mandato, Borge intentó hacerla presidenta municipal de Puerto Morelos, pero ya no le fue posible, su acotado poder y mínimo margen de negociación se lo impidieron.

Pero además de ideología política, Borge y Medrano compartieron su vida personal. Fueron protagonistas de una complicada relación amorosa que llegó incluso a afectar las decisiones que Borge tomaba sobre aspectos trascendentales para el estado.

Una vez divorciado de Zorrilla, y aún antes de eso Roberto Borge dio a conocer públicamente su relación con la verde logística, con quien viajaba frecuentemente al extranjero y lo acompañaba en eventos sociales. Ahora se sabe que para ella creó la “Fundación Borge”, una asociación fachada para el lavado de dinero.

Medios nacionales dieron a conocer que la fiscalía estatal ya investiga está fundación creada en 2016. Al perder la gubernatura, Borge Angulo y el ex candidato del PRI-PVEM, Mauricio Góngora Escalante, diseñaron y pusieron en marcha la institución.

Una de las líneas de investigación apunta que el ex gobernador Borge creó y desapareció la fundación que llevaba su nombre, con la que aseguraba que brindaría bienestar a los quintanarroenses.

La “Fundación Borge”, cuyo lema principal era “Realizando buenas acciones”, aseguraba tener un alto sentido de responsabilidad, cuyo principal enfoque sería solucionar problemas sociales asegurando que “la mejor inversión es combatir la pobreza”.

El modus operandi para “lavar” el dinero desviado del erario era hacer entrega de recursos que están exentos de impuestos o declaraciones ante las autoridades hacendarias, pero al ser controlada por su “pareja sentimental”, Gabriela Medrano, los recursos regresaban a las manos del ex mandatario.

A través de “Fundación Borge” era muy sencillo simular recibir millonarios donativos y al mismo tiempo, supuestamente destinarlos a obras que no se llevaban a cabo, como deportivos, escuelas y en los sectores salud y educación, donde lo mismo aseguraban haber entregado becas, computadoras y otros implementos, así como aparatos e instrumental médico.

Policías bien pagados

Parte del combate a la delincuencia va de la mano con que los elementos que enfrentan a los criminales cuenten con condiciones laborales y de vida adecuadas, que les permitan cumplir con sus obligaciones sabiendo que sus familiares estarán a salvo si llega a pasarles algo.

Es por eso que el gobierno estatal se ha ocupado en mejorar las condiciones de vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, pues tener un agente bien pagado evita que este sea tentado por la delincuencia organizada y le permite tener una mejor calidad de vida, lo que redunda en una mejor disposición para realizar su trabajo y un mejor trato a la ciudadanía.

Durante la reciente celebración del día del policía, los oficiales se vieron gratamente sorprendidos con los anuncios del Ejecutivo estatal, entre los que destacan un incremento mensual de cinco mil pesos para todos los niveles de la corporación policiaca, que se reflejarán también en el aguinaldo y en la prima vacacional a partir de este mes.

Además, el gobernador anunció una serie aumentos en las prestaciones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como un estímulo especial de mil 500 pesos para mil 238 elementos policiacos de confianza.

También por primera ocasión habrá 160 becas para los hijos de los elementos por la cantidad de mil pesos mensuales.

El seguro de vida para todos los policías será por un millón de pesos, por muerte natural. Antes el monto era por 500 mil pesos. Por muerte accidental, el seguro de vida se incrementó a millón y medio de pesos; anteriormente, era por un millón de pesos. Asimismo, se brindaron reconocimientos y ascensos a los miembros de la corporación

Esto se suma a las mejoras en equipamiento, infraestructura, salarios dignos y transparencia en la designación de ascensos; en suma, se reconoce y valora el trabajo de los agentes policiacos, que son fundamentales para mantener la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo, tanto las corporaciones policiales municipales como la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal han manifestado un déficit de elementos, por lo cual se trabaja en el reclutamiento de más agentes. Por ello el Centro de Control y Confianza en lo que va de este 2018 ha aplicado poco más de 455 evaluaciones de aspirantes para el ingreso a las diferentes corporaciones policiales.

Falta modelo homologado de investigación criminal

La mayoría de las Fiscalías estatales carecen de la autonomía necesaria para garantizar una correcta impartición de justicia.

Gran parte de los estados del país no han hecho las adecuaciones necesarias para implementar el nuevo sistema de justicia penal.

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Recordemos que como parte de la reforma penal, a partir del año pasado entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, en el cual la investigación del delito está a cargo del fiscal del Ministerio Público.

El fiscal debe integrar en la Carpeta de Investigación los elementos de cargo y descargo que tenga a su alcance.

De acuerdo con una investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), hace falta un modelo homologado de investigación criminal.

De principio, identifica cómo en 15 de 33 dependencias locales encargadas de procurar justicia en el país, no se ha hecho ningún ajuste para transitar al modelo acusatorio y adversarial.

Los expertos señalan que las Fiscalías arrastran una serie de vicios del anterior sistema de justicia inquisitorio y no hay un modelo homologado de justicia.

Y es que no se trata solamente de cambiar el nombre de Procuraduría por el de Fiscalía, sino de hacer cambios sustantivos en la forma de operar; de entrada se requiere más personal para combatir el rezago de expedientes, y llevar justicia a quien lleva años esperándola.

A nivel de estados, Quintana Roo se encuentra entre las entidades que ya tienen una Fiscalía autónoma, junto a Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México, Tabasco y Guerrero.

Entre los estados que tienen una Fiscalía con Autonomía Relativa se encuentran Morelos, Yucatán y Veracruz; mientras que las Fiscalías sin autonomía incluyen a Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco.

Por otra parte, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán y Zacatecas aún cuentan con la figura de la Procuraduría.

Además, son varios los estados donde es el gobernador quien sigue imponiendo al fiscal o procurador, lo que no permite una correcta impartición de justicia. En Morelos Javier Pérez Durón ocupa la Fiscalía a petición del gobernador Graco Ramírez.

En Yucatán, Ariel Aldecua Kuk fue propuesto fiscal, a petición del mandatario Rolando Zapata. En Veracruz, Jorge Winckler, además de ser fiscal de Veracruz, ha fungido como abogado del gobernador Miguel Ángel Yunes.

El fiscal Juan Manuel Herrera fue designado por el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno. En Chihuahua, el fiscal César Peniche fue propuesto directamente por el gobernador Javier Corral.

Ruth Medina fue nombrada fiscal por decisión del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y en Jalisco, el anterior Fiscal, Eduardo Almaguer, propuesto por el gobernador Aristóteles Sandoval, ahora aspira a la gubernatura.

Como dijo una cosa dijo otra  Rumbo al 2018

La mañana de ayer el secretario de gobierno, Francisco López Mena, destapó a Juan Vergara y Julián Ricalde, secretarios de Finanzas y Desarrollo Social, respectivamente, como candidatos a puestos de elección popular.

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López Mena aseguró que los secretarios ya estaban siguiendo su proceso y que estaban en su derecho de darle las gracias al gobernador para conseguir nuevos puestos en sus carreras políticas.
De inmediato inició la guerra de tuits, los análisis de café… todos especulaban sobre las posibilidades reales de ambos secretarios.

Pero más tardó López Mena en destaparlos que ellos en taparse de nuevo, y mediante sus oficinas de prensa enviaron sendos comunicados en los que desmentían sus supuestas renuncias al cargo.

Julián dice que no son tiempos pero se inscribió para “apartar lugar” ya que el pasado domingo terminó en el PRD el plazo para inscribirse. Vergara, por su parte, no dijo más y se limitó a enviar un comunicado.

Más tarde en conferencia de prensa el secretario de Gobierno negó haber confirmado la renuncia de sus compañeros de gabinete y dijo que su declaración fue malinterpretada.

Aseguró haber tenido comunicación con ambos funcionarios para aclarar, de manera personal, este tema. De la misma forma, dialogó con el gobernador Carlos Joaquín sobre este tema.

Esta no es la primera ocasión que López Mena hace declaraciones y luego sale a desmentir su postura, como ocurrió hace unos meses con el caso de la zona limítrofe con Campeche, en donde habría dado por perdida la franja en disputa con el vecino estado, entre otras cosas.
Pero ¿Qué es lo que pasa en los partidos que conforman el frente amplio (PAN, PRD y MC)?

En lo que respecta a Benito Juárez, el PAN quiere a Frank López Reyes y el PRD a Emiliano Ramos; las negociaciones deben venir pronto para definir al candidato para la joya de la corona: Cancún.

López Reyes ha sabido acercarse a la ciudadanía y cada día gana más respaldo, tiene una imagen fresca, juvenil y no tiene -hasta ahora- “cola” que le pisen.

Ha sido hasta ahora un gran promotor del turismo y la ecología.

Emiliano Ramos, por su parte, tiene un largo camino en la política, ha sido dirigente del PRD en el estado y su municipio.

Tiene un largo historial de lucha en la izquierda y actualmente se desempeña como diputado local.

Ambos son cartas fuertes para pelear por la presidencia municipal que actualmente está en poder del Partido Verde y que la coalición PAN-PRD-MC pretende reclamar para sí, pues ya tienen el gobierno estatal y lo siguiente es ganar la presidencia municipal más importante del estado.

Inocente hasta que demuestren lo contrario

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es una máxima del derecho que garantiza la presunción de inocencia de todo ser humano.

Además de nuestra Constitución política hay instrumentos internacionales que salvaguardan el principio de presunción de inocencia, como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De hech, el nuevo sistema de justicia penal se basa en esta premisa, que busca terminar con las injusticias que se cometían en el aspecto de que el señalado por un delito era culpable hasta que se demostrara lo contrario y se le detenía y encarcelaba desde el inicio de su proceso.

La responsabilidad de la autoridad es no exponer o divulgar los datos personales de los detenidos, en aras de no afectar su reputación. Diversas irregularidades quedaron de manifiesto en la detención de Juan Vergara Fernández; la identidad de Vergara Fernández se hizo pública al precisar su último cargo en el gobierno, como secretario de Finanzas, acción ilegal y difamatoria porque rompe la presunción de inocencia.

El objetivo era exhibir a uno de los hombres que fue pieza clave en la reconstrucción de las finanzas del estado, mismas que fueron heridas de gravedad por la anterior administración, por funcionarios que justamente son los mismos que han sido denunciados y detenidos por la Fiscalía del Estado.

La intención es desacreditar la lucha contra la corrupción iniciada por el gobierno actual.

Pero no es el primer caso en el que el gobierno federal, concretamente la PGR, comete arbitrariedades en Quintana Roo, exactamente lo mismo hizo en el caso de las cajas de First National Security en Cancún, abusos, excesos y criminalización a todos los que tenían alguna caja de seguridad fueron la constante en ese caso que aún no se ha resuelto totalmente.

Los clientes de First National Security sufrieron también extorsiones para poder recuperar sus legítimas pertenencias, misma receta que pretende utilizarse en esta ocasión, cuando se pretende extorsionar para evitar más detenciones y proteger a Roberto Borge y sus cómplices, evitando que haya más detenciones.

Para incriminar a Juan Vergara la PGR manipuló el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.

El tema de Vergara se trata pues de un asunto de impuestos que pretendió “inflarse” para convertirlo en lavado de dinero, un delito que la PGR no pudo acreditar, tan es así que el juez del caso le negó la prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas.