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La silla del patrón

Vinculan a proceso al empresario Carlos Mimenza

Este sábado el juez especializado del centro de justicia federal, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, decidió vincular a proceso al empresario Carlos Mimenza por las amenazas hechas hacia mi persona.

Además, se le reiteraron las medidas cautelares fijadas con anterioridad, como no acercarse a mi persona, familia o domicilio, ni salir del país.

El caso contra Carlos Mimenza sienta un precedente para todo aquel que quiera lastimar, insultar o amenazar de muerte a un periodista; estas personas que se creen todopoderosos solo por tener poder o dinero deben entender que la libertad de expresión es una garantía y un derecho humano, incoercible y que debe ser garantizado y fomentado.

Ahora, la Procuraduría General de la República cuenta con dos meses para efectuar la investigación pertinente, previo al arranque del juicio oral. Hay que destacar que las amenazas son un delito previsto en el Código Penal Federal, en su artículo 282.

Allí estipula que se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa “al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo, y al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer”.

Estará de acuerdo conmigo en que Mimenza cumple con todos esos requisitos que prevé la ley, pero será el juez quien determine su castigo y quien haga justicia, porque si creo en la justicia y las instituciones de mi país y se que me asiste la razón y este agravio no quedará impune.

Carlos Mimenza cobró notoriedad el año pasado en el estado de Quintana Roo al realizar una serie de denuncias mediáticas en contra de funcionarios de las administraciones anteriores y en funciones.

No obstante, al aflorar sus lazos con figuras ligadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo y que dimos a conocer puntualmente en el portal ElQuintanaRoo.mx, medio de mi propiedad, el empresario reaccionó con violentamente.

Fue una noche del 8 de julio, cuando al regresar en mi coche de Cancún a Playa del Carmen me envió varios mensajes de WhatsApp con amenazas de muerte para mi y mi familia: “Ten cuidado por donde te mueves. Te tengo vigilado.

Lo que tú haces por la espalda yo te lo voy a hacer de frente”.

En un segundo mensaje se leía: “Primera advertencia”. Y un tercer mensaje: “Y guarda la pantalla. Para que guardes las pruebas de mi promesa”.

También me aseguró que me tendría vigilado y lanzaría ataques cibernéticos. Que sabría lo que es “amar a Dios en tierra ajena”. “Duerme, esto apenas comienza”, me advirtió.
De hecho, pese a que el fallo del juez ha sido bien recibido por colegas, mis amigos y familia, así como por mis compañeros desplazados, con quienes hice grandes y fuertes lazos durante el tiempo que al igual que ellos estuve desplazado de mi hogar, las amenazas han resurgido vía redes sociales.

En Twitter algunos perfiles a todas luces falsos han proferido una serie de insultos y amenazas en mi contra y contra algunos otros periodistas que al igual que yo luchan por hacer escuchar su voz. Seguiremos en pie de lucha, seguiremos pugnando para que haya justicia y una cosa si les aseguro: no nos callarán.

Alto riesgo, el periodismo

“Nocturno en que nada se oye
En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte,
en esta soledad sin paredes
al tiempo que huyeron los ángulos
en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre
para salir en un momento tan lento
en un interminable descenso”.

-Xavier Villaurrutia

Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados 136 periodistas, 14 de ellos mujeres; de 2005 a la fecha han desaparecido 21 periodistas, incluidas dos mujeres. Han ocurrido 52 atentados contra medios de comunicación del 2006 a la fecha.

México, según Reporteros Sin Fronteras, una de las organizaciones internacionales más respetadas en la defensa del periodismo, es el tercer país más letal para ejercer esta profesión, después de Siria y Afganistán.

Los visores de la CNDH han calificado al oficio como de ALTO RIESGO porque han advertido el incremento de las quejas, en especial las agresiones.

La criminalización del periodista tras su asesinato se vuelve también una forma de violencia severa, relacionada con justificar la ineficiencia del estado. “Es como decir ‘te pasó algo porque eras malo’, mencionó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.

“Cuando matan a un periodista las autoridades siempre siguen el mismo patrón: no han empezado ni a investigar y empiezan a soltar versiones que no tienen nada que ver con su ejercicio periodístico. Alegan que (su muerte) tenía que ver con su vida personal , que andaba metido en cosas raras o fue un crimen pasional, esto último lo dicen mucho en el caso de las mujeres”, destacó Olivia Zerón, reportera y conductora.

Luis Raúl González, presidente de CNDH, declaró que la falta de esclarecimiento de los crímenes, agresiones o amenazas, “es un caldo de cultivo para que se sigan propiciando y, que en el fondo, lo que está aconteciendo es que se está lesionando uno de los pilares de la democracia”.

La impunidad y la corrupción es el enemigo a vencer en la lucha para la protección de la libertad de expresión. ¡Urgen resultados! ¡Justicia!

Nuria Varela, escritora y reportera, lo dice bien: “la impunidad es el motor de la violencia, si matar asesina, torturar es gratis. ¿Por qué no hacerlo?”

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década. A pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos para la protección y persecución, la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, afirmaron David Kaye, de la ONU y Edison Lanza, de la CIDH.

Naciones Unidas ha lanzado dos comunicados para Quintana Roo en menos de un mes, uno por el asesinato del comunicador Guadalupe Chan, en Felipe Carillo Puerto, y otro por la ejecución del periodista Rubén Pat, en Playa del Carmen. Esto debe de ser atendido y debe de ser resuelto por el bien de nuestro bello destino.

Nuestro Quintana Roo, Nuestro hermoso estado, está crujiendo…

Chetumal crece y crece bien, su aeropuerto da testimonio de ello

Aunque siempre se habla del aeropuerto de Cancún, que sin duda por el volumen de pasajeros trasladados y el número de operaciones aéreas es el más importante del estado y el segundo más importante del país, también es cierto que los otros dos aeropuertos de Quintana Roo, el de Chetumal y el de Cozumel, registran muy buenos números, y vale la pena hablar de ellos.
El de la capital del estado, que es operado y administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) registró durante los primeros 10 meses de 2017 una movilización de 221 mil 105 pasajeros, lo que refleja un alza del 28 por ciento, comparados con los 172 mil 702 viajeros trasladados en el mismo periodo del año pasado.
Al ser Chetumal la sede de los poderes del estado, el puente aéreo con la Ciudad de México es de gran importancia y diariamente es utilizado por muchos funcionarios y empresarios. Este año inició operaciones la aerolínea Viva Aerobus, con lo cual la capital del estado tiene un total de 13 vuelos al centro de la República y Cancún.
En materia de operaciones, el aeropuerto de Chetumal reportó, de enero a octubre de 2017, cinco mil 223 maniobras realizadas, mismas que representan un 27.5 por ciento de incremento respecto de las cuatro mil 95 operaciones efectuadas en el mismo periodo de 2016.
Este mes inician las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Chetumal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto y Servicios Auxiliares (ASA), lo cual abrirá mercados sudamericanos y donde se pretende realizar una conexión con Tikal, Guatemala.
La ampliación será un beneficio importante para el sur del estado en cuanto a la apertura de vuelos comerciales de mayor envergadura, así como para los mercados turísticos que se pretenden conquistar.
Además de Guatemala, se pretende reforzar la llegada de nuevos visitantes del país vecino de Belice y con esta ampliación lograr que otros puntos del interior de la República mexicana también cuenten con llegadas directas a Chetumal, sin que se tengan que hacer escalas en Cancún.
A esto se suman una mayor conectividad que permitirá conocer los grandes atractivos del sur de Quintana Roo gracias a los nuevos vuelos de la compañía Mayair en su ruta Chetumal-Ciudad de México y Tropic Air en su ruta Belice-Chetumal, entre otros.
En lo que corresponde al aeropuerto de Cozumel, reportó de enero a junio de este año un flujo de 248 mil 38 pasajeros internacionales, 2.6% más que en el primer semestre de 2016. Y solo en el mes de junio registró 38 mil 468 pasajeros internacionales, 13% más que en 2016.

Congruencia Política

En congruencia a su actuar en su vida política, el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, renunció a su aspiración de ocupar una diputación federal. En una carta dirigida al presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias, el precandidato a diputado federal por el distrito 03 informó que, por motivos personales, deja la precandidatura. Esto le permitirá a Vergara Fernández concentrar todas sus energías en superar el proceso judicial que la Procuraduría General de la República sigue en su contra y una vez concluido este reincorporarse con nuevos bríos en la vida política.

Combate en corrupción 

Quintana Roo da un paso más en el combate a la corrupción: la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior del Estado, lo que permitirá contar con un mecanismo que permita una eficiente fiscalización de los recursos públicos utilizados en la entidad. Como hemos señalado en otras ocasiones, la rendición de cuentas y transparencia es una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín y aunque en ocasiones la transparencia ha generado ataques de sus detractores, lo cierto es que ahora es posible acceder a información que en sexenios anteriores era casi imposible, por los malos manejos de quienes detentaban el poder.

Movimientos al interior

En días pasados se dio un cambio en la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social; Felipe Ornelas Piñón pasó a la coordinación de asesores, quedando en su lugar Haide Serrano, quien se encargó de la prensa del entonces candidato Carlos Joaquín González y estuvo al frente los primeros meses de la administración del gobernador de lo que aún era la Unidad del Vocero. Haide Serrano, un elemento profesional, preparado y fuerte para el área, ha sabido aprovechar la oportunidad brindada, su dedicación, lealtad, responsabilidad y honradez la colocan hoy como el elemento de confianza del jefe del Ejecutivo en un área tan importante como la Comunicación Social. ¡Enhorabuena!

Bajo la lupa

Los ex presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 con sede en Cancún, así como el de la Junta Especial de Playa del Carmen pronto tendrán que rendir cuentas a la justicia luego de que fueran denunciados por la actual administración estatal por la serie de despojos y juicios apócrifos ocurridos durante la administración de Roberto Borge.

Recordemos que en el borgismo las Juntas de Conciliación fueron utilizadas como herramientas para el despojo de predios y construcciones de alta plusvalía, principalmente en la Riviera Maya.

El modus operandi era no notificar al dueño de la propiedad -hoteles boutique en la mayoría de casos- de uno o más juicios laborales en su contra para luego proceder al embargo, bajo la exigencia de una indemnización laboral 10 o 15 veces superior a lo que en realidad correspondía al supuesto empleado demandante de acuerdo con su sueldo.

Aunque la autoridad no dio a conocer los nombres, se sabe que estos actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos fue Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio, a quien la anterior legislatura nombró magistrado a propuesta directa del gobernador Borge.

Otros funcionarios implicados son el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

La secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, indicó que también se le está dando seguimiento a 12 juicios de amparo pendientes de resolución por parte de los tribunales colegiados y juzgados de distrito federales.

Todos son por despojo de inmuebles de alta plusvalía, principalmente a extranjeros que invirtieron en Quintana Roo.

Los montos de los despojos varían pues faltan fianzas, títulos de crédito, cheques y efectivo.

Esta red gubernamental de despojos operó principalmente en Tulum, donde se quedaron con varios hoteles boutique; los operativos se realizaban en medio de la noche y sobre varias propiedades, el más famoso fue en contra de 16 hoteles de la franja costera, realizado el 17 de junio de 2016 que provocó que los consulados de cuatro países europeos se pronunciaran y pidieran una profunda investigación del caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Otro ejemplo es el de la torre Maioris, en Cancún, donde ya un juez federal ordenó dar posesión legal a los legítimos propietarios de cuatro departamentos ubicados en esa zona residencial.

Se refugian en Morena

En un principio se le veía como la esperanza del cambio, pero poco a poco el mismo “dueño” de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de llenar su partido de todo lo que en un principio criticó.

Priístas, perredistas, petistas, panistas y todos aquellos que usted pueda imaginar han emigrado a Morena y peleado por candidaturas en los diferentes puestos de elección popular confiados en que el efecto peje les hará ganar.

Llama principalmente la atención el caso de los priístas, aquellos que son parte de los que López Obrador llama “la mafia del poder”, pero que ahora son parte de su partido, donde él mismo les ha abiertos la puerta.

A lo largo de todo el país se da este fenómeno de “reciclaje” de priístas, muchos con pasados de corrupción y que incluso fueron cuestionados y ahora son recibidos con los brazos abiertos.

En el caso de Quintana Roo, figuras como Marybel Villegas, Eduardo Ovando, Edgar Gazca, Lenin Amaro o Juanita Marrufo mostraron su apoyo a Morena. Algunos, como Marybel Villegas fueron parte de la Legislatura controlada por Roberto Borge, que votó por el paquete de impunidad y cómplice del mayor desvío en la historia de Quintana Roo.

El mismo dirigente estatal de Morena, José Luis Pech Várguez, es surgido de la cantera priísta, donde militó muchos años y estuvo bajo las órdenes de varios gobernadores hasta que decidió abandonar el barco e irse a Morena.

La llegada de priístas ha propiciado luchas internas al interior del partido, pues aquellos que lo fundaron y militaron en él desde el principio critican a los oportunistas que solo ven la posibilidad de conseguir un puesto de elección popular.

Es innegable que para muchos ciudadanos Morena es o era una opción contra el gobierno federal priísta, pero el haber aceptado a tantos políticos de oscuro pasado les ha restado puntos y no falta quien se pregunta si no terminará siendo igual o peor que el PRI al que tanto critica.

Habrá que ver si este descontento interno y la desconfianza de la ciudadanía se ve reflejado el día de la elección, pues muchos van perdiendo, cada día más la esperanza puesta en el partido de López Obrador.

Son 9 ex funcionarios detenidos y un ex gobernador: Red de Corrupción de Borge y Félix

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado excelentes resultados al estado, logrando la vinculación a proceso hasta ahora de nueve de los exfuncionarios borgistas que saquearon las finanzas de Quintana Roo.
Desde el pasado 5 de mayo de 2017, cuando fue detenido Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, uno a uno han ido cayendo los miembros de la red de corrupción creada por Roberto Borge para desfalcar al estado.

De los nueve detenidos, dos enfrentan su proceso en libertad y uno, el mismo Rodríguez Marrufo, ya recibió sentencia: se le condenó a pagar 39 millones de pesos al declararse culpable del delito de desempeño irregular de la función pública, con lo que quedó libre.

Mención aparte merece el exgobernador Roberto Borge Angulo, detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México a inicios de este año.

En este caso los fiscales lograron conjuntar un expediente lo suficientemente fuerte para que el juez dictara auto de vinculación a proceso y que Borge Angulo pase su proceso en prisión preventiva justificada.

En orden cronológico, la segunda en ser detenida fue Paulina García Achach, exsubsecretaria de Seduvi, quien fue capturada el 8 de mayo de 2017.

En su audiencia el juez determinó que podía seguir en libertad el proceso que se le sigue por el delito de desempeño irregular de funciones, para lo cual le fijó una garantía por 39 millones de pesos.

El 4 de julio de 2017 se capturó a Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Derivado del trabajo realizado por los fiscales adscritos al Tribunal de Juicio Oral, se obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que enfrenta su proceso en prisión.

Víctor Loyola, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue detenido el 3 de septiembre de 2017 en el estado de Yucatán, relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública. Se logró su imputación y actualmente enfrenta su proceso en prisión.

Erce Barrón, exdirector de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), fue detenido el 27 de noviembre en Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Se le vinculó a proceso y pasó 50 días en prisión, hasta que sus abogados lograron hacer válido un amparo en su favor, por ello seguirá su proceso en libertad.

La exdirectora de recursos financieros de CAPA, Ana Alicia Rivera Galera, fue detenida el 28 de noviembre de 2017. Se le acusa del delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.

Fiscales del Ministerio Público lograron obtener de un Juez de Control auto de vinculación a proceso en su contra, además de embargarle un predio, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, y dos vehículos, como garantía para reparación del daño causado a la administración pública estatal.

Paula González Cetina, jefa de la anterior y exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue detenida el 3 de enero.

La Fiscalía General del Estado le solicitó al juez que le impusiera prisión preventiva justificada, la que fue otorgada, por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

Gabriel Mendicuti, exsecretario de Gobierno, fue detenido el 21 de enero de 2018 al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La Fiscalía estatal logró que el Juez de Control lo vinculara a proceso y decretara prisión preventiva justificada por dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además de que se mantendrá el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles de su propiedad.

Cuatro días después, en la Ciudad de México, se logró la aprehensión de Mauricio Góngora, expresidente municipal de Solidaridad.

El fiscal Miguel Ángel Pech Cen confirmó que son tres órdenes de aprehensión en su contra por tres carpetas de administrativas, la primera por Desempeño Irregular de la Función por el quebranto de 594 millones de pesos, la segunda por la Carpeta de Peculado por 5 millones de pesos y una tercera por peculado por 155 millones de pesos.

Los desvíos en SQCS y la UPQOO

Comienzan a aflorar los desvíos cometidos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) durante la administración de Roberto Borge. Allí, otro felixista que sirvió también a Borge, Jorge Acevedo, encabezó otras de las redes de corrupción que el ex gobernador urdió en varias dependencias. En el caso específico del SQCS, mientras los trabajadores carecían hasta de hojas en blanco para sacar copias, en la dirección se gestaba un millonario desvío que sobrepasa los 800 millones de pesos, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los responsables directos de este saqueo al erario serían el ex director general del SQCS, Jorge Acevedo; el ex director general de administración, Gerardo Vázquez Handall y el ex director jurídico, Fabián Herrera. Los tres ya fueron entrevistados por la Auditoría estatal por el expediente que se integra por estos delitos, y tal vez muy pronto se ejerza un procedimiento judicial en su contra, pues los recursos recibidos no se utilizaron para la modernización tan necesaria del SQCS e, incluso, a la nueva administración apenas si le entregaron equipo técnico para llevar a cabo los programas.

Otro personaje que se inmiscuyó en la red de corrupción de Roberto Borge fue el ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, José Luis Pech Galera. En su caso recibió 97 millones de pesos de la Sedatu para realizar un estudio sobre la construcción de cuartos en el norte de la entidad que nunca se realizó; entonces… ¿dónde están los 97 millones de pesos? Pues la Auditoría ha detectado que fueron transferidos a ocho empresas contratadas irregularmente, una de ellas propiedad del ex rector junto a una de sus empleadas, lo que comprueba que la Universidad Politécnica fue uno más de los organismos gubernamentales utilizados para el desvío de recursos. Por cierto, José Luis Pech Galera es hijo del actual líder estatal de Morena, el Dr. Pech, quien también fue rector, pero de la Universidad de Quintana Roo.

En otro tema relacionado con el ex gobernador Borge, este fin de semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió las actividades de Barcos Caribe, la naviera que nació bajo su patrocinio y que al acabar su mandato ha venido a pique. De acuerdo con las autoridades federales, la empresa no cuenta con seguros y documentos estatutarios vigentes.

En un documento dirigido a los representantes legales de la empresa, la Dirección General de Puertos y Marina Mercante destaca que en el caso de la embarcación Caribe III se detectó que se encuentran vencidos los permisos nacional de seguridad, nacional de francobordo y nacional de seguridad radioeléctrica.

Tampoco está vigente la póliza de seguro del viajero, que venció desde el mes pasado. La empresa deberá además esperar el peritaje sobre la explosión registrada en días pasados que dejó 24 personas heridas.

Nuevo ombudsperson, en suspenso

Esta semana es crucial en la definición de quién será el nuevo ombudsman de la entidad, o debería decir ombudsperson, pues el término se ha adecuado para que tanto un hombre como una mujer puedan aspirar al cargo.

El Congreso inició ya el proceso de elección y será esta semana cuando se verificará que los candidatos hayan presentado los documentos requeridos.

En caso de haber algún requisito por subsanar, tendrán dos días para cumplimentarlo.

Posteriormente se definirá el calendario para que se presenten, dentro de los 10 días siguientes, a entrevistas de carácter público con el fin de conocer los objetivos de sus aspiraciones, así como un planteamiento general de porqué buscan ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

El calendario, así como los nombres de quienes acudan a las entrevistas, serán publicados en estrados del Congreso.

El ombudsperson es el defensor del pueblo, es decir, quién se encarga de defender a la ciudadanía en caso de que sufra algún abuso de parte de la autoridad de los diferentes órdenes de gobierno.

Ante el inminente término del período de Harley Sosa Guillén, el congreso el estado, mediante la Comisión de Derechos Humanos se prepara para evaluar los currículum de los aspirantes al cargo.

Entre los aspirantes destaca la joven chetumaleña Claudette Yanell González Arellano, quién ha sonado mucho en los últimos días.

González Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, cuenta con una maestría en Derecho por la universidad de estudios de postgrado en derecho, de la Ciudad de México.

Cursa actualmente una maestría en derechos humanos en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos en Chetumal, por lo cual tiene a su favor la preparación académica necesaria para cumplir con una encomienda tan importante como presidir la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.

En cuanto a su experiencia laboral, Claudette Yanell González Arellano se ha desempeñado como jefa del departamento de quejas y denuncias en la Contraloría del municipio Othón P. Blanco, directora general del Instituto de Atención a la Juventud, también en la capital del estado.

Asimismo, ha sido catedrática en la materia de Derecho Ambiental en la Universidad de Quintana Roo campus Chetumal.

También ha sido directora de Desarrollo Social del ayuntamiento capitalino y actualmente se desempeña como subsecretaria técnica de la Secretaría de gobierno del estado.

Cuenta también con diferentes diplomados, cursos y talleres que sin duda hacen de Claudette Yanell González Arellano la candidata idónea para ser la titular de Derechos Humanos en Quintana Roo.

Me refiero en especial a ella, puesto que la semana pasada ha sido objeto de crítica, una campaña de desprestigio inició contra ella solo por el simple hecho de “aspirar a ser”.

Debemos recordar que son 17, pero sólo ella ha sido objeto de crítica.

¿Por qué? Sencillo, sus credenciales y su actual posición la ponen como la principal aspirante a ocupar el cargo.

Como dato, hace 16 años no ha ocupado el cargo una mujer.

Veremos.

Aspirantes.

El fin de semana se inscribió la mayoría de los aspirantes panistas a un cargo de elección popular. Actuales presidentes municipales y diputados que buscan repetir o una nueva encomienda se dieron cita en la sede de Acción Nacional en Chetumal para cumplir con el trámite correspondiente.

Se inscribieron como precandidatos las presidentas municipales de Cozumel y Solidaridad, Perla Tun y Cristina Torres, respectivamente, quienes buscarán la reelección. Otro presidente municipal de extracción panista, Luis Torres Llanes, de Othón P. Blanco, se inscribió por la diputación federal por el Distrito 2.

Quien también quiere repetir en la presidencia de su municipio, aunque no de manera consecutiva, es Trinidad García. Ella se registró para competir por Lázaro Cárdenas.

De los legisladores que buscan una presidencia municipal, Gabriela Angulo y Jesús Zetina esperan ser electos candidatos por Cozumel; ambos enfrentados desde el inicio de su mandato con la actual munícipe, Perla Tun.

Por su parte, Fernando Zelaya entregó su documentación para ser considerado candidato a la presidencia de Othón P. Blanco. Esta misma situación era pretendida por Mario Rivero, quien había citado para su registro este martes, pero que ayer mismo anunció que declinaba sus aspiraciones en favor de Zelaya.

Rivero Leal expresó que su determinación corresponde a que las condiciones no están dadas para su participación al estar por lo menos 15 puntos por debajo del diputado local en las encuestas. No sería la primera ocasión que contienda por la capital del estado, anteriormente fue derrotado por Eduardo Espinosa.

En los próximos días el Partido Acción Nacional dará a conocer quiénes serán sus candidatos, quienes harán campaña junto a sus candidatos a diputados federales; en el caso del Distrito 1, Cristina Torres, Perla Tun, Gabriela Angulo o Jesús Zetina harían campaña con Miguel Ramón Martín Azueta, precandidato único del Frente a la diputación federal.

En el caso del Distrito 2 y ante la ausencia de más contendientes, Fernando Zelaya haría equipo con el aún presidente municipal Luis Torres.

En la zona norte los hombres fuertes del Frente son perredistas: tal es el caso de Emiliano Ramos, aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez y Julián Ricalde, expresidente y precandidato a la senaduría.

El regreso de Borge

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Antes del 15 de enero estará en México el exgobernador Roberto Borge Angulo, confirmó su defensa.

De acuerdo con su abogado, Roberto Borge está totalmente listo para enfrentar en las mejores condiciones judiciales a la justicia mexicana, aunque presentó una denuncia por las malas condiciones en las que -asegura- ha estado preso en Panamá, pero eso no interfiere con la extradición.

El pasado 11 de diciembre la justicia panameña dio luz verde a la extradición de Roberto Borge y un día después él desistió de presentar cualquier recurso para impedir su regreso a México. A partir de esa fecha, las autoridades mexicanas tienen un mes para extraditar al exmandatario y aunque se había dicho que llegaría antes de Navidad, esa fecha se ha extendido.

Vienen cambios en gabinete

Se avisoran cambios en el gabinete del gobernador Carlos Joaquín a inicios del 2018; de entrada sus secretarios de Finanzas, Juan Vergara, y de Desarrollo Social, Julián Ricalde, buscarán la diputación por el distrito 3 y una senaduría, respectivamente.

Julián ya apartó su espacio en el PRD, al inscribirse antes de cerrar el proceso aunque renunciará hasta 90 días antes de las elecciones. Vergara, por su parte, mencionó que fue el pasado 10 de diciembre cuando realizó la solicitud para esperar ser el precandidato por una diputación federal y posteriormente candidato oficial por dicho distrito.

Respecto a dejar el cargo en el gabinete estatal, puntualizó que en cuanto sea notificado que sea elegido como precandidato por la diputación federal, solicitará licencia.

Uber

Esta semana la plataforma Uber dio a conocer que suspendería sus operaciones en Cancún a partir del miércoles 27 de diciembre, pero esperando reanudar a principio de 2018. Agregó que sin embargo seguirá dando soporte técnico a los más de mil socios conductores a través de su centro de atención que permanecerá abierto.

Señaló también que este periodo de inactividad lo aprovecharán para hacer alianzas comerciales.

La noticia cayó como baño de agua fría a sus usuarios y operadores, que ayer se manifestaron en la icónica glorieta de El Ceviche en Cancún en protesta por esta decisión.

Las manifestantes, pancartas en mano manifestaron su rechazo al mal servicio que brindan los taxistas en Cancún. Se espera que Uber vuelva a operar tras llevar a cabo pláticas con las autoridades respecto a la Ley de Movilidad.

Justicia activa contra saqueadores de Quintana Roo

Aunque muchas veces se escuchan comentarios de que la captura contra los funcionarios que colaboraron con Roberto Borge en el desfalco del estado no está siendo tan rápida como muchos quisieran, la realidad es que las autoridades estatales han trabajado en armar expedientes bien cimentados, que no permitan que los inculpados puedan salir libres rápidamente.

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Hay una larga lista de funcionarios señalados en las investigaciones por desvío, más de 80 y hasta ahora de acuerdo con la Fiscalía del estado, se ha detenido a ocho ex funcionarios, cuatro de ellos están detenidos y otros cuatro enfrentan su proceso en libertad tras haber dejado una garantía económica.

Los más recientes en la lista han sido el ex tesorero estatal con Félix González y ex director de Apiqroo con Roberto Borge, Erce Barrón y la exdirectora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), Ana Alicia Rivera.

Esta última está relacionada con el presunto desvío de mil 56 millones de pesos sin comprobar durante la pasada administración estatal, así como 560 del empréstito adquirido ante Banca Interacciones. El recurso no ingresó a la CAPA al supuestamente haber sido transferidos por la ex funcionaria a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de la pasada administración estatal.

De hecho, la ex directora general de la CAPA, Paula González Cetina, no se presentó a la comparecencia programada a celebrarse el pasado 21 de noviembre en el Juzgado Oral con sede en Chetumal, y debido a eso el juez de control emitió una orden de aprehensión en su contra, por lo cual no debería de extrañarnos que González Cetina sea la próxima en caer.

Otro que ya ve cerca el brazo de la justicia es el ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Gabriel Carballo Tadeo, quien enfrenta al menos tres denuncias penales en su contra.

Para evitar ser detenido presentó un amparo, pero el pasado 25 de noviembre el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, determinó suspenderlo, por lo cual ya no cuenta con ningún recurso legal que impida su detención.

Y “El Pato” Carballo no es el único ex alcalde señalado por malos manejos; están también el ex munícipe de Tulum, David Balam, Eduardo Espinosa Abuxapqui, de Othón P. Blanco y por supuesto el ex presidente municipal de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura por el PRI Mauricio Góngora, quienes, se dice, ya no están en Quintana Roo y andan “a salto de mata” en diferentes puntos del país, confiados por los amparos que han tramitado a su favor.

¿Será que pronto veremos cómo estos personajes que saquearon a sus municipios sean aprehendidos?

Lamentable matan a otro periodista

Un nombre más se suma a la lista de periodistas asesinados este año en México. periodista

Gumaro Pérez Aguilando, reportero de Acayucan, Veracruz, fue asesinado a balazos este martes, mientras presenciaba un festival escolar de su hijo.

Gumaro Pérez, de 34 años de edad, fundó el portal de noticias regionales “La voz del sur” y también era trabajador del Ayuntamiento de Acayucan.

Con él suman 13 comunicadores asesinados en lo que va de 2017, cuatro de ellos en Veracruz.

Es preocupante el nivel de violencia hacia los periodistas en nuestro país.

México ocupa el puesto 147 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

Hace unos días, durante su visita a México los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza, consideraron que la situación que prevalece en el medio periodístico en el país es caótica, a lo que urge tomar medidas serias y sólidas en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión.

De acuerdo con los relatores, los últimos dos años han sido muy complicados para la prensa, pese a la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección a periodistas.

El conteo de Artículo 19 señala que en el sexenio del presidente saliente Enrique Peña Nieto, al menos 38 periodistas fueron asesinados. Gumaro Pérez sería el número 39.

La misma cifra fue mencionada en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, en el que también se incluye la muerte de 8 defensores de derechos humanos.

No deja de causar impotencia que pese a las reiteradas denuncias y llamados a proteger a los comunicadores sigan dándose crímenes como este y continúe el hostigamiento hacia la prensa.

En lugar de afianzar leyes para protegernos se votan “leyes mordaza” como la aprobación de las modificaciones al Código Civil Federal para que se considere un hecho ilícito que se comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien; es decir, ahora es delito decir la verdad.

Sin duda nos hace falta mucho por hacer para que paren los crímenes y agresiones contra periodistas pero más que nada es necesaria la colaboración de las autoridades mediante leyes que den seguridad.

La Medrano

Mientras suenan campanas de boda para la exesposa de Roberto Borge, Mariana Zorrilla, quien publicó en redes sociales su compromiso con el empresario libanés Luis Gerardo Chagra Nacif, su otrora rival en amores, Gabriela Medrano, salta a la palestra pública y en esta ocasión por un presunto desvío de recursos a través de la Fundación Borge, que habría sido creada expresamente por el exmandatario para tal fin.

Gabriela Medrano emanó de las filas del Partido Verde Ecologista de México y de la mano de Borge llegó incluso a ser diputada federal; en el ocaso de su mandato, Borge intentó hacerla presidenta municipal de Puerto Morelos, pero ya no le fue posible, su acotado poder y mínimo margen de negociación se lo impidieron.

Pero además de ideología política, Borge y Medrano compartieron su vida personal. Fueron protagonistas de una complicada relación amorosa que llegó incluso a afectar las decisiones que Borge tomaba sobre aspectos trascendentales para el estado.

Una vez divorciado de Zorrilla, y aún antes de eso Roberto Borge dio a conocer públicamente su relación con la verde logística, con quien viajaba frecuentemente al extranjero y lo acompañaba en eventos sociales. Ahora se sabe que para ella creó la “Fundación Borge”, una asociación fachada para el lavado de dinero.

Medios nacionales dieron a conocer que la fiscalía estatal ya investiga está fundación creada en 2016. Al perder la gubernatura, Borge Angulo y el ex candidato del PRI-PVEM, Mauricio Góngora Escalante, diseñaron y pusieron en marcha la institución.

Una de las líneas de investigación apunta que el ex gobernador Borge creó y desapareció la fundación que llevaba su nombre, con la que aseguraba que brindaría bienestar a los quintanarroenses.

La “Fundación Borge”, cuyo lema principal era “Realizando buenas acciones”, aseguraba tener un alto sentido de responsabilidad, cuyo principal enfoque sería solucionar problemas sociales asegurando que “la mejor inversión es combatir la pobreza”.

El modus operandi para “lavar” el dinero desviado del erario era hacer entrega de recursos que están exentos de impuestos o declaraciones ante las autoridades hacendarias, pero al ser controlada por su “pareja sentimental”, Gabriela Medrano, los recursos regresaban a las manos del ex mandatario.

A través de “Fundación Borge” era muy sencillo simular recibir millonarios donativos y al mismo tiempo, supuestamente destinarlos a obras que no se llevaban a cabo, como deportivos, escuelas y en los sectores salud y educación, donde lo mismo aseguraban haber entregado becas, computadoras y otros implementos, así como aparatos e instrumental médico.

Quintana Roo, un destino seguro

Las gestiones del gobernador Carlos Joaquín González ante las autoridades de Estados Unidos rinden sus primeros frutos, al actualizar la información para viajeros internacionales sobre México que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conocida comúnmente como “Travel Advisory” y destacar a Quintana Roo como un destino seguro.

La dependencia precisó que NO existe ninguna restricción de viaje para el Estado de Quintana Roo haciendo mención expresa de las áreas turísticas como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

Como se recordará, en octubre pasado, el gobernador realizó una gira de trabajo por el vecino del norte en la cual llevó a cabo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cámara de Comercio y la Embajada de México.

Ahí destacó el reforzamiento de la seguridad que se está haciendo en Quintana Roo para que tanto los turistas como la población del estado tengan la tranquilidad de disfrutar de un destino pacífico.

En esa ocasión se estableció una agenda de comunicación, información y trabajo que permitió un seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas y que concluyó con la adecuación de la alerta.

Quintana Roo es destino de millones de turistas estadounidense que ponen sus ojos en esta parte del Caribe mexicano para vacacionar en sus principales periodos de asueto.

En general, el turismo extranjero a México aumentó un 12 por ciento en 2017.

Alrededor del 60 por ciento de los visitantes extranjeros al país provienen de Estados Unidos.

Los destinos turísticos quintanarroenses aparecen frecuentemente en los tops de las diferentes operadoras y portales turísticos como Expedia o Trip Advisor.

Hay que destacar que en 2017 Cancún y Los Cabos registraron su mayor crecimiento en actividad hotelera desde 2010, según reporta el diario El Financiero.

Estos dos centros de playa -junto con Huatulco, Nuevo Vallarta, Ixtapa y Loreto- incrementaron 12 por ciento en promedio diario el número de habitaciones de hotel ocupadas en los primeros 11 meses de 2017, respecto al mismo perÍodo del año pasado, según datos del sistema Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Ambos son Centros Integralmente Planeados (CIP) impulsados por el Fonatur en la década de los 70 con el afán de tener centros turísticos con un desarrollo ordenado, aunque en el caso de Cancún, rompió todas las expectativas.

Más denuncias contra borgistas

Los ex titulares de las secretarías de Infraestructura y Transportes (Sintra), Fernando Escamilla, y de Medio Ambiente (SEMA), Rafael Muñoz Berzunza, estarían involucrados en un escándalo más, en este caso en el basurero de Othón P. Blanco.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco promueve nuevas denuncias en contra de estos ex funcionarios por presuntas irregularidades en la estructura del Relleno Sanitario Intermunicipal.

El problema quedó en evidencia con una nueva falla en la estructura del relleno que impidió el inicio de operaciones la semana pasada.

Al intentar cruzar la rampa, el camión recolector de basura quedó atorado y sufrió daños, pues esta se rompió.

Así como en este caso hubo muchas obras de la pasada administración estatal en las que se utilizaron materiales de mala calidad y se inflaron los precios.

No debe perderse de vista que dicho lugar se invirtieron 130 millones de pesos y durante la anterior administración estatal se presumió como una obra innovadora.

Pero recordemos quienes son estos personajes: Rafael Muñoz Berzunza, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente, es uno de los 17 funcionarios que la PGR ha señalado como cómplices del exgobernador Roberto Borge y es parte de las 84 denuncias que realizó el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Cuenta, por el despojo de bienes de Quintana Roo, tanto muebles, inmuebles y millonarios montos de dinero.

Mientras que Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), está incluido en la demanda contra los prestanombres del ex gobernador.

En esa denuncia, se lo acusa de desviar 80 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación para pagarle a empresas fantasma para la construcción de caminos sacacosechas que nunca se realizaron.

Ahora, por la incapacidad operativa del relleno no se puede recibir la basura de la capital del estado y comunidades aledañas.

Por mes las comunidades de Mahahual, Xcalak y zonas aledañas generan por lo menos 30 toneladas de desechos sólidos. Bacalar por lo menos una cifra similar.

Por la necesidad de espacio para depositar los desechos sólidos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco quedó obligado a rentar un terreno en la Costa Maya, que genera a la Comuna un gasto no contemplado.

Por lo pronto, la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Othón P. Blanco recaba elementos para promover una nueva denuncia penal.

El conflicto, el alborotador y la solución.

Este fin de semana en Playa del Carmen estalló un conflicto policiaco que mostró dos caras de la política: el oportunismo político y el uso del diálogo como herramienta para solucionar los conflictos.

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Decenas de elementos policiacos se manifestaron en las instalaciones de Seguridad Pública por la disparidad en los pagos por el recurso del Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg).

De acuerdo con los uniformados, a algunos les llegó un pago por más de 20 mil pesos, mientras que otros no recibieron ni siquiera mil.

Por eso se manifestaron, para exigir un trato más parejo.

Como siempre ocurre con este tipo de casos, no falta el político que aprovecha para sacar raja política de la situación, y eso ocurrió con el diputado local Carlos Toledo, quien busca la presidencia municipal de Playa del Carmen, que se presentó a alborotar el gallinero.

Con un discurso “maestro” decía: “no sé cómo esté el problema, pero aquí estoy y si es necesario ¡Vamos a Chetumal! Aunque hay que decirlo esto es un asunto municipal”; parece que el verde legislador desconoce que el Fortaseg proviene de recursos federales.

El acto también lo “protocolizó” firmándole de recibido a uno de los oficiales una hoja con el pliego petitorio y asegurándoles que su abogado los atendería.

Habría que recomendarle que cuando quiera aprovechar un conflicto social para allegarse votos primero se documente, para que pueda por lo menos ofrecer alguna alternativa de solución y no solo quiera llegar a alborotar más el gallinero. En lo que sí tuvo razón fue en decir que él muy poco puede hacer desde el Congreso local, adonde se comprometió a llevar el caso de los policías… hasta el miércoles.

Por su parte hay que decirlo, aunque nunca tuvo que haber pasado un paro como estos, también es cierto que la presidenta Cristina Torres, le dio una cátedra de diálogo y soluciones a Carlitos, quien llegó con la bandera verde al tope.

La alcaldesa fue un ejemplo de cómo el diálogo soluciona los conflictos; se presentó en el lugar y les explicó a los agentes cómo fue que a través de una fórmula se determinó la cantidad que se le pagaría a cada quien.

Dejó claro que estos son recursos federales, donde el ayuntamiento no interviene pero sí podía ofrecer a nombre de la comuna una cantidad en efectivo para resolver el problema de inmediato, lo cual representó una solución inmediata para los uniformados.

Asimismo, les escuchó con el resto de su pliego petitorio y ofreció una solución a cada uno de los puntos, lo cual fue bien recibido por los uniformados.

El tiempo mostrará a los oficiales que el intento del diputado Carlos Toledo de “apoyarlos” está hueco y carece de sustento.

Un paso más contra la corrupción

Quintana Roo da un paso más en el combate a la corrupción: la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior del Estado, lo que permitirá contar con un mecanismo que permita una eficiente fiscalización de los recursos públicos utilizados en la entidad.

Como hemos señalado en otras ocasiones, la rendición de cuentas y transparencia es una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín y aunque en ocasiones la transparencia ha generado ataques de sus detractores, lo cierto es que ahora es posible acceder a información que en sexenios anteriores era casi imposible, por los malos manejos de quienes detentaban el poder.

El papel de la Secretaría de la Contraloría ha sido muy destacado, al recabar toda la información e interponer todas las denuncias necesarias para que los exfuncionarios que saquearon las arcas del estado sean presentados ante la justicia. Aunque hay más de 80 borgistas y felixistas señalados en los expedientes de investigación, hasta ahora se ha detenido a 10 de ellos, incluyendo al exgobernador Roberto Borge, el excandidato a la gubernatura Mauricio Góngora y el exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti.

Por su parte, la Auditoría Superior se ha encargado de hacer las observaciones correspondientes a las cuentas públicas de los once ayuntamientos, las dependencias gubernamentales y los organismos descentralizados. Aún no se ha concluido con el sexenio borgista, por lo cual seguramente falta detectar más desvíos y malos manejos en diferentes dependencias.

La homologación de procesos entre la Contraloría y la Auditoría permitirá unir procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización; y una mayor ampliación de la cobertura de la fiscalización para privilegiar la transparencia.

Recordemos también que como parte de las acciones que se han realizado en Quintana Roo para combatir la corrupción se encuentra la puesta en marcha de la Línea de Denuncia Ciudadana “Tak Pool” con el número 01 800 849 77 84 y que está disponible para toda la ciudadanía que desee denunciar un acto de corrupción.

Asimismo, se instaló el Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas para darle seguimiento puntual y evaluar lo que se ha hecho bien, las metas que se deben trazar y alcanzar durante el gobierno.

Como dijo una cosa dijo otra  Rumbo al 2018

La mañana de ayer el secretario de gobierno, Francisco López Mena, destapó a Juan Vergara y Julián Ricalde, secretarios de Finanzas y Desarrollo Social, respectivamente, como candidatos a puestos de elección popular.

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López Mena aseguró que los secretarios ya estaban siguiendo su proceso y que estaban en su derecho de darle las gracias al gobernador para conseguir nuevos puestos en sus carreras políticas.
De inmediato inició la guerra de tuits, los análisis de café… todos especulaban sobre las posibilidades reales de ambos secretarios.

Pero más tardó López Mena en destaparlos que ellos en taparse de nuevo, y mediante sus oficinas de prensa enviaron sendos comunicados en los que desmentían sus supuestas renuncias al cargo.

Julián dice que no son tiempos pero se inscribió para “apartar lugar” ya que el pasado domingo terminó en el PRD el plazo para inscribirse. Vergara, por su parte, no dijo más y se limitó a enviar un comunicado.

Más tarde en conferencia de prensa el secretario de Gobierno negó haber confirmado la renuncia de sus compañeros de gabinete y dijo que su declaración fue malinterpretada.

Aseguró haber tenido comunicación con ambos funcionarios para aclarar, de manera personal, este tema. De la misma forma, dialogó con el gobernador Carlos Joaquín sobre este tema.

Esta no es la primera ocasión que López Mena hace declaraciones y luego sale a desmentir su postura, como ocurrió hace unos meses con el caso de la zona limítrofe con Campeche, en donde habría dado por perdida la franja en disputa con el vecino estado, entre otras cosas.
Pero ¿Qué es lo que pasa en los partidos que conforman el frente amplio (PAN, PRD y MC)?

En lo que respecta a Benito Juárez, el PAN quiere a Frank López Reyes y el PRD a Emiliano Ramos; las negociaciones deben venir pronto para definir al candidato para la joya de la corona: Cancún.

López Reyes ha sabido acercarse a la ciudadanía y cada día gana más respaldo, tiene una imagen fresca, juvenil y no tiene -hasta ahora- “cola” que le pisen.

Ha sido hasta ahora un gran promotor del turismo y la ecología.

Emiliano Ramos, por su parte, tiene un largo camino en la política, ha sido dirigente del PRD en el estado y su municipio.

Tiene un largo historial de lucha en la izquierda y actualmente se desempeña como diputado local.

Ambos son cartas fuertes para pelear por la presidencia municipal que actualmente está en poder del Partido Verde y que la coalición PAN-PRD-MC pretende reclamar para sí, pues ya tienen el gobierno estatal y lo siguiente es ganar la presidencia municipal más importante del estado.

Desplazamiento forzado de periodistas

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Ser periodista en México es sinónimo de asumir riesgos en tu vida, con tu equipo de trabajo e, incluso, con tu familia.

Una labor apasiónate sin duda, pero peligrosa en este país.

Hacer periodismo inteligente, ha pasado a ser en México, del ejercicio de una profesión, a un trabajo casi penado.

Doce periodistas asesinados en el 2017 dan ejemplo de las sentencias.

En un país violento, impune y corrupto como el nuestro, el ejercicio periodístico delira, está herido y el desplazamiento forzado es un fenómeno cada vez más recurrente.

Son muchos los profesionales de la pluma quienes dejan el lugar donde residen en busca de seguridad.

A veces lo hacen solos; otras, lo hacen con sus familias.

Lo que buscan es salvaguardar vidas: la de compañeros, la de fuentes que se negaron a ocultar la verdad, la de hijos que han sido amenazados.

Así, abandonan sus hogares, buscan otra trinchera, una plaza más tranquila.

Muchos ya no quieren saber nada de las letras; dejan atrás la profesión y a los conocidos, quienes no vuelven a saber más de nosotros.

Así se deja todo cuanto se ha construido, para volver a comenzar.

Antes de dar vuelta a la página, quedan las amenazas de muerte como puntos suspensivos que nunca tendrán final. Hay periodistas que viven con el testimonio más cercano de la muerte de un compañero, un mejor amigo.

Los que tienen suerte relatan como al atestiguar una ejecución salieron con vida.

Son periodistas que saben el significado de “delincuencia organizada”. Una sentencia.

Martín Durán, en una entrevista que le hiciera el portal español ElDiario.es, dice: “Los que trabajamos en estos temas tenemos siempre la conciencia de que algún día nos van a matar”.

Martín era compañero y amigo de Javier Valdez, reportero asesinado en 15 de mayo de 2017 en Sinaloa.

Hoy Martín es víctima del desplazamiento forzado en México.

El pasado 4 de diciembre tuve la oportunidad de reunirme con Edison Lanza, quien es un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

De origen uruguayo, carismático y experto en temas de libertad de expresión, hizo un compromiso no sólo con México, al decirme: “Los periodistas desplazados son una denominación que no sabíamos que existía, no la teníamos en el mapa, agradezco profundamente saberlo ahora, porque iré en su búsqueda en estos países latinoamericanos”.

Conocemos la represión, la Ley Mordaza, las amenazas, el pago de favores, el precio del silencio; ahora México vive un nuevo fenómeno social que atañe a los que ejercemos el periodismo, un tipo de exilio.

El desplazamiento forzado de periodistas existe y el gobierno mexicano lo oculta.

Los que lo vivimos en carne propia sabemos que aunque debamos dejar atrás un lugar, nunca nos alejarán de la pluma.

Seguimos en busca de esa libertad que nos dan las palabras, la escritura, la reflexión, las charlas con los camaradas.

Sabemos que no somos los únicos, que las amenazas del narco junto con las dictaduras de gobernadores –aunque hoy estén prófugos o encarcelados–, nos relegaron al punto en el que ahora nos encontramos, dispersos en el mundo.

Sé que existimos y cada vez somos más.

El 5 de diciembre de 2017 leí el tweet de Edison (@EdisionLanza) al salir de México: “Nunca olvidaré las reuniones con familiares de periodistas que perdieron la vida en el ejercicio y con los periodistas desplazados por la violencia en #México que perdieron sus trabajos y su vida cotidiana. Toda nuestra solidaridad y compromiso con ellos”.

Periodistas quintanarroenses… ¿en desamparo?

La abrogación de la Ley estatal para la Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, conocida como Ley Borge, ha traído a la mesa una nueva discusión: ¿realmente quedan desamparados los comunicadores y comunicadoras quintanarroenses al no contar con una ley estatal? ¿O es mejor contar solamente con el Mecanismo Federal y mantener una coordinación adecuada con el enlace estatal?

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En su pasada vista el Relator de la ONU, David Kaye y su homólogo Relator de CIDH, Edison Lanza, ambos especialistas en libertad de expresión, en el documento que emitieron con sus observaciones preliminares en su punto #26 mencionan: “… los mecanismos locales no ofrecen una solución adecuada a los problemas de protección, dado que la inseguridad para casi todos los periodistas se genera a nivel local.

Aunque respetamos la motivación para crear estas instituciones, la prioridad debe ser reforzar el papel del Mecanismo Federal, no solo para asegurar una coordinación efectiva sino para proporcionarles la capacidad de operar de manera local de manera sostenible.”

En otras palabras no es necesaria una Ley Estatal sino una eficiente coordinación entre el Enlace Estatal y el Mecanismo Federal.

La abrogación de la Ley Borge es congruente con estas opiniones de estos dos grandes expertos en la materia, pero el desconocimiento local sobre el tema permite muchas especulaciones.

Bien asesorado y dando los pasos correctos, cualquier comunicador víctima de una agresión puede acceder a los beneficios del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que está conformado por una Junta de Gobierno que se encarga de analizar los caos y brindar la protección, así como analizar los apoyos que se ofrecen y darle seguimiento a los casos.

La junta de Gobierno Federal está conformada por varias dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación (a través del Mecanismo Federal), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Derechos Humanos y ONG´s de mucho peso social, entre otras.

Cada una de ellas aporta según sus atribuciones elementos para garantizar la protección.

En el caso específicamente de la CEAV, una vez acreditado el carácter de víctima, mismo que puede derivar de la denuncia ante la Procuraduría General de la República, tu queja ante Derechos Humanos o en su caso ante la misma CEAV, se pude acceder a los fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Entre los apoyos que se pueden generar están: apoyo médico de cualquier índole, psicológico y/o psiquiátrico, traslados en diligencias según lo específica la ley de víctimas, apoyo en alimentos, vivienda, gastos fúnebres, asesoría legal y/o defensa legal, entre muchos otros.

Dentro de la misma CEAV existe un fondo especial para los periodistas y defensores de derechos humanos.

Los argumentos vertidos en días pasados sobre la supuesta desprotección a mujeres periodistas carece de veracidad, tanto las mujeres como los hombres periodistas y defensores de derechos humanos tienen el derecho a la protección integral si han sido agredidos en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, no hay que mezclar o confundir, para temas laborales existen las juntas de conciliación o la Procuraduría del Trabajo, de lo que se trata es de garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos y evitar que por ejercerlos perdamos la vida.

Mezclar los temas, lejos de ayudar, perjudica porque se desvirtúa la verdadera lucha y la razón de ser de la Ley Federal de Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Aclaro, no es que esté en contra de mejores condiciones de trabajo para el gremio periodístico, ¡al contrario! Pero si lo que se busca es pelear por mejores salarios y condiciones entonces el modelo a seguir sería un sindicato.

Sin duda el contar con garantías de protección para el ejercicio de la labor periodística en caso de ser víctimas de agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques físicos, es de vital importancia, solo en el 2017 han sido 12 periodistas asesinados, alcanzando a Siria que es un país en guerra declarada.

Operativo Impunidad

En este 2018 las baterías están enfocadas en reforzar la seguridad en el estado y para ello el gobierno del estado hará equipo con la Federación. Parte de esta estrategia conjunta es el anuncio del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de que cinco mil elementos federales serán enviados a diferentes puntos del país, entre ellos Cancún.

Se trata de una serie de acciones para atender las necesidades específicas de seguridad, las cuales incluirán operativos de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión. Los agentes pertenecen tanto a la Policía Federal como a la Procuraduría General de la República.

Se establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la Policía Federal para ser desplegados en ciudades clave para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto impacto; además de Cancún irán a Colima, Los Cabos y Ciudad Juárez, entre otros lugares.

A los esfuerzos federales se une la estrategia estatal que consiste en tener un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en el Auditorio del Bienestar, lo que dignificará este inmueble, construido por la administración de Roberto Borge y símbolo de la corrupción y el saqueo en Quintana Roo.

El Auditorio fue habilitado como un búnker con la capacidad de controlar, desde Cancún, la seguridad en toda la entidad, y en los próximos días podría ser inaugurado.

En el C5, que se integrará a los que ya operan en Puebla, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, operarán los números de emergencias y denuncias 911 y 089, así como la Policía Cibernética que atiende casos de secuestros virtuales o extorsiones telefónicas, además de una central de monitoreo de más de 3,000 cámaras de vigilancia y 130 arcos carreteros instalados en lugares estratégicos.

Definir el uso que se le podía dar al Auditorio del Bienestar se había convertido en un problema por los defectos por mala planeación en la estructura que costó 244 millones de pesos, con un sobre costo de 60 millones de pesos.

La prioridad tanto para el estado como para el gobierno federal es el municipio de Benito Juárez, la joya de la corona, donde van enfocados todos los esfuerzos al tratarse del destino más conocido y visitado de Quintana Roo.

La instrucción es cero tolerancia a la delincuencia y cerrarle el paso a los criminales y a los delitos de alto impacto, que actualmente son el dolor de cabeza, así como garantizar la seguridad de la población.

La seguridad es un tema de todos

La lucha contra la inseguridad y el apoyo al reforzamiento de la seguridad en el estado debe ser tarea de todos, no solo el gobierno, también la sociedad en general y el empresariado deben comprometerse en esta tarea tan importante.

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Como parte del presupuesto de ingresos para el próximo año se propuso incrementar en un punto porcentual el impuesto al hospedaje, esto es de 3 pasaría a 4 por ciento, con la intención de que ese uno por ciento adicional sea para invertirse en seguridad.

Y aunque varios empresarios y hoteleros han rechazado la medida, la realidad es que para mantener la seguridad de los locales y turistas que nos visitan es indispensable erogar más en sistemas y estrategias de seguridad por lo que prácticamente el alza en el impuesto sería la aportación del ramo hotelero al financiamiento de este rubro.

Además, los recursos que se recauden por este concepto serán debidamente transparentados, por lo que no deberá existir duda de su correcta aplicación.

Los recursos serán para concretar la puesta en marcha del C5, un centro de control policiaco que se instalará en lo que es el Auditorio del Bienestar, en Benito Juárez, y los centros de comando en diferentes puntos de la entidad.

Recordemos que para 2018 hay un ambicioso plan de seguridad para Quintana Roo, que incluye la instalación de tres mil cámaras de seguridad, radares, arcos de seguridad y contratación de más agentes de la Policía Estatal que se encarguen de reforzar las fuerzas policiacas de los municipios.

Es también un hecho que el gobernador Carlos Joaquín ha tenido acercamientos con mandos de las Fuerzas Armadas, de quienes ha reconocido su compromiso y esfuerzo por mantener la seguridad en el país.

Esta alianza para cuidar a la gente se reflejó en marzo pasado, cuando 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron a las acciones de protección de quintanarroenses y visitantes de Cancún y la Riviera Maya.

Asimismo, los soldados participan en los operativos vacacionales, de Semana Santa, de verano y decembrinos, por ejemplo, que dan seguridad a quienes transitan por carreteras y se dirigen a los centros vacacionales, resultado de los mecanismos de estrecha coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

Por ejemplo, en estas vacaciones de fin de año se reforzarán las acciones de los tres órdenes de gobierno para contar con un destino seguro donde la integridad de locales y visitantes esté garantizada.

Cancún y Riviera Maya son la joya de la corona en materia turística y no puede dársele margen de maniobra a la delincuencia mucho menos permitir que eche raíces en estos polis turísticos.

No comparamos noticias falsas #FakeNews / Hagamos Viral Lo Que Es Real 

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Justamente a pocos días de que inicie la temporada alta invernal se dispersa en redes sociales una nota sobre el presunto hallazgo de varios cuerpos humanos esparcidos en las playas de Cancún.

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Información dolosa, creada expresamente para afectar la imagen del polo turístico más importante de Quintana Roo y publicada por un portal amarillista según puede comprobarse al leer las notas que publica, puras notas falsas o carentes de sustento.

Lo triste del caso es que al decir “Cancún” la publicación se viralizó y muchas personas sí pensaron que en efecto se trataba del Caribe mexicano, aunque las características de las fotos de la publicación falsa nada tienen que ver con la realidad: la arena es café y no el blanco característico de nuestras playas, las construcciones alrededor nada tienen que ver con los lujosos hoteles de la zona hotelera, en fin, toda una mentira.

Tanta dimensión cobró el asunto que la Secretaría de Turismo tuvo que enviar un comunicado desmintiendo que se tratara de Cancún, en el cual menciona que “Representantes gubernamentales de Quintana Roo confirmaron que este informe es completamente falso y que las imágenes adjuntas fueron tomadas en otro país, no en México.

Al parecer, es un muy mal intento de difundir información falsa a la cual recomendamos prestarle poca atención.

Las autoridades correspondientes están tomando las medidas adecuadas garantizando que hechos verdaderos sean comunicados a la industria”.

Este es un ejemplo más de las llamadas fake news, es decir, información falsa que se viraliza con el afán de afectar a una persona o lugar, en este caso a Cancún.

Las fake news son un fenómeno que desgraciadamente va creciendo mucho en la web, son publicaciones sin ningún tipo de respaldo o sustento que son “lanzadas” al ciberespacio y que otras personas, quienes no se toman el tiempo de verificar su autenticidad comparten, creando así una cadena de desinformación.

Publicaciones como estas pretenden dañar la imagen de tranquilidad de la ciudad de parte de los turistas nacionales y extranjeros y la mejor forma de hacerle frente es comentando que no se trata de Cancún y reportando a estos pseudo portales que solo comparten información amarillista.

Mantener la buena imagen de nuestro polo turístico es tarea de todos y todos debemos contribuir a desmentir este tipo de publicaciones que son ordenadas por intereses contrarios a la buena imagen del destino.

¡No compartas notas falsas!  

Hagamos viral la cultura digital de compartir contenido real de manera responsable.

#DeloVirtualAloReal

Inocente hasta que demuestren lo contrario

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es una máxima del derecho que garantiza la presunción de inocencia de todo ser humano.

Además de nuestra Constitución política hay instrumentos internacionales que salvaguardan el principio de presunción de inocencia, como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De hech, el nuevo sistema de justicia penal se basa en esta premisa, que busca terminar con las injusticias que se cometían en el aspecto de que el señalado por un delito era culpable hasta que se demostrara lo contrario y se le detenía y encarcelaba desde el inicio de su proceso.

La responsabilidad de la autoridad es no exponer o divulgar los datos personales de los detenidos, en aras de no afectar su reputación. Diversas irregularidades quedaron de manifiesto en la detención de Juan Vergara Fernández; la identidad de Vergara Fernández se hizo pública al precisar su último cargo en el gobierno, como secretario de Finanzas, acción ilegal y difamatoria porque rompe la presunción de inocencia.

El objetivo era exhibir a uno de los hombres que fue pieza clave en la reconstrucción de las finanzas del estado, mismas que fueron heridas de gravedad por la anterior administración, por funcionarios que justamente son los mismos que han sido denunciados y detenidos por la Fiscalía del Estado.

La intención es desacreditar la lucha contra la corrupción iniciada por el gobierno actual.

Pero no es el primer caso en el que el gobierno federal, concretamente la PGR, comete arbitrariedades en Quintana Roo, exactamente lo mismo hizo en el caso de las cajas de First National Security en Cancún, abusos, excesos y criminalización a todos los que tenían alguna caja de seguridad fueron la constante en ese caso que aún no se ha resuelto totalmente.

Los clientes de First National Security sufrieron también extorsiones para poder recuperar sus legítimas pertenencias, misma receta que pretende utilizarse en esta ocasión, cuando se pretende extorsionar para evitar más detenciones y proteger a Roberto Borge y sus cómplices, evitando que haya más detenciones.

Para incriminar a Juan Vergara la PGR manipuló el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.

El tema de Vergara se trata pues de un asunto de impuestos que pretendió “inflarse” para convertirlo en lavado de dinero, un delito que la PGR no pudo acreditar, tan es así que el juez del caso le negó la prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas.

Festejos del 20 de noviembre en Q. Roo

Vistosos, coloridos y llenos de espíritu mexicano, así fueron los festejos por el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana. Desde muy temprano los contingentes que participarían en los diversos desfiles se preparaban para hacer su mejor exhibición.
Salvo Lázaro Cárdenas, donde el desfile se adelantó desde el viernes pasado para poder disfrutar de un día de asueto, en los demás municipios los desfiles se realizaron sin mayores inconvenientes; se contó con la participación de alumnos, sindicatos de trabajadores, cuerpos de seguridad y rescate, trabajadores del gobierno del estado, etc.
En todo el estado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, participaron más de 27 mil 500 alumnos; dos mil 431 estudiantes pertenecen a 40 escuelas de nivel primaria; ocho mil 529 de 51, a secundaria; diez mil 460 de 46, a planteles de educación media superior; y seis mil 164 de 31, a instituciones educativas de nivel superior.
Es muy importante fomentar en nuestros hijos desde muy pequeños el civismo, para que no se pierdan este tipo de celebraciones que les ayudan a fomentar su nacionalismo y sentido de pertenencia. Da mucho gusto ver como niños desde muy corta edad son alentados a tomar parte en este tipo de desfiles que se realizan año con año.
En Chetumal 13 mil 400 personas participaron en el desfile. El gobernador Carlos Joaquín presenció el paso de los contingentes desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, que inició a las nueve de la mañana con una descubierta de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública, la Banda de Guerra y la Escolta de Bandera.
Cerca de cuatro mil personas en 85 contingentes participaron en el tradicional desfile del 20 de noviembre en Playa del Carmen, donde fue necesario cambiar el recorrido debido a la exposición de las fuerzas armadas “Pasión por servir a México”, que ocupa actualmente la plaza cívica 28 de Julio.
La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que han marcado la historia de nuestro país, como es el caso de este desfile cívico-deportivo.
En el caso de Cozumel, participaron cerca de mil 200 personas pertenecientes a instituciones educativas, organizaciones civiles, cuerpos de emergencia y fuerzas armadas, así como deportistas destacados de la isla organizados en 24 contingentes. Aunque este año, en comparación con 2016, muchas escuelas no participaron en el desfile llevado a cabo a lo largo de la avenida Rafael E. Melgar hasta el Palacio Municipal.
En Isla Mujeres asistieron 16 contingentes, compuestos por 2 mil 600 participantes y en Tulum se contabilizaron unos mil 200 participantes. Así, todo Quintana Roo se unió para recordar el inicio de un conflicto armado que inició en 1910 y culminó 10 años después.

Mejoras en la Fiscalía, aunque falta mucho por hacer 

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La Fiscalía General del Estado al mando de Miguel Ángel Pech Cen, ha implementado estrategias que le han permitido dar resultados principalmente en delitos que afectan directamente a la ciudadanía como el robo de vehículos.

La Fiscalía Especializada en Investigación y Recuperación de Vehículos recuperó en la zona norte 447 unidades el año pasado, 127 más que el 2016, cuando se registraron 320 recuperaciones entre automóviles, motocicletas, embarcaciones y autopartes. 

De enero a noviembre de 2017 se recibieron mil 300 denuncias por robo de vehículo en la zona norte, principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres.

Aproximadamente en el 50 por ciento de las denuncias presentadas con reporte local los vehículos son recuperados en otros estados lo que se suma al número de unidades vehiculares ya citadas.

Mientras tanto en la zona sur se recuperaron 164 vehículos que contaban con reporte de robo o presentaban alguna alteración en sus números de serie.

Los vehículos y motocicletas recuperados fueron entregados a la Fiscalía del Ministerio Público, instancia que las mantiene bajo su resguardo para ser entregadas a sus legítimos dueños previa acreditación de la propiedad.

En el combate al rezago de expedientes, en 2017 se obtuvieron 110 sentencias condenatorias en el Sistema de Justicia Tradicional.

El trabajo realizado por los Fiscales del Ministerio Público adscritos al Juzgado Penal Tradicional permitió que la institución obtuviera, además de 110 sentencias condenatorias, 17 órdenes de aprehensión y 32 órdenes de reaprehensión, las cuales se trabajan para darles cumplimiento.

Es importante precisar que a la par del inicio del Sistema de Justicia Penal Oral, la fiscalía destinó personal y equipo para concluir los expedientes que se iniciaron durante el Sistema de Justicia Tradicional, que derivaron en la obtención de los resultados antes descritos.

La Fiscalía también, en colaboración con otras Fiscalías y Procuradurías del país, coadyuva con la búsqueda de ciudadanos desaparecidos en diversas partes de la República Mexicana.

La Unidad de Atención a Personas Desaparecidas registró un índice de efectividad del 96 por ciento, al registrar 422 personas localizadas con vida de un total de 443 inicios de denuncias de personas reportadas como desaparecidas.

Se han emitido puntualmente las alertas, pre alertas y recomendaciones específicas para lograr saldo positivo este 2017. La estadística de personas desaparecidas establece que 211 personas fueron mayores de edad, de las cuales no han sido localizadas 12; mientras que 232 personas menores de edad fueron reportadas ante la autoridad ministerial como extraviadas y en la mayoría de los casos se fueron del hogar por cuestiones familiares, de ellas se desconoce aún el paradero de nueve.

En 2017 se generaron 21 Alertas Amber, de las que aún permanecen dos activas y de 15 pre-alertas, cuatro siguen activadas.

Duro golpe a la delincuencia organizada y de cuello blanco

Duro golpe a la delincuencia organizada y de cuello blanco

Este fin de semana se realizaron importantes detenciones, fruto de la coordinación entre instancias policiacas y los tres órdenes de gobierno. En un primer hecho la Policía Ministerial logró asestar un fuerte golpe al crimen organizado, con la detención en Cancún de cinco personas a las que les aseguraron armas de grueso calibre y cargadores, y a las que pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República.

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Allí mismo la Policía Estatal detuvo a dos presuntos narcomenudistas y, en un hecho aparte, a otros dos con una granada de fragmentación. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General.

También la Policía Municipal detuvo a dos personas con arma de fuego y cargador abastecido. Al proceder con la búsqueda en el sistema de Plataforma México, se descubrió que una de esas personas había sido detenida por robo de vehículos en Puerto Vallarta, por lo que fueron trasladados a la Agencia Ministerial.

El sábado en Tulum se logró la detención de dos sujetos armados que trataron de ejecutar a un hombre y que al ver frustrados sus intentos huyeron entre la selva rumbo a Cobá. Tras un operativo que duró al menos cinco horas, se logró capturarlos. Asimismo, en Carrillo Puerto se logró el desmantelamiento de un domicilio que servía como prostíbulo clandestino.

Detienen a pieza clave de desvíos de Borge y Félix

Ercé Barrón Barrera, tesorero general del estado en el sexenio de Félix González Canto y director general de la Apiqroo con Roberto Borge Angulo, fue detenido en Baja California este sábado. El detenido es pieza clave en la investigación por el desvío de recursos del exmandatario Borge Angulo. Aunque durante su paso por la Apiqroo concesionó muelles al mejor postor, la investigación por la cual le fue expedida la orden de aprehensión es por el caso de VIP Saesa.

Esta detención es parte de las acciones en manos de Fiscalía del estado y juez derivadas de las denuncias realizadas por la Contraloría estatal. El gobierno del estado ha señalado que se mantendrá atento para colaborar como hasta hoy con las instituciones para que se haga justicia con pleno respeto a los derechos de los involucrados y al marco legal.

Seguirán las detenciones

Con esta nueva detención de un cercano colaborador del régimen borgista queda clara la firme intención del gobierno estatal en perseguir y sancionar a todos aquellos que colaboraron en el desfalco a las arcas de Quintana Roo.

Y no se trata solamente de detener a los exfuncionarios corruptos sino de que regresen el dinero desviado. La Fiscalía busca a muchos de los exfuncionarios en otros estados, pues al enterarse de las órdenes de aprehensión en su contra muchos de inmediato se ampararon y huyeron del estado, sin embargo, ya se les sigue el rastro para hacer cumplir la ley.

Guerra en el PRI

Las puñaladas están al orden del día en el Partido Revolucionario Institucional, donde los antiguos aliados se han vuelto enemigos.

Resulta que al ver como las investigaciones por desvíos de recursos y otros delitos se acercan cada vez más a ellos muchos priístas han optado por el fuego amigo, como el que han enviado al actual presidente de su partido, Enrique Ochoa Reza.

En días pasados se dio a conocer que la mayoría de los casi 200 diputados federales priistas pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que “quitara ya” al dirigente nacional del CEN del tricolor.

Pero de inmediato fue desmentida esa versión, saliendo a la luz que fueron personajes como Ivonne Ortega y Félix González Canto, aliados del ex presidente priísta Manlio Fabio Beltrones quienes difundieron esa versión.

Lo cierto es que al ver como se les escapa de las manos el poder el grupo político de Félix González Canto, que no tiene ninguna posibilidad para 2018, ha optado por atacar mediante diferentes estrategias.

En el caso de Ochoa Reza, se sabe que les ha negado espacios por su histórica derrota en 2016, cuando el tricolor perdió varias elecciones.

En lo que respecta a Quintana Roo, se han especializado en difundir fake news o noticias falsas, para lo cual se han aliado con especialistas en guerra sucia. Su principal tarea es empañar la labor del gobernador del estado, Carlos Joaquín.

Para ello, el ex gobernador ha contratado al yucateco Hugo D’Urrutia, quien se ha encargado de hacer y difundir en redes sociales videos en los cuales se enfrenta al gobierno estatal y se intenta defender a los borgistas corruptos que saquearon al estado.

Y es que Félix González Canto está cada vez más desesperado conforme se acerca el fin de su periodo como senador pues bien sabe que perderá el beneficio del fuero y podría correr la misma suerte que Mauricio Góngora, Gabriel Mendicuti o su principal alumno: Roberto Borge.

Otra de las estrategias que ha sido denunciada por los mismos ciudadanos consiste en una serie de llamadas disfrazadas de encuestas telefónicas en las cuales se da información en contra del gobierno de Carlos Joaquín.

Las llamadas son realizadas de un número de la Ciudad de México que corresponde a la empresa Atento, una multinacional de customer relationship management (CRM) en el sector de business process outsourcing.

Ante tales ataques, el gobierno estatal estudia el interponer demandas contra esta empresa por prestarse a la guerra sucia contra la entidad.

Terminó la espera, Borge está en México

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Finalmente, y tras una espera de siete meses el ex gobernador Roberto Borge Angulo fue extraditado por las autoridades panameñas.

El ex mandatario permaneció en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio, cuando fue detenido en el aeropuerto de Tocumen mientras pretendía abordar un vuelo con destino a París.

Mucho más delgado que cuando estaba en el poder -su abogado asegura que perdió 20 kilos-, con una mirada penetrante y su acostumbrado gesto de cruzar las manos para evitar que se le vean las esposas, Borge llegó a las instalaciones de la base aeronaval panameña.

Allí fue revisado médicamente y se hicieron los trámites legales correspondientes para que abandonara el país canalero.

Llamó mucho la atención el rosario que colgaba de su cuello, por encima de su camisa.

Con 30 minutos de retraso Borge abordó el Bombardier Challenger 605 que lo trajo a México.

Dos horas después aterrizó en la Ciudad de México, donde ya era esperado por su defensa, las autoridades mexicanas y decenas de reporteros.

Horas después y tras cumplir con una serie de trámites, el convoy federal trasladó al ex gobernador al penal Neza Bordo, en el Estado de México.

Allí quedó a disposición del juez de su causa.

Trascendió que su primera audiencia será el día sábado, cuando se determinará si enfrentará su proceso en libertad o se le dicta prisión preventiva.

Hay que recordar que Borge Angulo está acusado por la Fiscalía estatal de los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado en agravio del estado de Quintana Roo, por un monto de más de 3 mil millones de pesos.

Además, la justicia federal lo investiga por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por los primeros delitos se le había fijado en un principio una fianza de 89 mil pesos y la Fiscalía logró que fuesen 85 millones; ahora se busca que esa cantidad se multiplique por tres, es decir, que la fianza alcance los 255 millones de pesos.

Asimismo, el fiscal general del estado, Miguel Pech Cen, advirtió que los fiscales solicitarán que el exgobernador sea traído al Centro de Reinserción Social de Chetumal para enfrentar las denuncias en su contra por peculado y afectación al erario público por 3 mil millones de pesos.

En Quintana Roo las reacciones no se han hecho esperar y tanto políticos como empresarios y miembros de la sociedad civil se manifestaron a favor de que prevalezca la justicia en el caso del ex gobernador.

Seguramente durante los próximos meses seremos testigos de un intenso proceso legal que culminará con la sentencia de Roberto Borge; habrá que ver también quienes de sus subalternos caen junto a su jefe.