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Entre Números

México no es nada sin sus empresarios

El estado mexicano debe alentar la inversión y aumentar la confianza de los inversionistas, ésta es la fórmula más confiable para que haya crecimiento económico y por tanto más empleos. Pero, a pesar de que México mostró ser una economía resiliente frente a recurrentes crisis financieras, me pregunto cuánto tiempo resistiremos el embate de los choques internos, consecuencia de las malas decisiones de inversión tomadas por el nuevo gobierno.

La mayoría de los ciudadanos piensan que el gran inversor mexicano es el gobierno, pero la realidad es muy diferente. Su labor es canalizar una parte de los recursos presupuestales para generar la infraestructura mínima necesaria que detone masivamente la inversión privada. Desafortunadamente, esto no está entre las prioridades de la actual administración, razón principal por la que Standard & Poors degradó nuestra calificación crediticia de estable a negativa.

Por eso, quiero destacar el importante papel que jugarán las organizaciones empresariales en los siguientes años. A pesar de que estas deban encontrar la forma de adaptarse al nuevo modelo que plantea el gobierno federal, considero que, sanamente, también podrían representar un contrapeso que exija un mejor uso de los recursos fiscales provenientes de los impuestos mexicanos, especialmente del sector empresarial.

Los proyectos de inversión, derivados de las reformas estructurales, así como los que se han anunciado recientemente, servirán para formular una plataforma que impulse el desarrollo de México; no obstante, estos cambios deben concretarse en oportunidades de empleo. Si queremos eliminar la pobreza, el camino nunca será el subsidio clientelar, más bien, tenemos que integrar a la empresa al interés público.

Así lo impulsó Juan Pablo Castañón durante su gestión al frente del CCE; pero, para seguir fortaleciendo el papel de la empresa en México, Carlos Salazar, su nuevo dirigente, y a quien deseo el mayor de los éxitos, debe urgir la consolidación de esta agenda conjunta entre sector empresarial y gobierno, una agenda que ofrezco construir de manera coordinada como diputada federal.

Grandes desafíos de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos, desde peores perspectivas en su nota crediticia hasta su incapacidad de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Sin duda, el plan del gobierno federal entorno al rumbo de la empresa no está generando confianza en los inversionistas, algo que innegablemente podría poner en riesgo una parte importante de los ingresos del país y la reactivación económica de estados petroleros, como Tabasco.

Pemex se ha distinguido internacionalmente como la empresa petrolera más endeudada. La principal razón por la cual Fitch Ratings, y de manera más reciente Moody’s, han degradado la perspectiva de su calificación a negativa, es porque, por décadas, la utilidad generada en comparación con sus pasivos, es realmente baja. Sin embargo, es posible destacar dos buenas noticias.

Primero, está el plan de inyectar de recursos a la empresa por 107 mil millones de pesos en 2019, un incentivo que le permitirá transitar este año con flujo de capital. Segundo, se logró detener la discusión de un dictamen que reformaba la Ley General de Pemex, mismo que iba en sentido contrario a las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Porque aún veo potencial en la empresa productiva, es que insisto en la prioridad de las siguientes acciones: 1) iniciar una abierta y transparente búsqueda de los consejeros independientes faltantes, que le imprima profesionalismo y experiencia al Consejo de Administración; 2) reactivar las rondas petroleras para encontrar nuevos socios y aumentar la rentabilidad de sus operaciones; y, 3) explorar nuevos contratos de riesgo compartido, mismos que sean más atractivos para la industria pero que protejan nuestra soberanía energética.

Pemex aporta casi el 30% de los ingresos de la nación, por tanto, de su salud financiera dependen 1 de cada 3 kilómetros de carreteras construidas, o 1 de cada 3 pesos para programas sociales que atienden a los más necesitados. Ese es el tamaño de la responsabilidad, y es por eso que su operación estratégica y profesional debe ser una tarea prioritaria de expertos, no un juego de novatos.

Consejo Hacendario: una necesidad irrefutable

El Artículo 25 de nuestra Constitución establece que el estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y a su vez generar condiciones favorables para el crecimiento económico; sin embargo, no se tiene, con toda claridad, un órgano que se encargue de esta importante tarea.

A pesar de que instituciones como la SHCP y el Banxico juegan un rol primordial en el mantenimiento de las finanzas públicas sanas, es necesario reconocer la necesidad que existe de tener un órgano técnico y del más alto nivel, cuya principal tarea sea velar por la estabilidad y la inclusión.

En aras de alcanzar este objetivo, esta semana presentaré, ante la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Consejo Hacendario de la federación. Este Consejo contará con las siguientes características: 1) estar adscrito a la Cámara de Diputados; 2) ser un órgano con autonomía técnica y presupuestal en el ejercicio de sus atribuciones, y; 3) estar compuesto por ciudadanos que poseen conocimientos técnicos y especializados.

Adicionalmente, este Consejo tendrá que cumplir al menos con tres funciones para asegurar su efectividad: deberá asumir toda tarea que, actualmente, tenga encomendada el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; realizará el análisis y la evaluación del paquete económico, así como de las propuestas legislativas, previas a su aprobación, y monitoreará la regla fiscal vigente, recomendando a su vez si esta se debe endurecer o flexibilizar. Desafortunadamente, las primeras decisiones de política pública de este gobierno han ocasionado un fuerte golpe en la confianza que tienen los inversionistas, desacelerando, a su vez, el desarrollo económico y la generación de empleos.

Tren Maya: con interrogantes

Como parte de su estrategia para reactivar la economía, el gobierno anunció grandes proyectos de infraestructura, los cuales han sido fuertemente cuestionados. El principal problema radica en la gran dotación de recursos presupuestales, sin contar, como lo establece la ley, con los correspondientes estudios de factibilidad para autorizarlos: ese es el caso del Tren Maya.

Según datos oficiales, el tren recorrerá 15 estaciones en 1,525 km, uniendo a cinco estados del Sureste mexicano (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Su principal objetivo será impulsar el desarrollo socioeconómico a partir del potencial turístico de la región, así como la creación de polos de desarrollo a lo largo de dicho tramo.

Para ello, se tienen registrados en cartera sólo dos estudios de pre-inversión: 124.6 mdp para la construcción de la vía ferroviaria y 62.3 mdp para el desarrollo de polos de desarrollo. La ficha técnica menciona que para determinar la factibilidad del proyecto se tendrá que contar primeramente con diversos estudios, por lo que, hasta no concluir esta etapa, no sabremos si en realidad valió la pena haber destinado los 6 mil mdp para el proyecto en el presupuesto 2019.

Ahora, importantísimo será conocer la rentabilidad del proyecto para los posibles concesionarios. Los costos por kilómetro de construcción férrea varían dependiendo de la complejidad del sistema empleado, pero en el caso de la reparación de vías existentes, podría alcanzar los 30 mdp por kilómetro. Con esto, concluyo que el Tren costaría más de 63 mil mdp y, por tanto, sin la participación del sector privado, sería imposible de financiar.

Combatiendo efectivamente a la corrupción

Recientemente, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció que enviaría al Congreso estatal una iniciativa para la creación de una nueva Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que dependería de manera directa de la Secretaría de Finanzas del estado, y que contaría con el apoyo de la Fiscalía General de la entidad también. Esta, sin duda, es una iniciativa muy importante que funcionará por el bien de los tabasqueños, particularmente por los resultados que este modelo ha mostrado, tanto a nivel nacional como en otros estados de la República.

A nivel nacional, en 2004 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó la creación de una UIF, que ha mostrado grandes avances en el combate a los problemas de lavado de dinero, y en la inhibición de la participación de funcionarios públicos en actos de corrupción.

Sin embargo, el gobernador aseguró que el modelo impulsado sería similar al que opera en Tamaulipas, el cual, desde su creación el año pasado ha logrado el aseguramiento de más de 35 cuentas bancarias usadas para fines delictivos, obtenido más de siete órdenes de aprehensión y recuperado más de tres inmuebles que fueron vendidos en condiciones muy desfavorables para el estado.

Como legisladora, he exigido que los funcionarios del gobierno federal respondan a la altura de las circunstancias, pero también sé reconocer las buenas decisiones, por lo que, particularmente como tabasqueña, quisiera ser la primera en aplaudir este interés que ha mostrado el gobernador Adán Augusto López en atacar uno de los problemas más grandes que nos aquejan.

Tabasco tiene un gran potencial, y estoy segura que se encuentra al borde de una recuperación muy significativa, por ello considero que, independientemente de los colores políticos que abanderamos, es más importante que nunca que trabajemos en conjunto, ya que es la única forma en la que nos podemos asegurar que estas acciones potencialmente tan benéficas se hagan con inteligencia y responsabilidad.

Incentivemos el empleo

El fomento y la creación de empleos debe ser considerada una de las prioridades más importantes de cualquier gobierno. Queda sin decir que una de mis preocupaciones más grandes es la capacidad de la nueva administración de crear empleos y profesionalizar los mismos; no obstante, con los grandes proyectos de inversión que se tienen pensados, existen buenas oportunidades para beneficiar a todos los ciudadanos.

Recientemente, el tema del empleo ha estado al centro de la coyuntura nacional. Según un informe del IMSS, en diciembre, se vio una disminución en la creación de empleos formales de 378,561 trabajos. Sin duda esto es alarmante ya que, mientras que la administración anterior generó empleos superiores a la suma de las dos previas, este gobierno, durante el primer mes de gestión, no pudo siquiera mantener esta tendencia.

La creación de empleos, así como la eficiencia del mercado laboral, son requisitos esenciales para alcanzar la inclusión. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Según el WEF, México ocupa el lugar 105 de 137 en términos de la debilidad de su mercado laboral.

La razón principal de esto es la rigidez en la contratación de personal, la dificultad de atraer talento y la inhabilidad de otorgar las herramientas necesarias para tener una fuerza laboral mejor entrenada.

A pesar de esto, estoy convencida que todo proyecto de inversión tiene la capacidad de generar empleos especializados, particularmente el de la nueva refinería en Tabasco. Sin embargo, estoy convencida que, si en paralelo se reactivara su Zona Económica Especial, podría generarse una estrategia de acercar la demanda industrial a este polo energético.

La fórmula para incentivar el empleo es sencilla. Debemos fortalecer nuestras instituciones, profesionalizar a nuestros servidores públicos y, lo más importante, introducir las políticas necesarias para que cada peso que se genere se distribuya de forma más equitativa. ¡Sólo así podremos generar los trabajos necesarios para lograr el desarrollo económico inclusivo que esta nación tiene destinado alcanzar!

Más decisiones equivocadas

El aumento del robo de combustible es alarmante y erradicar este problema debe ser una prioridad. Cada decisión gubernamental en la materia debe hacerse con gran inteligencia, no solamente porque Pemex es una de las empresas más endeudadas del mundo, sino porque las afectaciones a la ciudadanía pueden ser mayores a los pasivos.

Mientras que en 2011, Pemex tenía registradas 1,361 tomas clandestinas de combustible, en el último reporte de 2018 se tienen casi 12,600. Asimismo, tan sólo en el último año, se agregaron más de 800 hectáreas al inventario de sitios con posible afectación ambiental, de las cuales 80% fue por tomas clandestinas.

Reconocer la relevancia del problema no justifica la decisión de cerrar varios ductos que distribuyen el hidrocarburo a nivel nacional, ya que los costos adicionales que se generan son parte relevante del precio de las gasolinas. Estoy convencida que, lejos de cerrarlos, la estrategia debe ser invertir en más en infraestructura de ductos y en su sistematización.

El gobierno informó que el robo de combustible asciende a 60 mil millones de pesos (mdp) cada año, y, por el otro lado, la Coparmex estimó que el desabasto de gasolina ocasionó pérdidas mayores a 1,250 mdp en un plazo no mayor a cuatro días. ¡Con estos números concluiríamos que el costo económico del desabasto es el doble de lo que se estima el valor del ilícito!

El año pasado se publicaron diversas reformas al Código Penal Federal y otros ordenamientos para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos; sin embargo, los resultados de estas aún son incipientes, ya que ha habido más de 10 mil denuncias relacionadas con este ilícito, y la detención a más 1,800 personas. Sin duda es necesario endurecer esta ley, mismo que se puede hacer a través de una reforma constitucional que contemple este ilícito como un delito mayor.

Nadie niega la urgencia de atender este problema, pero las afectaciones son evidentemente mayores a los pasivos oficiales. La estrategia contra el robo de combustible debe continuar, pero de manera inteligente: reforzando nuestra capacidad logística en ductos e invirtiendo en tecnología. Cualquier otra decisión, es una ocurrencia más e implica un retroceso.

Profesionalicemos al sector público

Para modernizar la administración pública es prioritaria la profesionalización de los servidores públicos. Estoy convencida de que el despido masivo de funcionarios en cada cambio de administración debe terminar. Siendo que el centro de la función pública es el ciudadano, no se puede olvidar el papel de los servidores públicos y su profesionalización, para así poder alcanzar un México moderno e incluyente.

Según el índice internacional de competitividad, México se posiciona en el lugar 108 de 137 países en términos de desempeño del sector público. Esto significa que estamos en el nivel más bajo, incluso peor que países como Uganda y Sierra Leona.

Necesitamos una Ley General de Profesionalización. Ésta, contrario a buscar la disminución de sueldos, debe centrarse en estimular el buen desempeño. Asimismo, debe establecer un perfil de puestos de trabajo y un esquema de evaluación, que filtre a los malos funcionarios, mismos que deberán ser removidos.

Junto con la profesionalización, debe haber salarios justos para los servidores públicos; por eso impulsé la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones, de la cual fueron retomados varios conceptos en una iniciativa de reforma a la ley vigente que impulsamos los diputados federales. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno federal autorizó una reducción de sueldos de más del 40%, afectando a miles de trabajadores, y ahuyentando la atracción de nuevos talentos.

Estoy convencida que para hacer de México una nación competitiva es necesaria la profesionalización del sector público.

Tabasco, sede energética nacional

Aprobarán recursos en el Presupuesto de 2019 por 50 mil millones de pesos al proyecto de la refinería de Dos Bocas, ya que esto parece ser una solución más costosa para el país.

Sin embargo, a Tabasco no puede dársele un tratamiento general, ya que esta entidad potencialmente puede ser la sede energética nacional: tiene el puerto de altura más importante de Latinoamérica, los recursos humanos especializados en la materia, y, principalmente, tiene el petróleo.

Por lo anterior, y contrario a la opinión del gobernador y del presidente, considero necesario seguir impulsando la Zona Económica Especial (ZEE). Este proyecto no compite con el decreto de estímulos fiscales que se aprobó para la zona fronteriza norte, el cual reduce el IVA y el ISR, ya que esta cuenta con tasa de 0% en ambas cuentas.

Mientras que el estímulo fronterizo costará 40 mil millones de pesos, la ZEE buscará estimular las inversiones. De ahí que considero importante que se mantenga el decreto para Tabasco, y que incluso se amplíe para contemplar la refinación de petróleo. Si esto sucede, puedo garantizar que los nuevos empleos e inversiones que se esperan se multiplicarán.

Finalmente, hoy que tengo el enorme honor de trabajar por Tabasco, quisiera aprovechar este espacio para desearle el mayor de los éxitos al nuevo gobernador y su equipo. Mi compromiso es continuar trabajando coordinadamente con las autoridades estatales, porque, para reactivar los motores económicos de nuestro estado, no será suficiente la voluntad de un solo hombre; esta es una tarea de todos, y entre más seamos mejor.

Tabasco, sede energética nacional

Tabasco fue el estado más afectado por la caída de precios del petróleo en 2015.
Al depender fuertemente de PEMEX, la consecuencia fue una contracción del producto interno, nula generación de empleos e incremento de la inseguridad.

En medio de este complejo escenario, hay una luz de esperanza para nuestra gente: regresarle a Tabasco la sede energética nacional.

Desafortunadamente, PEMEX es la petrolera más endeudada del mundo. Adicionalmente, un tema mal visto por los expertos, fue que se aprobaran recursos en el Presupuesto de 2019 por 50 mil millones de pesos (mdp) al proyecto de la refinería de Dos Bocas, ya que esto parece ser una solución más costosa para el país.

Sin embargo, a Tabasco no puede dársele un tratamiento general, ya que esta entidad potencialmente puede ser la sede energética nacional: tiene el puerto de altura más importante de Latinoamérica, los recursos humanos especializados en la materia, y, principalmente, tiene el petróleo.

Por lo anterior, y contrario a la opinión del gobernador y del presidente, considero necesario seguir impulsando la Zona Económica Especial (ZEE). Este proyecto no compite con el decreto de estímulos fiscales que se aprobó para la zona fronteriza norte, el cual reduce el IVA y el ISR, ya que esta cuenta con tasa de 0% en ambas cuentas.

Mientras que el estímulo fronterizo costará 40 mil mdp, la ZEE buscará estimular las inversiones. De ahí que considero importante que se mantenga el decreto para Tabasco, y que incluso se amplíe para contemplar la refinación de petróleo. Si esto sucede, puedo garantizar que los nuevos empleos e inversiones que se esperan, se multiplicarán.

Finalmente, hoy que tengo el enorme honor de trabajar por Tabasco, quisiera aprovechar este espacio para desearle el mayor de los éxitos al nuevo gobernador y su equipo. Mi compromiso es continuar trabajando coordinadamente con las autoridades estatales, porque, para reactivar los motores económicos de nuestro estado, no será suficiente la voluntad de un solo hombre; esta es una tarea de todos, y entre más seamos mejor.

Muerte súbita a emprendedores

Las malas decisiones económicas siguen a la orden del día. Sin duda, la última de las ocurrencias del nuevo Gobierno se puede ver en los recortes presupuestales masivos que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. En lo personal, una de mis preocupaciones más grandes son los recortes al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Fondo Nacional del Emprendedor, de aproximadamente 50 y 80 por ciento respectivamente.

Desde su creación, el INADEM ha apoyado al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Dentro de sus logros más destacados se encuentra el apoyo a más de 100 mil proyectos empresariales durante el último sexenio. No puedo dejar de mencionar que esta institución ha recibido reconocimientos de organismos como el CONEVAL, el INAI, e incluso la OCDE.

Las cifras son las siguientes: en México existen 4.2 millones de negocios, y el 99.8% son consideradas pymes; generan el 72% del empleo nacional y aportan 52% del PIB.  Pero a pesar de su gran potencial, estas tienen importantes limitantes. Cerca del 50%, según estudio de Konfío, tienen una base de clientes pequeña, el 70% está enfocado en aspectos de corto plazo, y muchas no han logrado utilizar la tecnología para incrementar sus ventas.

El otro gran desafío es la falta de financiamiento, misma que obliga a los emprendedores a buscar créditos personales, los cuales tienen tasas de interés más altas. 4 de cada 10 pymes cuentan con crédito otorgado por una institución financiera, pero el 80% lo solicita a su nombre y no al de su empresa, lo que refleja una falta de opciones y un riesgo a su patrimonio familiar.

Con un impulso decidido para las pymes podríamos finalmente alcanzar un verdadero crecimiento económico sostenido; por ende, de ahí nace nuestra tarea de defender el presupuesto del INADEM, ya que el México incluyente que merecemos, es uno de emprendedores y de oportunidades. El México que yo conozco no es un pueblo holgazán, sino uno que está lleno de gente que le gusta trabajar y que demanda del gobierno las herramientas necesarias para crecer. Y si se las quitamos, ¿entonces cómo?

El Reino del Revés

El día de ayer asistí a la ceremonia de presentación del Plan Nacional de Refinación en el Puerto de Dos Bocas. Paraíso es un lugar muy especial para mí y del profundo amor que tengo por esta tierra, es que surge mi preocupación por la falta de información y contradicciones sobre aspectos claves de esta obra.

Primero, su costo y tiempo de ejecución, que, según el presidente López Obrador, se estima en 8 mil millones de dólares para finalizarla en un plazo no mayor a tres años. Sin embargo, especialistas, como la consultora Wood Mackenzie, estiman pueda ser de entre 5 y 6 años, y eso bajo condiciones ideales que no consideran contratiempos.

Otro asunto es la adjudicación. Recientemente, el Congreso de Tabasco aprobó que, localmente, se pudieran otorgar de manera directa obras de construcción. Esta medida no sólo va en contra del artículo 134 de la Constitución, sino que ignora las recomendaciones de la OCDE para el fomento de una competencia eficaz en las compras públicas y la reducción del riesgo de colusión en los procesos de adquisición.

Finalmente, considero alarmante que el Gobierno Federal no ha publicado ningún estudio que mida el daño al medio ambiente; sin embargo, sorprendentemente, ya se comenzaron a desmontar más de 300 hectáreas de selva que existen alrededor del terreno donde se construirá esta obra.

Para obtener más información, como ciudadana, la semana pasada registré 31 solicitudes de acceso de información a las diversas entidades relacionadas con esta obra. Sin duda, la respuesta que recibí de PEMEX fue muy alarmante, pues me informaron que ¡no hay un solo permiso, licencia o concesión que se le haya entregado para la construcción de esta refinería!

A pesar de la urgencia de reactivar la economía de Tabasco, me parece escandaloso que se comience la construcción de una refinería sin permisos. Como legisladora y tabasqueña, soy la primera interesada en impulsar nuevos motores en mi estado, pero como economista, sé que los métodos utilizados no abonan a la estabilidad económica. Por eso, como dice Chabelo: vamos a ver cómo es, el reino del revés.

Primero México

La mayoría de los países en el mundo cuentan con sistemas de planeación de muy largo plazo; sería un error pensar que cualquier país desarrollado en cada cambio de gobierno redirija sus estrategias, cancele obra pública de mediano plazo y reinvente la organización del gobierno. Eso, queridos amigos sólo pasa en México, y esa es la principal razón, por la que avanzamos tan lento. Por eso, en este espacio haré un corte de caja que sirva de termómetro, y que nos mantenga alertas ante cualquier señal de retroceso e inestabilidad que vaya en detrimento de los mexicanos.

Las cifras ahí están, es una realidad que hay muchos logros a partir de las reformas estructurales; se activaron nuevos motores económicos que por décadas estuvieron dormidos, se crearon cuatro millones de empleos formales, el salario mínimo tuvo una recuperación real de más de 18%, somos el 4º exportador vehículos a nivel mundial y el 1er lugar de América Latina.

Transitamos de un modelo monopólico a uno de competencia abierta, Pemex comparte el mercado con 72 empresas de 21 países y CFE con 32 empresas de 12 países. El número de personas que usan internet se triplicó; los precios de la telefonía móvil disminuyeron 43% y la larga distancia 40%. México alcanzó un crecimiento acumulado de 13% en este sexenio; se mantuvieron finanzas públicas sanas y un ambiente adecuado para la generación de inversiones.

Se modernizaron 28 aeropuertos, se duplicó la capacidad portuaria marítima. Se construyeron 40 mil kilómetros de caminos rurales. Y se estaba construyendo el aeropuerto más sustentable y moderno del mundo para mejorar nuestra competitividad y volver a México un centro logístico de clase mundial.

Nuestro país transita a un nuevo régimen, pero, desafortunadamente, uno que no reconoce los logros alcanzados como una palanca que catapulte resultados y, tras el discurso de toma de posesión, me encuentro con más de lo mismo; falta de propuestas viables que de verdad espero no perjudiquen a mi tierra, Tabasco, y sobre todo a México.

Desde este espacio, agradezco al ex presidente Enrique Peña Nieto por la confianza que me depositó al frente del Indaabin. Juntos alcanzamos reconocimientos internacionales en la materia para nuestro país; pero lo más importante que aprendí de él es que encima de nuestros proyectos personales y políticos, siempre está primero México, después México, y al final también México.

Apostémosle a la inclusión

El tema de la inclusión en nuestro país debe ser impulsado y defendido a toda costa. Siempre he insistido en que debemos tener una sociedad más igualitaria y participativa en todos los sectores. Sin embargo, es claro que aún queda mucho por hacer para consolidar el México que nos merecemos.

En ese sentido, esta semana presenté una iniciativa cuyo objeto es la incorporación de la perspectiva de género en la Ley General de Desarrollo Social. Esta iniciativa más allá de buscar la transformación de las estructuras sociales desiguales que existen; pretende fomentar el empoderamiento económico de la mujer, impulsar una economía incluyente desde el gasto público y establecer, como principio de la política de desarrollo social, la “transversalidad”.

No podemos tener desarrollo social sin la inclusión de todos en la actividad económica, pero en especial, no se puede hablar de una economía incluyente, sin considerar los temas de género. Según la OCDE, la adición de mujeres a la fuerza de trabajo conlleva a un crecimiento económico más acelerado, con empresas encabezadas por mujeres registrando un retorno de capital 44% mayor que aquellas lideradas por hombres.

Adicionalmente, el Banco Mundial y el “World Economic Forum” han señalado que la fuerza laboral femenina puede aumentar el PIB nacional, como se ha visto en Japón y la India.

Según la OIT, la desigualdad laboral es un grave problema, particularmente en regiones marginadas como América Latina, donde, según la ONU, es 54% más probable que sean las mujeres las que trabajen en el sector informal de la economía.

Es por eso que es indispensable que luchemos por incorporar la perspectiva de género en el gasto público, que busquemos transformar las estructuras que regulan estos aspectos y que tomemos acciones afirmativas que permitan la participación y la paliación de la desigualdad existente.

Como mujer y servidora pública estoy convencida que los enfoques participativos, exigen, no solo una representación equilibrada, sino que requieren la creación de las condiciones necesarias para que las estrategias de desarrollo social en verdad atiendan a los ciudadanos.

A unos días de que se presente el presupuesto 2019, debemos asegurarnos que la política y el gasto social tengan una visión de inclusión económica, ya que ¡apostarle a la inclusión, es apostarle con efectividad a México!

Sector financiero en crisis

Recientemente se presentó una iniciativa que busca prohibir el cobro de comisiones que realizan los bancos en nuestro país. La propuesta consiste en eliminar las cuotas por uso de cajeros automáticos, hasta las correspondientes por uso de servicios en ventanilla electrónica. Esta iniciativa generó un revuelo de opiniones, particularmente del sector bancario, algo que trastocó nuevamente el mercado bursátil, especialmente, las acciones de los bancos en México.

La iniciativa asegura que el cobro de comisiones bancarias en nuestro país es excesivo, argumentando que el 30% de los ingresos de la banca provienen de este tipo de cargos. Sin embargo, estas cifras varían radicalmente de las oficiales, ya que, según datos de la calificadora Moody’s y de Citibanamex, las comisiones en México solo representan 20% de los ingresos netos de la banca.

Coincido en que existe un margen para reducir estos conceptos, pero sostengo que se debe hacer con mecanismos que fortalezcan la competencia interbancaria, ya que solo la libre competencia podrá asegurar que tengamos precios realistas y apegados al mercado.
Es cierto que la iniciativa generó inestabilidad en los mercados e incertidumbre sobre el futuro de la política económica. Pero, considero que lo más grave fue la falta de coincidencia entre el entrante gabinete económico y la fracción parlamentaria de Morena, ya que fue esta ambigüedad lo que realmente ocasionó el desplome de la Bolsa.

Lo anterior se añade a la posibilidad de que no se respete la autonomía del BANXICO. Recordemos que se han presentado propuestas cuya intención es socavar su autonomía a través del mandato dual, o bien, como esta iniciativa, a través de la delegación de su facultad exclusiva de regular las comisiones a la CNBV.

El sistema bancario es una herramienta para asegurar que el ahorro se canalice a la inversión y el empleo. Mientras los nuevos líderes políticos ven cómo menguar a la “mafia del poder”, otros países consolidan agendas para avanzar en el cooperativismo mutuo y en la creación de una banca de desarrollo comprometida con el empresariado. Mientras México se rasga las vestiduras por ocurrencias sin sentido, el mundo observa cómo nos acercamos más a una debacle financiera.

Ley de remuneraciones, ¿avance o retroceso?

Finalmente se publicó la Ley Federal de Remuneraciones que impulsó Morena al inicio de este periodo legislativo, con la desaprobación del resto de las fuerzas políticas. El fondo de esta ley no está en discusión; era importante regular el Artículo 127 constitucional, pero, si había un interés genuino en legislar este vacío jurídico, ¿por qué hacerlo al vapor? ¿Y sin sumar una sola de las recomendaciones de la oposición?

En principio, quiero resaltar que no hay novedad en el proyecto que se publicó, ya que la mayoría de los preceptos están contemplados en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Federación, y en documentos donde se desglosan los límites de las remuneraciones. Sin embargo, considero imperante realizar una crítica sobre algunas complicaciones que encuentro en esta nueva legislación.

En primer lugar, no incluye un apartado de definiciones. Y es relevante, ya que deberíamos estar discutiendo qué es una remuneración y cuáles conceptos incluye. Por ejemplo, la remuneración establecida en los tabuladores en realidad no se refiere a un salario integrado, porque el sueldo de un presidente, más que un salario, es un ahorro neto, dado que, por separado, cuenta con muchas otras compensaciones.

Además, el Artículo 3º, que menciona los principios rectores que regirán las remuneraciones, no toma en cuenta principios básicos como la legalidad, la imparcialidad y, sobre todo, la igualdad, al menos no en los términos establecidos en el Artículo 1º de la Constitución.

Recientemente circuló en redes sociales un tabulador que revela una disminución del 70% en el sueldo de los mandos medios. Y me apena que el debate esté centrado en cuánto hay que disminuir el sueldo de los burócratas, en lugar de estar analizando, qué cargos de gobierno tienen mayor responsabilidad, para así poder alcanzar un salario justo.

Y así llegamos a este momento de la historia, con una ley de remuneraciones con grandes deficiencias, bajo un marco jurídico obsoleto y que no abona en la consolidación del gobierno eficiente que demandan los ciudadanos. Quienes entendemos la magnitud de sus implicaciones intentaremos corregir sus deficiencias en Cámara; de lo contrario, debemos resignarnos a iniciar un nuevo gobierno, con una muy preocupante crisis burocrática.

Hacia la bancarrota

A partir de que el gobierno electo anunció el futuro del NAIM, las consecuencias económicas ya están a la vista de todos: se vivió la depreciación más fuerte de nuestra moneda desde 2016, el dólar superó los 20 pesos.

También vimos un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores equivalente a más de 18 mil millones de dólares en valor de capitalización bursátil y, lo que es irónico, uno de los argumentos a favor de Santa Lucía es que reduciría los costos de inversión; sin embargo, esta caída representó 32% más de los 13 mil 300 millones de dólares que hubiera costado el NAIM.

López Obrador señaló enérgicamente que llegó la hora de que la democracia someta a los mercados financieros. Desafortunadamente, la economía internacional no funciona así; Morgan Stanley redujo el grado de inversión sobre activos mexicanos, Moody’s respondió a los resultados de la consulta bajando la calificación de los bonos de carbono a una perspectiva negativa, ya que el proyecto alternativo no puede asegurar la fuente de ingresos pronosticada.

Además, el banco de inversión suizo UBS advirtió que el gobierno entrante podría utilizar este tipo de ejercicios como una práctica común para la toma de decisiones tan relevantes como la extensión de facultades de Banxico y el uso de las reservas internacionales para saldar la deuda, hasta la prolongación de su mandato por más de seis años.

Yo quisiera insistir, una vez más, en la importancia de la consulta popular, pero siempre y cuando se siga el procedimiento establecido en nuestra constitución.

Recientemente, los legisladores de Morena aprobaron un dictamen en sentido negativo de la Cuenta Pública 2016; de nuevo, ven un juego político en los asuntos técnicos y económicos del país. Quieren ocultar tras un dictamen que solo es un copy-paste de las fichas de la Auditoría, decisiones tan preocupantes como las de la cancelación del NAIM.

La estabilidad económica de este país no es un juego y se ha construido a lo largo de décadas, pero destruirla será más rápido de lo que imaginamos, quizás será la primera vez en la historia que veamos un presidente que pudo recibir un país con crecimiento e inversiones y, ahora sí, lo recibirá en bancarrota.

Repercusiones económicas de las malas decisiones

Las malas decisiones de política pública pueden desencadenar una serie de acciones que afectan la estabilidad económica nacional.

Tener un México competitivo se alcanza necesariamente bajo la senda del crecimiento económico, y para ello, el profesionalismo del gobierno electo jugará un papel fundamental.

Contradictoriamente a este objetivo, hemos visto acciones de la coalición electa que se han transformado en enormes amenazas a la estabilidad económica: 1) incrementar las facultades de Banxico para que no se ocupe exclusivamente de la inflación; 2) la futura estrategia para el sector energético, que ha ocasionado una caída en la calificación crediticia de Pemex; y 3) el someter a consulta el proyecto del NAICM.

Desde ambas cámaras se suscribieron iniciativas para reformar la Ley de Banxico, enfatizando la necesidad de que éste use parte de las reservas internacionales para financiar el crecimiento y liquidar la deuda. Las reservas no son una fuente de riqueza neta; sin embargo, el tenerlas estables se traduce en señales positivas para los mercados financieros en términos de inversión y planeación.

En materia energética, es importante notar que el pasado viernes, la calificadora Fitch Ratings bajó la perspectiva crediticia de Pemex, de “estable” a “negativa”, señalando que podría seguir deteriorándose gracias al cambio de estrategia. Adicionalmente, Moody’s apuntó que si se aprueba que la CNH y la CRE dejarán su autonomía para subordinarse a una secretaría, sería algo que dañaría aún más la confianza de los inversionistas.

Finalmente, la consulta de la construcción del NAICM. ¿Por qué pedir consejo a la población de una obra que tiene como base estudios muy especializados? ¿Por qué la consulta es tan sesgada hacia entidades con preferencia hacia Morena? Y reitero, que no estoy en contra de las consultas populares pero sí sobre temas técnicos.

El ejercicio del poder, nos guste o no, entraña el acto de tomar decisiones a nombre de los representados. Y delegar esa responsabilidad es un contrasentido. Frente a un México de enormes desigualdades y una ciudadanía con tantas esperanzas, tomar las decisiones correctas, por encima de la demagogia política, es elemental.

Economía incluyente, al servicio de todos

Una de las principales demandas de los ciudadanos, es que las instituciones estén al servicio de la sociedad; y desde hace muchos años, durante mis intervenciones en diversos foros, he insistido en la inclusión como pilar fundamental para una sociedad más participativa, representativa e igualitaria.

México está en la región más desigual del mundo: Latinoamérica; y según la OCDE, somos el penúltimo lugar en desigualdad, sólo después de Chile. Por ello, la búsqueda de la inclusión social y económica es un tema esencial para la consolidación de una nación con un crecimiento sostenido y sostenible para todos.

Según el Índice de Desarrollo Incluyente del World Economic Forum, México ocupa la posición número 29 de 78 en naciones emergentes; sin embargo, si la medición fuera mundial, ocuparíamos el lugar 56 de 107 países.

Considerando la importancia del tema, en 2016 iniciamos una aventura denominada: “Acciones para una economía incluyente”, movimiento que buscaba recoger los testimonios de líderes políticos, económicos y sociales del país.

Dicho esfuerzo, se vio consolidado en la creación de “Valor México: Por una Nación Incluyente A.C.”, que funge como un generador de ideas para colocar a las personas y su nivel de vida en el centro de la política económica nacional, y con el esfuerzo y la participación de todos los sectores, presentamos este 18 de octubre, el “Índice Nacional de Inclusión Económica 2018”, que engloba ocho pilares: Educación, Empresas, Infraestructura, Empleo, Incentivos Fiscales, Ética y Política, Inclusión Financiera y Certeza de la Propiedad, que estoy segura será un referente para creación de políticas.

Un paso más hacia el México competitivo

El efecto acumulativo de rigurosas regulaciones en trámites gubernamentales, tiene un impacto directo en la competitividad que presenta un determinado país a nivel internacional. Ésta problemática es un obstáculo para muchas naciones, incluyendo México.

Quiero reconocer que hemos avanzado significativamente en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados.

Desde 2009, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), ha realizado ejercicios para medir el costo económico que representan los trámites y servicios del gobierno federal como proporción del PIB.

Dichos estudios demostraron que al inicio de la presente administración el costo económico de los trámites y servicios federales representaba el 4.3% del PIB nacional. Sin embargo, como resultado de las acciones implementadas, se logró reducir el costo de la regulación federal en tan solo 18 meses en más de 265 mil millones de pesos, y hoy los costos representan el 2.5% del PIB nacional.

Según la OCDE, de los 39 países que han mostrado avances en materia de mejora regulatoria, México se ha destacado por ser uno de los líderes del grupo. Adicionalmente, instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han reconocido nuestras prácticas y programas como los mejores del mundo.

Hemos prosperado, según el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria; el avance promedio de la política de mejora regulatoria a nivel nacional es de 35.3% y hay estados que se encuentran por encima de este promedio, sin embargo, aún existen 14 entidades federativas que se encuentran por debajo del mismo.

Recientemente, tuve el honor de ser designada como secretaria de las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, así como la de Economía Social y Fomento del Cooperativismo en la Cámara de Diputados, lo que estoy segura me ayudará a impulsar las metas que deben ser alcanzadas para perfeccionar nuestro marco regulatorio.

Dado que ambas comisiones tratan este tema, considero que es responsabilidad de todos los que la conformamos, indistintamente de nuestras trincheras políticas, el consolidar la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y continuar promoviendo acciones que beneficien a todos los ciudadanos.

Altas tarifas eléctricas, ¿tienen solución?

Durante la temporada de calor, en diversas regiones del país aumenta el consumo de energía eléctrica, incrementando los costos de facturación. Esto se ha vuelto un problema para ciertas entidades, particularmente, Tabasco. Desde hace décadas los tabasqueños hemos sido víctimas de tarifas eléctricas impagables, lo que ha conllevado a un adeudo histórico que incrementa exponencialmente sin solución real.

Por ser un tema urgente, presenté una iniciativa ante la Cámara de Diputados con el objetivo de establecer una tasa reducida del IVA en la facturación del consumo doméstico de electricidad, para los meses determinados como los más calientes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dicha regulación sólo aplicaría en municipios donde la temperatura haya alcanzado los 33 grados centígrados, conforme al reporte de temperatura que publique la Conagua.

Tabasco figura entre las 10 entidades que más gastan en energía eléctrica y la razón es porque la CFE aplica las tarifas 1C y 1D, que “teóricamente” deberían aplicarse a estados con temperaturas máximas en los meses de verano de 30 y 31°C. Al estar sujetos a esta tarifa, los tabasqueños que rebasan el consumo permitido por la CFE tienen que pagar una tarifa de castigo, algo que ha resultado en facturas muy elevadas.

El artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una tasa general de 16% para todos los contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios independientes, pero dicho impuesto es trasladado a las personas que adquieran los bienes o reciban estos servicios. Mi propuesta es aplicar un IVA con tasa 0% en la facturación que realice la CFE a las tarifas de consumo doméstico autorizadas durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de cada año.

Medidas similares se han aplicado en Europa. En Reino Unido, los ciudadanos tienen acceso a créditos fiscales en algunos meses. En España, se inició una campaña exponiendo que la luz no es un lujo sino una necesidad y a su vez exigiendo que el IVA sea reducido del 21% al 4%.

Sí hay soluciones y medidas eficientes para esta problemática a la que nuestros ciudadanos exigen una respuesta clara, y sobre todo para apoyar la economía familiar de millones de hogares.

¡La luz no es un lujo!, es un servicio necesario para alcanzar el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa.

Necesitamos seguir avanzando

El México de hoy sin duda es significativamente mejor que el de hace seis años: con menor pobreza extrema, control en la rectoría de la educación, con proyectos de infraestructura relevantes para la competitividad y la conectividad del país y con una mayor estabilidad macroeconómica.

Según el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), entre 2012 y 2016, más de dos millones de personas dejaron de vivir en la pobreza extrema.

Asimismo, se logró que millones de personas más contaran con servicios básicos en sus hogares, con calidad y espacios en la vivienda, con un mayor acceso a los servicios de salud y seguridad social.

El estado mexicano tuvo la capacidad de recuperar el control del sistema educativo y logró poner en el centro a los propios alumnos mexicanos. La reforma educativa ha permitido que 11 entidades federativas muestren mejores índices en su calidad educativa, con profesores más capacitados y mejor evaluados que responden a estímulos de desempeño basados en las mejores prácticas internacionales.

En competitividad, se requería una mayor infraestructura de comunicaciones: de ahí la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el tren rápido México–Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara que aprovechan derechos de vías históricos, 35 mil km de caminos rurales, más del doble de capacidad portuaria y la modernización de 28 aeropuertos.
Gracias a las reformas estructurales, contamos con nuevos motores económicos en el sector energético y de telecomunicaciones, con inversiones esperadas de alrededor de 250 mil millones de dólares; lo que ha permitido que en un contexto internacional de bajo crecimiento y disminución de precios de petróleo, nuestra economía se haya mantenido resiliente y estable.

Sin finanzas sanas y responsabilidad en el manejo presupuestal, no podrían haber inversiones y empleo y en esta administración se alcanzaron cuatro millones de empleos formales; cifra mayor a los últimos dos sexenios.

Por supuesto que queda mucho por hacer, pero lo logrado debe ser protegido en los próximos años.

Por eso, hago votos por un gobierno fuerte, sereno y constructor de un México moderno, y también para que el Congreso de la Unión funja como un contrapeso serio, cuya fuerza no esté en los números sino en la razón, en los argumentos y en las ideas.

Fortalezcamos nuestro federalismo

El federalismo mexicano constituye el pilar sobre el que se ha constituido la soberanía nacional. Por ello, nuestro grupo parlamentario incluyó dentro de la agenda legislativa, y a petición de un grupo de legisladores en el cual me incluyo, fortalecer y defender fuertemente el federalismo. Recientemente, el presidente electo de México se reunió con la Conago para discutir su propuesta de presupuesto para las entidades federativas y su Plan de Austeridad, y específicamente la eliminación de los delegados federales para sustituirlos por un coordinador estatal. Esta propuesta ha generado una gran polémica entre los gobernadores, algunos argumentando que la instauración de esta figura representaría un riesgo para la soberanía de las entidades federativas.

Según la explicación de la administración entrante, los 32 coordinadores estatales ayudarían en el ejercicio de los recursos federales y vigilarían que éstos sean destinados para lo que fueron comprometidos, sin intervención de la administración pública estatal o municipal; y es que muchos programas y proyectos federales requieren la participación de estos órdenes de gobierno, ya sea para canalizar los recursos o para integrar los padrones de beneficiarios.

Es decir, de llevarse a cabo esta iniciativa, cada coordinador se convertiría en la máxima autoridad a nivel estatal sobre la aplicación de recursos federales y fungiría como único enlace para los estados con el gobierno central. Ahora quisiera aclarar que la figura de un coordinador estatal no tendría impedimentos jurídicos, pero sí implicaría reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que ésta en su artículo 17 sólo refiere a que las dependencias y entidades federales pueden contar con las delegaciones necesarias para asegurar que los procedimientos que les competen se lleven a cabo en los estados.

Así que la propuesta de contar con una sola figura de contacto, supondría una “desconcentración” de las funciones de cada secretaría u organismo, y al mismo tiempo de “concentración” de todos los programas en este súper delegado estatal. De no hacer los cambios orgánicos legales, podríamos imaginar a este súper delegado priorizaría el presupuesto que se bajará a los gobiernos estatales y determinar qué programas deben o no seguir, e inmediatamente después, viajar por toda la República en busca de las autorizaciones correspondientes con cada secretario, subsecretario o titular de oficina; lo cual a todas luces parece una pérdida de eficiencia del Estado. Y por el otro lado, se le quitaría una participación importante a los órdenes subnacionales frente a la federación, y restaría participación a quienes están más cercanos a las problemáticas locales, lo cual también pareciera una medida de austeridad poco inteligente.

Desde su adopción en 1824, el federalismo en México reconoce la existencia de fuerzas políticas distintas al poder central.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!
Twitter @PerezSoraya

Nuevo modelo energético ¿está en peligro?

Como he señalado en reiteradas ocasiones, el servicio público es una vocación, y debe ejercerse con gente preparada y especializada en el área que se requiera. Si bien uno esperaría que la “Cuarta transformación” viniera acompañada de cambios reales, con los recientes nombramientos para CFE y Pemex por parte del presidente virtual electo, parece que lo que en realidad nos espera es una buena dosis de presidencialismo y verticalidad en la toma de decisiones; que pondrían poner en peligro, en este caso, los avances obtenidos en el nuevo modelo energético de México.

Tanto CFE como Pemex cuentan con graves problemas de administración interna y pérdidas financieras asociadas con problemas añejos y no recientes: décadas de falta de inversión, por no haber contado con un marco normativo adecuado para generar alianzas que nos provean de tecnología y capital. De acuerdo con los estados financieros de ambas empresas, en conjunto representaron una pérdida total de más de 84 mil millones de pesos en el primer trimestre de este año, y operar semejantes condiciones no es ni será tarea sencilla.

A la Reforma Energética, como menciona Lourdes Melgar, ex subsecretaria de Hidrocarburos y académica del MIT, se le ha pedido lo que no puede dar: resultados inmediatos. Y por tanto se le ha responsabilizado de todo, especialmente de las ineficiencias de Pemex, cuando en realidad había sido por un esquema donde los ingresos que se generaron durante décadas fueron a parar en subsidios que beneficiaron sólo al 20% más rico de la población, y no a un necesario programa de modernización del transporte urbano para darle opciones de movilidad a los ciudadanos.

Sin duda hay desafíos importantes en la implementación del nuevo modelo energético en México, que deben generar las certidumbres necesarias para que las inversiones derivadas sigan fluyendo; y para que sigan participando empresas privadas generadoras de energía más limpia, eficiente, y por ende, más barata.

Necesitamos además atender nuevos retos, como el cambio climático y el declive en el uso de energías fósiles a nivel mundial. Estas tendencias internacionales exigen que nuestro país se una a la corriente global por el uso eficiente de energéticos.

Por ejemplo, Japón anunció que su meta para 2050 será fabricar solamente vehículos eléctricos; y Francia, Noruega y la India se han puesto como objetivo acabar con la venta de automóviles que usan combustibles fósiles.

Si queremos lograr el México posible, con una economía incluyente para todos, debemos de elegir ver hacia el futuro, estar a la altura de los países que han visto en la energía una enorme fuente de riqueza pero al mismo tiempo de responsabilidad social con el medio ambiente, el fomento industrial y las nuevas generaciones.

Si queremos una transformación verdadera, reconozcamos en dónde estaríamos sin reforma y la urgencia de continuar dando pasos sólidos para la atracción de inversiones y empleo; porque el progreso y la modernidad son los únicos caminos para alcanzarla.
¡Hasta nuestro próximo encuentro!
Twitter @PerezSoraya

Descentralización y fuga de talentos

 La noticia que ha prevalecido en las últimas semanas, es sobre la discusión de las propuestas de austeridad y contra la corrupción del presidente electo López Obrador. Si bien me parece muy importante poner estos temas sobre la mesa, reconozco que el enfoque de algunas políticas también me generan incertidumbre.

Hasta principios de este año, tuve el honor de servir a mi país como presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN); y desde mi experiencia, debo señalar que tanto la descentralización o pulverización del ejercicio de la función pública, como el desmedido recorte de salarios a servidores públicos son las propuestas que me preocupan.

Si bien, al día de hoy, el gobierno cuenta con 116 inmuebles distribuidos en 25 estados de la República, esto no significa que sean idóneos para cada dependencia que se descentraliza; justamente la razón por la cual forman parte de este inventario, es que no fueron considerados útiles para el servicio público.

Por ello, el papel del INDAABIN será trascendental en la implementación de esta política, pues es necesario que avale la cantidad de personas que estarán en cada inmueble, autorice los arrendamientos correspondientes y los proyectos de obra pública.
Dentro de este punto, es importante señalar que el argumento del nuevo gabinete se ha centrado exclusivamente en la necesidad de promover el desarrollo económico regional, y se ha pasado por alto el aspecto más importante de esta propuesta y del servicio público: su capital humano.

Desplazar al personal porla república es algo sumamente complejo que requiere de una adecuada planeación estratégica. Durante muchos años, se ha satanizado a los funcionarios públicos; y en ese sentido, habría que reconocer que sus condiciones laborales han ido disminuyendo y los centros de trabajo demeritándose. Ni que decir de un sistema de evaluación que premie la productividad o que facilite la separación a quien no cumpla adecuadamente con los objetivos de sus plazas.Señalar a los miles de servidores públicos como corresponsables de los complejos problemas que tenemos, solamente me parece una válvula de escape que redirige el resentimiento social a quienes menos la deben.

Una transformación responsable

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente publicó su pronóstico sobre el crecimiento de la economía mundial, alertándonos, y haciendo un enérgico llamado a evitar el proteccionismo radical y a promover el crecimiento a favor de la expansión a nivel global.

Para México, las expectativas de crecimiento se redujeron de 3% a 2.7%, debido a la incertidumbre de las medidas anunciadas en la próxima transición gubernamental, y por la renegociación del TLC.

Esta situación nos invita a reflexionar, pues México debe buscar una transformación responsable; a través de políticas públicas ajustadas a la realidad de un mundo abierto al intercambio comercial y, sobre todo, que contribuyan a encender los motores del crecimiento.

La relevancia de la advertencia del FMI en este sentido, se ejemplifica con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, pues dicha medida ha desequilibrado a la economía mundial y comienza a afectar a países que una vez confiaron en su mercado, como el caso México.

El proteccionismo estadounidense no beneficia ni siquiera a dicho país; crea desequilibrios, ineficiencia, y, además, afecta la competencia y la producción local. México debe verse en este espejo; si una lección nos deja tener de vecino a Trump, es que las políticas económicas deben ser responsables y racionales, dejando la demagogia para otra ocasión.

Si el nuevo gobierno define un modelo basado en los subsidios y un comercio cerrado, implicaría la necesidad de más ingresos, y estos sólo se generan con más impuestos, con incremento de la base gravable, aumentando la deuda, o con impresión de papel moneda. No hay duda de que en México tenemos grandes retos.

Si queremos iniciar la transformación del país, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Estoy convencida que, desde el Congreso, ayudaremos a construir un mejor país para todos; sin embargo, tenemos que hacerlo asumiendo el compromiso de lograr el México incluyente y con crecimiento que merecemos.

La tarea es de todos

En Tabasco, y el resto del país, nos enfrentamos a una realidad desafiante.

En medio de este contexto, me encuentro sumamente comprometida con el honor y la oportunidad que me brinda mi instituto político para ser la voz de los tabasqueños a partir del primero de septiembre desde el Congreso de la Unión.

Una gran parte de la población votó por un cambio en el modelo económico y por la esperanza de alcanzar un mejor nivel de vida. La pregunta inmediata es, ¿esto es trabajo exclusivo del Presidente? Yo estoy convencida que la tarea es de todos.
El ciudadano debe exigir tener las oportunidades suficientes, para que, a partir de su trabajo, pueda salir adelante; pero debe hacerlo de forma participativa.

Un mexicano responsable también demandará al Presidente electo, a los nuevos gobernadores y a quienes formen parte de este nuevo gobierno, pongan su trabajo al servicio de México; no es tiempo de intereses particulares, y la mejor vía para hacerlo es justamente a través del Congreso de la Unión.

El Congreso es el contrapeso del Ejecutivo. Los diputados debemos vigilar que el Presidente, que los gobernadores y cada uno de los funcionarios, demos un uso adecuado a los recursos públicos que los ciudadanos aportan.

El trabajo para la próxima Legislatura será arduo, pues la percepción del desempeño del Congreso de la Unión es mala. Los diputados, junto con los partidos políticos y los sindicatos, son las instituciones en las que menos confían los ciudadanos.

En esta nueva etapa de México, hago un llamado al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a todos los integrantes de su gabinete, a quienes formaremos parte del Congreso de la Unión, y a todos los ciudadanos responsables a que participemos activamente en la construcción del México que merecemos.

La discusión ya no trata de partidos políticos, ahora versa en las ganas y el entusiasmo de lograr un país más equitativo, con más oportunidades, moderno y con crecimiento; un México más incluyente, con un gobierno al servicio de los mexicanos, y no al servicio de unos cuantos.

La agenda pendiente de México

En esta participación quiero destacar que nuestro país se encuentra en un momento que marcará la vida política de las futuras generaciones. El primero de julio, México eligió el camino a seguir en los próximos seis años; pero nuestra responsabilidad ciudadana no termina con el voto.

Fue muy grato observar un ejercicio democrático transparente y eficiente, en el que nuevamente fuimos testigos de instituciones electorales a la altura que se esperaba en esta trascendental elección.

Con este giro de timón, no se debe perder de vista que México ha logrado una estabilidad económica importante; aunque también persisten grandes problemas que no podemos dejar de lado: pobreza, corrupción e inseguridad.

Atender la pobreza y la desigualdad es urgente. De modo que una economía regionalizada como la nuestra condena a millones de mexicanos del sur a no poder aspirar a mejores oportunidades. Por ello, se deben generar las condiciones de inclusión, al tiempo de atraer inversión y desarrollo.

La corrupción ha generado a nuestro país altos costos económicos, políticos y sociales. Ante este reto el camino es, y seguirá siendo, el fortalecimiento de las instituciones; tenemos que mejorar los mecanismos de detección, imponer castigos firmes y reforzar los pasos que ya se han dado, como la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, tenemos el tema de la inseguridad; ese cáncer merma el desarrollo económico y castiga en mayor medida a las personas en situación de pobreza. Estamos en deuda con un país que nos exige las condiciones mínimas para desarrollar nuestra vida en armonía.
Es momento de cerrar filas, de trabajar unidos por el país que anhelamos. Lo que sigue es exigir un firme compromiso de nuestros gobernantes; un Congreso que piense en la gente y la mejor actitud de los ciudadanos.

En este momento, reafirmemos nuestro compromiso con el país desde el lugar donde nos encontremos, demostrando que juntos, todos los mexicanos, podemos consolidar el México que sí es posible.

Es el momento de México

Los retos de nuestro país son evidentes, no podemos cegarnos a la realidad; hoy en día la corrupción, la inseguridad y la creciente desigualdad, están a la vista de todos. Yo, al igual que muchísimos mexicanos, estoy indignada con nuestra situación; necesitamos un cambio, y lo necesitamos ya.

Por eso, he decidido depositar mi confianza en la única persona capaz de guiar a México a la estabilidad y al crecimiento. Conozco a Pepe Meade desde hace más de 10 años, coincidí con él en el entonces Colegio Nacional de Economistas, entregando un valioso documento económico a Enrique Peña Nieto, quien era el candidato ganador en ese momento. Pepe se desempeñaba como Subsecretario de Ingresos, y desde el principio noté que era una persona totalmente comprometida con su trabajo.

Desde INDAABIN, pude dar cuenta de su gran visión y probada capacidad, pues durante su segunda designación como Secretario de Hacienda conté con su respaldo en proyectos como la red compartida de telecomunicaciones, demostrando una vez más su liderazgo y colocando a México a la altura de las naciones más avanzadas.

No me sorprende que su impecable trayectoria lo haya traído hasta aquí; después de mostrar una y otra vez ser un gran conciliador, constructor de puentes, y un experto en políticas públicas, lo natural sería dirigir esta Nación.

Estos meses de campaña refuerzan en mí lo que conozco de Pepe: que es una persona con un profundo amor por su tierra, cuya aspiración es poner su capacidad al servicio de los mexicanos. Pude corroborar que no es un político tradicional, su fuerza está en su congruencia, en su experiencia, y en la gran calidad moral que inspiran él y su familia.

Me siento muy honrada por formar parte de esta aventura y profundamente comprometida a seguir su ejemplo desde la Cámara de Diputados. Hoy, más que nunca, les pido que pensemos en el país que merecemos, porque un voto por Meade es un voto por México, y éste, es el momento del México que soñamos.

México: ¿Women Power?

A pesar de que las mujeres representamos más del 50% de la población, aún no existen las condiciones económicas, sociales y políticas que nos permitan acceder a una vida de igualdad en todos los sentidos; en pleno siglo XXI el tema de equidad de género ya no debe ser visto como un asunto de justicia social, sino como un tema de eficiencia, de rentabilidad y de economía, que de no atenderse seguirá frenando fuertemente el desarrollo económico.

De acuerdo al Foro Económico Mundial, el mundo tardará más de 100 años en cerrar la brecha de género. Además, en este reporte México tiene una de las más bajas calificaciones con respecto al resto del mundo, pues ocupamos el lugar 66 de 144 países.

En nuestro país hay más de 13 millones de mexicanas que nunca han trabajado. Esto se debe a la dificultad implícita que tienen las mujeres para obtener un trabajo, lo que se traduce en informalidad o en trabajos con una remuneración baja, lo que causa que en promedio ganemos 30% menos que los varones.

Sin embargo también hay cosas buenas, pues gracias a la Reforma Política, impulsada por el Presidente Peña Nieto, la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión se ha incrementado de manera importante, aunque aún queda mucho por hacer. Es por esto que incluir a la mujer en la vida económica y asegurarle espacios de liderazgo debe ser una tarea prioritaria en la agenda política y social de nuestro país; de hecho, está comprobado que eso nos permitiría crecer de 3 a 5 puntos de nuestro PIB.

Seamos claros, la brecha entre hombres y mujeres, es un problema estructural, inmerso en la cultura y en el accionar de México; es trabajo de las instituciones, de los legisladores y de los gobiernos trabajar por revertir esta situación. Es por esto que aplaudo a las mujeres empoderadas y talentosas que trabajan día con día para construir un futuro más justo para todas; hoy más que nunca, nuestro país necesita mujeres líderes construyendo el México que nos merecemos.