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Lunes 06 Julio del 2020
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Astillero

¿Quién pretendía callar a Gatell?

Poca atención mereció el fallido intento, por la vía judicial, de acallar al subsecretario en jefe de la estrategia federal ante el Covid-19, Hugo López Gatell, y a los demás servidores públicos que diariamente ofrecen una conferencia de prensa sobre el crítico problema sanitario en curso.

Detrás de tal pretensión estuvo la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada que a través de su presidente, Óscar David Hernández Carranza (quien fue consejero nacional y presidente de comisiones en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex) buscó que un juez federal ordenara suspender tales conferencias, en tanto se resolviera como asunto de fondo la legalidad de estas, pues a juicio del quejoso “los funcionarios incurren en omisiones y contradicciones en relación a los actos para enfrentar la pandemia COVID-19”.

El tema no generó más polémica porque Laura Gutiérrez de Velazco Romo, titular  del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del primer circuito, atajó la demanda de la citada fundación filantrópica. Pero resulta interesante el perfil de esta agrupación, que es más conocida por el nombre de su órgano noticioso, “Somos Hermanos”. La Fundación para la Promoción del Altruismo forma parte de la Junta de Asistencia Privada, un mecanismo de recaudación de fondos para ayuda comunitaria de la que esta columna informó con amplitud crítica en 1997.

En la entrega del 3 de noviembre de 1997 se mencionaba: “Decenas de millones de los pesos que los mexicanos pobres dejan al Nacional Monte de Piedad (NMP) al empeñar y perder sus propiedades, han sido utilizados en los cuatro años recientes para financiar tanto promociones políticas personales como muy dudosas fórmulas de presunta asistencia humanitaria”. Todo ello, a través de la Junta de Asistencia Privada que presidía “Víctor García Lizama, un político yucateco que entre sus principales cargos cuenta el haber sido secretario general del breve gobierno del general Graciliano Alpuche Pinzón, y director general de Aduanas. Quienes lo conocen le ubican, ideológicamente, a la derecha, y muy cercano a segmentos del catolicismo tradicional”. En ese y otros Astilleros de aquellas fechas se describieron “algunos de los casos anómalos encontrados en una pila de expedientes y documentos revisados por esta columna”

García Lizama es actualmente “asesor jurídico voluntario” del patronato de la mencionada fundación, que además de “Somos Hermanos” tuvo el portal informativo “Anunciación”. En cuanto al presidente, Hernández Carranza, en su ficha de Linkedin señala ser fundador de “México de Diez”, presidente y fundador de la asociación civil “Premio Nacional de Salud” y ser “Director General de LLOYD INTERNATIONAL, SC., casa de Certificación de prestigio internacional”. Además, detalla las comisiones que presidió en la Coparmex.

Ayer se reportó la cifra más alta en fallecimientos por Covid-19, conforme a los registros día a día que dan las autoridades de la Secretaría de Salud. Fueron 424 muertes. Al tiempo que continúa la escalada fúnebre, los gobiernos federal, capitalino y de varios estados exploran las posibilidades de retornos parciales a la actividad productiva en varios rubros, no solo los considerados esenciales.

Difícil resulta conciliar la legítima protección sanitaria colectiva con la pragmática necesidad de evitar la profundización de una crisis económica que está a la vista. El relajamiento de las medidas de prevención está siendo impulsado en cuanto voces autorizadas hablan ya de fechas para desescalar progresivamente las contenciones hasta ahora fatigosamente aceptadas y ejecutadas no por todos.

En paralelo, el desempleo, el cierre de empresas y el previsto mayor empobrecimiento general obligan a calcular acciones arriesgadas en términos de salud pero considerables en términos económicos. Ese es el dilema.

¿Dar registro a México Libre?

Los recientes señalamientos de la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, respecto al conocimiento que tuvo la administración de Felipe Calderón Hinojosa de las andanzas delictivas de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, inciden en un tema a resolverse en el corto plazo, la aprobación o rechazo de la pretensión del mencionado político michoacano de hacerse de un partido de índole esencialmente familiar, denominado presuntivamente  como México Libre.

Aun cuando el citado Calderón Hinojosa y sus huestes cibernéticas pretenden darle un sentido descalificatorio a una tercia de tuits emitidos por la citada diplomática estadunidense, lo cierto es que la grabación, puesta ayer mismo a disposición del público en la página de internet de la revista Proceso, muestra con claridad lo originalmente planteado: en Washington se sabía el tipo de personaje que era el brazo policiaco ejecutor de Calderón, pero por pragmatismo se trabajaba con él, de cuyo historial también sabía el propio jefe político máximo de esa facción, hospedado durante seis años en Los Pinos.

El propio periodista Jesús Esquivel detalló lo relacionado con esa entrevista con Jacobson, según puede verse en https://bit.ly/2YyaEE1 . En realidad, el enfoque polémico preferido por el calderonismo es equívoco a conveniencia (de ello habló ayer Anabel Hernández: https://bit.ly/3c5zFuk ): se pretende centrar y anclar la discusión en el punto del conocimiento o no de Calderón respecto a lo que hacía su virtual vicepresidente policiaco, como si en la realidad práctica pudiese haberse dado una disociación radical entre quienes en los hechos fueron siameses operativos: ejecutor implacable Genaro de las decisiones de Felipe (¿o al revés?), causantes ambos de la vorágine denominada “guerra contra el narcotráfico” que buscó dar “legitimidad” al fraudulento Calderón en su “presidencia” funeraria y, al mismo tiempo, rediseñar, a conveniencia de quienes entonces tenían el poder político y policiaco, el mapa del narcotráfico en México para favorecer a un cártel, el de Sinaloa, y utilizar la fuerza armada institucional contra los competidores del cliente protegido.

Las graves acusaciones radicadas en Estados Unidos contra el preso García Luna, y la confirmación de que Calderón Hinojosa sabía lo que hacía su copiloto sangriento (un “saber” que, en esas alturas del poder, significa asentimiento y complicidad, cuando no instrucción expresa), tienen naturales consecuencias políticas.

Parte de la tragedia nacional y de la descomposición institucional pasa por el ejercicio de poder que el crimen organizado ha practicado abiertamente en los ámbitos gubernamentales de los tres niveles (federal, estatales y municipales) y en las cámaras nacionales y estatales a partir del financiamiento de opciones partidistas y electorales que al llegar a los correspondientes cargos deben responder a los intereses de sus patrocinadores, implacables en cuanto al cobro de sus réditos políticos y económicos.

En ese contexto de vasos comunicantes entre alguien acusado en Estados Unidos de ser un recaudador de dinero del crimen organizado, y un exocupante de Los Pinos que dirige la construcción de un nuevo partido, y dadas las recurrentes pruebas de proclividad falsificadora de los promotores principales de México Libre, es necesario que el maltrecho Instituto Nacional Electoral (incompleto por la salida calendarizada de cuatro de sus consejeros y política y socialmente desgastado, sobre todo su actual presidente movedizo, Lorenzo Córdova) revise a fondo los procesos de las asambleas distritales que darían paso al otorgamiento del registro de México Libre como partido político.

Sin duda, hay ciudadanos que de manera legítima y respetable decidieron apoyar la opción calderonista y zavalista, pero también hubo señalamientos reiterados del pago en efectivo a asistentes (entre otros temas económicos). Terrible sería que el dinero de García Luna estuviese al servicio de otro proyecto político de su siamés Calderón Hinojosa. ¡Hasta mañana!

Gobierno: no al toque de queda

A partir de un acuerdo del Consejo de Salubridad General se declaró ayer el estado de “emergencia sanitaria” en el país, que busca ampliar y detallar las medidas de gobierno en busca de mitigar y contener la expansión del Covid-19.

Resalta la reiteración de que el Gobierno de la República no considera ni cree en acciones como el llamado “toque de queda” y que se sigue privilegiando la expectativa de la voluntad personal como mecanismo de resguardo y cuidado, aunque al mismo tiempo hubo la advertencia de sanciones administrativas (que pueden implicar la clausura de un negocio) e incluso penales si el incumplimiento de las instrucciones a empresas privadas generara daños a la salud o muertes.

La sesión informativa del caso fue realizada en Palacio Nacional, a partir de las 19:00 hrs y tuvo como principal expositor al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien leyó el texto amplio a publicarse en el Diario Oficial de la Federación y respondió las principales preguntas de los reporteros, mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se mantuvo callada.

La reunión fue presentada por el secretario de salud, Jorge Alcocer, aunque la conducción del tema sanitario fue asumida, como ha sido hasta ahora, por el subsecretario vocero, Hugo López Gatell. El presidente de la República no estuvo presente.

Además de la extensión del plazo de aislamiento social hasta el último día de abril, otro de los temas que generaron polémica en las redes sociales fue el relativo a los pagos que las empresas deben hacer a sus trabajadores durante este periodo de inactividad y la manera en que ciertos patrones habrán de interpretar lo “esencial” o no del rubro al que se dediquen.

También será necesario precisar la forma en que se hará cumplir la indicación de que adultos mayores de 60 años deben estar en resguardo domiciliario estricto.

El saludo del presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera, quien fue jefe visible del poderoso Cártel de Sinaloa, fue explicado a detalle en la conferencia mañanera de prensa, donde el titular del poder ejecutivo aseguró que se trató de un gesto de humanidad ante una madre de 92 años que desea ayudar a su hijo, conocido como el Chapo y preso actualmente en una cárcel de Estados Unidos.

López Obrador dio a conocer la carta que Consuelo Loera le había hecho llegar. En ella le informa que las gestiones para conseguir la repatriación del famoso narcotraficante no fueron aceptadas por el gobierno de Estados Unidos e insiste en la solicitud de apoyo de Palacio Nacional para poder viajar al vecino país y ver a su hijo.

Todo ello potenció el encono de opositores al político tabasqueño, quienes magnificaron el hecho hasta pretender convertirlo en una prueba de pactos de narcopolítica. Ayer se reportó que el exsecretario de comunicaciones y transportes con Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, sufrió un infarto cerebral y que fue hospitalizado.

Pieza clave en la operación financiera del peñismo, desde el gobierno del Estado de México (donde fue secretario de comunicaciones, de 2005 a 2011) hasta el federal, el abogado de 70 años de edad fue implicado en las investigaciones judiciales relacionadas con la llamada Estafa Maestra aunque, en realidad, su paso por la SCT, durante todo el sexenio de alta corrupción de Peña Nieto, estuvo caracterizado por múltiples señalamientos de complicidad con empresas nacionales y extranjeras (sobre todo españolas) para la asignación de contratos y en la protección de esas firmas de negocios en momentos críticos por incumplimientos, elevación de presupuestos y responsabilidades por fallas y errores.

Y, mientras el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, anunciaba ayer que resultó positivo en coronavirus, con lo cual se suma a la lista de mandatarios estatales así afectados, que comenzó con el priista Omar Fayad, de Hidalgo, y continuó con el morenista Adán Augusto López Hernández, ¡hasta mañana!

Las encuestas, de nuevo: AMLO acepta “desgaste”

Es recurrente la relación de amor y odio del obradorismo respecto a las encuestas de opinión pública. Celebradas cuando favorecen a su causa, mostradas por lo alto para hacer ver que hasta tales instrumentos demoscópicos les dan ventaja en determinada ocasión política, el hábil político tabasqueño y sus seguidores transforman tales idilios circunstanciales en rudas batallas igualmente temporales cuando los números les son adversos.

Cuchareo, se asegura en el ámbito andresino que es el método de adulterio técnico; manipulables y mendaces, las etiquetas a pegar de inmediato en las infieles encuestas del momento.Recientemente tres estudios de opinión pública (diario Reforma, Enkoll y Buendía y Laredo) registraron un descenso en la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. De diferente índole fueron los resultados de los rubros a indagar ante los supuestos encuestados (a fin de cuentas, nada ni nadie puede garantizar que se hubieran realizado tales entrevistas, aunque se aporten datos formales).

El propio AMLO dijo al respecto, en su conferencia mañanera de prensa: “estamos bien, tenemos mayoría. La gente nos está apoyando y también sufrimos desgastes, porque imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, que están molestísimos; no los calienta ni el sol y también desquiciados”.

Si se concediera que los porcentajes mencionados en esas encuestas fueran aproximados a la realidad, ello no debería significar un drama para el obradorismo. Lo anormal ha sido que durante tanto tiempo y en medio de circunstancias tan difíciles se haya mantenido un altísimo respaldo explícito al primer presidente mexicano en poner en riesgo el entramado de complicidades (hasta a extremos criminales) que durante décadas ha sostenido al “sistema político” dominado por los partidos Revolucionario Institucional, durante más de setenta años y a través de tres distintas denominaciones, y Acción Nacional durante los dos sexenios que fueron de 2000 a 2012.

López Obrador mantiene una mayoría de apoyo popular, conforme a los mencionados estudios de opinión y, conforme puede verse en distintos puntos de las citadas encuestas, en general mantiene una visión favorable para él en lo individual pero, de manera también explicable, se expresan distanciamientos o desacuerdos respecto a temas específicos de gobierno que no muestran los avances resolutivos esperados por la población, en particular en cuanto a seguridad pública, crecimiento económico y atención a las demandas de las mujeres.

La aparición de los números negativos para López Obrador se produce en momentos en que se incrementa la acometida de sus adversarios, quienes consideran fallidas muchas de las políticas públicas defendidas por el nativo de Macuspana. Hasta ahora no ha tenido éxito ninguno de los intentos por estructurar una oposición activa, masiva y programática contra el habitante de Palacio Nacional. El activismo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, a título de su partido México Libre; los problemas económicos sin perspectiva de solución a corto plazo y el agravamiento previsible a partir de la irrupción del factor del coronavirus, así como el elevado número de homicidios y hechos de sangre en todo el país, han ido desgastando, como el propio AMLO lo ha mencionado de manera genérica, una figura política que aún concentra la esperanza popular de cambio.

Los datos de las encuestas mencionadas, sean apegados o no a la realidad, constituyen una oportunidad de revisar políticas y procedimientos para evitar que los porcentajes de apoyo social al obradorismo pueden irse diluyendo por efecto de errores o insuficiencias reales o por una cascada de acciones opositoras que pretenden crearle una situación de inestabilidad y desánimo sociales, ¡Hasta mañana!

 

Pragmatismo y alianzas de AMLO

A diferencia de 2006, cuando se negó tozudamente a hacer cualquier tipo de alianzas que significaran mengua o desdoro de sus principios políticos generales, en 2018 Andrés Manuel López Obrador fue capaz de hacer concesiones y llegar a pactos con grupos y personajes que en su primer intento por llegar a la presidencia de México no hubiera aceptado.

La evidencia de ese giro pragmático está a la vista: el gabinete presidencial, las bancadas legislativas de Morena y de los partidos aliados al obradorismo, y gubernaturas y presidencias municipales en todo el país tienen como partícipes a figuras oportunistas que supieron saltar de sus barcos partidistas originales (sobre todo, los priistas y perredistas) para entrar en un proceso de falsa purificación al acogerse a la organización ahora dominante, Morena.

Un caso muy sonado en 2006 fue el de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente caciquil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Mucho se hablaba en el entorno cercano a AMLO del rechazo absoluto de este a reunirse con la primera para llegar a pactos electorales. Gordillo ofrecía su poderosa maquinaria electoral a cambio de posiciones en el gabinete y la garantía de su continuidad en el cargo directivo laboral. Pero AMLO decía que no iba a negociar nada que le hiciera llegar con las manos atadas a Palacio Nacional.

López Obrador está construyendo o reafirmando alianzas, implícitas o explícitas. En primer lugar, con el Revolucionario Institucional; es decir, con su difuminado dirigente formal, Alejandro Moreno, Alito, y con sectores influyentes de ese priismo, como los grupos de máxima élite, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y, en etapa reciente, por el aún intocado Enrique Peña Nieto. Además, un trato terso a la Confederación de Trabajadores de México, la organización sindical priista que tanto daño ha hecho al país.

Ya en la bolsa tiene al dizque partido Verde (gracias al aliado y protegido Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas), al partido del Trabajo que en zigzagueo permanente acaba en la contabilidad electoral del tabasqueño, y el expresamente derechista Partido Encuentro Social que perdió el registro como tal pero ahora emergerá como Partido Encuentro Solidario. Más los nuevos partidos que se acumulen, sobre todo los impulsados por el monrealista Pedro Barba Haces y el ebrardista Mario Delgado.

 

¿Conviene a AMLO ir contra Peña?

Una nota publicada en The Wall Street Journal, atribuida a un “alto funcionario” mexicano, reinstaló con fuerza a Enrique Peña Nieto en la presunción de que podría ser sujeto a un proceso de corresponsabilidad por los actos de corrupción hasta ahora atribuidos a Emilio Lozoya Austin, quien fue su coordinador de asuntos internacionales en la campaña presidencial de 2012 y, luego, director de Pemex, cargo este desde donde habría pagado favores a la transnacional Odebrecht y habría realizado, entre otros actos lesivos del erario nacional, operaciones como la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México.

La versión difundida por el diario neoyorquino asegura que la oficina de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, “tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya” en los dos expedientes arriba mencionados “llega al más alto nivel”, esto “refiriéndose a Peña Nieto”.

Según esa misma nota de WSJ, “La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.

Que una presunta información de este calado gane lugar en un diario de influencia mundial no significa necesariamente que sea cierta, aunque ha sido práctica de diversas administraciones presidenciales privilegiar a estos medios internacionales para filtrar posturas o datos y darles una supuesta mayor contundencia.

La nota en mención se produce en momentos políticos muy especiales. Como nunca a lo largo de su agitado mandato, el presidente López Obrador ha sido confrontado por grupos feministas y por demandantes de que haya políticas eficaces contra feminicidios y otras agresiones constantes a mujeres. Por otra parte, está en un peculiar proceso de aparente conciliación con fuerzas priistas (el congreso sindical de Pedro Haces Barba y la próxima aparición presidencial en un congreso de la Confederación de Trabajadores de México, además de los entendimientos llamados PRI-Mor).

También hay una especie de reconciliación con cúpulas empresariales, como pudo verse en la famosa cena de tamales de chipilín y cachitos de Lotería y, apenas este martes, en una reunión nocturna con directivos de varias de las principales empresas extranjeras con operación en México, entre ellas Walmart, a la que el obradorismo ha planteado la exigencia de que pague 10,559 millones de pesos por “presuntas diferencias en el pago de contribuciones por la compra de la división de restaurantes Vips por Alsea, realizada en 2014.

De las aguas agitadas de la política nacional y del tenso ambiente que se vive en ciertos ámbitos de la vida pública dio cuenta el miércoles, el mismo presidente López Obrador, quien agradeció a soldados y marinos, en el marco de la conmemoración del Día del Ejército, “no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y el golpismo”.

Más tarde, en un discurso en memoria del asesinato de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, el propio presidente de la República prefirió no dar lectura a una parte de su discurso en que mencionaría cómo “no todos lamentaron este abominable hecho” y “cómo un sector lo celebró”. Dijo que prefería omitir esa referencia en su discurso “porque no quiero, no quiero polarizar más”. Antes, otro orador en el acto había expresado su adhesión a las políticas obradoristas: “Yo estoy con usted: los conservadores son irremediablemente pendejos”.En este marco de polarización, tentaciones golpistas, presiones de las cúpulas empresariales y una desesperada búsqueda de banderas electorales y políticas por parte de sus opositores, ¿convendrá tácticamente al presidente López Obrador (aunque formalmente sea Gertz Manero) ir contra el priismo y en específico contra Enrique Peña Nieto?

 

Ya viene la rifa del tigre aéreo

En el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio como altamente probable la realización de la polémica rifa del fastuoso avión presidencial que no ha podido ser vendido a compradores únicos.

Mencionó que se le ofreció la aeronave al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues tuvo averías el avión que utiliza la máxima autoridad política de ese país, pero no “le entró”, por el exceso de lujos de ese aparato que, como es de recordarse, fue comprado por Felipe Calderón y utilizado por Enrique Peña Nieto. Así que el político tabasqueño ya dio verbalmente por un hecho el sorteo: “como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de él, se va a rifar” y dijo que el ganador podría estacionar tal vehículo en locales de la Fuerza Aérea Mexicana.

Son varios los escollos en la ruta de la probable rifa. De entrada, se tendría que hacer una modificación legal a modo (para lo cual ya están prestos en las bancadas legislativas de Morena) a fin de que la Lotería Nacional puede entregar como premio un bien específico y no dinero en efectivo.

Luego, deberán ser afinados los aspectos legales en cuanto a la propiedad de la nave, el pago de impuestos que debería hacer el afortunado ganador de la rifa del tigre aéreo, la obligación de que ese ganador no puede vender el avión por debajo del costo que nadie aceptó para una compra individual y la pretensión moral del habitante de Palacio Nacional para que la recepción de un premio de esa cuantía no desequilibre al triunfador.Por otra parte, la famosa rifa, considerada originalmente para realizarse el próximo cinco de mayo, se ha convertido de inmediato en un mecanismo de reafirmación de fidelidades al proyecto obradorista, una especie de referéndum a través de cachitos de la Lotería.

Mientras los opositores al presidente de la República tachan de ocurrencia el sorteo en mención, sus seguidores se aprestan a realizar una movilización política peculiar, pues se busca el apoyo popular a una fórmula andresina concebida para salir de un embrollo que ciertamente heredó y del que no tiene responsabilidad: la adquisición de un palacio flotante a un precio y con tales especificaciones únicas que hacen muy difícil o virtualmente imposible vender tal nave que por justificados motivos se niega a utilizar el actual presidente de la República.

No parece estar en sus mejores condiciones el sistema nacional de salud pública para enfrentar el curso de expansión del coronavirus que ya ha tocado terrenos mexicanos de diversas maneras, una de ellas mediante un turista chino que vino a México y luego regresó a Estados Unidos, donde se confirmó su situación de contagio.Sumido en problemas de desabasto de medicamentos, de presupuestos entrampados e incapacidad práctica para atender a miles de mexicanos desesperados, ese sistema nacional de salud pública deberá hacerse cargo de situaciones desconocidas en cuanto a su origen y su tratamiento médico.

Claro es que funcionarios y políticos en el poder aseguran que se está en condiciones de resolver lo que vaya sucediendo en esta materia, pero será necesario que haya esmero en la prevención y los cuidados que se vayan requiriendo.Astillas: Fue ascendida a embajadora de carrera María Teresa Mercado, quien fungió como representante de México en Bolivia y fue expulsada por el gobierno de facto que sustituyó a Evo Morales.

El ascenso es un reconocimiento al trabajo de Mercado y, desde luego, es una reivindicación de las decisiones y la postura que asumió el gobierno mexicano en esos momentos críticos… Javier Duarte y Karime Macías se han divorciado desde octubre del año pasado. El ex gobernador de Veracruz se comprometió a pagar a su ex esposa una pensión alimenticia de 180 mil pesos al mes. Varios movimientos y reacomodos en el entorno de esta peculiar pareja han tenido como referencia la búsqueda de condiciones adecuadas para enfrentar acusaciones y señalamientos de índole judicial.

 

“Terrorismo” en Irak y México

En Bagdad se produjo la semana pasada un ejemplo contundente de lo que significa la clasificación de “organización terrorista extranjera” conforme al criterio intervencionista, a extremos criminales, de Estados Unidos.

Con el mayor desparpajo, Donald Trump ordenó el asesinato en Irak de varias personas (una de ellas, el estratégico general iraní Qasem Soleimaní) en una acción que a su entender no requiere de mayor explicación pues, según el ocupante de la Casa Blanca, le asiste el derecho de exterminar, así sea en suelo extranjero, a quien represente un peligro para los intereses del imperial país norteamericano.

Para los mexicanos tiene especial interés lo sucedido en Irak. Un grupo de personas con doble nacionalidad ha acudido ante instancias de Estados Unidos para promover que los cárteles mexicanos del crimen organizado sean denominados oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras.

La recurrencia a la nación vecina se produjo luego del lamentable asesinato de mujeres y niños pertenecientes a comunidades mormonas asentadas en el norte de México.

Esa petición, en la que participaron miembros de las familias LeBarón y Langford, se produjo en sintonía con el tuiteo de Donald Trump amagando con tal declaratoria terrorista y semanas después de la extraña aprehensión y posterior liberación en Culiacán de un hijo del Chapo Guzmán. A la propuesta se han sumado informalmente mexicanos que consideran viable y deseable una intervención armada de Estados Unidos para exterminar a los cárteles mexicanos.

 

Irma Eréndira, a prueba

La secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer ayer en la tarde el resultado de una investigación que marcará el resto de su estancia en ese cargo y, en términos generales, a la propia administración obradorista.

Declarar a Manuel Bartlett Díaz exento de responsabilidad en la construcción de una red inmobiliaria y de relaciones empresariales fue un proceso muy difícil para la titular de la Sefunpu. A nadie escapa la textura sumamente ríspida del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, quien en la primera parte de su carrera política fue un acendrado practicante del manual del peor priismo, hasta brincar luego a una conversión sumamente cuesta arriba como defensor nacionalista de los energéticos y de apego a la causa de Andrés Manuel López Obrador.

A partir de un trabajo periodístico de Areli Quintero, dado a conocer en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola, este recién salido de Televisa, la figura de Bartlett volvió a colocarse en el escenario del escándalo público. Se documentaba la acumulación de riqueza inmobiliaria en un tejido en el que participaron de manera destacada un hijo de Bartlett y la pareja sentimental del propio funcionario público.

Hijo de un exgobernador de Tabasco (Manuel Bartlett Bautista, quien gobernó del 1 de enero de 1953 al 22 de marzo de 1955), el director de la CFE se ha beneficiado de la laguna jurídica que no obliga a una pareja sentimental a declarar adquisiciones patrimoniales durante esa especial vida en común. La compañera de Bartlett no es esposa ni concubina y no hay pruebas de que hayan compartido domicilio. Han sido una especie de novios durante dos décadas en las que se dieron los movimientos inmobiliarios que llevaron a abrir una investigación sobre el tema.

La secretaria Sandoval Ballesteros considera haber realizado una investigación exhaustiva y ha asegurado que no encontró una razón jurídica para proceder contra quien fue, en distintos momentos, secretario de gobernación y de educación pública, gobernador de Puebla y senador, todo a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Habría buscado Irma Eréndira hasta debajo de las piedras, según se desprende del reporte oficial, sin hallar el punto que le permitiera extender una declaración de culpabilidad hacia el político que el próximo 23 de febrero cumplirá 84 años de edad.

Como era de esperarse, esa declaratoria de inocencia ha generado un inmediato rechazo de los opositores al obradorismo, contra la secretaria por sí misma y contra la administración federal autodenominada como Cuarta Transformación y su hiperactivo jefe, López Obrador. Sus adversarios han tachado a Sandoval Ballesteros de reproducir la conducta de Virgilio Andrade, quien desde la misma Sepunfu emitió un certificado de no culpabilidad a Enrique Peña Nieto y a quien entonces era su esposa, Angélica Rivera Hurtado, en relación con la negativamente famosa Casa Blanca.

Irma Eréndira es una de las cartas más honestas del gabinete andresino y una académica con gran reconocimiento, además de estar particularmente preparada para ocupar su puesto actual. Si hay profundidad y probidad en la investigación realizada, ello podrá disolver la carga de acusaciones y señalamientos que se han disparado en su contra apenas se difundió oficialmente el documento de virtual exoneración del siempre polémico Barttlet.

 

Maciel, el gran abusador

Durante décadas, las élites mexicanas (y de otros países) mantuvieron una postura de desatención y censura a las denuncias de los abusos sexuales de Marcial Maciel, quien terminó caracterizado como un monstruo de maldad (caracterización utilizada aquí para ir de acuerdo con los parámetros utilizados por las mencionadas élites), inocultable e indefendible ahora aun para sus propios seguidores obcecados.

El mes pasado se dio a conocer un reporte de los Legionarios de Cristo (la orden fundada y dirigida originalmente por el ya difunto Maciel) sobre sacerdotes católicos pederastas. Rogelio Cabrera Pérez, quien es arzobispo de Monterrey y presidente en turno de la Conferencia Episcopal Mexicana, dijo que tal informe llega tarde e incompleto, bajo abierta sospecha de no decir todo lo que corresponde al caso.

El punto clave está en la complicidad de muchas autoridades eclesiásticas, y sus aliados en la política terrena, para encubrir hechos delictivos (no solo abusos sexuales) practicados por la estructura jerárquica de la iglesia católica mexicana (desde los obispos y arzobispos, hasta cardenales como Norberto Rivera). No solo fueron Maciel y los Legionarios.

Es apropiada la ruta de salida de Ricardo Valero del servicio diplomático mexicano.

Por “motivos de salud” , luego del extraño (aunque no tanto) episodio en el que fue captado robando un libro en un famoso establecimiento del ramo en Buenos Aires. En cuanto el caso tomó relevancia internacional, familiares del todavía embajador comenzaron a difundir extraoficialmente las circunstancias médicas: un trastorno neuronal que le llevaba a cometer ese tipo de atrevimientos o francas infracciones punibles.

Contra el activo político, que en sus momentos de plena salud mental jamás habría permitido o realizado actos de tal naturaleza, se cebaron los comentarios de opositores al obradorismo que pretendieron encontrar en los deslices de Valero una falsa prolongación que involucraría a los políticos en el poder en una supuesta patología delictiva.

 

Insultos a AMLO desde Bolivia

Se llama Jorge Fernando Quiroga Ramírez, le gusta que usen su apodo desde niño, “Tuto”, y fue presidente de relevo en Bolivia durante un año, a la muerte de Hugo Bánzer, quien presidió al país como dictador golpista y, años después, mediante elecciones.

Fue dirigente y es miembro relevante de la derechista Acción Democrática Nacionalista y, actualmente, es delegado de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, ante la comunidad internacional.

En tal condición, de representante de la “presidenta” Áñez, habló Tuto Quiroga en Cochabamba y su discurso fue difundido a través de un canal estatal.

Entre otras cosas, dijo: “Creo que el señor López Obrador, este cínico, sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez, (…) es hora de hablar claro: usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito porque le hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante (Donald) Trump que le pone exigencia”.

En la liga https://bit.ly/2t6ziOi pueden leerse varios de los exabruptos lanzados por el mencionado personaje, educado en Estados Unidos (ingeniero industrial por la Universidad A&M de Texas y maestro en Administración de Empresas por la Universidad St. Edward’s de Austin, casado con estadunidense).

El fondo y la forma (terribles, ambos) de lo dicho por ese representante de la presidencia golpista de Bolivia muestran con claridad el talante y la argumentación que reinan en las alturas de la administración clasista, impreparada y vengativa que relevó a Evo Morales.A la luz de la postura de Tuto, un expresidente de la república, dirigente de una organización derechista y actual representante de la citada Áñez, puede entenderse la continuidad de exabruptos que ha ido cometiendo esa facción, entre ellos el injustificado asedio a la embajada mexicana en Bolivia, las insidiosas amenazas de que “grupos civiles” podrían intentar el incendio de esa sede diplomática y la exigencia de que nueve solicitantes de asilo, ya instalados en la embajada, sean entregados a la policía para procesarlos judicialmente.

Escuchando a Tuto se entiende todo.Una marcha, de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe, reiteró la crisis nacional por desaparición de personas.

Fue una movilización que desembocó en una misa oficiada por el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, con propósito de recordar, como mes a mes se hace el mismo 26, la desaparición de más de cuarenta jóvenes estudiantes en Iguala, Guerrero.

El de los 43 normalistas es el más fuerte de los casos y al que mayor seguimiento mediático y gubernamental se ha dado.

Sin embargo, muy poco es lo que en esencia ha cambiado, aunque ciertamente los modos, la atención y la perspectiva son notablemente distintos ya con el obradorismo en el poder.Pero no se ha avanzado más allá de esa importante buena voluntad de indagación.

En todo caso, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, adelantó que “los datos que ahora se tienen es que pudieron haber sido divididos en varios grupos y su paradero puede ubicarse en diferentes municipios aledaños a Iguala”, lo cual obviamente va en contra de la muy deslegitimada “verdad histórica” propuesta durante el peñismo por el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam.

Y, extendiendo el radio de visión, tampoco hay grandes avances en cuanto al hallazgo e identificación del enorme número de desaparecidos que hay en el país, de los otros desaparecidos, los que tienen menos atención mediática y gubernamental.Y, mientras esta columna se toma unos días de descanso, para reanudar su publicación ¡felices fiestas de fin de año y los mejores deseos para 2020!

Maciel, el gran abusador

Durante décadas, las élites mexicanas (y de otros países) mantuvieron una postura de desatención y censura a las denuncias de los abusos sexuales de Marcial Maciel, quien terminó caracterizado como un monstruo de maldad (caracterización utilizada aquí para ir de acuerdo con los parámetros utilizados por las mencionadas élites), inocultable e indefendible ahora aun para sus propios seguidores obcecados.

En la semana recién pasada se dio a conocer un reporte de los Legionarios de Cristo (la orden fundada y dirigida originalmente por el ya difunto Maciel) sobre sacerdotes católicos pederastas. Rogelio Cabrera Pérez, quien es arzobispo de Monterrey y presidente en turno de la Conferencia Episcopal Mexicana, dijo que tal informe llega tarde e incompleto, bajo abierta sospecha de no decir todo lo que corresponde al caso.

El punto clave está en la complicidad de muchas autoridades eclesiásticas, y sus aliados en la política terrena, para encubrir hechos delictivos (no solo abusos sexuales) practicados por la estructura jerárquica de la iglesia católica mexicana (desde los obispos y arzobispos, hasta cardenales como Norberto Rivera). No solo fueron Maciel y los Legionarios.

Es apropiada la ruta de salida de Ricardo Valero del servicio diplomático mexicano. Por “motivos de salud” se ha anunciado que deja la embajada de México en Argentina, la cual seguía ejerciendo aunque había sido llamado a concentrarse en la Ciudad de México, luego del extraño (aunque no tanto) episodio en el que fue captado robando un libro en un famoso establecimiento del ramo en Buenos Aires.

No parecía haber explicación lógica para la conducta de Valero: el costo del libro era bajo (el equivalente a diez dólares) y las maniobras operativas que realizó para ese hurto eran burdas, además del hecho fundamental de que en su persona estaba representada la nación mexicana. En cuanto el caso tomó relevancia internacional, familiares del todavía embajador comenzaron a difundir extraoficialmente las circunstancias médicas: un trastorno neuronal que le llevaba a cometer ese tipo de atrevimientos o francas infracciones punibles.

Ahora se conocen los estudios médicos que permiten entender el comportamiento de Valero, quien ya de regreso a México pretendió cometer otro robo en el aeropuerto bonaerense. Contra el activo político, que en sus momentos de plena salud mental jamás habría permitido o realizado actos de tal naturaleza, se cebaron los comentarios de opositores al obradorismo que pretendieron encontrar en los deslices de Valero una falsa prolongación que involucraría a los políticos en el poder en una supuesta patología delictiva.

Mucho honraría a algunos de quienes se expresaron de manera ruda en el tema que ahora, a la luz del conocimiento del expediente médico del caso, reconocieran su error en el caso específico del embajador y en el genérico de la condena “delincuencial” al grupo morenista actualmente en el poder.El episodio, sin embargo, tampoco debería abordarse sin buscar un aprendizaje.

Es de preguntarse si la cancillería mexicana, o los órganos de información e inteligencia del Estado mexicano (el Cisen cambió de nombre, pero no de misión y objetivo) jamás supieron de los problemas de salud  ( ya presentes y documentados dese 2012 y 2013) de quien sería nombrado embajador ni más ni menos que en Argentina.Además, conviene advertir que en varios casos (en consulados mexicanos en Estados Unidos, sobre todo, pero también en embajadas), se ha optado, sin análisis político ni revisión médica, por la designación de personajes que no reúnen los requisitos básicos para el cargo y que con frecuencia son avalados por recomendaciones de políticos de la facción en el poder o de la voluntad imperiosa del máximo jefe político de la nación.

Y, mientras a Manuel Bartlett los nuevos tiempos parecen empujarlo a los altares patrios, como ejemplo de honestidad, congruencia y sacrificio (mmm), ¡hasta mañana!

 

Perdiendo, gana Morena (y el PES)

En términos políticos y, sobre todo, electorales, Morena ha conseguido quedarse en el imaginario popular como la única organización que buscó reducir de manera muy importante el financiamiento a los partidos.

Ha acompañado este lance de Morena su satélite derechista, Encuentro Social, pero este ni siquiera tiene registro, así que en la realidad ha sido el partido en el poder el que concentrará las adhesiones de quienes rechazan el enorme presupuesto público puesto a disposición de estructuras que con frecuencia despilfarran tales recursos o los convierten en abierta apropiación pecuniaria de pandillas y familias controladoras de dichos entes.

Morena propuso reducir a la mitad los recursos destinados a los partidos (e incluso su tambaleante presidenta, Yeidckol Polevnsky, ha propuesto que al partido en el poder le retiren tres cuartas partes de su presupuesto), pero no consiguió la correspondiente votación calificada (dos terceras partes de los sufragios que fueron emitidos) que permite hacer modificaciones a la Constitución.En contra se alinearon PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, abiertos opositores del morenismo, pero también su zigzagueante aliado, el Partido del Trabajo, y el aliado incómodo, el Verde Ecologista de México.

De haber votado a favor todos los partidos, la ganancia política para Morena habría quedado limitada, solo en razón de haber sido la instancia proponente. Pero ahora, al quedar Morena como “derrotado”, en realidad recibió un regalo (o Morena misma se lo habría confeccionado de manera taimada) sumamente explotable en futuros comicios.Los opositores a Morena consideran que esa reducción presupuestal busca disminuir y degradar el sistema de partidos y que el aparato obradorista (sobre todo, el esquema de superdelegados, Servidores de la Nación y reparto en mano de dinero a amplios sectores sociales) tiene mostrada suficiencia para funcionar electoralmente sin necesidad de asignaciones presupuestales al partido que gobierna.

Astillas: Dijo ayer Alfonso Durazo, secretario federal de seguridad, ante directivos del Consejo Coordinador Empresarial que la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos “ayudará a jalar la hebra de la enorme corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco”…

El principal negociador mexicano del TMEC, Jesús Seade (subsecretario de relaciones exteriores), señaló ante senadores que “lo de los agregados laborales apenas nos enteramos. No sé si fue culpa nuestra no leerlo cuando salió”.

Aseguró que el gobierno obradorista no está conforme con tal planteamiento que permitiría mantener formas de supervisión en asuntos laborales mexicanos desde la embajada estadunidense, en una forma apenas disfrazada de la figura originalmente impulsada desde Washington de que hubiera inspectores directamente activos en México…

Tal como se preveía, Evo Morales dejó México para instalarse en Argentina, donde tiene mejores condiciones familiares y políticas para seguir activo en la política de Bolivia, donde su agrupación, el Movimiento al Socialismo, se apresta para participar en las próximas elecciones presidenciales en las que el renunciante mandatario no participará como candidato pero sí como coordinador de campaña…

Y, mientras Manlio Fabio Beltrones ha dicho que sí solicitó un amparo de la justicia federal en julio de este año, ante el riesgo de ser víctima de alguna  “maniobra política” que buscase convertirlo en un “culpable a modo” (solicitud de amparo que fue sobreseída el pasado 14 de noviembre, pues las autoridades judiciales señalaron que no tenían ninguna orden de aprehensión contra el priista sonorense), ¡hasta el próximo lunes, con Rosario Robles Berlanga preguntando en una diligencia judicial si es “el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción del Gobierno, corrompiendo las leyes” o por ser mujer!

 

México abre (más) puertas a EU

Exactamente a un mes de haber soltado un mañanero tuit de amago, aunque disfrazado de amable exploración, y a ocho días de haber advertido que consideraba declarar como terroristas a los cárteles mexicanos del crimen organizado, Donald Trump hizo que su procurador de justicia, el fiscal general William Barr, se reuniera en México con el presidente de México y sus principales secretarios para “fortalecer” un Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg, formado el 27 de agosto del año en curso) que ensanchará las vías de injerencia del país imperial en su vecino ya doblegado este mismo año en cuanto a asuntos migratorios.

El tuit de Trump (emitido a las 7.25 am del martes 5 de noviembre de 2019) se produjo un día después de la aún insuficientemente esclarecida matanza de mujeres y niños pertenecientes a la comunidad mormona asentada en Chihuahua, una de cuyas ramas familiares más conocida es la de los LeBarón. El ocupante de la Casa Blanca comenzó diciendo: “Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos”.

Tal caracterización le permitió a Trump trazar su ruta de combate: “Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”; los cárteles en México se habrían vuelto “tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército”.

El presidente mexicano y el estadunidense hablaron por teléfono. El primero dijo que había agradecido la propuesta del segundo pero que la había rechazado: los asuntos de los mexicanos los resuelven los mexicanos, habría sido la postura gubernamental. Dos episodios cercanos deben tenerse en cuenta a la hora de analizar lo acordado ayer: el extraño episodio culiacanense de la detención y posterior liberación de un hijo del Chapo Guzmán y las inusitadas críticas al poder presidencial civil por parte de un general en retiro, ante la élite militar en pleno.

Aquel cinco de noviembre, Trump asestó un tercer tuit, más explícito: “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!”. Y el 27 de noviembre reveló en una entrevista que llevaba tres meses estudiando la manera de impulsar que los cárteles mexicanos sean declarados organizaciones terroristas foráneas.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que “entre otros puntos”, el fiscal estadunidense y los funcionarios mexicanos “conversaron sobre cooperación en materia de tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente en conjunto al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas”.

Cuando Trump presionó a México para que cambiara drásticamente su política migratoria, la parte mexicana se refugió en una retórica de presunta defensa del interés nacional que, en los hechos, significó la aceptación llana de las pretensiones dictadas desde Washington.

Ahora, igualmente se recurre al citado Ganseg y se pronuncian frases nacionalistas, para consumo interno, pero una vez más avanzan las exigencias del rudo empresario y político que está en vías de ser políticamente enjuiciado en el Senado de su país (aunque es de preverse que la aritmética de las bancadas lo salvará). Además, lo cual no es poca cosa, la firma del tratado comercial norteamericano (México, Canadá y Estados Unidos) sigue entrampado en las batallas políticas estadunidenses, lo cual causa justificadas preocupaciones en México. ¡Hasta el próximo lunes!

 

 

Cárteles “terroristas”

En un escenario económico de previsible ruta hacia una recesión técnica, con descontrolados conflictos en su partido (Morena) y una obcecada búsqueda opositora de puntos débiles de su gobierno que sean políticamente explotables, Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí, ya a punto de cumplir un año formal como presidente de la República, un reto verdaderamente emponzoñado, pues la crisis derivada de la liberación y captura de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, potenciada por el asesinato de niños y mujeres de una comunidad mormona de Chihuahua, ha devenido en el riesgo de que Estados Unidos utilice a los salvajes cárteles mexicanos como coartada para el amago o el cumplimiento de avanzadas militares gringas contra los narcotraficantes sureños catalogados oportunamente como grupos “terroristas”.

La clasificación no es ocurrencia o liviandad. A la Casa Blanca y al Pentágono les cae de perlas la propuesta de familias mormonas (entre ellas, la de los LeBarón) de que se tipifique como amenaza a la seguridad nacional estadunidense la operación de los mencionados cárteles. Ello daría el pretexto para intentar acciones unilaterales (difícilmente, casi imposible que fueran por acuerdo con el obradorismo) como las que Washington realiza en diversas partes del mundo, siempre mediante la invocación de los “valores” de la “América libre” que se siente con derecho a intervenir donde le place y donde sus intereses están en riesgo o, lo contrario, están en vías de obtener grandes ganancias.

La protesta de los LeBarón, luego de una tragedia sin atenuantes, ha generado también la reactivación del poeta Javier Sicilia, activista luego del asesinato de su hijo Juan Francisco, junto a seis personas más, en marzo de 2011 en Cuernavaca, que luego había entrado en receso. Ahora planea una caravana de la capital de Morelos a la del país, tal vez en enero, a la que se sumarían varios activistas como Julián LeBarón, personaje ligado años atrás a las prácticas doctrinales de una organización representada en México por Emiliano Salinas Occelli, cuyos principales líderes han sido encarcelados en Estados Unidos.

Tal como era absolutamente previsible, hubo actos agresivos en el contexto de la marcha femenina de ayer. En especial, grupos de encapuchadas realizaron pintas y destrozos que, a la hora de cerrar la presente columna, habían ganado la atención mediática, por encima del tema en sí de esas manifestaciones, que fue el de erradicar la violencia  contra las mujeres.

 

Bots detectados

El tema detonó en la Mañanera (como tantos más), luego que el presidente de la República puso al micrófono a un funcionario de la secretaría federal de protección y seguridad ciudadana que soltó nombres precisos: cuenta central, la de @tumbaburross, atribuida en los registros a Jeff Scott Szeszko, y cuentas accesorias las del exsecretario de educación pública del gobierno peñista, Aurelio Nuño, del coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, y del hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, llamado Luis Felipe Calderón Zavala.

La respuesta fue muy rápida. Calderón y Zavala salieron a defender a su hijo. El presidente advirtió que los resultados de las investigaciones en curso, sobre ese tema, serán dados a conocer públicamente, sin mayor consideración, y que quien no quisiera ver visiones (en otra versión de esa misma frase se usa “fantasmas” en lugar de visiones) no salga de noche. Romero Hicks negó aquello por lo cual lo habían acusado en la Mañanera y pidió tener una reunión con el presidente de la República.

El tema de la robotización de ataques en las redes sociales (con el tema del periodismo como objetivo) subió la temperatura de un horno político que parecía ya estar en niveles demasiado calientes. A partir del operativo militar que falló en el intento de detener a un hijo del Chapo han ido incrementándose los ataques cibernéticos, mediáticos y políticos entre los dos principales bandos en pugna. Los guiones desarrollados en las llamadas “redes sociales” promueven la incertidumbre y la desconfianza, factores importantes para continuar sembrando noticias falsas, exageraciones y difamaciones.

Polémica por “golpe de Estado”

Con las declaraciones del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa como preocupante telón de fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un paso especialmente controvertido al hablar con todas sus letras, y con un amplio contexto histórico (aun en el reducido mundillo de los mensajes de lo que se suele llamar “redes sociales”), del riesgo de un golpe de Estado.Palabras mayores, sin duda. Tanto que, al otro día de haber colocado por medio de Twitter tal cuestión tan perturbante en la mesa de la discusión pública, el propio AMLO emitió un mensaje, también por la vía cibernética, en busca de suavizar su impacto e incluso retirar tal tema preventivamente del escenario (“vamos bien y no hay nada qué temer”).

Lo cierto es que el asomo de tan indeseable concepto en el agitado menú de la discusión colectiva no puede ser borrado o desalojado ni siquiera por la decisión o intención del emitente original: así como suele decirse, con base en la historia, que lo difícil no es sacar a los militares de los cuarteles sino regresarlos a ellos, podría decirse que lo difícil no es hablar de Golpe de Estado en un momento histórico determinado, sino retirar tal tópico del tablado nacional tan enardecido en ciertas zonas.

El presidente López Obrador enfrenta una difícil situación económica y financiera, por causas internas y externas; la desesperación de sus opositores centrales, que no encuentran vía política para dar cauce “pacífico” a sus intenciones de frenar el curso de la autodenominada Cuarta Transformación; los errores propios, en Palacio Nacional y sus extensiones ejecutorias, en cuanto a concepción y ejecución de políticas públicas, de comunicación social e idoneidad del gabinete en general.

 

Diego: civismo, leyes y cinismo

Un personaje de proclividad altanera como es el abogado panista, Diego Fernández de Cevallos, no tiene salida ante la evidencia de un comportamiento prolongadamente abusivo que le ha permitido dejar de pagar impuesto predial durante décadas en una de sus propiedades de gran valía económica (un rancho en el municipio Colón, de Querétaro) para finalmente aprovechar los beneficios de una legalidad discutible y cubrir una cantidad ínfima (más de doce millones de pesos) en comparación con el elevadísimo monto de adeudos, multas y recargos que un luego doblegable presidente municipal también panista había anunciado con supuesto aire justiciero (casi mil millones de pesos fue el adeudo inicialmente anunciado por esa autoridad que hacía como que ya se imaginaba en cuántas obras de interés social se gastaría el cúmulo de millones que el citado Fernández de Cevallos habría de cubrir).

Lo sucedido en el caso del rancho El estanco, en el Querétaro gobernado por otro panista (Pancho Domínguez), es un triunfo del cinismo pues, ciertamente, el leguleyo experto Fernández de Cevallos aprovechó las posibilidades que ofrece la normatividad vigente para reducir al máximo la cantidad a pagar. Pero no puede sostenerse como presunto crítico político, fustigador de opositores y declamador de presuntas virtudes de su bando partidista, alguien que durante casi treinta años se ha abstenido conscientemente de contribuir como buen ciudadano a la acumulación de recursos para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones en cuanto a obras y servicios.

Aún cuando pueda refugiarse en legalismos, el ciudadano Fernández de Cevallos ha sido un mal ciudadano y abusivo. Y, con esos antecedentes de incumplimiento cívico, los estertores de sus discursos supuestamente flamígeros quedan en mero recurso retórico para eludir sus obligaciones primarias.

Superdelegados y superelecciones

Una de las figuras más polémicas del diseño sexenal en curso es la de los “superdelegados”, que concentraron las funciones y el poder de los tradicionales delegados que cada secretaría federal designaba en los estados del país. La primera explicación pública del asunto invocaba el ahorro como primera motivación del cambio: en lugar de tantos delegados por separado se tendría a un representante general.

La primera polémica sobre el tema se dio por el perfil de los nuevos funcionarios seleccionados, pues una gran parte de ellos habían tenido participaciones electorales recientes, incluyendo a excandidatos a gobernador que ahora serían la contraparte, a nombre del obradorismo, ante aquellos que en las urnas les habían derrotado estatal o regionalmente (el caso más notable, el de Carlos Lomelí, en Jalisco). Otros estaban claramente enfilados a asumir la inmediata candidatura a gobernador, como sucedió en Baja California, con Jaime Bonilla Valdez. En otros casos, todo apunta a que una buena parte de los antedichos superdelegados estaría en condiciones de aspirar a un cargo de elección popular en 2021.

Las especulaciones de corte electoral se fortalecieron con el nombramiento de Gabriel García Hernández como coordinador de esos superdelegados (la denominación oficial es “Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo”). García venía de ser secretario de organización del comité nacional de Morena y le acompaña la fama de ser un especialista en acción electoral y en manejo de recursos financieros para proyectos políticos. El manejo de la gran masa de los recursos federales en general y los asistenciales en particular, la elaboración de los padrones de beneficiarios (documento base para la elaboración de estrategias electorales durante el prianismo) y el ejército de empleados dedicados a ejecutar las directrices dictadas constituyen oro político para cualquier proyecto rumbo a las urnas, que en este caso serán las de los comicios intermedios de 2021, que incluirán la cámara federal de diputados  y algunos congresos estatales, gubernaturas y presidencias municipales.

Ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló ante legisladores federales que ha recibido una docena de denuncias contra nueve superdelegados. Una denuncia no significa una sentencia, sino apenas el inicio de un procedimiento que puede llegar en cualquier momento a su cancelación o a su continuidad hasta desembocar en una declaración de culpabilidad o inocencia.

El turno de Romero Deschamps

Carlos Romero Deschamps, es uno de los más depurados símbolos de la corrupción mexicana. No es el personaje de la tragedia nacional que más riqueza hubiera acumulado, ni sus abusos son una excepción en los altos niveles de la política nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de varios sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le han fijado en la percepción popular como una de las fichas más repudiables del tablero político tradicional.

Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical petrolero en el camino irreversible de la salida de escena, en una trama parecida a la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los poderes priistas y panistas.

Antier, el propio presidente de la República tocó el tema y dijo con un aire aparentemente informal que Romero Deschamps tendría que tomar una decisión personal en cuanto a seguir o no en la dirigencia de los trabajadores y, de esa manera, determinar desde cuál posición enfrentará las acusaciones que procesa la Fiscalía General de la República. Pero también consideró que en el caso de estas denuncias “lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal”. sino Ya habrá de verse si hay justicia suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera sistemática, o su suerte va aparejada a alguna forma de benevolencia al adversario que huye.

Ha de decirse que el faraónico líder sindical no tiene una adscripción grupal específica, así que no puede interpretarse el golpe judicial contra él como si fuera dirigido a una facción definida: Romero Deschamps formó parte del bando y la banda correspondiente a cada sexenio, de tal manera que su procesamiento judicial no debería ser interpretado como un golpe político al más reciente de sus aliados, Enrique Peña Nieto.

La llamada “Ley Bonilla” se mantiene en un nivel alto de la discusión pública. La farsa de consulta realizada el pasado domingo parece hundirse en su intrascendencia de origen: es una marrullería mal hecha con la que se pretende apoyar la pretensión de asignarle tres años más de gobierno en Baja California a Jaime Bonilla Valdez. Hay otro dato propio de la peor factura tramposa del pasado que se considera superado: está “perdida” el acta de la sesión del congreso local que aprobó las reformas que buscan pasar de dos a cinco años en el ejercicio bonillista.

No es un extravío inocente: el proceso de impugnación de la “Ley Bonilla” solo puede iniciarse a partir de que ese acuerdo, sustentado en el acta legislativa correspondiente, sea publicado en el Diario Oficial de Baja California. Hacer perdediza tal acta pospone el arranque de impugnaciones judiciales, de tal manera que podría ser publicada en el citado diario oficial a última hora, antes de la toma de protesta de Bonilla, para que así no se vea ajado de inmediato el inicio de la gubernatura bajacaliforniana, aunque ello no significará mella o atenuante a las varias impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya tienen listas varios oponentes, entre ellos el mismo Instituto Nacional Electoral.

Astillas: Resulta peculiar que el gobernador Silvano Aureoles (formalmente perredista aunque, en realidad, impulsado por Enrique Peña Nieto), llame al presidente de la República a “enfrentar juntos” acontecimientos trágicos como el asesinato de catorce policías en Aguilla, Michoacán… Y, mientras el diario español El País ha informado que Andorra embargó 83 millones de dólares al litigante pro élites mexicanas, Juan Collado, ahora preso ¡hasta mañana!

 

Inflexiones: Zaldívar y Durazo

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, está más presente que ninguno de sus antecesores en el escenario público, a través de declaraciones que pueden producir tormentas mediáticas (como la denuncia de las presiones que habría recibido de parte de Felipe Calderón Hinojosa cuando este habitaba Los Pinos) y mediante posicionamientos críticos del propio Poder Judicial de la Federación.

Durante el sexenio administrado por Enrique Peña Nieto fue el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien rompió el silencio tradicional en una de las zonas oscuras de la institucionalidad (sobre todo, para presionar abiertamente a los poderes civiles para que hicieran reformas que legalizaran su actuar contra el crimen organizado). Irónicamente, lo que no pudo conseguir Cienfuegos con Peña fue alcanzado de manera colmada por el general Luis Cresencio Sandoval en el contexto del bono popular otorgado a la llamada Cuarta Transformación.

Zaldívar, quien mantiene una relación de solidaridad con el gobierno obradorista en sus aspiraciones de transformación desde las instituciones, hizo antier señalamientos que tienen trascendencia: “En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie”.

Lindando con los terrenos del discurso político, que bien podría pronunciarse en una plaza pública o en una campaña electoral, Zaldívar, tal vez con el caso del exministro Eduardo Medina-Mora como referencia, propugna por la colocación del aparato judicial en una esfera de cristal que permita visibilidad crítica.

 

Yeidckol contra superdelegados

Menudo enredo se ha armado en torno a la elección de dirigencia de Morena. Además de la circunstancia surrealista relacionada con un padrón de militantes del partido en poder, cuya cuantía y confiabilidad ponen en duda varios de los probables competidores, la actual presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, ha llegado al extremo (que parecería impensable en otro contexto) de acusar de delincuencia electoral a algunos miembros de la plantilla estelar y favorita del obradorismo para el reparto asistencial, los superdelegados estatales.

Polevnsky, cuya carrera política luego de dejar una representación de intereses empresariales ha dependido estrictamente de la imperativa voluntad de quien hoy preside a la nación, ha dado a esa estructura de coordinadores estatales de programas federales un golpe políticamente más fuerte que el gestionado y conseguido por el Partido de la Revolución Democrática (con el exdiputado, Rafael Hernández Estrada, como uno de los principales promotores) en el ámbito del Instituto Nacional Electoral.

El PRD denunció que, al distribuir recursos públicos, los llamados “servidores de la nación” realizan actos de promoción personalizada; el tema ya ha pasado al tribunal electoral federal para la decisión final. La acusación va contra el presidente de la República, la secretaria de bienestar, María Luisa Albores, y el coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel García. La citada Polevnsky, por su parte, ha centrado sus dardos en García, quien fue secretario de organización de Morena (en esa condición, afinado operador electoral) y ahora coordina a los “servidores de la nación” en todo el país. Dijo Yeidckol que cuando menos en cinco estados se está usando el padrón de asistencia social para fines partidistas en Morena y que posiblemente esas irregularidades han sido auspiciadas por Gabriel García.

Por lo pronto, Polevnsky y otro aspirante, Mario Delgado (ebrardista de origen, presuntamente apoyado por el políticamente jabonoso Ricardo Monreal), han aceptado la posibilidad de posponer el complicado proceso electoral partidista, para que se realice en 2020 (falta conocer la postura de la aspirante más apreciada para esta sucesión en Palacio Nacional, Bertha Luján). De aceptarse tal aplazamiento, en ese lapso tal vez podría acelerarse el trámite para modificar estatutos o hacer alguna estrategia que permita incorporar el método de las encuestas para decidir cargos directivos en Morena, tal como lo ha propuesto el jefe máximo de ese partido aunque actualmente los citados estatutos internos no lo permiten.

El columnista de asuntos económicos y financieros, Mario Maldonado, dio a conocer ayer la existencia de dos comunicados oficiales que sirvieron, en el lapso de dos días, para prohibir el uso de recursos en las cuentas bancarias de Eduardo Medina-Mora y algunos de sus familiares y, luego, devolver tal capacidad de disponer de esas cuentas. Tal movimiento de ida y vuelta tuvo coincidencia con el lapso en que Medina-Mora renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cual si el congelamiento hubiese sido una presión que se deshizo en cuanto la renuncia del citado ministro se consumó.

En respuesta a las especulaciones que generaron los dos oficios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de esa oficina, Santiago Nieto Castillo, hizo saber que ese “congelar” y “descongelar” cuentas es un procedimiento que se ha hecho “en infinidad de asuntos (…) y de acuerdo a los tiempos de las investigaciones. Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del ex ministro se realizó DESPUÉS (mayúsculas escritas en el original) de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”.

Y, mientras el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, elude enzarzarse en discusiones con Felipe Calderón Hinojosa.

 

 

¿Y Peña Nieto, a cinco años?

Enrique Peña Nieto es el responsable histórico de adecuar la estructura política, jurídica y administrativa del desgobierno que encabezó para impedir que se conociera la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero, cinco años atrás, y de permitir u ordenar que su cínico subordinado, Jesús Murillo Karam, fabricara y postulara la criminal “verdad histórica”.

Tomado por sorpresa cuando creía estar en un punto muy alto de su gestión, Peña Nieto pretendió esconder bajo la siempre agitada alfombra guerrerense la tragedia que marcaría su sexenio. Acababa de recibir un reconocimiento de Enlace Judío y la élite empresarial, diplomática y religiosa de Estados Unidos relacionada con México, como reseñó esta columna en 2014 (https://bit.ly/2mJ4QXC ): “el 23 de septiembre de este año, el rabino Arthur Scheneier se aventuraba en Nueva York, al entregar a Enrique Peña Nieto el premio Estadista Mundial 2014: “A veces tengo profecías, y usted me oyó decir antes acerca de que usted va a asumir un papel de liderazgo en la escena mundial”.

La verdad es que la invertebrada administración peñista entró en imparable declive a partir de aquella noche de Iguala. Nunca como en esa ocasión quedó de manifiesto la postración del Estado mexicano (sus órganos de “inteligencia”, civiles y militares; su aparato de seguridad pública, en los niveles municipal, estatal y federal) ante el aplastante poder de los grupos del crimen organizado que resultaron intocables, imparables, ante la decisión de la criminalidad mafiosa de imponer sus leyes y castigos contra decenas de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Peña Nieto reaccionó como lo había hecho y seguiría haciendo mientras ocupó la silla presidencial: un maniquí de copete distintivo cuya función principal era la de permitir o propiciar que los grandes intereses de cualquier signo y ámbito pudieran continuar en sus tareas de depredación, saqueo, iniquidad e inequidad. Primero pretendió mantener el tema Iguala-Ayotzinapa a distancia, confinado al ámbito guerrerense. Diez días después tuvo que asumir que era una tragedia de resonancia internacional y bajo su frívola inducción comenzó la tarea de esconder, disimular, engañar.

Hacer que nada se supiera, haciendo como que todo se hacía. Borrar indicios de la colusión de narcotraficantes, políticos y funcionarios. Abrir la puerta a instancias e investigadores internacionales para luego impedirles llegar al fondo e incluso para desatar en su contra campañas de desprestigio. El clásico juego del policía-funcionario bueno y el malo: instancias gubernamentales más comprensivas, preocupadas pero acotadas o francamente paralizadas por los policías-funcionarios malos. El Ejército como instancia inalcanzable, con el secretario de la Defensa Nacional convertido en rudo garante de la impunidad de sus subordinados bajo sospechas o acusaciones.

A cinco años, la vergüenza nacional continúa. No se ha podido deshacer el embrollo voluntariamente realizado por el peñismo y sus ejecutores más visibles, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio. No bastan las buenas intenciones explícitas del aparato de gobierno ahora a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Se necesita un alto presupuesto operativo, que la austeridad obradorista no ha determinado si se otorgará.

Y se necesita una férrea voluntad política que esté dispuesta a abrir el arcón de los horrores complicitarios, lo cual implicaría investigar y procesar a personajes del pasado hasta ahora amnistiado a discreción por el actual Presidente. Además, se necesitaría hurgar y castigar a segmentos de las fuerzas armadas que hoy dan respaldo esencial, casi inafectable, al gobierno andresino sujeto a presiones crecientes.

Cinco años: Peña Nieto tan campante; Murillo, preocupado pero haciendo declaraciones y sosteniendo su versión mendaz; el actual gobierno, solidario y cercano a los familiares de los 43 pero aún insuficiente a la hora de teclear estas líneas; y aún sin saberse el paradero y la verdad de lo sucedido con 43 jóvenes. Esto es México. ¡Hasta mañana! 

 

Del Mazo: un ahorrador discreto

El gobernador Alfredo del Mazo Maza ha nadado de a muertito (para usar la muy popular expresión) ante el cambio de condiciones políticas que se ha derivado del desplazamiento del grupo mexiquense al que ha pertenecido de manera militante, por la nueva fuerza hegemónica, el obradorismo morenista.

El Estado de México cada vez está más mal, pero Del Mazo sigue campante, como si nada. Se ha especializado en poco más de un año en acomodarse y acomedirse ante el nuevo poder presidencial, solícito ante los requerimientos del sol sexenal en turno, atento a las observaciones del equipo federal, decidido a fortalecer los planes morenistas de sucesión electoral en la entidad a cambio de la esperanza de un retiro feliz, al estilo de Enrique Peña Nieto: flojito y cooperando.

En ese pacto de mutuas consideraciones lo menos importante es que el Estado de México esté sumido en circunstancias lamentables: la inseguridad pública es la realidad cotidiana, las bandas de asaltantes, secuestradores y asesinos se mantienen como poder virtualmente intocado y el presupuesto estatal sigue gastándose en frivolidades y corrupción. El congreso estatal, dominado por Morena, ha sido cooptado por el poder del dinero y está al servicio de los propósitos oscuros de la administración del macista.

Ayer, sin embargo, el diario español El País dio a conocer que Del Mazo Maza, cuando era presidente municipal del importante municipio mexiquense Huixquilucan, ocultó, o no dio a conocer en su declaración patrimonial, la existencia de una cuenta empresarial en Andorra (a nombre de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation)  de la que el político priista era “representante”.
Era 2012 y su primo Enrique Peña Nieto realizaba una onerosa campaña por todo el país en busca de presidirlo. Andorra era entonces un país blindado para impedir asomos al secreto bancario y la citada sociedad instrumental holandesa tenía en su cuenta un millón y medio de euros. Otro “distinguido priista” de la época, Emilio Lozoya Austin, por aquellas fechas ya recibía varios millones de dólares de la firma brasileña Odebrecht para apoyar la campaña presidencial peñista.

Aún cuando se realizaron varias indagaciones sobre el caso en Andorra, la procuraduría federal de justicia de México no ayudó mayor cosa a indagar el asunto, dominadas como estaban todas las estructuras de poder hasta 2018 por la mafiosidad mexiquense que durante seis años tuvo en Los Pinos su sede central. El primo Enrique, en todo caso, se había aferrado a imponer en el palacio de gobierno, sito en Toluca, al primo Alfredo, hijo y nieto de quienes, con el mismo nombre y primer apellido, ya habían gobernado dicha entidad mártir.

Ayer, en todo caso, el actual gobernador del Estado de México difundió un boletín en el que reconoce: “Fui invitado a participar en una empresa que se dedica a la administración de estacionamientos, sin embargo dicha sociedad nunca se formalizó porque en ese tiempo recibí una invitación para sumarme al gabinete del Gobierno de la República en México, por lo tanto, reitero que no tengo ninguna cuenta bancaria en Andorra, como se señala”. Mmm…

El golpe mediático a Del Mazo Maza, que podría no tener las consecuencias jurídicas que de entrada parecerían necesarias, tiene también un impacto político importante, pues se suma a una serie de señalamientos y acusaciones que respecto a diversos temas y con distintos matices han ido alcanzando a Enrique Peña Nieto, el máximo representante de ese grupo (en términos generales conocido como Atlacomulco) que llegó a portar la banda presidencial en el pecho.

El estudio técnico y científico denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), relativo al proyecto petrolero de Dos Bocas, podría estar resuelto en términos positivos, y entregado a las más altas instancias del poder federal, entre el 12 y el 14 del mes próximo. En cuanto esté resuelto este punto, y habida cuenta que otros aspectos técnicos y sociales se dice que ya han sido satisfechos, el presidente de la República programaría una inmediata visita al terreno en el que ya se avanza en dicha construcción, al grado de que hay una señal vial con la indicación suprema: “calle 4T”.

Astillas: No podía ser de otra manera: la mayoría de Morena en la cámara de diputados confirmó la decisión del presidente López Obrador de convertir a Arturo Herrera en secretario de Hacienda y Crédito Público. Dos de los ocho partidos representados en San Lázaro votaron contra tal designación: PAN y PRD…  Pero no todo fue tan terso en el partido gobernante: dos morenistas sufragaron en contra de Herrera, Lorena Jiménez y Eraclio Rodríguez (este, presidente de una comisión de trabajo), y dos se abstuvieron, Inés Parra y Mirtha Villalvazo, además de un legislador del ya inexistente Partido Encuentro Social, Héctor Villegas…

Ayer, el presidente del congreso de Baja California, Benjamín Gómez, anunció la suspensión de las dos últimas sesiones ordinarias que se deberían realizar en lo que queda del presente mes. Esta maniobra se inscribe en el difícil cuadro norteño relacionado con la pretensión del gobernador electo por dos años, Jaime Bonilla Valdez, de quedarse en el cargo tres años más, como “extensión” aprobada por la misma legislatura que ahora hace mutis…

A propósito de Baja California y Bonilla, una parte del morenismo, con Yeidckol Polevnsky a la cabeza, trata de justificar y avalar la marrullería en mención. Otro segmento está abierta y airadamente en contra… Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero usó ayer una de las varias cachuchas con las que cuenta (es notaria pública con licencia, senadora con licencia, ministra de la Corte en retiro y secretaria de Gobernación al parecer también en vías de retiro): “Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro, sí puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, es que se trata de una reforma inconstitucional”… ¡Hasta el próximo lunes!

La tentación de extender

Jaime Bonilla Valdez fue candidato morenista a gobernador de Baja California por voluntad imperiosa de Andrés Manuel López Obrador. La relación entre ambos es de años atrás, aderezada por el gusto en común por el beisbol y sostenida por una relación de mutua conveniencia:

Bonilla es un empresario con vocación política (negocios propios, algunos relacionados con medios de comunicación en Baja California y en California) y AMLO durante mucho tiempo fue un político necesitado del apoyo de empresarios inversionistas como el citado
Bonilla, quien llegó a ser diputado federal y senador, pasando de una breve estancia en un escaño a ser superdelegado en BC y, de ahí (pionero en el tránsito de esas superdelegaciones a las candidaturas tan previsibles), fue postulado para gobernar la entidad que durante tres décadas había estado bajo dominio panista./

Aún cuando originalmente se consideraba que la elección de gobernador de 2019 sería para cinco años de duración (con lo cual se empataría el calendario en 2024, cuando confluirían los comicios estatales y los federales), diversas argucias de los opositores a Morena llevaron a la decisión de que este vez fuese una minigubernatura de dos años la que se eligiera. Bonilla, con el pleno apoyo de AMLO, ganó con amplia ventaja sobre el PAN, pero con una muy baja participación de votantes (el comisionado de Palacio Nacional para llevar esas elecciones fue el electoralmente habilidoso Leonel Godoy, quien fue gobernador de Michoacán y presidente nacional del PRD; una de sus tareas fue descarrilar a Jaime Martínez Veloz). Haiga sido como haiga sido, el binacional Bonilla (quien fue militante del Partido Republicano y funcionario en California) fue declarado gobernador por dos años./

Pero la tentación de extender el periodo original de mando se mantuvo presente, hasta desembocar en una sesión del congreso estatal de Baja California, con mayoría panista, que aprobó la propuesta morenista de ampliar el periodo de ejercicio gubernamental en tres años para que Bonilla gobierne en total durante cinco. Desde el 31 de mayo, Benjamín Gómez Macías, el diputado priista que preside la directiva de esa congreso, aceptó que había recibido el ofrecimiento de cargos públicos, y hasta un millón de dólares, si convocaba a sesión camaral para aprobar la extensión del periodo de Bonilla. En presencia del candidato priista a gobernador y de un consejero estatal del partido tricolor, se aseguró que quien había hecho ese ofrecimiento era el subsecretario federal de Gobernación, Ricardo Peralta (encargado de trabajos rudos), quien días atrás había sustituido a Zoé Robledo (https://bit.ly/2XGGOxO)./

Finalmente, la sesión tan anhelada por el morenismo-bonillista se realizó, de noche. Con prontitud, se aprobó la extensión del periodo de gobierno, al mismo tiempo que el saliente gobernador panista, Kiko Vega, recibía un regalo transexenal, pues uno de los suyos, Carlos Montejo, será el auditor superior del estado, encargado de revisar y eventualmente consignar irregularidades en las cuentas de su jefe Vega (https://bit.ly/30yajiG).

Negocio redondo: tres años más para Bonilla y un guardaespaldas para Kiko./

No solo el desaseo operativo, sino la ambición política desbordada y los riesgos de que esas “exploraciones” abran paso a decisiones parecidas en otros niveles (el presidencial, sobre todo), han generado un rechazo en ciertos segmentos opositores a Morena y AMLO, pero también en personalidades cercanas en diversos grados a este movimiento y partido en el poder: Cuauhtémoc Cárdenas escribió en La Jornada un texto sin concesiones:

“Con esta resolución se atropella la voluntad ciudadana, se viola la ley en su espíritu y letra (por más que el voto legislativo se haya dado según procedimientos establecidos en la ley local), se rompe el orden republicano y se lesiona gravemente nuestra aún incipiente democracia”. Tatiana Clouthier ejerció una crítica similar y dijo estar dispuesta a encabezar acciones políticas y jurídicas para oponerse a esta tentación de extender poderes en curso.-

La postura de Cárdenas es la más vigorosa que ha tenido a lo largo de esta etapa de poder obradorista pleno. Aún cuando no es un opositor en sí del proceso autodenominado Cuarta Transformación, ha mantenido una postura moduladamente lejana (aunque uno de sus hijos, Lázaro, exgobernador de Michoacán al igual que su padre, uno de sus tíos y su abuelo, es coordinador de asesores de la Presidencia de la República). Ahora ha encontrado en el caso bajacaliforniano una oportunidad de acerar la pluma y convocar a una lucha ciudadana./

Clouthier, diputada federal llegada al cargo en el contexto del movimiento obradorista, del que fue vocera y polemista destacada (no coordinadora de campaña, aunque el título acordado así lo estableciera), también mantiene una calculada distancia respecto a, cuando menos, el dominante círculo más cercano al oído andresino.

No aceptó ser subsecretaria de Gobernación (lo cual la habría sumido en la misma opacidad en que se mueve quien quedó en su lugar, Diana Álvarez Maury, “terapeuta de transmisión de energía cósmica”) y prefirió quedarse con el regulable rango de libertad política que se deriva de su curul. En tal condición, se ha movido sin ataduras cuasipartidistas (no es de Morena, pero forma parte del grupo de legisladores llegados a las cámaras por el obradorismo), como lo está haciendo en el tema de Baja California.

Y, mientras el gobierno obradorista ha hecho saber que es falsa la versión de que vienen en camino grupos de médicos cubanos para sustituir a los mexicanos y, lo peor, según los propagadores de esos bulos, “venezolizar” doctrinal y organizativamente a poblaciones de nuestro país, ¡hasta el próximo lunes!

Calderón aprovecha conflicto

* Ajedrez con piezas armadas
* Denso historial de la PF
* Objetivo: Deponer o limitar a AMLO

Resulta irónico que haya sido la propia administración de Andrés Manuel López Obrador la que puso un escalón para que Felipe Calderón Hinojosa retomara aire político y se trepara al foro de primer nivel de la escena pública, con lo cual avanza el expanista en su intento de constituirse en la figura central de una oposición que hasta ahora no ha logrado asentarse.

El conflicto de la Policía Federal creció ayer hasta alcanzar los micrófonos del presidente López Obrador y del secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño. En conferencia de prensa, el sonorense encargado de la protección ciudadana llegó a decir: “No es casual y no requiere mayor explicación que uno de los integrantes del grupo de los elementos de la Policía Federal que están inconformes con su integración a la Guardia Nacional, haya considerado que el ex presidente Felipe Calderón sea uno de sus representantes sindicales”. AMLO había dicho antes que en el movimiento de los policías había “mano negra” y su narrativa se desenvuelve en el sentido de que hay factores oscuros.

Sea porque ciertamente él ha estado detrás de este conflicto, o porque así le fue entregado un involuntario regalo político, Calderón Hinojosa aprovechó la oportunidad y confrontó al presidente de la República bajo un argumento muy apreciado en el antiobradorismo: “deje de descalificarnos, con calificativos, a quienes no pensamos como usted (…) yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México”.

Luego negó cualquier forma de autoría en el problema con los policías, aunque en los hechos se colocó abiertamente del lado de ellos y aprovechó para hacer un guiño solidario a soldados, marinos y policías. Así, de un golpe, el político michoacano abiertamente ganó para su bando una porción de la masa policiaca en pugna y se adjudicó el rol de interlocutor directo, por alusiones personales de Durazo, del presidente de la República.

El video de casi siete minutos constituye la mayor promoción hecha hasta hoy al proyecto del citado Calderón y su esposa, Margarita Zavala, quienes han intentado varias vías para regresar al poder, tanto con la precandidatura presidencial “sin partido” que ella intentó, sin éxito, hasta la actual pretensión de construir un partido político propio, que no ha podido avanzar. El asomo videográfico de Calderón reportará, además, a los opositores a la llamada Cuarta Transformación, un provisional tanque de oxígeno luego de las marchas de protesta que han organizado y no han tenido buenos resultados, ni en lo numérico ni en lo organizativo.

Un punto delicado de lo sucedido ayer (a lo que habría de sumarse lo que pueda decir en similar tono duro el presidente en su conferencia mañanera de hoy) es que este litigio se está librando con fuerzas armadas federales como piezas de un tablero de ajedrez político, lo cual no había sucedido con tales dimensiones y claridad desde la asonada que desembocó en la instalación del golpista Victoriano Huerta en la presidencia de la República.

De esa manera, resulta muy peligroso confrontar y dividir desde posicionamientos políticos a fuerzas que por su naturaleza portan armas y, en este caso concreto de la historia nacional, que han sostenido una fuerte relación con intereses sumamente densos. Los cuerpos policiacos han sido sostén y brazo ejecutor de los gobiernos que durante décadas han ido hundiendo al país. Su historial está repleto de sistemáticos actos delictivos, salvajes violaciones a los derechos humanos y una muy conocida (con sus excepciones, diría algún tabasqueño) relación de complicidad con eso que llaman “crimen organizado”, que en el fondo es un crimen compartido entre delincuentes explícitos, policías y otros cuerpos similares y políticos.

En ese contexto, Calderón trata de acaudillar lo peor de ese espectro policial, con la expectativa de sumar fuerzas y circunstancias que ayuden a su causa política grupal y familiar y al proyecto multifactorial más amplio, que busca deponer o cuando menos limitar fuertemente al actual presidente de la República.

La directora de Notimex, Sanjuana Martínez, dio a conocer ayer en el 97.7 de Radio Centro la situación de “terrorismo sindical” que se vive en esa agencia informativa del Estado mexicano. Detalló una serie de abusos e incluso delitos que se han cometido por parte de, según lo que dijo, una camarilla que durante largos años ha controlado buena parte de las actividades de la citada agencia.

Las revelaciones de la directora Martínez se produjeron luego que en la conferencia presidencial mañanera se hicieron preguntas respecto a los despidos aparentemente injustificados en Notimex y, sobre todo, luego de la difusión de un video en que se ve a una trabajadora siendo echada de su trabajo. Varios exempleados aseguran que han sido víctimas de una política laboral arbitraria y despótica.

Más allá de lo específicamente relacionado con el derecho laboral, y los desenlaces que en cada caso individual lleguen a darse, resultan muy preocupantes varios de los datos y señalamientos hechos por Sanjuana. Habló de viajes de un anterior director de la agencia por varios lugares del extranjero, en compañía del dirigente sindical y de un escandaloso nepotismo, pues aseguró Martínez que veinte plazas de Notimex fueron ocupadas por familiares y allegados a dicho representante de los trabajadores.

Y, mientras en el PRI no encuentran la manera de hacer que alguien más allá de las cúpulas del tricolor se emocionen o interesen en su proceso interno de designación de nuevo líder (cargo que está predestinado a Alejandro Moreno, gobernador de Campeche con licencia), ¡hasta mañana, con Alejandro Rojas Díaz Durán reinstalado a plenitud de derechos en Morena y ya puesto para exigir una revisión a fondo del padrón de este partido, como requisito para que haya una elección limpia en el relevo de Yeidckol Polevnsky!

Oposición válida a AMLO

La deshilachada oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabó este domingo regalándole la mejor validación posible: en términos numéricos, ideológicos, programáticos y políticos se mostró tan precaria y desorganizada (con visos de involuntaria comicidad en algunos momentos de pleitos internos en el tapanco mareador en la Ciudad de México, o con manifestantes pugnando por echar de la marcha a Vicente Fox en León) que acabó por confirmar la supremacía actual (que, obviamente, no puede ser eterna) del andresismo-morenismo y la persistente incapacidad de estructurarse y alcanzar banderas políticas que prendan por parte de los opositores que, sin embargo, se mueven…/

Lo sucedido ayer estaba más que previsto, pero la desesperación de los “estrategas” de la oposición a AMLO les llevó a casi repetir el escenario de fracasos anteriores. Hubo más gente que en la manifestación antiamlista previa, pero en una proporción que ni siquiera de manera representativa corresponde a la baja en encuestas de opinión pública que las firmas del ramo comienzan a adjudicarle al político tabasqueño./

No tienen líderes: Felipe Calderón Hinojosa no se atrevió a ir al Monumento a la Revolución ni se incorporó en algún tramo rumbo al Ángel de la Independencia. Sabe que su activismo es repelido por manifestantes que no están de acuerdo con su desconchinflada pretensión de armar un partido familiar, denominable México Libre (¡salud, podría ser uno de los rubros de mejoría que prometiera la nueva organización felimargarista)./

Lindando con lo grotesco, Chente Fox fue conminado, megáfono en mano, a que abandonara una marcha en León, Guanajuato, que no quería ser utilizada ni mal entendida a causa de la presencia de “políticos”, pero el rechazado expresidente se aferró a participar, entre entercadas menciones de “ni madres”. Y en la Ciudad de México uno de los personajes que lideraron fue el conductor de noticieros Pedro Ferriz de Con, quien aspiró a ser candidato presidencial sin partido./

Y, salvo la coincidencia coral en algunas consignas, y el rechazo a López Obrador en distintas formas y modos, no hubo ni hay ninguna propuesta política viable, un plan real de construcción de una organización opositora en serio. Desahogo, en todo caso, es lo que hubo. Contrastante en número, actitud y fuerza respecto a la marcha del día anterior, el sábado del orgullo gay que mostró a una comunidad dispuesta a defender sus derechos y a ensanchar caminos de visibilidad y participación en los asuntos públicos. Y es de suponerse que apabullada será esa marcha de opositores al andresismo cuando se realice, hoy, la concentración masiva en el zócalo capitalino./

Pero, como se apuntaba líneas atrás: y, sin embargo, se mueve. No debe centrarse el análisis en la marcha sabatina en sí (que en Monterrey tuvo como eje al Congreso Nacional Ciudadano, dirigido por el extraño personaje llamado Gilberto Lozano, mientras en Morelia, por ejemplo, participaba la hermana de Felipe Calderón, llamada Cocoa).

Más allá del resultado de estas movilizaciones en las que son visibles los intereses de grupos políticos específicos (lo que las hace poco atractivas para ciudadanos que repelen ese tipo de ambiciones grupales o partidistas), hay un segmento social que va ensanchando sus preocupaciones respecto al rumbo del país y la manera de administrarlo./

Al mismo tiempo que sus opositores mostraban anemia, López Obrador encabezaba en el campo Marte la ceremonia de arranque del proceso de militarización del país a título de Guardia Nacional. A diferencia del civil Alfonso Durazo, secretario que augura logros históricos, el general que dirige dicha Guardia, Luis Rodríguez Bucio, advirtió que “hay que administrar las expectativas a corto plazo”. Lo cierto es que el “despliegue por la paz” de soldados, marinos y policías federales ha iniciado. Ya se irán viendo los resultados, entre riesgos y esperanzas./

A propósito del acto, denominado “informe”, que encabezará el presidente López Obrador hoy en la Plaza de la Constitución, se cometió un grave error de apreciación política al ordenar en una primera instancia que para transmitir dicha reunión se encadenaran nacionalmente las estaciones difusoras de radio y televisión (las cuales operan bajo concesiones del Estado mexicano, que las obligan a destinar tiempo de sus programaciones a las necesidades que con fundamento legal les planteé la Secretaría de Gobernación).

Discutible desde el punto de vista legal, impugnado ruidosamente por la oposición y sugerente de un proceso vertiginoso de vuelta al pasado político (el del priismo con un presidencialismo faraónico, que obligaba a radio y televisión a hacer esas “cadenas nacionales” para difundir actos del poderoso en turno), el intento fue desactivado de la misma manera. Es decir, mediante un comunicado oficial con el que se canceló el “encadenamiento” y, como es natural y sucede con otros actos del presidente de la República, se dejó la señal oficial del acto a disposición de los medios que deseen transmitirlo por voluntad propia y en los formatos que deseen./

Fue una oportuna reacción política la que permitió suspender esa “cadena nacional” que habría ido a contrapelo de los cambios cuando menos ceremoniales que se impulsan desde Palacio Nacional. Así queda despejado de turbulencias regresivas en lo mediático el escenario político en el que López Obrador celebrará su triunfo electoral y tal vez haga anuncios políticos importantes./

Y, mientras Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena a la que ya buscan sucesor, explica con aire despreocupado a Reforma que el uso de un avión privado para una gira electoral en Tamaulipas “Salió bastante menos de lo que creí que saliera, porque es un servicio que hay en una app (…) Es como si tuvieras un Uber aéreo, entonces es más económico, un servicio más económico y bueno fue por las amenazas que hubo y por eso tomamos la decisión”, ¡hasta mañana!

“Lluvia” de millones a la 4T

•Sheinbaum ante la espiral
•Priista Alito ahora será Amlito
•AMLO ataja nepotismo

Urge al gobierno obradorista enviar señales de certidumbre y estabilidad en materia económica, maltrechos como están varios indicadores de ese ámbito a causa de errores internos y de presiones y golpeteo externo. Dicha necesidad gubernamental ha abierto el camino a una recomposición provisional, y de duración aún imprevisible, de las relaciones de Palacio Nacional con el desconfiado y retraído sector empresarial que, sin embargo, ha aceptado posar escénicamente en postales de “unidad nacional” e “inclusión”./

Ayer, el timonel de la nave denominada Cuarta Transformación asistió a la firma de un “Convenio para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo Incluyente”. La contraparte signataria fue ni más ni menos que el Consejo Coordinador Empresarial. Hubo aplausos, abrazos, sonrisas y un discurso presidencial que afirmó, según la nota publicada en el portal de La Jornada, “que las sesenta más importantes empresas del país tienen comprometidos para este año la inversión de 32 mil millones de dólares, lo que favorecerá acelerar el crecimiento de la economía y alcanzar el 4 por ciento promedio anual” (https://bit.ly/2RgSfG5 ). Además, AMLO afirmó que su administración generará condiciones para la inversión, certidumbre jurídica y allanará los obstáculos y trámites para que se concrete la llegada de los recursos./

Por otra parte, el vicepresidente provisional del país, Marcelo Ebrard, informó de otra cascada millonaria en promesa. Otros “amigos” de México, los gobernantes de Estados Unidos, habrían establecido su disposición a que “dentro de los acuerdos que se lograron en su pasada visita a los Estados Unidos, está el de que el gobierno estadounidense invertirá 5.8 billones de dólares en Centroamérica y 2 billones más en el sur de México” (https://bit.ly/2wTBqrw )./

El reparto de dulces bajo sospecha, y la consecuente emisión gubernamental de bonos de la esperanza (de que los empresarios y EE UU cumplan sus “compromisos”), se produjo al mismo tiempo que desde diferentes flancos se promueven, consiguen y festejan acciones judiciales adversas a algunos de los proyectos emblemáticos de la administración andresina como, por ejemplo, los complementos aeronáuticos civiles en Santa Lucía y la anegación del terreno donde aún se mantienen estructuras del cancelado plan de Texcoco./

Estados Unidos no tiene amigos sino intereses y la misma frase puede ser aplicada a la gran mayoría de los grandes empresarios nacionales o nativos pero aliados a fuertes factores extranjeros, quienes han sido cebados durante años en la rapiña del dinero público. En esta misma sección se advirtió en días anteriores respecto al peligro que para el futuro de la autodenominada 4T significaría el debilitamiento impuesto por Donald Trump mediante el juego sucio de aranceles y migración: aterrizado de manera drástica en la cruda realidad económica, delimitadas las zonas no solo peligrosas sino abiertamente explosivas que pueden ser pisadas por el proyecto reformista de AMLO, solo quedaría a este el refugiarse con sus exacerbados adversarios e invocar reunificaciones, reconciliaciones e inclusión. Por el bien de todos, primero los indicadores macroeconómicos./

Un nuevo episodio mortal contra un joven llevó a la administración de Claudia Sheinbaum a tratar de mostrar más enjundia. Tuiteó: “Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad en la Ciudad. Vamos a reforzar las áreas de inteligencia de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana” y, en un segundo tuit: “Estamos en sesión permanente del Gabinete de Seguridad donde pedí avances en las investigaciones, que sean con celeridad, apegadas a derecho y dejar en claro que no puede haber impunidad”. ¿Eso fue todo? Pues, sí./

Dos temas quedan para un tratamiento más amplio: la virtual renuncia de Alejandro Moreno (Alito, ahora mencionable como Amlito) al gobierno de Campeche para ser investido como dirigente nacional del PRI y la dura carta del presidente de México para cerrar el paso a influyentismo, corrupción o nepotismo.-
En el primer tema se está en presencia de una cesión de mando desde la devastada trinchera aún a cargo de la cuasi fantasmal Claudia Ruiz Massieu para dar paso a una gerencia de supervivencia, a cargo de quien ha sido gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Con este personaje, riguroso representante del priismo más oscuro, el Revolucionario Institucional no busca colocarse arreos de combate sino convertirse en bisagra a favor de acuerdos con Morena, en espera de que los vientos políticos y electorales llegaran a serle menos desfavorables al partido tricolor./

Moreno (masculino de morena), apodado Alito, sería ahora Amlito, pues su arribo a la dirigencia priista será por acuerdos secretos con el morenismo (como se ha dicho en esta columna desde un par de meses atrás). En ese alineamiento van once de los doce gobernadores priistas y contra esa cargada se ha pronunciado José Narro, exrector de la UNAM que ha aceptado jugar un papel lamentable en esta farsa de tres colores./

En otra pista, el presidente de México emitió un tajante comunicado oficial que tiene como trasfondo los extrañamientos sucedidos luego que su hijo, José Ramón López Beltrán, irrumpió por segunda ocasión en terrenos políticos del Estado de México, con un desparpajo que le llevó a ocupar asiento de relieve en las mesas donde se trataban temas de reparto de recursos asistenciales a alcaldes (en Naucalpan, a un lado de la presidenta municipal, Patricia Reyes Durán, cuyo secretario de gobierno es Manuel Espino) y de “reestructuración operativa para la entrega de programas de bienestar” en esa entidad (con diputados locales de Morena)./

La reacción del presidente López Obrador fue drástica, implacable, aunque ha de recordarse que en la campaña presidencial dos de sus hijos cumplieron encargos morenistas específicos: uno, como delegado en el Estado de México y, otro, como mensajero paterno y virtual operador en jefe en la Ciudad de México. ¡Hasta el próximo lunes!

Trump amaga y revuelve

El lunes diez de junio no llegó la crisis tan auguralmente mentada. Las variables económicas mostraron tranquilidad y, en algunos casos, ganancias para el país que tres días atrás parecía estar encaminado a pasar momentos muy difíciles.

Puesto a elegir entre dos opciones altamente negativas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo de escoger lo “menos peor”. De no haber aceptado las imposiciones trumpistas en materia migratoria, el obradorismo habría arribado al lunes de la verdad en muy malas condiciones, con un arancel estadunidense sobre productos mexicanos que dañaría a la economía del vecino país pero, sobre todo, a la de México, colocada esta en situación de crónica terapia intensiva como acumulación de las políticas económicas de los gobiernos anteriores, que saquearon la riqueza nacional, impidieron el desarrollo de industria y agricultura que nos dieran capacidad de resistencia ante embates externos y convirtieron al Estado en una maquinaria adversa a los intereses mayoritarios del país.

El muy amargo trago referente a la imposición migratoria trumpista ha sido manejado con vocación edulcorante por el presidente de México y sus principales operadores políticos, con excepción de quien ahora ha quedado irónica y provisionalmente colocado más a la izquierda que sus compañeros de élite: Porfirio Muñoz Ledo, el camaleónico político que considera “gravísimo que el país selle sus fronteras, en contra de los tratados internacionales”, lo cual sería “imposible y contrario al derecho humano a la migración”.

El propio sábado del mitin tijuanense, ante el presidente López Obrador, el multipartidista Muñoz Ledo planteó: “Lo que es inmoral es el doble rasero de ambas fronteras, en la frontera norte pedimos que nos abran la puerta y en la frontera sur se nos pide cerrarla para hacerles un oscuro favor a los Estados Unidos”.

Sin embargo, el presidente de México logró algo de lo poco alcanzable: tiempo. Poco tiempo, es cierto, y sujeto a una revisión que coloca a México en condición de castigable párvulo ante el sádico profesor Trump. Pero, a fin de cuentas, la bomba no explotó este diez de junio, aunque el propio evaluador norteño comenzó de inmediato a carcomer la base discursiva de aterrizaje político que el obradorismo ha tratado de consolidar.

Trump ha centrado sus nuevos ataques en tres puntos: 1), la presunta existencia de acuerdos secretos; 2) entre esos acuerdos no confesos, la supuesta disposición mexicana a comprar productos agrícolas a los “patriotas” productores estadunidenses; y, 3) la advertencia de que la guillotina de los aranceles se mantiene en lo alto, para ser activada cuando sea necesario./

La facilidad con que Trump logró doblegar a México en materia migratoria, a partir del manejo fullero de la carta de difícil aplicación real de los aranceles, y la inmediata continuación de sus tácticas ventajosas, confirman el Talón de Aquiles de la economía y la política mexicanas, talón que nunca era exhibido o golpeado en anteriores gobiernos priistas o panistas porque su entreguismo a Estados Unidos lo hacía innecesario, pero que ahora es resaltado ante los intentos de cambio que plantea López Obrador: Washington puede condicionar y someter los proyectos populares de cambio con la simple amenaza de mover resortes económicos determinados. Una verdad sabida, pero nunca tan drásticamente confirmada como ahora.

En ese sentido, es de preverse que Trump se aplique a amenazar y golpear al gobierno mexicano cuantas veces le sea necesario en el proceso de búsqueda de un segundo periodo en la Casa Blanca. El rubio multimillonario usará a México como escalón para subir de nuevo al podio ganador, mientras el gobierno obradorista intenta hacerse de más tiempo, pergeña posibilidades de una diversificación de relaciones comerciales geopolíticamente muy complicada y afianza su base política y electoral ante la guerra con el trumpismo que podría durar el resto del periodo a cumplir por el tabasqueño.-

Casos como el del joven Norberto Ronquillo no son inusuales en el país. Por el contrario, suceden de manera cotidiana, tanta que suelen diluirse en una memoria social anestesiada o fugitiva. El secuestro y asesinato de una persona, haya pagado o no el pedimento de rescate, es una estampa constante del libro de las desgracias nacionales. Ayer, el impacto afectó la conciencia de los habitantes de la Ciudad de México, cada vez más alcanzados por hechos sangrientos que parecían propios de otras latitudes, no de la capital del país.

Lo sucedido con el joven Ronquillo, a reserva de las precisiones forenses y judiciales que correspondan, se inscribe en la espiral delictiva que ha ido golpeando a los habitantes de la Ciudad de México. Peor y ya crónica es la situación en las áreas del Estado de México conurbadas con la capital chilanga: el gobernador Alfredo del Mazo es un ejemplo extremo de irresponsabilidad, solapada en la 4T porque no ofrece resistencia al obradorismo y pareciera estar totalmente dispuesto a allanarse ante la futura postulación de Morena a la sucesión.

La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ha respondido con esclerosis política en momentos críticos de su gestión. Mostró pasmo ante las graves contingencias ambientales de semanas atrás, con la perniciosa irrupción en altísimas proporciones de las partículas denominadas PM2.5. Y ahora, en el caso del estudiante Ronquillo, que generó alerta y solidaridad sociales, ella apareció en pantallas acompañando en segunda fila al presidente de México en un mitin realizado en Tijuana. Más que ese viaje sabatino para propósitos de escaparate político, a muchos capitalinos les hubiera gustado ver a Sheinbaum concentrada en atender directa y ejemplarmente dicho caso y muchos más que se acumulan en la accidentada realidad chilanga.

Y, mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha anunciado que se incrementará “a gran escala” la “devolución” de migrantes a México, ¡hasta mañana!

El Apóstol y las Bellas Artes

Un día antes de la reunión entre altos funcionarios en Washington para hablar sobre el amago trumpista de imponer un arancel a productos mexicanos se produjo en California la detención de un peculiar líder religioso, lo que en términos políticos favorece la posición descalificatoria de Donald Trump hacia nuestro país y afecta, de forma no tan indirecta al morenismo-obradorista (sobre todo si se considera el uso propagandístico adverso que en Estados Unidos se puede dar a este capítulo).

Si fuera una película, o una serie de las que ahora se difunden a través de distribuidoras de contenido bajo demanda en internet (Netflix, la más poderosa), la historia podría arrancar mostrando el cénit: Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, escuchando El guardián en el espejo, la obra musical que daría marco a la conmemoración de sus cincuenta años de vida (un marco extraoficial pero real: no se pudo realizar de manera formal el homenaje para el cual se había contratado el citado Palacio, pero en los hechos todo giró en torno al máximo jefe de la asociación religiosa denominada La Luz del Mundo).

Apóstol de Jesucristo es el título oficial de quien esa noche de gloria terrena fue acompañado por una serie de personajes que también están en el goce mundano de eso llamado política y poder:  el presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores, Martí Batres; el presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados, Sergio Máyer, y, según varias crónicas periodísticas, los senadores Félix Salgado Macedonio, presidente de la comisión de la defensa nacional, Ricardo Ahued Bardahuil (luego nombrado director de Aduanas, para quitarle contrapesos internos al alicaído gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García), Juan Manuel Fócil, Julio Menchaca, Roberto Moya y Gabriela Benavides.

Una conjunción escénica de tal magnitud (el préstamo de Bellas Artes y la asistencia de políticos morenistas) no provino de un milagro, por más que la ocasión pudiese sugerirlo. La presencia de altos mandos legislativos de Morena era una forma de sellar otra de las peculiares alianzas que se van dando en el rodar pragmático de lo que llaman la Cuarta Transformación: un orgulloso miembro de La Luz del Mundo (LLDM), el Verde senador Israel Zamora, solicitó el arrendamiento de Bellas Artes e invitó a sus colegas de la izquierda electoral para dar cuerpo al acto en el que el Apóstol Joaquín García fue el personaje central.

La detectable treta implicó que una Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, asociada a LLDM y presidida por el padre del senador Zamora, fuera la solicitante oficial del recinto. Aún así, la secretaria federal de cultura, Alejandra Frausto Guerrero, gozó de mejor suerte que la del medio ambiente, Josefa González Blanco y, pertrechada tras una bien elaborada y perdonada serie de enredos, logró resbalar la notable pifia.

La siguiente toma de la hipotética película o serie sobre los rudos tiempos de la política mexicana y binacional correspondería a alguna cárcel californiana a la que fue enviado el Apóstol Joaquín, acusado de veintiseis delitos, entre los cuales se incluyen los relacionados con pornografía infantil y abuso de menores. Del católico Marcial Maciel al orbelumínico Naasón Joaquín García.

La caída, cuando menos en prisión, del mencionado Joaquín García, golpea varios flancos del morenismo-obradorismo: en horas clave, agrega ajaduras a la imagen facinerosa que Trump promueve entre su público tan predispuesto a ir contra lo mexicano; incentiva en México a la oposición a la 4T, al mostrar como presunto delincuente a un personaje que días atrás ocupó el máximo recinto cultural de nuestro país; impacta la política de alianzas de Palacio Nacional con los credos no católicos, justo cuando se cocina la posibilidad de darles concesiones para radio y televisión y, finalmente pero no al último, exhibe las maquinaciones que están potenciando al Partido Verde Ecologista de México como nuevo canal alterno de desahogo de planes y maniobras especiales del morenismo obradorista.

La historia de la que sería denominada “La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo», comenzó en 1926, justo cuando el Estado mexicano buscaba la forma de contrarrestar la insurrección de católicos conocida como La Cristiada. El fundador fue Eusebio Joaquín González, nativo de Jalisco y enrolado en la milicia en la etapa revolucionaria y postrevolucionaria. A partir de 1926 se hizo llamar Aarón, como parte de las revelaciones divinas que dijo recibir. Una de ellas, establecerse en Guadalajara, pues “quiero que prediques el Evangelio en esta ciudad, porque tengo un grande pueblo que me servirá; y esta será la prueba de que yo te he enviado: Yo estaré contigo”.

A la muerte de Aarón Joaquín en 1964, le sucedió su hijo Samuel Joaquín Flores, quien murió en diciembre de 2014, siendo relevado por su hijo, Naasón Joaquín García. Todo en familia, por “llamado divino”, según explica la página oficial de LLDM ( lldm.org/Historia.html ). Dicho llamado divino llegó el mismo día de la muerte de Samuel, el 8 de diciembre de 2014, pero fue “manifestado a la iglesia” hasta el 14 del mismo mes.

En ese mismo año, la revista Expansión publicó: “En los años de 1990, el diario Los Angeles Times realizó una investigación sobre las actividades de Samuel Joaquín Flores y expuso el caso de una mujer identificada como Amparo Aguilar, en ese momento de 31 años, que aseguraba fue violada cuando era menor de edad por el líder religioso. De acuerdo con Los Angeles Times, Aguilar reportó el caso ante las autoridades estatales y federales, junto con tres acusantes más, exmiembros de la Iglesia.

“Un estudio sobre la iglesia publicado en 2009 en la Revista Académica para el Estudio de las Religiones, realizado por la doctora Lourdes Arguelles de la Universidad Claremont en California, señala una acusación más: la del joven Moisés Padilla, quien asegura fue violado por el líder religioso también cuando era menor de edad. Ninguna de estas acusaciones avanzaron en el ámbito legal y la iglesia siempre las negó” (https://bit.ly/31arzeQ).

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