Director general: Miguel Cantón Zetina | @MiguelCanton1
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Martes 24 Abril del 2018
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Astillero

Peña, insuficiente y a destiempo

Trump, más allá de la retórica
¿”Unidad nacional”? ¿desahogos locales?
Caída en Atlacomulco

Enrique Peña Nieto despachó ayer 713 palabras hacia la Casa Blanca (formalmente, el mensaje fue dirigido a “mexicanas y mexicanos”), mientras en Washington se anunciaba la intención de enviar unos cuatro mil elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera con México (aunque Trump dijo, en un vuelo, que consideraba que serían entre dos mil y cuatro mil). La proporción de este intercambio resulta sumamente dispareja: 5.6 miembros de esa Guardia, en caso de materializarse al extremo la pretensión trumpista, frente a cada palabra pronunciada desde Los Pinos en esta ocasión./

El mexicano se refirió a “un asunto de gran importancia”, a “acontecimientos recientes”, a “desafíos” que “nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto” y a “últimos acontecimientos”. Sus palabras de mayor tono se apoyaron en un acuerdo del Senado, contra “las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos”, y en frases pronunciadas por los tres candidatos presidenciales confirmados, Anaya, López Obrador y Meade (en orden alfabético) y la aspirante bajo investigación, Zavala. “Como Presidente de todos los mexicanos -puntualizó- coincido con estas expresiones”./

La parte de mayor combatividad peñista quedó de manifiesto en este párrafo dirigido a Trump: “Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”. La mira enriquista fue dirigida específicamente a las “recientes declaraciones” del presidente estadunidense, sin mencionar la realidad concreta de una orden dada desde la Oficina Oval para el despliegue de esas fuerzas de reserva militar y a los preparativos para su entrada en acción (ya está funcionando un grupo operativo con calendario inmediato, la Célula de Apoyo a la Seguridad Fronteriza, montado por la secretaría estadunidense de defensa). El párrafo final de la alocución peñista concitó la atención de muchos medios mexicanos de comunicación: “Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie está por encima de la dignidad de México”./

El texto leído por Peña Nieto pareciera pronunciado a destiempo (gran sentido de la oportunidad hubiera tenido en fechas anteriores a la etapa de gringo militarismo fronterizo) y, en ese sentido, es insuficiente y solamente retórico. Hay, desde luego, una frustración doméstica de Trump, con coletazos hacia México por su incapacidad para conseguir que este país pague por el muro fronterizo y con una desesperación ante futuros resultados electorales adversos al mencionado Donald. The New York Times ya había publicado un editorial sobre el punto, antes que Peña se refiriera a los móviles internos./

Pero el proyecto expansivo estadunidense, más allá de los zigzagueos emocionales de Trump, busca doblegar a México en la renegociación del tratado subcontinental de comercio, convertirlo en policía de la puerta trasera en materia de migración mexicana y centroamericana, seguir manejando el mercado de las drogas, con México como brazo instrumental, e influir para que se mantenga el esquema político y económico hasta ahora tan beneficioso para las élites./

El llamado peñista a la unidad nacional, y su sintomática reproducción en el aparato mediático controlado, buscan poner sordina a la crítica del mal gobierno, que ha llevado al país a la trágica situación actual, tanto en el plano interno como en su relación con el vecino país. Las palabras de Peña Nieto, pronunciadas ayer, incluyen una serie de referencias complacientes al ejercicio gubernamental realizado durante este sexenio. En el curso de una contienda electoral tan difícil para el PRI y Los Pinos, ese posicionamiento de “unidad patriótica” resulta de gran utilidad táctica./

No se trata, desde luego, de aspirar a que Peña Nieto anunciara medidas agresivas frente a una potencia hoy dirigida por una voluntad veleidosa. Pero la política y la diplomacia siempre han encontrado formas para que las naciones en desventaja puedan asumir posiciones inteligentes de dignidad, que permitan exhibir los abusos sin que en consecuencia haya mayores daños para los países lesionados por poderes imperiales. Hasta en el propio terreno de la retórica pudo haber mostrado el ocupante de Los Pinos mejores formas de responder al tamaño de los agravios recibidos. Pero Peña Nieto prefirió refugiarse en la prudencia, solamente, y emitió un pronunciamiento que podría quedar nada más en el terreno de los desahogos verbales para consumo interno, con gran colaboración de exaltadores mediáticos locales y, a final de cuentas, una aceptación, con falsos retobos menores, de la realidad impositiva del trumpismo, en espera de favores o apoyos electorales a corto plazo./

El simbolismo no es solamente en el terreno de las obras públicas, en desastre por la corrupción política y empresarial: la caída del techo de un lienzo charro en Atlacomulco, Estado de México, lleva a reflexiones sobre el sistema político mexicano y el grupo hoy dominante, asentado en Los Pinos. Cayó ese techo el mismo día en que la obra había sido formalmente entregada (bajo el entendimiento de que el proceso de construcción había sido satisfactoriamente cumplido), y un día antes de que se inaugurara una competencia charra por la cual se esperaba un cupo lleno en el lugar. La competencia iba a llevar originalmente el nombre de la presidenta municipal pero, ante las protestas por ese acto egocéntrico, se cambió por el del icono local, Isidro Fabela. La corrupción, la ineficacia y el peligro también alcanzan al emblemático Atlacomulco./

Y, mientras Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, ha informado que en el país hay unos 35 mil cadáveres sin identificar, y unas 30 mil denuncias de personas desaparecidas, ¡hasta el próximo lunes!

P&V: tibieza ante Trump

• Ayuda electoral deseada
• Premio al derrotado Hinojosa
• Rechazan al Bronco en NL
La administración P&V (Peña y Videgaray) está en una desigual encrucijada. La creciente animadversión de Donald Trump contra México habría demandado de los habitantes de Los Pinos una respuesta a la altura de los agravios recibidos y de la Guardia Nacional por emplazar. Pero, al mismo tiempo, las expectativas de continuidad política del grupo P,V & M (Peña, Videgaray y Meade) dependen del apoyo que brinde el descocado multimillonario vecino, sobre todo si los resultados electorales deseados por ese conglomerado de intereses provocan en el país protestas y movilizaciones.
Peña tiene frente a sí una extraordinaria oportunidad de mostrarse como defensor de última hora de los intereses nacionales, pues el nivel de provocación de Trump ha llegado ya a extremos premilitares, con la Guardia Nacional (una fuerza de reserva, conformada por voluntarios) como avanzada declarativa en vías de precisiones que el multimillonario rubio no ha hecho de propia voz (fiel a su estilo de negociar con la guillotina lista para entrar en acción), lo cual el entrampado Peña Nieto utiliza como coartada, incapaz de romper lanzas contra aquel a quien pretende solicitar protección en caso de incendios en la pradera mexicana, atado a la esperanza tejida por el habilidoso Videgaray de que la incógnita electoral mexicana sea resuelta a manotazos por el presunto aliado en Washington.
La oportunidad de ondear una bandera patria, con sus tres colores asociados a los del partido en el poder, es tentadora en tiempos electorales tan difíciles para ese partido y su candidato, el tecnopriistapanista José Antonio Meade. Ayer mismo, el Senado aprobó por unanimidad (es decir, con la aprobación de la bancada priista y sus aliados; es decir, con la autorización de Los Pinos) una serie de puntos que encaran declarativamente a Trump y sus amagos de militarización fronteriza. La resolución senatorial pincha los puntos delicados de la relación que interesa a la Casa Blanca y el Pentágono: enfriar la “cooperación” en materia de migración y de combate al narcotráfico, han propuesto los senadores súbitamente unánimes en su patriotismo de final de temporada legislativa.
La altisonancia antidiplomática de Trump y los llamados del Senado mexicano pueden quedar en la nada, en ese batidillo de fintas, serpenteos y reculadas que tienen como telón de fondo la renegociación del tratado subcontinental de libre comercio y la exigencia gringa de convertir a México en un instrumento dócil de su maquinaria de control y seguridad. Ayer mismo, la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos dijo al embajador de Estados Unidos en México, Luis Videgaray, que el despliegue de la Guardia Nacional se hará en términos complementarios de lo que ya realiza el Departamento de Seguridad Interior en la frontera con México. Y que no habrá acciones de corte migratorio o aduanero. Desde luego, esas palabras son suficientes para que P&V se den por satisfechos y se reconcentren en su objetivo original: aguantar lo que sea necesario, con la esperanza de que el disparatado Trump ayude a la continuidad del grupo peñista en Los Pinos.
Astillas: Enrique Peña Nieto premia con la secretaría de agricultura (y conexos) al primer priista en perder una gubernatura en Tamaulipas: Baltazar Hinojosa Ochoa, nacido en Brownsville, Texas, ocupó dos secretarías en el gabinete del gobernador Tomás Yarrington, fue presidente municipal de Matamoros y, a la fecha, diputado federal. En junio de 2006 perdió la gubernatura del estado norteño por amplia diferencia frente al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca… No fueron 50 sino 87 millones de usuarios, la mayoría residentes en Estados Unidos, los que sufrieron las maniobras de Cambridge Analytica para hacerse de datos personales que luego fueron usados con fines electorales. A pesar del escándalo que crece en el país vecino, en México el Instituto Nacional Electoral se mantiene inamovible en cuanto al convenio que firmó con Facebook para “cooperar” en ciertos aspectos de la complicada elección en puerta… Andrés Manuel López Obrador no encontró censurable el diálogo de un obispo guerrerense con un “alto capo de la droga” y, con esa declaración como plataforma, se multiplicaron las voces y comentarios, en varios medios de comunicación, tratando de “ligar” al tabasqueño con intereses del crimen organizado… El tribunal electoral federal rechazó una de las impugnaciones de Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, respecto a la decisión vigente de no hacerlo candidato presidencial “independiente”. Todo apunta a que no le restará a tal personaje sino emprender el camino de regreso a Nuevo León. El problema es que allá se multiplican las voces que también lo rechazan, bajo el argumento de que NL no se merece un gobernador tachado a nivel nacional de tramposo… En el escenario del terror mexicano ha aparecido una variedad igualmente monstruosa: el asesinato de mujeres embarazadas y la extracción violenta del bebé. Así sucedió en Tampico, Tamaulipas y, según se dio a conocer ayer, en Alvarado, Veracruz (en este caso fue recuperado el bebé, a salvo)… El pasado 25 de febrero, Ricardo Anaya pretendió explicar con sentido pedagógico el asunto de la nave industrial queretana que le produjo ganancias por decenas de millones de pesos; para ello utilizó fotografías y un pizarrón. En la misma línea aleccionadora, también con un pizarrón al que asestó tipografía y dibujos, Miguel Ángel Mancera trató ayer de explicar otro negocio político en curso, el de los gobiernos de coalición… A la hora de cerrar esta columna eran dos los candidatos presidenciales que habían rechazado la oferta gubernamental de ser cuidados por elementos del Estado Mayor Presidencial. López Obrador y Ricardo Anaya dijeron no.
Margarita Zavala aún no es una candidata formal, pues su pretensión está sujeta a una revisión sobre el financiamiento y la manera como se hizo de firmas de apoyo. Además, como esposa de Felipe Calderón, cuenta con protección del cuerpo militar de élite… ¡Hasta mañana!

Meade lisonjea (y exculpa) a los Calderón

• Cercanías con tufo a alianzas
• Obispo, capo y Segob
• Sheinbaum y Barrales se enzarzan
Ha lanzado José Antonio Meade el primer requiebro político a su hipotética aliada a futuro, Margarita Zavala Gómez del Campo. Luego que el candidato priista retara a debate público a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya, para hablar sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de cada uno, fue la expanista, ahora “independiente”, quien encaró el desafío (que, como queda dicho, no era dirigido a ella, sino específicamente al tabasqueño y al queretano), urgida como está de treparse al escaparate presidencial, hasta ahora dominado por los tres candidatos varones.
La respuesta de Meade, una expedita exculpación ni siquiera pedida por Margarita y Felipe Calderón, aporta indicios tempranos de una tersura política que a muchos lleva a especular sobre el papel que finalmente asumirá dicha candidatura conyugal, pues así respondió en Twitter el esposo de Juana Cuevas: “Bienvenida al debate, @Mzavalagc. En honor a la verdad, jamas (sic) he dudado de que tú y tu familia viven de acuerdo con su ingreso bien habido. Lamentablemente, no veo lo mismo en el caso de @lopezobrador_ y @RicardoAnayaC”.
Dicho tuit no es un acto de galantería política sino una precoz demostración de posicionamientos compartidos: la presidenta del DIF nacional de 2006 a 2012 como “opositora” complementaria, adjunta, sumable en el momento adecuado. Ruedas que hoy parecen ir por caminos distintos, distanciados, pero que tienen antecedentes de viajes compartidos y, hoy, de adversarios también compartidos: Margarita y Felipe buscan restarle puntos a su repudiado Anaya y, con ello, si llegan a desbancarlo del provisional segundo lugar en las encuestas de opinión, ayudarían al posicionamiento de Meade en el subliderato, endeble en términos reales pero suficiente para intentar desde ahí el rebase forzado del Peje correcaminos, al merito estilo (tan conocido por ese amasijo prianista, tecnocrático y político) del “haiga sido como haiga sido”.
Por otra parte, los dardos selectos de Meade buscan agravar la herida abierta con datos de la inteligencia federal financiera al revelar los pormenores de una de las operaciones de enriquecimiento, explicable a la luz de las influencias políticas, del panista Anaya en Querétaro, en específico con una nave industrial productora de ganancias desorbitadas.
Y, por otra parte, se busca ir centrando el debate en las circunstancias específicas del insólito modo de vida de López Obrador, quien ha mostrado tal desapego de las cuestiones monetarias que (según la insistencia de los señalamientos del priismo, hasta ahora no tan precisos) probablemente habría infringido algunas disposiciones fiscales al no hacer reportes específicos del monto de los ingresos recibidos anualmente y del correspondiente pago de impuestos.
Parecería una estrategia diseñada por sus peores enemigos, pero hay priistas entusiasmados con la posibilidad de “exhibir” a AMLO en términos de una supuesta irregularidad respecto a sus obligaciones con Hacienda, lo cual, en el contexto de lo que hoy se vive en México, sería una infracción tan artificialmente explotable que, como en el desafuero previo a la campaña de 2006, podría terminar por afianzar las expectativas de triunfo del tabasqueño.
Alfonso Navarrete Prida no quiso sentirse rebasado por un obispo, el de Chilpancingo, Guerrero, quien reveló que el viernes recién pasado se reunió con un “alto capo de la droga” para gestionar y agradecer obras y servicios otorgados por un cártel del narcotráfico a una población de esa entidad y, de pasada, para abogar en contra de los asesinatos de políticos que buscan ocupar cargos de representación popular.
El obispo Salvador Rangel comentó, con toda tranquilidad, que pidió a ese capo que se frenaran los crímenes políticos, a lo que el poderoso interlocutor respondió positivamente, pero estableciendo dos condiciones que, en todo caso, son netamente políticas, frente a la criminalidad de los políticos: por principio de cuentas, “evitar que se compre el voto”, y, en segundo lugar, que “los candidatos cumplan lo que prometen, porque cuando llegan al poder se olvidan de la gente”. ¡Vaya que salió politizado el tal “alto capo de la droga”¡
Ante el pragmatismo político del obispo y el capo, el secretario de gobernación saltó en busca de reivindicar su oficio casi inútil: soltó algunas de esas frases que tanto complacen a los políticos castigados por la obsolescencia:  el gobierno mexicano, dijo Navarrete, “no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra; no es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”. Mientras tanto, en Guerrero, como en buena parte del país, la violencia criminal sube de nivel y arrolla a políticos, funcionarios y retórica que solo sirven para rellenar boletines de prensa.
La contienda por la Ciudad de México va subiendo de tono, con la morenista Claudia Sheinbaum a la delantera, la perredista Alejandra Barrales como segundo lugar retador y el priista Mikel Arriola haciendo esfuerzos para no verse hundido. La próspera compradora de bienes inmuebles de lujo, Barrales, ha retomado, como era de esperarse, el tema de las muertes de niños en el colegio Enrique Rébsamen, durante el pasado sismo magno de septiembre, y las irregularidades administrativas cometidas por autoridades de la delegación Tlalpan, con dedicatoria de la exdirigente de una asociación de sobrecargos de aviación contra la mencionada Sheinbaum.
Convertido en una pálida añadidura al tren de blanco y azul que encabeza Ricardo Anaya a nivel nacional, el perredismo pretende librar en la capital del país una pelea cerrada con Morena, sobre todo ante el riesgo, que prevé el mancerismo, de una venganza política contra la actual administración capitalina, muy acusada de negocios y enriquecimientos.
Y, mientras Donald Trump insiste en agarrar de “piñata” a México, ¡hasta mañana!

¿Cómo llegan (o no llegan) los “independientes”?

  • Margarita y Cocoa, anomalías
  • Mercado negro electoral
  • Oportunismo de cambalache

 

Hoy, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) decidirá la suerte de tres presuntos finalistas en la búsqueda de una candidatura presidencial “independiente”. Uno de ellos, el senador guerrerense con licencia, Armando Ríos Píter, autodenominado el Jaguar, se ha allanado a las evidencias de que su recolección de firmas de apoyo fue altamente irregular (para usar un eufemismo) y ya ni siquiera ha presentado pelea; otro, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, apodado el Bronco, ha sido tachado por similares “irregularidades”, más las evidencias de uso ilegal de dinero para financiar su adquisición de firmas, ante lo cual sostiene alegatos con altisonancia, con el propósito de victimizarse; y Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, con 45 por ciento de “irregularidades”, pretende asumirse como la única aspirante “independiente” que estará en la boleta presidencial el próximo uno de julio.

Zavala Gómez del Campo y su cuñada, Luisa María Calderón Hinojosa, a quien llaman “Cocoa” y busca ser diputada federal por la misma vía “independiente” (luego de décadas de militancia panista), ocupan el último y el penúltimo lugar, respectivamente, en cuanto a la limpieza en la obtención de firmas de apoyo, según una gráfica elaborada por el politólogo Sebastián Garrido (@segasi, en Twitter) a partir de los datos oficiales del citado INE. Esa misma gráfica tiene en primer lugar de limpieza al joven jalisciense Pedro Kumamoto Aguilar, aspirante al Senado; en segundo lugar a Julio Hugo Sánchez Quiroz, quien busca ser diputado por Ixmiquilpan, Hidalgo; luego, José Terencio Valenzuela Gallegos, aspirante a diputado por Cajeme, Sonora; en seguida, María Graciela Parra López, quien busca una curul por un distrito de Tabasco y, en quinto lugar, el sinaloense Manuel J. Clouthier, aspirante al Senado.

Otra aspirante a la candidatura presidencial independiente, María de Jesús Patricio Martínez, jalisciense postulada por el Congreso Nacional Indígena y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no pudo recabar el suficiente número de firmas de apoyo, pero dejó una contundente marca de honestidad, con 94% de datos sin impugnación alguna, contrastando con el 55% de firmas válidas en el caso de Margarita Zavala.

Pedro Ferriz de Con, un conductor de programas periodísticos en radio y televisión durante décadas, ha denunciado con insistencia las malas artes practicadas por los aspirantes a la candidatura presidencial que entregaron un batidillo de firmas válidas con otras cuya tesitura va de lo anómalo a lo francamente delictivo. Ferriz de Con, quien no logró la adecuada cantidad de apoyos para pretender la silla presidencial, ha hablado de un mercado negro de datos electorales, manejado por grupos mafiosos, abiertamente criminales, a los que se habrían acogido quienes dicen haber cubierto los requisitos fijados por el INE.

Cierto es que los procedimientos operativos establecidos por las autoridades electorales fueron señalados, desde el inicio, como ineficaces y obstructivos. Pero hay un gran contraste entre las cifras aportadas por varios de los participantes “limpios”, en un rango del 90 por ciento de normalidad de sus datos, con el cúmulo de suciedad reportado por quienes, en el caso sintomático de Zavala Gómez del Campo, tratan de asumir tales anormalidades como una especie de incidencias naturales, salvables a fin de cuentas porque hizo mayoría el porcentaje “positivo” (55% contra 45%).

Es probable que la peor puñalada al proceso actual de los “independientes” lo llegue a constituir el aval del INE a esa candidatura zavala-calderonista sustentada en trampas y “fallas”. Como sintomática reivindicación del “haiga sido como haiga sido” (frase coloquial con la que Felipe Calderón quiso diluir las críticas a la forma como se hizo de la Presidencia de la República en 2006), la expresidenta del DIF en el sexenio calderonista rebasó “de panzazo” el mínimo de firmas requerida

 

¿Cómo llega Meade a la campaña?

• Sin identidad; continuista
• Invocante del modelo Edomex
• Cerrar los ojos; dejar pasar
Un problema evidente de José Antonio Meade Kuribreña es su aparente falta de identidad (lo cual, para fines prácticos, es su verdadera identidad a conveniencia). No tiene credencial de priista pero se ha esmerado, a niveles tragicómicos, en identificarse con los modelos más depurados del peor priismo (“¡háganme suyo¡”, la frase dicha ante la cúpula cetemista, es una de sus cumbres definitorias); no es un político sino un tecnócrata, pero se ha aplicado a practicar las suertes más deplorables del priista clásico; no ejerce ya ningún cargo en el gabinete presidencial pero se ha mantenido como fiel defensor del ocupante de Los Pinos, garante de continuismo y aspirante a ser el sujeto pasivo de un proyecto de minimato peñista.
“Pepe Toño”, como le dicen sus cercanos, no ha atinado a precisar la propuesta de cambio o mejoría que podría ofrecer a los votantes: justifica y apoya lo hecho en las nefastas administraciones federales de las que ha formado parte (con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña como jefes); alega una honestidad personal que no se tradujo en celo para impedir que los bienes nacionales fueran dilapidados o saqueados por pillos con cargos de gobierno, y proclama características personales (su experiencia como funcionario, su dominio del inglés, manejar personalmente sus automóviles, jugar dominó con su familia) como complemento de una propuesta de gobierno que a nivel popular suele denominarse “más de lo mismo”.
En términos netamente políticos, Meade es percibido como un rehén de turbias pero vigorosas fuerzas de poder que le han impuesto a los coordinadores de su entorno político (sobre todo, a Aurelio Nuño y a Enrique Ochoa Reza), que han definido la mayor parte de las listas de candidaturas al congreso federal y que suministrarán los capitales económico y de tecnología mapache para tratar de imponer un “triunfo” fabricado a favor del PRI, “haiga de ser como haiga de ser”.
A contrapelo de las prendas de decencia, honorabilidad, prudencia y benevolencia religiosa que sus cercanos le adjudican, Meade ha colocado en el centro de su estrategia de campaña el modelo de defraudación electoral escandalosamente practicado en el Estado de México. Ese modelo se significa por el uso desbordado y descarado de recursos públicos, con los secretarios de estado y los directores generales de la administración federal convertidos en responsables operativos de la compra de un volumen determinado de votos y de la movilización adecuada de esos votantes comprometidos. Además del uso del erario para el cumplimiento de esas metas, sobre todo mediante los programas asistenciales, el modelo del Estado de México ha elevado el nivel de peligrosidad delictiva, con bandas del crimen organizado dedicadas a amedrentar a opositores y a influir, en términos positivos o negativos, en la movilización electoral.
Por sí mismo y en circunstancias como las actuales, Meade podría ser considerado un candidato virtualmente derrotado, sin una expectativa natural de alcanzar y rebasar a un delantero, Andrés Manuel López Obrador, e incluso sin haber rebasado al opositor circunstancial, Ricardo Anaya Cortés. Pero es probable que se cometa un error de cálculo si se considera tempranamente doblegado al aparato PRI-Gobierno y si se considera que no podrá modificar, a la fuerza y a su conveniencia, muchos de los escenarios vigentes.
En realidad, los tres meses de la campaña formal por iniciar serán de una intensidad inusual. Muchos de los rasgos están a la vista: guerra propagandística sucia y preparativos para el fraude electoral. Pero, además, la maquinaria tricolor de compra del voto está incentivada, más que nunca, por las carretadas de dinero sustraído de las arcas públicas, y varios de los personajes clave de las manipulaciones por venir son políticos o funcionarios con temor de ser desposeídos de sus fortunas mal habidas o de caer en procesos judiciales adversos. En peligro ante un López Obrador que ofrece amnistías pero no todos se lo creen, o de un Ricardo Anaya vengativo, al que han golpeado secamente con buenas y malas artes, hoy el Meade aparentemente bonachón tiene entre sus fuerzas de apoyo a una legión de generales con mucho dinero, mucha experiencia maligna y muchos deseos de impedir, al costo que sea, un mínimo cambio que les pueda afectar.
En todo caso, y haciendo a un lado el expediente extremo del fraude electoral, José Antonio Meade requeriría tomar decisiones y mostrar definiciones. Hay un segmento de votantes, entre conservadores y pragmáticos, que no confían en López Obrador y tampoco en Anaya, por lo cual no les quedaría más que la opción del pentasecretario de Estado. Con todo y los horrores del peñismo, hay quienes encuentran un aire aceptable en el tecnócrata que dice que sí sabe cómo hacer las cosas. Esa franja de probables adherentes a Meade podrá incrementarse en estos noventa días de fragor en que la figura de AMLO será pasada por hornos de “contraste”: los propagandistas del candidato del régimen intentarán convencer a los sectores ciudadanos menos ideologizados del “peligro” que representa el tabasqueño, con la cantaleta venezolana como himno de batalla.
En todo caso, y llevando este análisis a un terreno propositivo, Meade tendría que deslindarse drásticamente de Peña Nieto (y del tutor Luis Videgaray) y plantear con claridad sus propuestas diferentes. Debería despojarse de los ropajes de dinosaurio de tres colores que le han impuesto sus captores de Palacio y tendría que asumir un lenguaje directo y confiable. Con la absoluta seguridad de ganar el envite, se podría apostar a que eso no sucederá. Es más probable que Meade continúe en el papel de la cara sonriente y amable que diga no enterarse de lo que hacen y harán los operadores políticos y electorales que Los Pinos ya ha instalado. Esa es la definición e identidad reales de Meade, aunque él siga jugando a parecer indefinido. ¡Hasta mañana!

Caída en Perú, ¿y en México?

Odebrecht: control e impunidad
AMLO, funámbulo ante reformas
INE: no temer por Facebook

La caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyinski Godard, en el contexto de las historias de corrupción política y electoral relacionadas con la empresa Odebrecht, subraya la virtual inacción a fondo en la vertiente mexicana y el poderoso manto de impunidad que, desde la máxima altura del poder ejecutivo federal, se ha tendido sobre el caso, trastocando y arrollando la normalidad institucional del país y exhibiendo a nivel internacional a México como el único lugar donde las complicidades mafiosas siguen triunfantes.

Cierto es que la rivalidad entre dos hijos del expresidente Alberto Fujimori crearon las condiciones en Perú para darle allá mayor fuerza al escándalo Odebrecht y para orillar al hijo de un médico alemán a dejar la presidencia de la República. Keiko y Kenji Fujimori, feroces contrincantes políticos, han participado en una guerra de videos delatores que enloda a la clase política y en particular a quien fue presidente hasta hoy.

En México, en cambio, la nota dominante ha sido el prolongado esfuerzo hecho desde Los Pinos para ocultar el tema, disolverlo mediáticamente y poner a salvo a los principales partícipes, principalmente a Emilio Lozoya, personaje clave en la recepción de sobornos de la firma con sede en Brasil que entregó millones de dólares a quien era coordinador de relaciones internacionales de la campaña del entonces candidato priista a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, y que luego, ya como director de Petróleos Mexicanos, devolvió favores al autorizar contratos muy ventajosos para la mencionada Odebrecht.

El principal problema para Peña Nieto y  el PRI no es la realización y denuncia de actos corruptos en sí. Día tras día los mexicanos van sabiendo del metódico saqueo de recursos públicos que practica una clase política criminalmente rapaz. El robo de los fondos del presupuesto público a manos llenas es tan evidente, y resulta tan cotidiano, que la difusión y exhibición de sus detalles impacta cada vez menos a una ciudadanía en extrema condición de valemadrismo, si acaso desahogada mediante burlas, críticas en redes sociales y la minusválida esperanza de que, un venturoso día, un buen golpe de suerte en las urnas comience a remover milagrosamente la acumulación de podredumbre y delictividad en el sistema político mexicano.

Pero el caso Odebrecht parece rebasar las penosas marcas de anestesia cívica de los mexicanos. No solo no se ha intentado hacer algo parecido a la justicia sino que de manera sistemática se han realizado graves hechos jurídicos e institucionales contra esa idea de justicia. Las bajas en el camino son impresionantes: el fiscal federal para delitos electorales, Santiago Nieto, fue tumbado del cargo mediante presiones, amenazas y tretas sucias, según él ha hecho saber ahora, para impedir que avanzara en la investigación de los nexos Odebrecht-campaña presidencial de 2012. El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, dejó su oficina el 16 de octubre del año pasado, luego de anunciar que el expediente Odebrecht, en su parte relacionada con México, estaba plenamente integrado, “cerrado”, y que en “unos días” habría las consecuentes acciones judiciales, mismas que seis meses después no han asomado ni milimétricamente.

La magna confabulación que ha estancado el caso Odebrecht en México tiene como referencia las elecciones de julio próximo, sumamente peligrosas para Los Pinos y el PRI. De haberse permitido que avanzara una investigación judicial medianamente respetable, se habrían conocido entretelones muy indicativos de un financiamiento con fondos extranjeros para la campaña presidencial priista de 2012. De consolidarse jurídicamente la hipótesis, el registro del partido de tres colores estaría en riesgo, así como la postulación de sus candidatos a puestos de elección popular en 2018, entre ellos el propio José Antonio Meade Kuribreña.

Funámbulo en el asunto de los contratos petroleros y la reforma energética (se denomina así al “acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre”, según el diccionario de la RAE), Andrés Manuel López Obrador ha dejado sueltos algunos hilos discursivos que ahora sus adversarios tratan de jalar, tratando de quitarle su red electoral de protección. Contrastadas las posturas suavizantes del empresario Alfonso Romo (quien busca “tranquilizar” a los hombres del gran capital) y de impulsores de Morena como el escritor Paco Ignacio Taibo II (quien ha recordado los compromisos programáticos del joven partido, en cuanto a revertir dicha reforma), el candidato tabasqueño ha pronunciado palabras de congruencia con la esencia de ese partido que, a la vez, han inquietado a grandes negociantes.

Ese tema, y el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, están siendo entretejidos en una prenda para consumo propagandístico que retoma el postulado de que AMLO es un peligro. Ayer, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, llamó a López Obrador a dialogar sobre ese tema: “Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de Estado de Derecho, porque ese está claro: los contratos se deben de honrar (…) Y los demás temas también, porque tanto el aeropuerto como la reforma educativa, la energética, tienen beneficios importantes y además retos que hay que afrontar”.

Astillas: Luego del mal ejemplo de Miguel Ángel Mancera, haciendo chicanas para brincar del gobierno de la Ciudad de México a una candidatura a senador por el PAN, utilizando a Chiapas como plataforma, ahora el gobernador de esta entidad, Manuel Velasco, aprovecha para postularse como candidato a senador por el partido Verde… Dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que no hay que temer: el convenio con Facebook, asegura, no implica que esta empresa se vaya a apropiar de datos electorales, como hizo en otros países Cambridge Analytica, firma que ya está presente en el escenario mexicano, esperando que los funcionarios locales le den permiso o no de hacer lo que ha hecho en otros países… ¡hasta mañana!

Fake INEws

Facebook, convenio bajo recelo
Cambridge Analytica, en México
Robo de datos, influjo sucio

El pasado 6 de febrero, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio a conocer la firma de un convenio con Facebook para impulsar la participación ciudadana en los próximos comicios y frenar la circulación de noticias falsas. Sumamente motivado, Córdova Vianello afirmó que ese convenio, al que seguirían otros de similar índole, con Twitter y Google, permitiría convertir las elecciones de julio en un “venturoso (…) laboratorio en el que distintos esfuerzos desde la sociedad, desde la industria y las autoridades se conjugan para generar un contexto de robustecimiento de la democracia” (el 7 de febrero, esta columna habló del asunto: “México: laboratorio electoral en redes” (https://goo.gl/g1hzWj ).

La visión optimista del presidente del INE topó de inmediato con fundadas reticencias y aventuradas especulaciones. Depositar en esa red social, líder en México, la llave para calificar informaciones como falsas y cancelar su difusión al menos en esa plataforma, pareció a muchos una medida demasiado arriesgada, y susceptible de maquinaciones varias.

Diego Bassante, gerente de Facebok para asuntos de Política y Gobierno en América Latina, había comentado desde noviembre de 2017, en el foro “#Voces HuffPost: las otras voces que sonarán en 2018”, que su empresa podría activar un Megáfono Electoral, para invitar a los feisbuqueros mexicanos a salir a votar, y un botón de Elector Informado, para dar noticias y datos a los interesados en los comicios (https://goo.gl/3wFQFr ). Además, habría capacitación para periodistas y ciudadanos y se ayudaría a la difusión de los debates entre candidatos presidenciales a través de Facebook en vivo (transmisiones que, en circunstancias normales, cualquier usuario de esa red puede hacer por sí mismo).

El 13 de febrero, Misael Zavala, reportero de El Universal, dio a conocer que el “acuerdo confidencial” entre el INE y Facebook no tenía ninguna cláusula o señalamiento específico para combatir las noticias falsas. El acuerdo fue firmado, a nombre del INE, por el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y el director jurídico, Gabriel Mendoza Elvira y, a nombre de Facebook Ireland Limited, por Shane Crehan. Ahí se puntualizó que “Durante el periodo de Elecciones, Facebook tiene la intención [pero no la obligación] de hacer que algunos de sus productos de participación ciudadana estén disponibles en su plataforma para México”.

A cambio de esa intención, “el día de las Elecciones el INE proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en la forma y manera acordada por las partes”.  Además, Facebook contará con “un espacio físico” en las oficinas del INE el primero de julio, “donde la empresa podrá realizar actividades relacionadas con las elecciones, como publicar en sus plataformas videos en vivo de las actividades del día de las elecciones por Facebook o sus aliados” (https://goo.gl/R52k45 ).

Alejandro Cárdenas López, profesor de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM, publicó en febrero, en dos partes, un análisis sobre el tema (“El INE y el convenio con Facebook, ¿pacto con el diablo”?, https://goo.gl/iJF3P1 y https://goo.gl/yXKTLh ).  Ahí, entre otros puntos, se plantea que cuando INE y Facebook “señalan productos ‘de participación ciudadana’, sabemos que son herramientas que van acompañadas de la penetración en el mercado electoral con acuerdos de publicidad; además de (hacerlo con) los partidos y gobiernos, (Facebook) le vende servicios de publicidad al mismo INE. Recientemente The Economist informó que tras la elección de Estados Unidos y las granjas de ‘trolls’ rusas, los gigantes tecnológicos dañan a la democracia y son laxos en su rigor con las cuentas falsas, dado que les generan vastos ingresos publicitarios (El Mercurio, 2018). Es decir, Facebook es juez y parte y su carácter de empresa extranjera podría complicar más la fiscalización”. También se anota que, con este convenio,  “el INE pretende comunicarse ‘directamente’ con los usuarios, suplir con Facebook al periodismo”.

Cárdenas López advierte que hay una preocupación más: “en diciembre de 2017 el INE realizó un foro sobre ‘Dinero y Elecciones’, como parte de su interés por debatir y hablar sobre los riesgos de la elección de 2018, pero no tuvieron una sola mesa sobre fiscalización en internet y redes sociales. Dicho evento se realizó a unos días de la calificación de la elección de Coahuila, en la cual INE elaboró dictámenes consolidados deficientes, y numerosos especialistas denunciaron que las deliberaciones del Tribunal, en dicho caso, fueron casi absurdas y le dieron el triunfo en la corte, y no en las urnas, al candidato priista Miguel Riquelme, en una elección plagada de irregularidades. El caso Coahuila en 2017 es paradigmático porque el TEPJF eliminó varios millones de pesos de gasto en videos y publicidad ya informado, justo en Facebook, con lo cual no se anuló la elección a gobernador”.

A todo lo anterior se suma la crisis de Facebook en las horas recientes, cuando se ha precisado que Cambridge Analytica (CA) dispuso de manera ilegal de datos de unos 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos. CA es una empresa especializada en la segmentación de usuarios de redes sociales, para enviarles mensajes positivos o negativos que impacten el sentido de su sufragio. A esa firma se atribuyen distorsiones perniciosas en los comicios que dieron por triunfador a Donald Trump. CA ha reconocido en un video tomado en secreto por la televisora de Reino Unido, Channel 4, que ha influido en elecciones en varios países, entre ellos México. CA está ya activa para participar con su tecnología de manipulaciones en los próximos comicios mexicanos, reclutando especialistas y tejiendo planes (https://goo.gl/urkqyv ). ¿Debería Lorenzo Córdova deshacer el “acuerdo” con Facebook, que ha sido plataforma de datos para la defraudadora electoral denominada Cambridge Analytica? ¡Hasta mañana!

Sismo exhibe a gobernantes

• ¿Reconstrucción, donativos?
• Ligerezas de Vargas Llosa
• Ferriz, Yunes, Gamboa, felinos
Seis meses después, el venturoso estallido de solidaridad ciudadana ha ido escabulléndose entre los vericuetos burocráticos, la sabida habilidad trampeadora de políticos y empresarios y la mitología desvirtuada y expropiada por muchos medios de comunicación; es decir, por el peso aplastante de un sistema que se montó en el episodio del sismo del pasado 19 de septiembre para reinstalar sus estructuras de demagogia, simulación e ineficacia.
Ayer, diversas expresiones ciudadanas recordaron en la Ciudad de México lo vivido medio año atrás e hicieron recuentos crudos de los fatigosos recorridos que han debido hacer en busca de atención y ayuda de parte de órganos gubernamentales cuyos titulares han estado más preocupados por los avatares electorales que por el drama citadino.
Profundamente carcomidas por los afanes de la ganancia personal o grupal, malabaristas de fondos públicos y privados, las instituciones federales, de gobiernos de entidades federativas afectadas, y de la Ciudad de México, no han actuado como se hubiese esperado luego de dicho sismo y de la generosa respuesta ciudadana que provocó.
Gobiernos que no han estado a la altura de sus pueblos.
En particular, el proceso de reconstrucción ha sido lento y torpe en la Ciudad de México, donde el grupo de Miguel Ángel Mancera ha repartido su atención y capacidad entre el tema del Frente partidista, formado por PAN, PRD y MC, y los zigzagueos del citado jefe de gobierno que finalmente está en proceso de dejar el cargo a fines de este mes, para colocarse como candidato privilegiado de la lista de Acción Nacional para ser senador por una circunscripción ajena a la capitalina.
Otro tema que da cuenta de la profunda descomposición (corrupción) del aparato institucional, en sus planos federal y de las entidades federativas, es el relacionado con el monto de los donativos recibidos del extranjero y de particulares. No es desconocido que políticos y gobernantes suelen apropiarse de esas donaciones que son motivadas por la solidaridad inmediata e incentivadas por bombardeos mediáticos dramatizados. En el caso del principal sismo del año pasado, la vocación rapaz de políticos y funcionarios ha sido más evidente y ha agudizado el creciente rechazo a gobiernos y gobernantes.
El escritor Mario Vargas Llosa suele generar controversia a partir de sus opiniones políticas, sin demérito de su reconocida calidad literaria. Ayer, entrevistado en el noticiero radiofónico de Carmen Aristegui, soltó la siguiente frase, que enseguida le acarreó críticas y denostaciones: “El que haya más de cien periodistas asesinados es, en gran parte, culpa de la libertad de prensa que hoy permite a los periodistas decir cosas que antes no se permitía en México”.
El autor de la famosa descripción de México como el país de la “dictadura perfecta” ha ido mostrando en ocasiones recientes un claro desconocimiento de lo que sucede en nuestro país y una proclividad temeraria por la declaración aventurera. Adjudicar los asesinatos de periodistas mexicanos a una “libertad de prensa”, que “hoy” permite decir lo que antes se prohibía, es una especie de homenaje indirecto al sistema político mexicano y a sus gobernantes, quienes habrían propiciado históricos márgenes de liberación periodística, luego vueltos en contra de sus entusiastas practicantes. Sería un disparate pretender que el peruano, con ciudadanía española, se concentrase en el fino hilado de sus letras de ficción y dejase la opinión política. Pero sí es posible el animarlo a que se informe bien y analice con cuidado, antes de soltar parrafadas que lo exhiben como declarante mendaz y a destajo.
Astillas: Este miércoles 21 será el día mundial de las personas con síndrome de Down y, como una costumbre que expresa afecto y solidaridad, suelen colocarse en redes las fotografías de quienes, para la ocasión, usan calcetines coloridos. Todo esto se agrupa en el mundo de internet bajo la etiqueta #DMSD18… Más allá del destino específico de su aspiración de ser candidato presidencial por la vía independiente, es atendible la demanda del periodista Pedro Ferriz de Con, presentada ante las autoridades electorales, para castigar los actos irregulares y delictivos que habrían cometido los tres finalistas (Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Píter y Margarita Zavala Gómez del Campo) en su proceso de adquisición de firmas de apoyo… No deja de resultar tragicómico que Ricardo Anaya Cortés se queje de que ciertos políticos sean “muy tramposos”. Con fundamento histórico, el panista endilgó la acusación a los priistas, pero el propio candidato presidencial de derecha, y su equipo, tienen suficiente material para ser víctimas de un bumerán… Encarrerado como anda Donald Trump, considera viable impulsar que en Estados Unidos se imponga la pena de muerte a narcotraficantes. De aplicarse tal medida, el censo estadunidense tendría notables bajas, pues el mercado de drogas cuenta con legiones de operadores nativos en aquel país. Por otra parte, llegar a la máxima sanción implicaría cancelar los procesos de extradición de mexicanos a Estados Unidos, pues las normas jurídicas de México prohíben enviar a un delincuente a un país donde le dicten sanciones que no existan acá… Miguel Ángel Yunes Márquez, al registrarse como candidato de la coalición PAN-PRD-MC al gobierno de Veracruz, que actualmente ejerce su papá, exhortó a no ver la situación de esa entidad con pesimismo sino “con optimismo, con ganas”. También negó que haya un acuerdo político para “entregar” ese gobierno estatal a otra formación política. Papá Yunes, mientras tanto, batalla a base de retórica contra la inseguridad y la corrupción que parecen ir en aumento proporcional a la necesidad de fondear campañas electorales familiares… Y, mientras Emilio Gamboa Patrón (papá del futuro senador Pablo Gamboa Miner) advierte que los actuales no son tiempos para polarizaciones ni para que “se suelten los felinos”, pero sí para “diálogo y estabilidad” que permitan al Senado avanzar en el nombramiento, pendiente, de fiscales y comisionados… ¡hasta mañana!

Anaya: la guillotina judicial

Meade: el lastre de Los Pinos
AMLO: plácido navegar
Margarita: candidatura “apenitas”

Hoy, Andrés Manuel López Obrador solicitará su registro como candidato presidencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y, el domingo, hará lo propio José Antonio Meade. El panista Ricardo Anaya había cumplido con ese ritual el pasado domingo.

Los trámites se realizan ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, para que el consejo general de este instituto determine, en sesión a realizarse el 29 del presente mes, la procedencia o improcedencia de esas solicitudes de registro. Aún cuando deberían ser pasos procesales sin mayor significado político, en cuanto pareciera definido que estos tres personajes cumplen con los requisitos formales, en esta ocasión hay detalles y mensajes que van más allá del protocolo burocrático.

Por primera vez en la historia política de las décadas recientes, un aspirante firme a la Presidencia de la República está bajo el riesgo de ser impedido de participar, a causa del expediente judicial relacionado con la venta de una nave industrial en Querétaro y con las triangulaciones y maniobras financieras que terminaron dándole una ganancia de decenas de millones de pesos al panista Anaya.

Priistas con poder, en Los Pinos, en la Procuraduría General de la República y en el comité nacional del partido de tres colores, aseguran con firmeza que Anaya no tiene salida jurídica, a menos que se llegue a negociaciones políticas inscritas en planes conjuntos contra el puntero, López Obrador. Anaya, quien pareció un exterminador implacable de enemigos internos en  Acción Nacional (Madero, Calderón, Margarita Zavala y Moreno Valle, entre otras de sus víctimas), no ha podido remontar las trampas que le han sido colocadas a partir de su prosperidad inmobiliaria y su alto tren de vida.

José Antonio Meade Kuribreña ha cumplido con una etapa de inusual zozobra respecto a su postulación presidencial. Aún cuando Enrique Peña Nieto forzó las condiciones para que un ciudadano sin militancia en el PRI pudiera ser su candidato a vivir en Los Pinos, y aún cuando esa distancia respecto al dinosaurismo de tres colores parecía de inicio una jugada de necesaria supervivencia, en cuanto el pentasecretario asumió su postulación fue empujado a una desastrosa y grotesca campaña de degradación de esa característica “ciudadana” o “apartidista”, para vestirlo retórica y gráficamente de priista tradicional.

Lo que ha vivido Meade, ya como candidato priista, necesariamente hizo recordar los infortunios de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien las maquinaciones de Carlos Salinas de Gortari colocaron como candidato presidencial, pero condicionado e inclusive opacado por los juegos de poder que practicaba el entonces presidente de la República, alentando las posibilidades alternas de Manuel Camacho. Meade ha tenido que cruzar a tientas, respecto a Los Pinos, el camino que ha ido desde su destape como candidato hasta este domingo en que ¿al fin? ya habrá de quedar como candidato en firme, irrevocable salvo por causas de fuerza mayor.

Habrá de verse si Meade, ya jurídicamente posesionado de su candidatura presidencial, logrará irse desmarcando de Peña Nieto, Los Pinos y el PRI, para tratar de ofrecer algo distinto, aunque sea en términos de propaganda. Pero no parece “Pepe Toño” en condiciones de simular que busca independizarse: necesita el dinero, el aparato y la mano dura que solo le puede suministrar el actual mando desde Los Pinos. Y tendrá que hacer campaña junto a la herencia envenenada del peñismo en las candidaturas preferentes a cargos legislativos, con personajes nefastos en busca de fuero, entre ellos, algunos de sus anteriores compañeros de gabinete.

Las vicisitudes del panista y el priista contrastan con el plácido navegar del expresidente nacional de Morena, quien mantuvo el control de la agenda pública durante el primer tercio, el de las precampañas, y en lo que va de este segundo tramo, el denominado “intercampañas”. López Obrador se ha dedicado a tratar de transmitir a los ciudadanos la impresión de que la elección está decidida a su favor y que la ventaja demoscópica que le adjudican, respecto a sus dos adversarios, es ya irreversible. Pero las campañas, en sí, apenas están por comenzar. Ya se irá viendo el fragor de ellas, el tamaño y contundencia de la artillería política y propagandística contra el delantero, y las posibles alianzas o pactos que podrían tejerse en esos tres meses de fuego abierto.

El mismo 29 del mes en curso, cuando el consejo general del INE decidirá sobre las candidaturas de López Obrador, Anaya y Meade, habrá de resolverse la suerte de los aspirantes a una candidatura presidencial independiente. Conforme a lo que se ha visto y sabido, ninguno de los tres finalistas debería obtener esa postulación, pues en todos los casos recurrieron a fórmulas irregulares o abiertamente delictivas para simular que habían obtenido carretadas de firmas de apoyo.

Pero al sistema le conviene, particularmente, mantener en escena a Margarita Zavala, para dividir más el voto panista y seguir desgastando a Ricardo Anaya y para sostener esa voz “ciudadana”, que se autodenomina “la candidata del pueblo”, confrontada con López Obrador. Hasta ayer persistía la versión de que en el consejo general del INE podría darse una benevolencia, proveniente de instrucciones superiores, para aprobar la postulación de Margarita, en un “apenitas” numérico. Los casos de Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, y de Armando Ríos Píter parecerían absolutamente indefendibles.

Y, mientras ayer renunciaba al PRI un beltronista de primera línea, el hidalguense Canek Vázquez Góngora (38 años de edad, 24 en el PRI; fue líder juvenil nacional, diputado federal y secretario particular de Manlio Fabio Beltrones cuando este manejaba el Senado), entre versiones de que pasaría a Morena, donde le ofrecerían la candidatura a diputado federal que esta vez el tricolor le negó, ¡hasta el próximo lunes!

¿Anaya Productions?

  • “Protestas” bajo sospecha
  • Presiones al exfiscal Nieto
  • El banquero César Duarte

A las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos de este martes, Ricardo Anaya Cortés puso un video, ya editado, respecto a algo que había sucedido tres horas y unos minutos antes. El virtual candidato presidencial panista (falta la aprobación del Instituto Nacional Electoral), denunciaba en Twitter: “Este es el nuevo capítulo de la guerra sucia del PRI. A las 3:30 am, regresando de la gira de Alemania, me estaba esperando un grupo de choque para agredirme en el aeropuerto. Le exijo al PRI que juegue limpio y a la PGR y al Presidente que saquen las manos del proceso electoral” (https://goo.gl/fhViqt ).

En la correspondiente grabación se puede ver, durante quince segundos, a un reducido grupo de personas, principalmente mujeres, que muestran pancartas de protesta contra el político de derecha señalado, sin acusación formal de las autoridades federales, de lavado de dinero en una operación de venta de una nave industrial en Querétaro. El muy pequeño grupo muestra un desgano que no parecería proporcional respecto a las acusaciones anayistas de que detrás de esa madrugadora escena estarían el PRI, la PGR y Enrique Peña Nieto. Con una osadía que no le permitirían las bravas mujeres de los comités priistas o provocadores bien pagados, Anaya manoteó sobre sus pancartas, ante lo cual se mostraron huidizas, como si solamente estuvieran cumpliendo por compromiso algun montaje de comedia mal pagada.

El episodio permitió al viajero Anaya insistir en su posicionamiento como víctima del sistema, como perseguido político: “Por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos”, dijo el habilidoso negociante de bienes inmobiliarios, a quien otro habilidoso manejador de dineros, el senador ebrardista, ahora en Morena, Mario Delgado, ha asestado otro golpe mediático al mostrar la residencia en que vivió la familia de Anaya en Atlanta, Estados Unidos.

Menor suavidad hubo en el trato que el gobierno federal habría dado al abogado Santiago Nieto Castillo, según éste ha relatado al Wall Street Journal. Nieto era titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el 20 de octubre del año pasado fue removido del cargo por instrucciones de Alberto Elías Beltrán, ocupante interino (que sigue en ese puesto) de la Procuraduría General de la República que, a su vez, había visto renunciar a Raúl Cervantes Andrade.

No se necesita un detective de novela para encontrar un hilo conductor en estos acontecimientos: el 16 de octubre de 2017, Cervantes Andrade dejó la PGR luego de anunciar que había concluido las diligencias relacionadas con las acusaciones de que la multinacional Odebrecht habría sobornado a políticos mexicanos, entre ellos al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien había sido coordinador de relaciones internacionales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El renunciante Cervantes Andrade, al precisar que las indagaciones sobre el caso estaban concluidas, aseguró que en próximos días se harían las imputaciones correspondientes (lo que, a cinco meses, no ha sucedido).

El sucesor, a título interino, de Cervantes Andrade, apenas comenzaba a acostumbrarse a su nuevo escritorio cuando hizo cesar al fiscal de asuntos electorales, Santiago Nieto, quien insistía en ahondar en las acusaciones de que parte de los sobornos de Odebrecht habrían llegado a las finanzas de la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. De un manotazo fue botado de esa fiscalía.

Ahora, Santiago Nieto (sin relación familiar con el ocupante de Los Pinos) ha revelado que un enviado de la secretaría de Gobernación de México (Jorge Márquez, quien ya no trabaja en Bucareli, como tampoco su entonces jefe, Miguel Ángel Osorio Chong) le ofreció dinero para que guardara silencio y se alejara del conflicto derivado de su expulsión de la Fepade. El exfiscal Nieto asegura que rechazó ese ofrecimiento económico. Luego, a su esposa le llegaron fotografías del exfuncionario con otra mujer y testimonios de correos electrónicos con textos de “coquetería” con otras mujeres. Hubo divorcio. También le enviaron mensajes con amenazas de muerte.

El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, ha recibido similar trato amable, parecido al dado por el peñismo al expediente Odebrecht, que en otros países ha provocado renuncias y cárcel a encumbrados funcionarios y exfuncionarios. La PGR ha sido benevolente con el otro Duarte, a pesar de las pruebas de que, siendo gobernador, creó un fideicomiso de más de 60 millones de pesos para capitalizar a Unión Progreso, una institución financiera, luego convertida en banco regional, donde el gobierno federal llegó a depositar más de 86 mil millones de pesos. Tan favorecida empresa particular terminó como propiedad del propio mandatario estatal tan generoso con ella. Ahora, la PGR ha solicitado no ejercer acción penal contra César Duarte ni su entonces secretario de hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.

La secretaría de Marina ha puntualizado, con todas sus letras, el proceso de dominación de la vida electoral y política por parte del crimen organizado. Durante un foro organizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de esa secretaría, declaró que “los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces, el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad e influir en la vida de los ciudadanos, quienes ven debilitado al gobierno”. ¿Es necesario agregar algo a lo señalado por el contralmirante Barney?  Y, mientras en días pasados Nayid Bukele, aspirante a presidir El Salvador, se refería de ruda manera a Enrique Peña Nieto, como hechura mediática y fracaso político, ¡hasta mañana!

El “buenómetro” de Trump y Peña

• Donald: elogios y golpeteo
• Enrique nomás ve “uno”
• Policías y la “razonable sospecha”

Más allá de sus eventuales diferencias tácticas (en particular, respecto al muro fronterizo de las discordias y su forma de pago), Donald Trump y Enrique Peña Nieto coincidieron ayer en practicar un evidente intervencionismo electoral.

El presidente de Estados Unidos, ya embarcado en la búsqueda de otros cuatro años en la Casa Blanca, reavivó desde la región demócrata de California las estampas catastróficas adjudicables a “los malos de la película”, los mexicanos: “Si no construimos el muro, no vamos a tener ni siquiera país. Hay muchos problemas en México: tienen los cárteles. Nosotros estamos combatiéndolos, pero ellos no los combaten como nosotros”, dijo el “justiciero” Trump desde San Diego.

En otra de sus intervenciones, el virtuoso ejecutante del esculpido capilar se armó de peculiares catalejos: “Hay que tener visión, hay que saber qué hay al otro lado”. Esa fisgonería imperial le llevó a declarar a periodistas, respecto a la próxima elección mexicana: “He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que hay otros que quizá no son tan buenos. En cualquiera de los casos, lidiaremos con ello”. No dio más referencia respecto a las características de su “buenómetro”, pero se mostró sugestivamente elogioso con Enrique Peña Nieto, con quien dijo tener “una gran relación” (tan venturosa, ha de suponerse, que a veces sus telefonemas terminan entre irascibilidad en inglés).

Hizo una descripción insólita (que no corresponde a las encuestas de opinión en México): “Un tipo maravilloso: Enrique. Un tipo increíble”, con el cual, en relación con el Tratado de Libre Comercio, “estamos tratando de arreglar las cosas. Vamos a ver si ocurre. No sé si vaya a ocurrir”, pues “él es un muy buen negociador; ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Así que veremos que ocurre” en lo que resta del mes en curso.

Elogios y condicionamientos de este tipo deberían causar menos sobresalto a un ocupante de Los Pinos si emergieran de las fauces de una serpiente: el grosero e iracundo Donald está “cultivando” (como diría un yucateco) al debilitado Enrique, tendiendo la cama para un cierre de negociaciones en el TLC que resulten nocivas para México aunque, en contraparte, calculadamente favorables para el desesperado proyecto de continuidad en el poder que llevan a cabo Peña, Luis Videgaray y José Antonio Meade.

El “maravilloso” e “increíble” Enrique, tan patriota y trabajador, sí aplicó de manera más indicativa el “buenómetro”, ahora binacional. Desde Perote, en el Veracruz donde el crimen organizado sigue dominando, como en los peores momentos de Javier Duarte de Ochoa, Peña Nieto se contrapuso a las palabras del dinástico Miguel Ángel Yunes Linares, quien reparte verbo envenenado contra Andrés Manuel López Obrador y un apoyo, siempre en subasta, al panista Ricardo Anaya.

Con un desparpajo digno de concurso, como si en los cinco años y fracción de su gobierno él hubiera cumplido con tales requisitos, Peña Nieto postuló que “el México de hoy demanda, en quien habrá de representarle, honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía”. Y entonces precisó, sin dar como nombres los de José Antonio ni como apellido el de Meade, que esas características ideales “yo las veo en uno y solo en uno”.

Juró el ocupante de Los Pinos que él y su equipo no intervienen ni intervendrán en las elecciones del primero de julio, aunque algo de culpas infractoras admitió al mencionar que opinaría “solo de ladito”, pues “nos van a regañar” y el Instituto Nacional Electoral “nos va a sacar tarjeta amarilla”.

Y, ya encarrerado en la producción doctrinal, filosófica, mediática, internética y profética, el maravilloso Enrique confió en que la sociedad mexicana “no se dejará influenciar por las muchas distorsiones, por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en distintos medios noticiosos o en las redes sociales; somos parte de esa generación que hoy se informa o desinforma, o mal informa a través de la mucha información que corre en la era digital”. ¿Les quedó clara la forma del ¡aguas!?

En ausencia, de gira en Alemania pero cancelando su visita a Estados Unidos (a donde Claudia Ruiz Massieu llevó, específicamente a las oficinas de la Organización de Estados Americanos, el expediente de la nave industrial queretana y las acusaciones de lavado de dinero) Ricardo Anaya Cortés estuvo presente en varias viñetas de la telenovela electoral en curso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó avalando las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten la realización, sin previa orden judicial, de “inspecciones” a personas y vehículos, siempre y cuando haya una “sospecha razonable” o “flagrancia”. Eso sí, los comprensivos ministros que votaron a favor de esa convalidación, establecieron que esas “inspecciones” no deben ser motivadas por “la apariencia física” de los ciudadanos.

La resolución de la Corte desechó así, por mayoría de votos, las impugnaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuatro ministros no estuvieron de acuerdo con esas “inspecciones”: José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar y Norma Piña, pues consideraron que van contra el sentido de la Constitución. Con este resolutivo, el poder judicial federal añade posibilidades de graves abusos contra la ciudadanía, pues los cuerpos policiacos podrán utilizar de manera discrecional su apreciación de lo que es una “sospecha razonable” para arremeter contra ciudadanos e intervenir en vehículos automotores.

Y, mientras crece el temor de que en el poder legislativo se dé un proceso acelerado y por mayoriteo, para aprobar las designaciones de los fiscales general de la República y el relacionado con la lucha contra la corrupción, ¡hasta mañana, con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, excusándose de ser funcionario de una casilla el próximo primero de julio, pues ese día tendrá otras ocupaciones por cumplir!

 

 

El sistema dice “¡Rana!” y…

• “Oportuna” detención
• “Debate” judicial: JAM-RA
• ¿Consignación o arreglo?

Es probable que el sistema diga “¡rana!” y de inmediato salten declaraciones, confesiones y “confirmaciones” de la “verdad histórica” que ya no convence ni a sus libretistas originales. Por lo pronto, y para lo que sea necesario, ha sido puesto en escena Erick Uriel Sandoval, apodado la Rana, a quien se buscaba (ha de suponerse que con gran insistencia) bajo la consideración de que es una pieza importante del rompecabezas de lo sucedido en Iguala y sus alrededores entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

El interés gubernamental se mostró reforzado, al menos en el plano de las apariencias, el 6 de octubre de 2015, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Específico A/086/15 “por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Felipe Flores Velázquez, José Luis Bernabé García, José Ángel Casarrubias Salgado, Erick Sandoval Rodríguez, alias ‘La Rana’, e indiciado 26, como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, en agravio de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero”.

Dicha Rana ha saltado ahora, en tiempos marcados por el uso agresivo y pernicioso de la información oficial, con el grupo peñista arrinconado en términos electorales y, además, condenado ampliamente en instancias internacionales de defensa de derechos humanos, no solo por las desapariciones de los estudiantes normalistas. El asomo de la rana saltarina (por la cual se ofrecía una recompensa de un millón y medio de pesos) se produce diez días después de que la Procuraduría General de la República había dicho en Bogotá, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “en las últimas semanas” había obtenido información “importante” sobre el móvil de las desapariciones y, según la versión difundida por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, el asesinato e incineración de los jóvenes y la dispersión de sus cenizas en un río.

En concordancia con esa narrativa preparatoria, ahora se ha informado de la detención del mencionado Sandoval Rodríguez, alias la Rana. Esto sucede a pocos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos dé un informe sobre los avances en el caso Ayotzinapa. La aprehensión también coincide con el estreno del documental “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, coproducido por el cineasta Guillermo del Toro (reciente ganador en los premios Óscar) y TV UNAM, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la productora Bertha Navarro. El documental, dirigido por Enrique García Meza, se presentará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y, posteriormente, será transmitido por TV UNAM.

Nada alienta la esperanza de que el testimonio de la Rana, el presunto miembro de bandas del crimen organizado, vaya a ser veraz y confiable. Hasta ahora, el patrón de conducta de la PGR, es decir, del gobierno federal mexicano, ha sido el de la manipulación, la adulteración, y el acomodo de piezas para tratar de eximir a altos mandos políticos, militares y policiacos de lo sucedido en aquella región de Guerrero. Un primer apunte, dado por la PGR en la capital de Colombia, habló de que el “móvil” detectado podría “confirmar” que todo se dio en un marco de confabulación criminal entre una banda delictiva dominante y “corporaciones municipales”. De ahí, para abajo. O, dicho de otra manera: hacia arriba, nada.

Para pasar el tiempo, en lo que inician las campañas en forma, los candidatos presidenciales pelotean el tema de la rehabilitada posibilidad de realizar debates entre ellos (lo que originalmente había prohibido el Instituto Nacional Electoral, receptor frecuente de sopapos jurídicos que le asesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Como es explicable, el puntero se niega a exponer su ventaja ante competidores muy rezagados. Andrés Manuel López Obrador, en el caso, ha encontrado en esos posicionamientos, ahora tan distantes entre los tres principales partícipes, la excusa ideal para no arriesgar su oratoria y velocidad de respuesta ante adversarios que anhelan mostrar sus supuestas capacidades discursivas.

José Antonio Meade y Ricardo Anaya, en realidad, sobrellevan un debate soterrado, pero de gran violencia política y de riesgo judicial: uno y otro se han arrojado acusaciones respecto a actos de corrupción. El caso del panista queretano podría llevarlo a dejar la postulación presidencial, lo que mantiene en vilo a buena parte de la clase política: a unos, los posibles afectados, por el golpe seco que significaría la consignación judicial de Anaya, en el contexto de un expediente de investigaciones que si hubiera correspondido a un ciudadano sin relevancia política ya habría llevado a éste tras las rejas, acusado de lo que se suele llamar “lavado de dinero”; a otros, a los priistas, les angustia saber si en Los Pinos se va a dar la orden tajante de echar a caminar esa maquinaria judicial o si acaso el mexiquense, que busca negociar los mejores términos para su salida del cargo, podría estar manejando retorcidamente el caso de la nave industrial de Querétaro para llegar a arreglos finales con el panismo, como opción B, y dejar colgado de la brocha al tecnopriista Meade.

En todo caso, el avanzado López Obrador ha hecho saber que solo participará en los tres debates oficiales, que organizará el INE ya en el lapso específico de las campañas formales. Ante ello, los buscadores de fortuna le lanzan retos de todo tipo, sabedores de que el tabasqueño no los aceptará.

Y, mientras Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN, ha desistido de su oposición judicial a la candidatura de Miguel Ángel Mancera a una senaduría de lista, según eso para no lastimar o debilitar al “Frente” anayista, con lo que el segundo podrá ya dejar el gobierno de la Ciudad de México, sin “objeciones” legales contra su brinco chapulín, ¡hasta mañana!

AMLO: tigres y guiños

• El fantasma del fraude
• Soltar y amarrar
• Debates en intercampañas

La frase generó explicables turbulencias: si las próximas elecciones fueran limpias y libres, y fuera derrotado, Andrés Manuel López Obrador se iría a La Chingada, su famosa finca rural de Palenque, Chiapas. Pero, “Si se atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.

López Obrador había hablado en Acapulco ante directivos de la banca asentada en México, mayoritariamente controlada por entidades extranjeras. El discurso había incluido pasajes destinados a sosegar a ese segmento del alto capital, comprometiéndose el tabasqueño a no realizar actos lesivos para ese sistema bancario, aceptando como positiva su actual conformación accionaria (absolutamente favorable a las firmas no mexicanas), reconociendo que si los contratos en materia de reforma energética están bien hechos, y no lesionan el interés nacional, habrán de ser respetados.

Pero la parábola del tigre reavivó en esos segmentos, dominantes de la vida económica, política y social del país, el temor a que los comicios del próximo primero de julio pudiesen potenciar el actual hartazgo nacional y convertirse en catalizadores, con resultados impredecibles. El fantasma del fraude electoral tomó una forma felina y dejó en el aire cualquier suposición de que hubiese botones de control en esta ocasión si los encargados actuales de garantizar limpieza en ese proceso electoral permiten que se consume una imposición .

 

En ese peculiar juego de vaivenes que está practicando AMLO, tratando de conjurar la campaña de descalificaciones que pretende asociar nuevamente su figura con eventuales desastres y desórdenes (como si la situación actual fuera de bonanza y buen gobierno), también aceptó ayer, al responder a la pregunta de un reportero, que ha lanzado un guiño especial a Enrique Peña Nieto, luego que éste pronunció una frase presuntamente balsámica, al decir que no metería las manos en el proceso electoral.

López Obrador dijo que Peña Nieto sería bien recordado si cumpliera ese ofrecimiento y permitiera que los resultados electorales correspondieran a la auténtica voluntad popular. Un guiño al ocupante de Los Pinos que ha provocado, junto a otros gestos o posturas de apariencia conciliadora, el señalamiento, por parte de sus adversarios, de que hay un intento de pacto extraoficial entre el peñismo y el lopezobradorismo. Una parte del posicionamiento propagandístico de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya contra López Obrador trata de contrastar los presuntos compromisos del priista y del panista en cuanto a hacer justicia al parejo (Anaya inclusive señalando expresamente a Peña Nieto como futuro blanco de esa “ruptura” de pactos de impunidad), frente a la amnistía general a la clase política que ha proclamado el candidato de Morena.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vuelto a enmendar la plana al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora en materia de debates entre candidatos presidenciales durante el actual periodo de intercampañas. La resolución del citado tribunal ha sido bien recibida por el tecnopriista Meade y el inmobiliario panista Anaya, los cuales desean polemizar con el amoroso López Obrador quien, a su vez, ha dicho que no irá más que a los tres debates oficialmente establecidos, y no a las versiones que se pudieran ir armando en este mes, pues considera que sus adversarios le echarán “montón”.

 

Astillas: “¿No que no se podía?”, soltó ayer el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco al registrar su candidatura a gobernador de Morelos a nombre de la coalición formada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena. Al margen del júbilo de circunstancias que mostró el famoso deportista, sus adversarios insisten en desmontarlo de la candidatura a partir del proceso judicial en curso, relacionado con las acusaciones de que tres años atrás cobró siete millones de pesos, más otras prebendas, para aceptar la postulación a presidente municipal de Cuernavaca… En Puebla registraron sus candidaturas a gobernador la panista Martha Erika Alonso, esposa del exmandatario estatal, Rafael Moreno Valle, y Miguel Barbosa, quien ahora milita en Morena. A estas alturas parece que la contienda local se centrará en estos dos personajes, en un duelo que requerirá alta inversión económica (en espera de posteriores compensaciones y ganancias)… La potosina Rosa Icela Rodríguez, quien fue secretaria de desarrollo social y, en seguida, de desarrollo rural durante la administración de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la capital del país (al último cargo renunció en enero del presente año), apareció ayer en la ciudad de San Luis Potosí durante un acto con Andrés Manuel López Obrador, con quien Rosa Icela fue funcionaria cuando el tabasqueño era jefe del gobierno chilango… Miguel Ángel Yunes, el papá gobernador que busca entregar el “trono” estatal a su hijo, quiso mostrar mano dura en Veracruz ante protestas magisteriales, encarcelando a profesores y sus dirigentes, aunque luego hubo de desarmar esa demostración de fuerza… En Chile ha dicho Enrique Peña Nieto que la pretensión trumpista de construir un muro fronterizo “no es un gesto amistoso”. Retórica suave ante la rudeza del ocupante de la Oficina Oval en Washington, quien incluso develó en un acto masivo los detalles de la reciente plática que sostuvo con el mexicano, reiterando la exigencia de que sea el vecino del sur quien pague la edificación desde suelo estadunidense de esa barrera… Y, mientras el candidato del “Frente”, Ricardo Anaya, se va de gira a Berlín, Santiago de Chile y Washington, mientras en México crece la expectativa respecto a una eventual consignación a proceso del panista, por el expediente de la nave industrial queretana y las ganancias económicas que de ahí se derivaron, ¡hasta mañana!

¿Qué cedió y qué ganó Peña?

No habrá aumento en aranceles
Elecciones y TLC: claves
“Independientes”: aún bajo reserva

Vino el yerno de Trump, vio a Peña Nieto y su equipo, y triunfó. Maltratado por buena parte de la prensa y de la clase política estadunidense, Jared Kushner recibió en México un trato de superestrella, en otra faena de tonificación urgente con cargo a la servi(cia)l estantería farmacéutica pinolera: a unas horas de su visita a México, este país pudo anunciar que las armas del acero y el aluminio locales se habían cubierto de gloria antiaranceles, insistiendo el secretario de economía, Ildefonso Guajardo, en que tan benevolente medida del suegro Trump nada tiene que ver con cesiones y concesiones mexicanas en el Tratado de Libre Comercio (insistencias retóricas del gobierno peñista que, como todo mexicano sabe, suelen significar exactamente lo contrario de lo declarado).
La secuencia (tan delatora, en términos de relojería política) entre la visita imperial del yerno Kushner y el anuncio mexicano de que el César de la Casa Blanca habría cancelado su amenaza de imponer incrementos arancelarios al acero y el aluminio, solo puede entenderse en el marco de mexicanas claudicaciones pactadas en cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El propio Trump hizo saber con toda anticipación chantajista que la aplicación de esos aumentos arancelarios se suspendería en función del “avance” que hubiera en el citado TLCAN e incluso, con una lamentable falta de pudor político, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo saber que un futuro encuentro entre Trump y Peña Nieto quedaría sujeto a la evolución de las negociaciones sobre el tratado en mención.
El candoroso anuncio hecho por el secretario Guajardo sobre la súbita e inexplicada “generosidad” de Trump, obliga a preguntar, más allá de los amables boletines y las declaraciones simplonas, cuáles serán los costos para el interés mexicano en materia económica y, particularmente, si la mezcla de tecnocracia y peñismo está sacrificando cuanto sea necesario en aras de reafirmar la alianza Videgaray-Kushner; es decir, Peña-Trump; es decir, Meade-PRI, para forzar la continuidad de los socios mexicanos en el timón nacional.
Ha sido sostenidamente exagerada y mendaz la narrativa de los tres finalistas en la búsqueda de candidaturas presidenciales independientes. La primera falsedad evidente proviene de su presunta condición “apartidista” o, como algunos gustan decir, “ciudadana”. Jaime Rodríguez Calderón, a quien por inercia se sigue apodando “el Bronco”, es un priista de esencia; Margarita Zavala sigue peleando por usar el blanco y el azul de su panismo de toda la vida y Armando Ríos Píter se mantiene en los parámetros tradicionales del priismo y el perredismo.
Ahora, cuando el Instituto Nacional Electoral les ha notificado que ya pueden pasar a registrarse como candidatos independientes, pero bajo la figura jurídica ad cautelam, es decir, a reserva de que se confirme o rechace el cumplimiento de los requisitos pedidos (definición breve de “Ad Cautelam”: término o definición latina referida al recurso, escrito o acto que se formaliza sin creerlo necesario, previendo operación distinta del juzgador”: https://goo.gl/cVsqyv), dichos aspirantes han echado las campanas al vuelo, con un manejo impreciso de los hechos, para dar por sentado que ya están en pleno dominio y uso de esa condición de candidatos, lo que en todo caso sucedería hasta el próximo 29 de marzo, cuando el consejo general del INE conozca los dictámenes respecto al cumplimiento o no de los requisitos en cuestión.
No está de más recordar que la obtención de las firmas de apoyo a esas candidaturas ha estado bajo constantes acusaciones de irregularidades graves; en algunos casos, de abierta compra de dichas firmas y de uso de recursos públicos o de dinero en demasía para tales obtenciones. El aparato del gobierno de Nuevo León, en el caso del “Bronco”; los ayudantes del esposo de Margarita Zavala, como activistas pagados con dinero público, y la improbable recolección súbita de Ríos Píter (sobre todo, de enero hasta el cierre del proceso), son evidencias del carácter distorsionador de esas candidaturas, al menos en las circunstancias actuales.
Con tres opciones plenamente definidas (AMLO, Anaya y Meade), agrupadas en coaliciones que se pelean la mayor parte de la intención del voto, añadir tres figuras demostradamente menores resultaría una decisión dañina por cuanto, en estos tres casos específicos, ni siquiera la autenticidad de sus firmas de apoyo es clara y, por el contrario, la evidencia del ánimo fraudulento y oscurecedor ha sido frecuente.
Desde Tlalpan, Raúl Rodríguez Martínez comenta: “La delincuencia desatada nos obliga a cuidarnos hasta de la sombra. Mancera sigue negando la existencia de esa amenaza y trata de justificar su propia ineficiencia. Mientras tanto, nos esquilman con impuestos, multas, mordidas y voraces negocios inmobiliarios que, además, nos quitan el agua, contaminan, inmovilizan y lastiman nuestra calidad de vida. Y para colmo, hasta financiamos las inútiles campañas electorales”.
Balcón tuitero, con sus detalles ortográficos tal cual: Tatiana Clouthier, @tatclouthier, actual coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, tuiteó, ante críticas a éste por parte de quien fue presidente de la República: “Vicente Fox el hombre que pasó a la historia como quien tumbó al sistema y ahora quiere ser recordado como quien perdió la razón! No cualquiera aguanta irse al rancho VF”. Ante ello, el señalado respondió, desde @VicenteFoxQue: “Mi querida tatiana que dira tu padre verte sumada a ese equipo d delincuentes.Que verguenza al apellido CLUTHIER,sumandote a un caudillo con CERO principios.Que diran los ciudadanos a quienes nos inspiró y movilizó el MAQUIO.Me pregunto quien ha perdido la razón?”. Y la “querida Tatiana” cerró: “Vicente querido ya ni Clouthier puedes escribir bien; por eso ni parar la corrupción del hijo de tu señora etc”. ¡Hasta el próximo lunes!

En el nombre del suegro

• Desaires y desplantes de Trump
• ¿México, moneda electoral?
• Polémica por terreno de Sedena

 

Luego de recibir dos ruidosos desaires de Donald Trump respecto a posibles encuentros personales con Enrique Peña Nieto, ayer este hubo de conformarse con una larga reunión (alrededor de tres horas y 45 minutos) con un enviado familiar del presidente de Estados Unidos, el devaluado yerno Jared Kushner, a quien se le ha impedido en aquel país el ejercicio de privilegios de acceso a información oficial de alto secreto y a quien de manera reiterada se le ha acusado de mezclar asuntos de índole oficial con empresariales de su particular interés.

El orgullo del nepotismo de Trump, el citado yerno Kushner, tuvo a su disposición al principal ocupante de Los Pinos y a una parte sensible de su gabinete: los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, y el de Economía, todos bajo la línea conductora del secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, acusado hace días desde un diario estadunidense de complotar en busca de manipular al ingenuo e inexperto Primer Yerno, a cuyas carencias políticas y diplomáticas se suma el hecho de que, según esas denuncias mediáticas, sus ambiciones en materia de negocios personales colocan en abierto conflicto de interés su actuar como “comisionado” para varios asuntos internacionales en nombre del suegro.

Para dar un botón de muestra de lo que se opina del yerno Kushner en esferas influyentes del vecino país, está el primer artículo de una serie de The New York Times sobre el nepotismo en la Casa Blanca. Bajo la firma de “La Junta Editorial”, ese diario publicó el pasado 1 que “El poder que el presidente otorgó a su hija y su yerno ha terminado con un principio básico de la democracia estadounidense y está sembrando el caos en su administración”. En una parte de este artículo se establece que “La dependencia del señor Trump de familiares sin experiencia gubernamental ha demostrado el efecto corrosivo de tal nepotismo: incluso un pariente político incompetente puede rechazar las instrucciones de los miembros del personal más experimentado; el acceso (al Presidente), la moneda del gobierno, no se controla; el despido es difícil sin importar lo merecido; y los estándares éticos son casi imposibles de hacer cumplir”. (https://goo.gl/GEPBHZ).

En ese contexto, el simple hecho de conformarse con dialogar y negociar con un demeritado personero del poder ejecutivo de Estados Unidos deprecia la figura de la presidencia de México donde, a pesar de la evidente asimetría entre los dos máximos poderes políticos de estos países, se había mantenido hasta ahora el cuidado de imagen de hacer que los subordinados de cada cual negociaran y acordaran (bajo la rectoría de sus jefes) lo que en sus expresiones finales sería presentado a los presidentes para que los suscribieran en actos protocolarios plenamente afinados.

Peña Nieto ha ido cometiendo pifias vergonzosas en su relación con el apabullante, impredecible y nada confiable Donald Trump. Primero fue el ignominioso tendido de alfombra roja en Los Pinos para recibir al entonces candidato presidencial republicano, en un lamentable acto de virtual apoyo electoral en momentos en que el rubio empresario sostenía una ruin campaña de denostación contra mexicanos asentados en el vecino país norteño. Ese fue el arranque de una serie de impudicias políticas pinoleras que han ido afectando el interés nacional.

La visita del yerno se produce en momentos sumamente críticos para la administración peñista. Por un lado, de manera evidente, está la presión desde Washington para que México acepte peores condiciones en un Tratado de Libre Comercio, con aranceles a aluminio y acero como las más recientes formas de chantaje. Por otra parte, el peñismo tiene una urgencia extrema de llegar a acuerdos, aunque sea con el yerno, y al otro día el suegro los desconozca o se burle de ellos mediante tuits, porque la suerte electoral, el proyecto de continuidad al costo que sea, necesita al poder imperial alineado en esa pretensión de aplastar la voluntad popular en julio próximo.

Más allá de lo que se informe oficialmente, con generalidades y vacuidad, de la reunión de casi cuatro horas con Peña Nieto, cabe preguntarse cuáles fueron los acuerdos secretos a los que se haya llegado en la sesión con el yerno Kushner, sobre todo en términos de seguridad nacional y combate al crimen organizado (con los halcones gringos deseosos de mayor contundencia en la “guerra” contra el narco y delitos conexos, con asesoría y conducción de los “especialistas” extranjeros) y, desde luego, en términos resolutivos respecto al TLC, con el entreguista régimen actual más que dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para conseguir la aprobación del trumpismo a los planes de prolongación del peñismo.

El 27 de septiembre del año pasado, Gerardo Fernández Noroña, ahora candidato a diputado federal, convocó a una rueda de prensa para denunciar un “negocio al cobijo del poder, con terrenos propiedad de la nación”. Se refería a un “negocio de especulación inmobiliaria”, pues el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, estaría preparando la venta de un enorme terreno.

Ahora se ha sabido que en ese predio se pretende la construcción de una extensa zona habitacional y comercial, lo cual ha generado múltiples reacciones declarativas, muchas de ellas exigiendo transparencia en los planes que se tienen respecto a ese bien inmueble. Los tiempos que corren, con tantas evidencias de irregularidades y corrupción en materia de desarrollos inmobiliarios, obligan a que las fuerzas armadas no se vean envueltas en una gran polémica respecto a las decisiones de la jefatura del Ejército respecto a ese campo militar.

Y, mientras Andrés Manuel López Obrador hace saber que no buscará un nuevo periodo presidencial, en caso de ganar este primero de julio, pues asegura que hará en seis años lo que podría hacerse en doce, ¡hasta mañana, en espera de la indicativa sesión de la Cámara de Diputados, que servirá para nombrar al titular de la Auditoría Superior de la Federación!

Peña, en las boletas electorales

• Su saldo, su destino
• Corral y Anaya, inflados
• Gordillo, AMLO, Meade

Aún contra su voluntad, Enrique Peña Nieto estará presente en las boletas electorales del próximo primero de julio. No con su nombre y apellido, pero sí con el saldo de la administración que ha encabezado desde el primero de diciembre de 2012 e incluso con el tipo de suerte que le podría esperar, ya sin la banda presidencial en el pecho.

Cierto es que el blindaje constitucional le pone a salvo de turbulencias judiciales por lo que haya realizado desde el máximo cargo público nacional (a menos que se le demostrara técnica y puntualmente el haber cometido traición a la Patria), pero aún así el factor Peña (la manera como cierre su administración, y los pactos o desacuerdos que logre tejer respecto a su futuro como ex) está desde hoy a intensa discusión, en el contexto de un magno enojo social contra la cúpula de esta administración federal y contra el sistema político en general y con los próximos comicios como vía de desahogo, incluso irracional o manipulable.

Hasta hace pocas semanas, el candidato antisistema por definición era Andrés Manuel López Obrador, terco predicador contra la corrupción y extraña ave de los pantanos presupuestales que no cuenta con manchas en el plumaje personal. Casi en campaña presidencial permanente, AMLO acumuló una apabullante intención de voto ciudadano en cuanto su unicidad antisistema le convertía en receptor en automático del creciente hartazgo social.

El primer rasponazo en serio a la corona hasta entonces única lo dio Javier Corral Jurado, en el curso de un extraño pleito entre los gobiernos federal y de Chihuahua, un encontronazo que permitió al panista realizar una “caravana por la dignidad”, con quince ciudades a visitar en plan apenas disimulado de proselitismo y una amplia difusión mediática negativa que obtuvo justamente el efecto previsible: disimular los graves tropiezos de Corral en el ámbito chihuahuense y convertirlo en una figura nacional “antisistema”, en un “luchador” épico contra la corrupción, convocante incluso del inicio de “una segunda Revolución Mexicana”.

 

La llama de esa presunta insurrección cívica desde el norte solo alcanzó para el pago de novecientos millones de pesos que no habían sido oportunamente entregados a la administración de Chihuahua y para una especie de intercambio de rehenes políticos que ha dejado en virtual hibernación el gran tema de la triangulación de fondos federales para campañas electorales priistas, supuestamente con Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y José Antonio Meade como participantes en diversos grados.

Ahora, con una efervescencia de villanaje del priismo gobernante a nivel federal, como en su momento sucedió con Corral, quien ha ido creciendo es Ricardo Anaya Cortés como fabricada figura “antisistema”, abiertamente acosado (pero no sujeto a proceso penal) desde la cúpula del gobierno federal a causa de un expediente relacionado con el enriquecimiento de decenas de millones de pesos en una operación de compraventa de una nave industrial en Querétaro, maniobras todas que por sí mismas deberían ser suficientes para sujetar al candidato presidencial panista, en un pulcro ejercicio de la ley, a un proceso judicial pero que, sin embargo, se ha convertido en una colección de pifias y desdoros por parte de la Procuraduría General de la República, a cargo de un encargado del despacho, y, desde luego, por parte de Los Pinos.

Es tanta la animosidad que muestran los miembros del círculo compartido que rodea a Peña y a Meade, contra el “traidor” Anaya, que pareciera obligada la consignación del caso queretano ante las autoridades correspondientes. Solo de esa manera podría Meade acomodarse en el segundo lugar de preferencias electorales, que hasta ahora le ha sido tan esquivo, e intentar la cacería del peje.

El uso del instrumental de gobierno y de procuración de justicia será determinante en esta fase. Anaya insiste en hacerse de porciones de la etiqueta “antisistema”, prometiendo castigo a los corruptos e incluso enderezando la mira carcelaria contra el propio Peña Nieto, “si hubiera pruebas” en su contra. López Obrador insiste en su política de la amnistía, extendida especialmente al propio Peña Nieto, y en específico dijo ayer que si el mexiquense cumple su anuncio de no meterse en las elecciones será una de las pocas cosas que se recuerden bien de este gobierno; tales guiños han llevado a los adversarios de AMLO a hablar de un pacto secreto de impunidad entre el morenista y el priista. Y Meade ofrece una continuidad plana, impunidad por naturaleza, los mismos haciendo más o menos lo mismo. ¿Cuál será la suerte final de Peña y cuál el impacto electoral?

Ha dicho José Antonio Meade que no ha buscado a la profesora Elba Esther Gordillo, en busca de ayuda electoral. “Creo que queda abundantemente claro quién está haciendo equipo con Elba Esther, con su yerno y con su nieto”, dijo ayer el pentasecretario tecnopriista (el tecnopriismo no necesita credencial de afiliación formal: nomás llega y se hace de las candidaturas o los altos cargos).

Sin embargo, las cosas no son tan lineales como menciona el titular de la etiqueta #YoMero (convertida en #YoMiro, ya que Pepe Toño nomás miró pasar las pillerías y estafas con cargo a secretarías en las que despachó), pues el tropical #YaSabesQuién no ha correspondido, con las candidaturas esperadas, a los súbitos amores morenos profesados por la profesora Gordillo y su equipo reactivado.

No hacer candidato a senador al profesor Rafael Ochoa Guzmán, mano derecha de Elba Esther en asuntos sindicales, fue la mayor demostración del alto mando unipersonal de Morena de que la alianza oficiosa en curso no era suficientemente apreciada. Ahora, la construcción de la estructura gordillista para la defensa del voto está en espera de redefiniciones, y no han faltado quienes se han preguntado en ese grupo si serían mejor valorados sus servicios en otros ámbitos, como los del citado #YoMero. ¡Hasta mañana!

Entre “rajones” y “hombrecitos”

Las hablas de Meade y Creel
¿Desafuero? No es lo mismo
Anaya: ganancias y complicidades
Santiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación (corría la administración de Vicente Fox), declaró el viernes 6 de agosto de 2004: “Que enfrente las cosas con valor, con verdad. Si él cree que es inocente, que lo pruebe y lo demuestre y, si no, que asuma su responsabilidad como humano y como hombre”. Con evidente molestia (según reportó Andrea Becerril en La Jornada, https://goo.gl/gwG79d ) agregó: “Lo demás es hacerle al cuento, tratar de crear nubes de humo por todas partes y, otra vez, a lavarse las manos, otra vez a echar la culpa a los demás. ¡Que enfrente su situación como hombrecito y se acabó!”.
En la misma entrevista con reporteros se le planteó: “Usted dice que si Andrés Manuel López Obrador cree que es inocente, lo demuestre, ¿no es al revés, y son las autoridades las que deben demostrar su supuesta culpabilidad?” A lo que el segundo hombre en el mando foxista contestó: “El que está haciendo la afirmación es él, no yo. Por eso digo, que si cree ser inocente, que aporte las pruebas, porque se lo pidió la sección instructora, no yo”.
A trece años y siete meses de aquel proceso de desafuero instaurado contra AMLO, entonces jefe del gobierno capitalino y virtual candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Meade Kuribreña, cinco veces secretario de estado y ahora candidato presidencial (sin credencial) del Partido Revolucionario Institucional, ha asumido una posición declarativa parecida a la de Creel, quien a su vez trata de desmarcarse de sus bravuconadas de 2004 y se queja de maniobras “desde el poder” para ejercer un virtual “desafuero” contra el panista Ricardo Anaya Cortés.
Meade, quien ocupó cargos importantes en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, señaló ayer: “No nos hagamos bolas. Donde vemos un político que vive por arriba de sus ingresos, hay que actuar. O como dice el clásico: así no se hace política (…) Las alternativas son claras. Entre alguien que ha vivido como magnate, uno como fantasma fiscal y quien ha vivido en la transparencia. Ahí están los datos, la forma de vida de cada quien a la vista de todo”. Y la frase central, referida en específico a Ricardo Anaya: “Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón”.
Pero, más allá de las semejanzas en el habla desde el poder, se está en presencia de dos procesos diferentes, el del desafuero de López Obrador y el del “desagüero” de Anaya Cortés. Un elemento fundamental es que el primero no tuvo intención ni perspectiva alguna de beneficio económico personal, familiar o grupal al tardarse en cumplir la orden judicial de suspender los trabajos de construcción de una calle en un predio que había sido expropiado años atrás. La intención del entonces jefe de gobierno era habilitar una vía de acceso a un hospital privado a través del predio El Encino, que había sido expropiado en 2000 por Rosario Robles, sustituta en el mando capitalino a la salida de Cuauhtémoc Cárdenas.
En cambio, Anaya Cortés ha sido acusado de triangulaciones financieras y maniobras empresariales que le habrían suministrado una alta ganancia económica, en términos personales y familiares. A pesar de que el comportamiento del gobierno federal sea repudiable en cuanto pretenda descarrilar a un competidor presidencial, lo cierto es que el expediente relacionado con Anaya, el empresario Manuel Barreiro y el carrusel internacional de dinero, muestra una enorme ganancia para el panista, a quien con frecuencia se ha señalado como un personaje de prosperidad económica derivada de su prosperidad política.
Tampoco es menor el precisar la fuente de las discordias. En 2004, López Obrador se perfilaba como un firme opositor a las políticas pripanistas sostenidas por el luego virtual priista, Vicente Fox Quesada, con quien no hubo ningún tipo de arreglo o entendimiento que luego diera pie a la percepción de “traiciones” entre antiguos socios. En cambio, Anaya Cortés, y una buena parte de sus actuales aliados (el chuchismo perredista y el panismo descalderonizado, concurrentes ambas facciones en la gustosa firma del Pacto por México, entre otras alianzas), han sido copartícipes y aplaudidores de políticas y maniobras de un peñismo del que ahora se han desmarcado en razón de desencuentros por posiciones de poder, no por principios doctrinarios o compromisos populares.
Derivada de esas dos circunstancias condicionantes (el beneficio económico o no, y el apego o desapego a las políticas del poder en turno), el “desagüero” de Anaya Cortés solamente ha conseguido un apoyo político en ciertas partes de la élite intelectual y en ciertos segmentos del panismo de a pie. La efervescencia por el golpeteo contra Anaya ha sido de poca monta social, estratificada y sin visos de autenticidad esencial, a diferencia de las movilizaciones masivas contra el desafuero de López Obrador (consumado en abril de 2005 en términos jurídicos; luego desactivado políticamente mediante diversas tretas, una de ellas consumada por la ahora morenista Gabriela Cuevas).
La riña en las alturas (Peña-Meade contra Salinas-Diego-Anaya) no puede ser asumida como genuina ni siquiera entre las bases del “Frente” tripartidista, porque corresponde a dinámicas, expectativas e intereses de las élites en pugna. Sin embargo, las consecuencias de ese crujir en las cúpulas puede resultar de graves consecuencias para el proceso electoral en curso, pues Los Pinos está pisando de manera exploratoria, una vez más (como lo hizo en la reciente elección del Estado de México), el terreno de los excesos desde el poder institucional, con el priismo más cavernario decidido a hacer ganar a su actual abanderado “ciudadano” al costo que sea. El atropellamiento del exsocio político Anaya puede ser el preámbulo de consecuentes acciones arriesgadas contra el puntero López Obrador, al que en algunas “encuestas de opinión” ya están colocando a “menor distancia” de un insólitamente “progresivo” Meade. ¡Hasta mañana, con Peña Nieto también al habla: “No respondo a nadie ni me voy a meter en este proceso electoral”¡

Tecnopriista Meade: cautela e insipidez

“Mártir” Anaya: ayuda internacional
Peje empanizado para “defensa”
Germán, Cuevas y Chema

 

El primero al turno fue José Antonio Meade, en el edificio central del Partido Revolucionario Institucional. La forma del acto fue de un priismo clásico, subrayado el estilo con un maestro de ceremonias que con voz de emergencia y a la menor provocación soltaba frente al micrófono dominante todo tipo de porras y consignas, desde el ya tan ajado “¡Sí se puede!” hasta concesiones de género como “¡Juana, primera dama!”. Ya no fue necesario que Meade implorara a los priistas que lo hicieran suyo: ya lo es, sin necesidad de credencial, aunque sí con el toque propio de su oficio: tecnopriista.
Ausente estuvo el político de mínimas calificaciones demoscópicas pero máximas pretensiones de continuidad, Enrique Peña Nieto. Pero el acto en Insurgentes Norte se desarrolló con una cautela y una insipidez que pareciera pensado y ejecutado para no generar ni un principio de agruras en algún salón de monitoreo instalado en Los Pinos.

“Pepe Toño” se aventuró a invocar de manera desvaída a Luis Donaldo Colosio y la hambre y sed de justicia que el sonorense dijo ver en 1994, e hizo alguna enumeración de los males actuales del país, en lo que podría parecer una acusación o reproche al jefe Enrique, pero que no pasó del registro de las frases necesarias para aparentar que algo de cambio o corrección propone el tecnopriista que ha sido secretario de estado en cinco ocasiones.

En todo caso, la miga del discurso pronunciado al ¿celebrar? los 89 años de vida del partido tricolor estuvo en las referencias a los opositores. Meade, sin precisar nombres ni apellidos, dijo que ningún candidato puede usar la contienda presidencial para lavar culpas y que el que la hace, la paga. También aseguró que los priistas no van a permitir que México regrese a ser un país de caudillos y Mesías.

Apenas terminaba Meade de hablar y ya estaba Ricardo Anaya Cortés anunciando, a las 11:44 horas, que a la 1 pm daría “un mensaje muy importante a nombre de #PorMéxicoAlFrente”. Como en el caso de Meade, la aspiración de realce fue menor que la realidad alcanzada. En ambos casos se aumentó el grado de “riesgo”, con el tecnopriista “osando” recordar a Colosio en tiempos aciagos adjudicables a Peña y el panista “osando” señalar directamente al ocupante de Los Pinos como responsable de una persecución política.

A fin de cuentas, el “mensaje muy importante” quedó en más palabrería. Anaya buscó añadir teatralidad a su posicionamiento como “víctima del sistema” y  llamó a Peña Nieto a “sacar las manos” del proceso electoral en curso. En lo que fue el ángulo novedoso de su exposición, advirtió que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsará una Comisión de la Verdad, “con asistencia internacional”, para investigar los señalamientos de corrupción que se han hecho contra el mexiquense que va de salida de Los Pinos.

Es muy sugerente la referencia a ese tipo de Comisión de la Verdad, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que se instaló en 2006. Aprovechando el hartazgo ciudadano contra la corrupción impune, y financiando a diversas organizaciones, fundaciones y líderes de opinión, se puede generar un cuadro de conflicto político manejable conforme a intereses de los financiadores de esas “comisiones” o expresiones “de la sociedad civil”, siempre con el Departamento de Estado y la CIA detrás de esos movimientos, según se ha denunciado en diversos foros internacionales de izquierda.

A pesar de la grandilocuencia de Anaya, e incluso de la mención expresa de varias de las zonas oscuras de la gestión peñista (la Casa Blanca, Odebrecht, las estafas maestras, el socavón de Morelos, y las acusaciones contra Rosario Robles y Meade), el candidato del “Frente” no se atreve a enfrentar abiertamente las preguntas de reporteros respecto al caso de la nave industrial queretana y las decenas de millones de pesos de ganancia que obtuvieron, solo en este episodio, el político y algunos de sus familiares

Ayer, convocó a “conferencia de prensa” que duró doce minutos y no permitió que le hicieran preguntas. Eso no es una conferencia de prensa sino una declaración unilateral que igualmente pudo haber hecho en video, para luego distribuirlo a los medios de comunicación. Como otras veces, Anaya se hizo acompañar de los presidentes de los partidos que le apoyan y de otros “personajes” afines. Esta vez tuvo como novedad la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de quien fue candidato presidencial priista. Fue colocado entre Anaya y Dante Delgado, pues Colosio Riojas es candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Andrés Manuel López Obrador también dio nota dominical, al anunciar un Consejo Asesor Electoral que espera le ayude a detectar indicios fraudulentos e incluso impedir que haya conflictos posteriores al día de las urnas. Dio a conocer cinco nombres, de los cuales tres han dejado recientemente al Partido Acción Nacional: Germán Martínez Cázares, quien va de gane como candidato a senador mediante lista partidista, en un lugar que hace prácticamente seguro que llegue a un escaño, y fue uno de los más ácidos promotores y defensores de la “victoria” de Felipe Calderón en 2006, Gabriela Cuevas, a quien igualmente se le ha dado una vía segura para continuar como legisladora federal, y el actual senador, José María Martínez, un jalisciense que militó durante 27 años en Acción Nacional y que ha generado polémica por sus declaraciones e iniciativas en busca de que las uniones de homosexuales no sean consideradas como “familias” y en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los otros dos integrantes de esa comisión son el constitucionalista de renombre, Jaime Cárdenas Gracia, y el especialista en derecho electoral, Horacio Duarte (miembro, éste, del grupo del Estado de México al que pertenece Delfina Gómez, encabezados por Higinio Martínez).

Y, mientras Donald Trump avanza en su estrategia de guerras comerciales, en lo inmediato con aranceles a acero y aluminio, sin que el gobierno de México reaccione más que con suspiros, ¡hasta mañana!

“Desagüero”: victimización electorera

• Anaya y Diego: tentativa de mártir
• Torpeza gubernamental propicia
• Exsocio de Slim, probable embajador
Son demasiados los componentes explosivos puestos en el escenario, cuando ni siquiera han comenzado formalmente las campañas presidenciales. La pelea por el segundo lugar de las preferencias, como plataforma de lanzamiento de una futura cacería feroz contra quien se sostiene en el primero, ha llegado a inusuales niveles de violencia declarativa que hacen preguntar hasta dónde están dispuestos a llegar los factores tradicionalmente confabulados, PRI y PAN, no solo en esta escandalosa lucha por posicionarse alguno de ellos como finalista sino, sobre todo, hasta dónde están dispuestos a llegar en la segunda etapa de este plan en curso, cuando una de esas coaliciones se enfrente ya directamente, en lucha súper libre, al adelantado Andrés Manuel López Obrador.
Invocaciones tempranas de violencia: el agorero Diego Fernández de Cevallos, tutor político y jurídico de Ricardo Anaya Cortés, habló en el noticiero radiofónico conducido por Ciro Gómez Leyva de la ejecución del candidato panista como último recurso para frenar su presunto destino manifiesto rumbo a Los Pinos: “La única forma que tienen para quitar a Ricardo Anaya es matándolo, ya no le anden buscando… Por eso les digo, para que lo entienda el gobierno: pueden sacar todo el baño de lodo, a Ricardo Anaya sólo lo quitan el día de la elección muerto, no va a haber otra manera, punto”.
Considerado como un operador estelar de Carlos Salinas de Gortari, el ampuloso Diego trata de colocar una aureola de martirologio hipotético sobre la testa del joven acusado con fundamento de beneficiarse de maniobras de lavado de dinero. El queretano se deja querer, en ese súbito esfuerzo cevallesco de elevarlo a los altares patrios aunque sea en grado de tentativa y, entrevistado en Guanajuato, reconoce su posible destino electoral manifiesto: “Voy a ser el Presidente de México y no tengan ninguna duda; y ya dijo Diego cuál es la única manera en que me pueden detener”.
La impensada conversión de una prosperidad inmobiliaria anayista, más que sospechosa, en un proyecto de heroicidad patria bajo amenaza (del desafuero de AMLO en 2006, al “desagüero” de impostura en 2018), ha contado con una colaboración tragicómica de funcionarios bajo mando absoluto de Enrique Peña Nieto. Así han tenido que aparecer en escena, para cumplir papeles de vergüenza, el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, reiteradamente utilizado para cumplir caprichos y consignas provenientes de Los Pinos, y el secretario de Gobernación (político de estilo Totalmente Atlacomulco), Alfonso Navarrete Prida. Ambos han tratado de explicar y justificar las peculiares acciones excesivas del gobierno federal contra un anterior aliado que hoy requiere acomodarse alguna vestimenta de opositor extremo.
¿Hasta dónde llegarán? Diego simulando, ¡él!, ser un fiero opositor al sistema e incluso un descalificador de la PGR: “hijos de puta”, dice que dijo, pero no a algún burócrata sino a la institución a la que él mismo prostituyó al enviar ahí a un propio, a un socio de despacho, Antonio Lozano Gracia, como procurador en la administración Zedillo. A fin de cuentas, todo cuenta y todo vale en este proyecto de victimización de Ricardo Anaya. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar?
Ha anunciado Roberta Jacobson que en mayo próximo dejará la embajada de Estados Unidos en México. Será recordada por su tenue y alegre paso por un cargo que otros de sus ocupantes ejercieron entre tensiones y maquinaciones. Jacobson pareció más bien una especie de directora de relaciones públicas, pues ella fue propuesta por la administración Obama y, luego de un largo y complicado proceso de confirmación senatorial, asumió la representación en México sin contar con la conformidad de la administración Trump, además que la relación política entre la Casa Blanca y Los Pinos fue llevada por dos vías convergentes: por Luis Videgaray Caso, quien formalmente es el secretario de relaciones exteriores pero, en los hechos, ha sido una especie de embajador de doble vía, y por el ahora degradado yerno de Trump, Jared Kushner, a quien su suegro habilitó como virtual comisionado para asuntos mexicanos, con Videgaray como oficioso adjunto.
Según filtraciones periodísticas, el relevo de la sutil Jacobson será Edward Whitacre junior, llamado Ed, un empresario texano de 76 años de edad que fue el más alto ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones AT&T y de la automotriz General Motors. Whitacre tiene en su biografía un peculiar punto de contacto con México, pues fue socio del empresario Carlos Slim en uno de los episodios más significativos de transferencia de riqueza pública a compañías privadas, mediante entendimientos políticos hasta ahora criticados: la compra de Teléfonos de México, entonces propiedad del Estado mexicano, a un precio y en condiciones tales que crearon la plataforma de despegue de una fortuna, la de Slim, que durante años ha figurado entre las más altas del mundo. El probable embajador de Trump en México era director ejecutivo de SBC Communications, que junto con France Telecom y Slim adquirieron de inicio la paraestatal mexicana.
El retiro de Jacobson se produce luego del choque por vía telefónica que The Washington Post asegura se produjo entre Trump y Peña Nieto, con la consecuencia inmediata de la cancelación de una hipotética reunión “cumbre” en la Casa Blanca. El cambio de embajador también tiene como contexto la pérdida de poder del yerno Kushner, a quien se ha negado acceso a documentos gubernamentales de “alto secreto” debido a su inexperiencia, a su conflicto de intereses empresariales y a la presunta manipulación que sobre él pretenderían ejercer diplomáticos de cuatro países, entre ellos México. No debe perderse de vista, además, que el arribo del primer embajador real de Trump en México se dará a dos meses de las complicadas elecciones mexicanas que desde ahora tienen prendidos focos de alarma en varios tableros del país vecino. ¡Hasta el próximo lunes!

Anaya, ¿cerillo antisistema?

• AMLO, viendo el show
• UNAM, narco, policías
• Vargas Llosa y el “suicidio”
Transcurrió un día más de embestida política y mediática contra el panista Ricardo Anaya Cortés (iniciada el pasado 20, con una conferencia de prensa) sin el escalamiento en el proceso judicial que la dimensión de las acusaciones indicaría. Las baterías enfocadas contra el empresario clave, Manuel Barreiro; la mayor prueba en contra del expresidente del partido de blanco y azul, un video de una fiesta familiar en que se le ve en plena portación de peluca delatora; y el acusado de beneficiarse con lavado de dinero, engallado y declarante.
A contracorriente de lo que se supone estaría buscando la evidente dupla operativa PRI-Gobierno, el candidato presidencial de PAN, PRD y MC pareciera robustecido (“lo que no te mata, te hace más fuerte”, se suele colegir, al amparo de un dicho popular), con una cobertura mediática como nunca había tenido (“que hablen de tí, aunque sea mal”, es otra conseja generalizada) e incluso proveído de una flamante tarima para mostrarse justicieramente retador (“¿por qué no han actuado contra mí?”), una suerte de víctima del sistema, del mal gobierno, justamente por estar marcadamente en contra de él: ¿qué otra prueba se necesitaría para confirmar ante los ojos populares que el perseguido Anaya es realmente un político “antisistema”?
El episodio del cerillo antisistema, que hasta hace poco era explícita chispa solidaria, más bombero que incendiario, podría quedar en uno más de los manoseos judiciales del peñismo, sin más consecuencias que el mejor posicionamiento del opositor estructuralmente confiable (aunque en lo cotidiano haya roces y enconos finalmente superables). Si acaso con castigos menores, luego susceptibles de suavización, para personajes secundarios.
De no tratarse de una maniobra vitaminante a favor de un opositor transgénico, modificado a fin de darle mejores características para enfrentar el entorno adverso, el seco golpeteo contra Anaya Cortés estaría anunciando el inicio de la más desesperada etapa y, por tanto, la más suciamente agresiva, de un priismo gobernante que estaría dispuesto a abatir a sus adversarios (incluso los aceptables, como el queretano de 39 años), con tal de mantenerse en el poder, al costo que fuera.
En ambas hipótesis se estaría frente a maquinaciones que buscan frenar una candidatura presidencial que incluso ante este fuego cruzado entre antiguos aliados, el PRI y el PAN, va sentando estado público de virtualmente imparable: el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador cómodamente sentado en su butaca, con una bolsa de palomitas, degustando el espectáculo de sus dos adversarios centrales en duelo cerrado para definir cuál es más corrupto y a cuál le correspondería el segundo lugar en los posicionamientos, con una esperanza desangelada de alcanzar a ese puntero al cual ni sus errores y contradicciones parecen afectar.
Una de esas maquinaciones pretendería tonificar a Anaya, para asentarlo en un segundo lugar con posibilidades de crecer, henchido al “triunfar” ante el malvado sistema que lo habría tratado de crucificar. De no ser tal la maniobra, el ataque contra Anaya (cuyo patrimonio personal y familiar, y su forma de hacer “negocios” lo muestran muy vulnerable ante embates judiciales) sentaría un precedente para que Los Pinos se sienta en condiciones de avanzar en su faena de limpieza de terreno, emprendiendo acciones judiciales, mediáticas y políticas contra piezas de reciente adquisición de Morena (el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia y la guerrerense Nestora Salgado, por dar dos ejemplos) o contra coordinadores electorales como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.
Cualesquiera que sean las motivaciones del caso Anaya-Barreiro, lo cierto es que el enrarecimiento de la vida política potencia sus peligros naturales. El endurecimiento del grupo que pretende mantenerse en el poder con una u otra coalición partidista, y el jugar con fuego de los presuntos maquiavelismos operados por un equipo que no ha mostrado pericia ni prudencia, son ingredientes que pueden, como lo advirtió ayer López Obrador, llevar a una desestabilización del país.
Con todos sus puntos oscuros y excesos, la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de las zonas capitalinas más vibratorias ante injusticias o abusos de los poderes públicos. Convertida durante largos años en campo operativo, virtualmente intocable, de distribuidores de drogas, hoy está en el centro de un debate que, por una parte, reclama decisiones fuertes para impedir que ciertas áreas sigan bajo control de grupos del crimen organizado y, por otro lado, exige pleno respeto al concepto de autonomía, sin injerencia sistemática de fuerzas policiacas.
Urgente como es el limpiar de factores delictivos los espacios de la UNAM, también es imprescindible evitar que las circunstancias actuales sean utilizadas como argumento para abrir las puertas a policías y servicios gubernamentales de “inteligencia”, sobre todo si se toma en cuenta que las universidades, y en especial la UNAM, son objetivos de los estrategas postelectorales que temen desbordamientos de protestas si en julio venidero se produce otro fraude electoral.
Astillas: El literato Mario Vargas Llosa no resistió la tentación de dar consejos a los mexicanos, para que no vayan a tomar decisiones electorales “suicidas”, encomiando incluso las cosas “buenas” que considera existen en la actual realidad nacional. Lo mejor, será seguir leyendo las buenas obras de ficción del narrador… El Instituto Nacional Electoral aprobó ayer que a las once de la noche del domingo primero de julio haya resultados de un conteo rápido, para evitar incertidumbre como la de 2006. La decisión (que busca saltar la advertencia del tribunal electoral federal contra conteos imprecisos) entraña el peligro de que dicho sesgo acelerante sea invocado por los lastimados por ese conteo para impugnarlo judicialmente y tratar de deslegitimar los anuncios victoriosos de esa hora… ¡hasta mañana!

Videgaray “abusa” de yerno de Trump

• Kushner, ingenuo con poder
• Redes gordillistas se desactivan
• Cárdenas, independiente en Puebla
Han pillado a Luis Videgaray Caso en algo equiparable a actos de corrupción de menores (en cuanto a edad política). De acuerdo con lo publicado por The Washington Post, el secretario de relaciones exteriores de México intrigó, junto a funcionarios de China, Israel y Emiratos Árabes Unidos, para buscar la manera de manipular al primer yerno de la Casa Blanca, Jared Kushner, nepóticamente designado asesor de su suegro, Donald Trump.
Con 37 años cumplidos en enero reciente, Kushner habría estado (conforme a lo publicado por el diario estadunidense) en el centro de una serie de maquinaciones que buscarían aprovecharse de su inexperiencia en asuntos políticos y diplomáticos de primer nivel y de su acceso privilegiado a la Oficina Oval de Washington. Como en película de mafiosos, los funcionarios confabulados, no estadunidenses, también pretendieron valerse de los “complejos arreglos financieros y las dificultades financieras” del mencionado yerno, que parecía un comisionado plenipotenciario para “arreglar” con Videgaray los asuntos mexicanos.
La “ingenuidad” de Kushner le ha impedido tener acceso a información de “alto secreto” en la administración estadunidense, quedando solamente con la llave de casilleros inferiores. A funcionarios del Departamento de Estado siempre les preocupó que el mexicano Videgaray se saltara protocolos y jerarquías, al convertirse en visitante asiduo a la oficina de Kushner, con quien llegaba a acuerdos que luego eran sometidos directamente a la consideración de Trump, siempre al borde de la ocurrencia, el disparate o la irritación.
La estrecha relación Videgaray-Kushner permitió procesar con menos estridencia algunos exabruptos de Trump y acomodar, a veces de manera vergonzosa, al ocupante actual de Los Pinos a las circunstancias derivadas del talante irracional, explosivo y humillante del rubio empresario extrañamente llegado al máximo poder imperial de la época. Asido a la suerte del yerno, Videgaray fungió como virtual embajador permanente de México en la Casa Blanca y, de retorno, como una especie de embajador de esa casa en México.
La develación de los entretelones de esas relaciones escabrosas entre Videgaray y Kushner se suma a la cancelación de un encuentro Trump-Peña Nieto, que la parte mexicana deseaba realizar con una evidente lógica de aprovechamiento electoral a favor del PRI y del candidato tecnopriista, José Antonio Meade. Aun cuando el curso de los conflictos y el arribo a soluciones dependen, en el impredecible estilo Trump, de una serie de factores borrascosos, ha de decirse que, tal como han sido planteados ambos acontecimientos (la cancelación o posposición de la reunión Trump-Peña, y las intenciones tutelares del mexicano respecto al yerno inexperto), podrían significar una disminución del grado de apoyo político esperado por Peña-Videgaray-Meade para imponer la continuidad priista este primero de julio. O, en una lógica revanchista, el mayor encarecimiento del costo a pagar por los priistas por ese respaldo del poder gringo.
Zaira Ochoa Valdivia es hija del profesor Rafael Ochoa Guzmán, la subsistente mano derecha de Elba Esther Gordillo para asuntos sindicales. Ella va como candidata de Morena a diputada por la vía plurinominal, en un lugar viable. Antes, ha tenido participación política en el Movimiento Ciudadano e incluso en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, como subsecretaria de fomento y gestión ambiental.
Pero esa solitaria posición para la hija de un relevante miembro del equipo central de Gordillo no atempera el desánimo entre la principal aportación que esta corriente política y sindical pretendía hacer a la causa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, mediante las Redes Sociales Progresistas que, según sus organizadores, lograron conjuntar más de 300 mil ciudadanos, principalmente profesores, que buscaban ser “la segunda línea de defensa electoral” de la candidatura de AMLO, como representantes en casillas, acreditados por la vía del Partido del Trabajo.
Debido a reticencias por parte de la “nomenclatura” de Morena, y del recelo del poderoso Alfonso Romo hacia la vertiente empresarial de esas redes, a cargo de Rafael Espino, “ya no podrán activarse” de manera exitosa esas formas de participación en la defensa del voto para Morena, según lo que concluyen los operadores de esa alianza no oficial entre el gordillismo y el lopezobradorismo.
Como en otras entidades, en Puebla las opciones partidistas desalientan a un segmento ciudadano que esperaría mejores candidatos a la gubernatura. En ese panorama dominado por la panista Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle; por el experredista que fue testigo de honor de la firma del Pacto por México, Miguel Barbosa, ahora postulado por Morena, y por el priista Enrique Doger, se ha reinstalado la viabilidad de una candidatura ciudadana, la de Enrique Cárdenas Sánchez, exrector de la Universidad de las Américas y Premio Nacional de Economía.
Cárdenas Sánchez, quien originalmente había sido invitado para abanderar a Morena, obtuvo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una resolución altamente favorable, luego que había impugnado las trabas puestas a las candidaturas independientes en Puebla. En una decisión que abre camino a posteriores impugnaciones similares, el TEPJF reconoció que “el plazo para la recolección de firmas, en combinación con el resto de los requisitos establecidos en la legislación electoral local, resulta inconstitucional, por restringir el derecho a ser votado en la modalidad de candidatura independiente”. Por ello, otorgó treinta días más a Cárdenas para la obtención de esos respaldos, y ordenó al órgano electoral poblano que reactive, a su costo, los mecanismos electrónicos correspondientes y rehabilite a los mil 200 voluntarios que tenía registrados el mencionado aspirante a candidato independiente. ¡Hasta mañana!

Temprano se judicializa la elección

  • Ahora, anayistas acusan a Meade
    • Romo: negocios y política
    • Sería jefe del gabinete con AMLO

De una manera preocupante se ha comenzado a judicializar el proceso electoral mexicano. Ya no hay que esperar, como en otras ocasiones, a que el conflicto por la vía judicial estalle después del depósito ciudadano de votos en las urnas: ahora está llegando a temprana la hora de los fiscales y los jueces, con el aparato del PRI-Gobierno y sus aliados volcado en el aplastamiento político y mediático del panista Ricardo Anaya Cortés (cuyo lema, parafraseando al del partido blanquiazul, podría ser: “Por un patrimonio inmobiliariamente generoso y una vida mejor y más digna para mí y mi familia”) y, en un revire sumamente retador, con los anayistas y sus actuales compañeros de viaje (perredistas y emecistas) demandando investigaciones y castigo a José Antonio Meade bajo la acusación de que fue cómplice de maniobras lesivas del erario federal, testigo complaciente y acomodador de circunstancias en relación con “estafas maestras”.

Lo dicho ayer por Damián Zepeda, el contlapache a quien Ricardo Anaya dejó como presidente interino del PAN, señala, con vocación de apertura de una averiguación previa sobre el asunto, que Meade “es cómplice o actuó de manera directa en el desvío de mil millones de pesos” mientras estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Tres casos concretos de irregularidades susceptibles de castigo señaló Zepeda, a quien no acompañaron sus homólogos. Es decir, no asistió Manuel Granados, sino el secretario general del PRD, Ángel Ávila, y tampoco estuvo Dante Delgado, sino Alejandro Chanona, miembro de la Comisión Operativa del partido Movimiento Ciudadano.

La guerra de lodo entre los antiguos aliados parecería dejar como solitario competidor (solo contra sí mismo) a Andrés Manuel López Obrador, pues el queretano de 39 años podría pasar a tocar el ukulele en alguna celda federal, si los expedientes de la Procuraduría General de la República fueran llevados a su fase extrema, y el pentasecretario cuasi priista, hasta ahora intocado expresamente en temas de corrupción personal, podría ser castigado por sus acciones y omisiones ante formas de defraudación que vio pasar y no denunció ni frenó con contundencia y en las que incluso, según el frente PAN-PRD-MC, habría tenido formas de complicidad directa.

Pero el aparato de “procuración de justicia” que maneja Los Pinos está obsesionado con focalizar como único acto de corrupción punible de todo el sexenio lo sucedido con el panista Anaya, con la abierta intención de sacarlo de su carril y colocar ahí, como segundo lugar de la competencia, al favorito de Palacio, el citado Meade. Por otra parte, esta precoz judicialización del proceso judicial ayuda a enturbiar el ambiente político y cívico e incluso a generar una malintencionada deslegitimación de las elecciones (en las que aparece López Obrador como puntero de apariencia imbatible), brotando en algunos espacios de opinión la “oportuna” reflexión respecto a lo viable o inviable que está resultando este proceso electoral.

En otro tema: el polémico empresario regiomontano, Alfonso Romo, sería el jefe del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador en caso de que este ganara las elecciones del próximo primero de julio. El adelanto del estratégico papel de Romo fue dado por el tabasqueño en respuesta a lo publicado por la columnista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal (WSJ), bajo el título de “Cómo hacerse rico con rapidez en México” y el sumario “Uno de los principales patrocinadores del presidente tiene un turbio historial comercial” (https://goo.gl/3jf4n2).

O’Grady, de línea siempre adversa a gobiernos y postulaciones de izquierda o progresistas, e integrante del consejo editorial del WSJ, consideró que “no está claro que el señor Romo sea el mejor portavoz del espíritu empresarial ético. Al menos una transacción comercial, en la que obtuvo una gran ganancia, dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiduciaria”.

La articulista se refirió a la venta en 2003 de la empresa Seminis, productora de semillas genéticamente modificadas, a la firma estadunidense Fox Paine, en un proceso que resultó desventajoso para accionistas de Seminis y sumamente provechoso para Romo, quien luego negociaría una fusión con la poderosa Monsanto y terminaría con un sueldo anual de un millón de dólares y otros privilegios corporativos (https://goo.gl/R2N3ya).

Romo no es, desde luego, un hombre de izquierda sino lo contrario, financista y apoyador de las campañas de Vicente Fox y Felipe Calderón, afiliado a corporaciones religiosas de extrema derecha y asociado del español José María Aznar en proyectos educativos en América Latina y México. Así que los dardos no se dirigen realmente a dicho personaje neoleonés, de crecimiento empresarial en función de emparentamientos que al finalizar lo colocaron de nuevo fuera del primer círculo del influyente capital de aquella entidad, sino en contra de López Obrador, quien ayer mismo defendió a Romo en el propio Monterrey, donde se reunió con empresarios.

Dijo el tres veces candidato presidencial que “nosotros le agradecemos mucho a Alfonso Romo, porque tiene dimensión cívica y social. Es un empresario que merece todo nuestro respeto, nos ha ayudado mucho”, y aseguró que lo publicado en WSJ “es una calumnia: una operación de ese tipo, en Estados Unidos, es perseguida judicialmente, es sancionada; esto es una noticia para afectarnos políticamente”. También mencionó que Televisa, donde se dio amplia difusión al artículo del WSJ, se había “venido portando bien con nosotros y ahora se une a la estrategia electoral de siempre, de unirse al régimen para golpearnos”.

Y, mientras The Washington Post asegura que Donald Trump planea visitar la frontera californiana a mediados de marzo, para revisar personalmente los prototipos para la construcción del muro de las discordias, ¡hasta mañana!

Trump, “irascible” ante Peña

– ¿Consecuencias para Meade?
– “Inocentes”: Anaya, Diego, Creel
– Candidato panista sigue entrampado

No es una buena noticia para José Antonio Meade que se haya cancelado (o pospuesto) el encuentro de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, considerado para realizarse en la Casa Blanca “en las próximas semanas”, justamente antes de las elecciones que desde ahora tan difíciles se presentan para el Partido Revolucionario Institucional.

Según The Washington Post, Trump habría “perdido los estribos” durante una conversación telefónica con Peña, a causa de que éste habría reiterado su postura de no aceptar que México pagará por la construcción de un muro fronterizo. Peña no habría querido exponerse, en su primera visita oficial a Washington bajo la presidencia de Trump, a un episodio vergonzoso en que el rubio chivo en cristalería imperial pretendiera imponer públicamente su criterio de que México debe cubrir el costo de esa edificación. Esa negativa peñista habría llevado a Trump a ser “irascible”.

Con este intercambio telefónico no tan rápido (habrían hablado unos cincuenta minutos, el martes de la semana recién pasada) pero sí furioso, y la consecuente cancelación o posposición de la reunión “cumbre” entre los representantes institucionales de México y Estados Unidos, quedan maltrechas las gestiones y entendimientos que largamente han sostenido Luis Videgaray Caso, el secretario mexicano de relaciones exteriores, y Jared Kushner, el yerno de Trump y virtual comisionado de éste para los asuntos mexicanos.

El desenlace político y diplomático tiene consecuencias prácticas en el terreno de las elecciones mexicanas porque, hasta ahora, Videgaray Caso sigue siendo el virtual jefe intelectual del proyecto de continuidad que tiene como candidato presidencial a José Antonio Meade. En el proyecto de reposicionamiento a marchas forzadas que se pretende hacer de esa candidatura tecnopriista habría tenido un efecto importante el colocar el peso de la presidencia imperial vecina, en aparente acuerdo a favor de esa continuidad Peña-Meade, con Videgaray como garante y operador.

El manejo circunstancial de ciertos temas, como los derivados del rediseño del Tratado de Libre Comercio (para dar a los gestores gubernamentales mexicanos alguna apariencia de “triunfo”, aunque fuera efímera o luego replegable), y alguna palmada con sentido propagandístico al propio Peña y su equipo, podrían sugerir que el siempre influenciador peso de la Casa Blanca estaría por cerrar filas en favor de la opción del cuasipriismo “ciudadano”, tecnocrático y “moderno” de Meade.

Por sí misma, la postura de Peña es positiva, al negarse a aceptar la presión y acaso los previsibles desfiguros de Trump, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de no dejarse ver como descalabrado en su promesa electoral de hacer que México pague el famoso muro de las discordias. La decisión de Los Pinos también tiene un cálculo electoral: si Peña se permitiese un nuevo ridículo en el escenario binacional, o si fuese forzado a aceptar eventuales desplantes triunfales de Trump, ello añadiría descrédito y vergüenza al equipo encabezado por el mexiquense, y eso sería transferido en términos electorales al abanderado Meade. Gravísimo habría sido para éste que sus superiores políticos, Peña y Videgaray, apechugaran con un numerito más de Trump contra el interés nacional. Ah, pero nada asegura que la pretendida reunión “cumbre” no llegue a realizarse antes de las elecciones mexicanas (los intereses en juego están por encima de veleidades personales y caprichos en rubio). En todo caso, las partes tendrán que afinar con máximo cuidado las piezas, para evitar sorpresas y terminar malparadas.

El candidato presidencial panista (al que apoyan PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, se situó ayer afuera de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar un escrito en el que demanda que las autoridades le digan si hay investigaciones formales que supongan que él cometió un delito en el caso, tan difundido mediáticamente, de la compraventa de una nave industrial en Querétaro y otras maniobras financieras que luego reportaron decenas de millones de pesos como ganancia.

Anaya Cortés fue acompañado del presidente del PAN, Damián Zepeda (quien creció políticamente al amparo de Guillermo Padrés, el exgobernador de Sonora que fue acusado de desviación de recursos públicos y enriquecimiento ilícito), del asesor Santiago Creel (cuyo paso por la secretaría de gobernación, durante el foxismo, terminó con una generosa asignación de concesiones para casinos y juegos de azar) y de Diego Fernández de Cevallos, el abogado y político que simboliza el tráfico de influencias y el control de parte del aparato judicial ante el que litiga (Luisa María Calderón, entonces senadora, dijo en agosto de 2003: “imagínense, si lo hace con nosotros, los legisladores, como no lo va a hacer con un juez, o si un juez no teme que lo puede chantajear, imagínense un juez que está buscando que su carrera en el Poder Judicial tenga futuro” (https://goo.gl/UrsQRF ). Además de esos singulares acompañantes, Anaya tuvo el apoyo de grupos panistas.

Aún cuando la queja del candidato presidencial se centró en el manejo mediático y político de un expediente judicial del que se dice ajeno en términos de culpabilidad, la PGR, es decir, Los Pinos, le recetó de inmediato una dosis similar, pues varios encabezados periodísticos destacaron que él se había negado a declarar, ante las “insistentes invitaciones” de las autoridades.

No tendría Anaya porque aceptar esas “invitaciones” (él dice que solo fue una, hecha por un funcionario menor de la PGR), pues justamente lo que busca dejar claro es que no tiene ningún involucramiento delictivo en el tema, ni tendría la PGR porque destacar ese “rechazo”, salvo que se busque incentivar la imagen de enredo y contradicciones de quien ayer cumplio 39 años de edad. Pero en la guerra por el segundo lugar en el tablero electoral, y con un “cliente” tan enredado en operaciones inmobiliarias y prosperidad económica, Los Pinos considera que todo se vale. ¡Hasta mañana!

Contra Anaya, para “bajarlo”

– No solo por corrupción
– Beltrones y Osorio, al “rescate”
– Coordinaciones dinosáuricas

 

Doble sacudimiento, con urgida intención de colocar a José Antonio Meade en ruta competitiva (aunque esa instalación resulte evidente e indicativamente forzada: llevarlo a Los Pinos al costo que sea): en primer plano, la acometida feroz (en términos judiciales y mediáticos) contra el panista Ricardo Anaya Cortés y, en segundo plano, la agregación de un dinosáurico equipo de “ingeniería electoral” para rodear y apoyar al aspirante rezagado./

Con una rapidez y eficacia no vistas en múltiples expedientes de corrupción relacionados con personajes cercanos a los afectos e intereses de Los Pinos (Emilio Lozoya y Odebrecht, Gerardo Ruiz Esparza y OHL, Rosario Robles y las estafas maestras, por dar algunos ejemplos), el aparato federal de justicia ha reaccionado ante una denuncia hecha en el último trimestre del año pasado por dos empresarios de Querétaro, que alegan haber sido utilizados para maniobras de lavado de dinero que habrían beneficiado al ahora candidato presidencial, Anaya Cortés. El tema fue posicionado en todos los espacios mediáticos importantes y el personaje clave de la trama, Manuel Barreiro Castañeda, fue rápidamente localizado (en Canadá) en preparación para su captura, aunque este empresario de inmediato gestionó un amparo judicial./

Es probable que las maniobras delictivas adjudicadas a Anaya Cortés sean ciertas y, por tanto merezcan un proceso judicial que implicaría encarcelamiento. También es probable que el caso de la nave industrial queretana y sus dividendos sea solo una parte de un conjunto de actos de corrupción que explican la evidente prosperidad económica del citado Anaya y algunos de sus familiares./

Pero a Anaya Cortés no lo están linchando en estos momentos solamente por corrupto (si tal fuera el pecado, no habría virtuoso lanzador de piedras en la administración peñista) sino, en tiempo y forma, por razones políticas, electorales. Al enriquecido candidato panista, perredista y emecista le están cobrando desde Los Pinos la manera tramposa (traición, es el sustantivo que usan sus poderosos adversarios priistas) que ha utilizado para su crecimiento como “opositor”./

Contra el panista inmobiliariamente indefendible están utilizando el arsenal proveniente de Hacienda y el brazo armado de la PGR. Se busca “bajar” al “traidor” y hacerle que ceda el paso a Meade, quien necesita de ese segundo lugar, el de la opción única “anti AMLO”, para generar las apariencias de alcance y rebase del puntero que hasta ahora se ha visto inalcanzable (con todo y sus errores, contradicciones y alianzas), Andrés Manuel López Obrador./

El golpe dado a Anaya Cortés proviene de desacuerdos entre élites usualmente amafiadas. Al queretano lo apoyan Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos. De avanzar el proceso, tal como lo están aireando ciertos medios de comunicación, significaría el derribamiento de la candidatura presidencial panista, la demolición de un proyecto largamente desarrollado por una facción de ese partido (lo cual llevó inclusive a la salida de Margarita Zavala, ahora reavivada por este impacto contra su contrincante, hasta ahora triunfal en su pelea con el calderonismo) y la instalación de un precedente peligroso: el uso del instrumental judicial para detener o castigar, virtualmente a cuatro meses de las elecciones, y mucho más por razones políticas que por vocación justiciera, a un candidato a la Presidencia de la República./

A la par de este zarpazo, cuyas consecuencias van más allá del perfil específico del panista mencionado, se anunció ayer la conformación de un equipo de coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , para fines electorales. Los personajes escogidos para encargarse de la operación política y electoral en cinco circunscripciones, con la campaña presidencial de Meade como preocupación rectora, constituyen un extraordinario retrato del PRI al que el varias veces secretario de Estado dice no pertenecer en términos de padrón: un priismo de museo, depositario de especialidades turbias para hacer “ganar” al candidato o los candidatos deseados./

Dos figuras destacan en esa postal del pasado que busca ser futuro: Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones. El hidalguense fue el precandidato presidencial priista con más popularidad entre priistas, según las encuestas de opinión previas al destape de Meade. El sonorense es considerado el máximo referente del priismo clásico, ovacionado por sus congéneres, temido por sus adversarios a causa de las disímbolas habilidades y capacidades que concentra. Exgobernadores ambos, el de Hidalgo irá al Senado y desde ahora coordinará a los demás candidatos priistas de ese nivel, como supuesta antesala para ser el coordinador de la bancada senatorial de tres colores; el de Sonora podría ser nuevamente diputado federal, mientras su hija es candidata al Senado./

La baraja de “salvamento” electoral puesta sobre la mesa de Meade incluye a una figura poco sugerente de victorias, Beatriz Paredes, quien fue joven gobernadora de Tlaxcala y, luego de ocupar diversos cargos federales y legislativos, tuvo una significativa derrota como aspirante a gobernar la Ciudad de México. La hidalguense Alma Carolina Viggiano Austria, con carrera política propia, es esposa del exgobernador Rubén Moreira Valdez, coahuilense que de manera muy significativa llegó al comité nacional priista como secretario de acción electoral, de donde ascendió a la secretaría de organización y, ahora, se apunta en la lista de posibles sucesores del dirigente formal en apreturas, Enrique Ochoa Reza./

Otros coordinadores de circunscripciones electorales son René Juárez, quien fue gobernador de Guerrero y subsecretario de Gobernación con Osorio Chong, y Mariano González Zarur, quien fue gobernador de Tlaxcala./

Y, mientras sigue el manoseo de horarios y formas respecto a la noche de la elección presidencial y sus primeros conteos, con el INE tratando de agilizar las maniobras de recolección de datos, aunque ello pudiera causar algunos descuidos o desaseos, ¡hasta el próximo lunes!

Anaya en su embrollo inmobiliario

– ¿Tumbar al “segundo lugar”?
– Meade y las estafas presupuestales
– Barcos Caribe: ¿atentado o accidente?

 

La conocida labia del panista Ricardo Anaya Cortés no ha sido suficiente para remontar el nuevo obstáculo que sus adversarios políticos le han colocado y potenciado, no sin razones válidas de fondo, más allá de las circunstancias electorales en curso./

Ayer, en diversos foros mediáticos (en particular, en la mesa matutina de Televisa, con Carlos Loret de Mola, Ana Francisca Vega y Enrique Campos), el candidato presidencial de la derecha más explícita batalló para tratar de imponer una explicación “lógica” y “simple” de uno de los actos de enriquecimiento por la vía inmobiliaria que le han sido característicos. Como si en este país no hubiera tráfico de influencias ni maniobras trianguladas para favorecer a políticos, Anaya Cortés ha pretendido desmarcarse con legalismos y victimismo electoral de la acusación presentada ante la PGR por un abogado que asegura que en la compraventa de una nave industrial de Querétaro hubo maniobras de lavado de dinero que favorecieron a quien ha tenido en esa entidad un peso político suficiente para recibir favores y tejer artificios./

Es probable que esa denuncia haya sido impulsada en términos judiciales y mediáticos por quienes desean tumbarlo de un presunto segundo lugar en las preferencias para la Presidencia de la República, pues Anaya Cortés está siendo centrado en embrollos con tufo a corrupción que desdicen las arengas encendidas de quien dice estar decidido a combatirla./

Si el PRI y su candidato, José Antonio Meade, pretenden desbancar al queretano musical para focalizar la contienda entre YoMero y YaSabenQuién, los expedientes de corrupción relacionados con Anaya habrán de ser explotados con toda la fuerza del sistema. Un sistema, por lo demás, del que forma parte el propio Anaya, por más que en esta coyuntura esté jugando el rol de “opositor” irreconciliable con la actual administración de Los Pinos./

En ese sistema político se ha vuelto lugar común que los presupuestos, el federal y el de los estados y municipios, sean utilizados de manera irregular (delictiva en muchos casos) por funcionarios con vocación ladrona. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación ha consignado ese mapa del latrocinio institucionalizado: miles de millones de pesos sustraídos de los modelos básicos de control administrativo mediante trampas que llegan a involucrar a universidades públicas y a sistemas estatales de radio y televisión, por dar algunos ejemplos./

La vergonzosa danza rutinaria de los miles de millones de pesos ha hecho voltear hacia el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, cuyo paso por varias secretarías de estado, sobre todo la de hacienda, donde ha estado dos veces, parece haber sido impráctico a la hora de detectar tantas maniobras de rapiña con cargo al dinero público. El mismo Meade ha declarado que en el cien por ciento de los casos debe haber un adecuado rendimiento de cuentas y que los partícipes en hechos irregulares deben “asumir las consecuencias”. Pero nada hace pensar que el propio sistema vaya a castigar de verdad a los responsables del saqueo de la nación./

La diputada federal priista Sara Latife Ruiz Chávez publicó en Twitter un comentario que luego borró: “Lamento lo sucedido hace unos minutos en Playa Del Carmen a la embarcación de #BarcosCaribe, rechazo tajantemente cualquier acto de violencia que atente contra ciudadanos y turistas en nuestro país. #BASTADEODIO Mis deseos de pronta recuperación para los heridos”./

En lugar de ese mensaje, en el que hablaba de violencia, odio y atentar, Latife acomodó: “Lamento lo sucedido hace unos minutos en Playa Del Carmen a la embarcación de #BarcosCaribe. Mis deseos de pronta recuperación para los heridos y el esclarecimiento de los hechos”. Pero no cedió totalmente: “Pues por el bien de la economía de nuestro estado deseo que el motivo sea muy diferente. Y para evitar especular antes de tener los resultados de la investigación, opte por corregir mi mensaje. Vivimos del turismo, es algo que siempre los quintanarroenses debemos tener presente”./

El accidente, o atentado, de referencia se produjo ayer, casi a la una de la tarde, y dejó dieciocho heridos y una extendida percepción de que la violencia criminal está desbordada en esa entidad bajo gobierno de alguien que fue priista hasta horas antes de asumirse como candidato “opositor”, Carlos Joaquín González. La empresa Barcos Caribe forma parte del entramado que tiene como punto rector al exgobernador Roberto Borge, quien fue extraditado de Panamá en enero reciente, bajo acotadas acusaciones de corrupción en el ejercicio público. Los accionistas de la firma naviera son familiares, empleados y amigos de la familia Borge. ¿Accidente, atentado o mensaje entre mafiosos, incluyendo los políticos?/

Astillas: En Mérida, Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en los debates entre candidatos presidenciales que organice el Instituto Nacional Electoral aunque, advirtió, sabe que le “echarán montón”… Un juez federal ordenó dejar en libertad por una acusación (aunque seguirá en prisión, por otras) a José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de quien fue jefe mafioso, Osiel Cárdenas, luego que la Marina lo había detenido en Matamoros, Tamaulipas, bajo el señalamiento de ser el jefe regional del Cártel del Golfo. La esposa de José Alfredo demostró que la detención se realizó en el domicilio familiar y no en la calle, y el juzgador declaró que al violarse el debido proceso debería liberarse a quien apodan “el contador”. Múltiples casos de violaciones al debido proceso, por parte de marinos, ejército y policías federales, se denuncian cotidianamente en todo el país, pero no hay reacciones judiciales tan amablemente expeditas… Y, mientras la defensa jurídica de Elba Esther Gordillo recurre a las comisiones interamericana y nacional de derechos humanos, alegando que le han impuesto restricciones a la exdirigente sindical por que sus familiares han apoyado al candidato presidencial de Morena, en un acto de “persecución política”, ¡hasta mañana!

Pejecristianismo y Constitución Moral

Caleb, Hebrón, PES
No te preocupes, Rosario (II)
Ricardo Anaya, ¿lavado de dinero?

Fue la confirmación de la creciente explicitud del candidato del principal agrupamiento de lo que podría ser llamado izquierda electoral (Morena, ya no el Partido de la Revolución Democrática) con el ultraconservador Partido Encuentro Social (PES): Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su faz más abiertamente religiosa y cristiana, predicador de la Biblia, evocador de Jesucristo y promotor de una nueva forma de aspirar al reino del amor, la felicidad y el bien común: una Constitución Moral a partir de una especie de concilio ecuménico, terrenalmente llamado Asamblea Constituyente, que establecería nuevas reglas de comportamiento personal (obviamente, sin sanción alguna por su incumplimiento, pues no sería una Constitución con sentido jurídico imperativo) para tratar de salir del infierno actual.

Difícilmente se podría alegar que fue una alocución sin intenciones específicas: López Obrador preparó una suerte de homilía para ser presentada en un escenario y un contexto sabidamente polémico, la sesión formal del partido de bases evangélicas, el citado PES, para formalizar su candidatura presidencial. Ahí, AMLO “citó que desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en el ejercicio de la ética social” y agregó que “en el Nuevo Testamento, ‘se señala que Jesús manifestó con sus palabras y sus obras su preferencia por los pobres y los niños. Y para muchos, Cristo es amor’” (nota de Alma E. Muñoz, publicada en el portal de La Jornada, https://goo.gl/SDR2gF ).

Por su parte, el presidente del PES, Eric Flores, le dedicó el pasaje bíblico de Calem, el hombre de más de ochenta años de edad que había sido, junto con Josué, uno de los dos únicos espías de las doce tribus de Israel que, luego de una exploración de las condiciones de la tierra prometida, ocupada por gigantes, mostró plena fe en que se podría recuperar dicho territorio.

Más de cuarenta años después, ya anciano, Caleb vio el reparto de las tierras conquistadas y recordó el pasaje en que Moisés le habría dicho: “La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios”. Caleb, pudiendo optar por una porción sin conflictos, rica y placentera, pidió el monte Hebrón, aún guarecido y fortificado por los gigantes. Organizó a su gente, peleó y, a pesar de todas las adversidades, ganó. La dedicatoria a AMLO del pasaje mencionado (“para nosotros, usted es Caleb, en vías de escalar el monte Hebrón. Vamos por la tierra que Dios nos prometió, Caleb”) fue acompañada de una canción cristiana, con fotografías de la trayectoria política del tabasqueño.

En esas circunstancias fue anunciada la posibilidad de instaurar una Constitución Moral en México. De ganar la presidencia de la República, López Obrador convocaría a un “diálogo interreligioso” en el que participarían creyentes y no creyentes, para establecer una Carta Magna en términos de moralidad, buscando que los mexicanos se comprometieran a cumplir con esos postulados. Es necesario, dijo, “auspiciar una nueva corriente de pensamiento, que promueva un paradigma moral de amor a la familia, al prójimo, la naturaleza y la patria”.

La propuesta de la Constitución Moral generó inmediata polémica, en particular porque se suma a otras expresiones de López Obrador que le muestran más proclive a ciertas posiciones de grupos de derecha, como el PES, que a ciertas banderas de lucha de la izquierda en general. Aún cuando el propio candidato presidencial recordó que se debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la pretensión de establecer lineamientos morales desde plataformas del poder público, si él llega a Palacio Nacional, aparece como un retroceso respecto a la laicidad nacional y como una peligrosa concesión a la corriente de católicos y evangélicos o cristianos que busca borrar fronteras entre política y religión, e influenciar, desde la doctrina religiosa, el actuar de los depositarios de los poderes públicos.

Otro candidato, el panista Ricardo Anaya, era acusado ante la Procuraduría General de la República de haber cometido actos ilegales, conocidos como lavado de dinero. El abogado Adrián Xamán McGregor explicó, en conferencia de prensa, que dos empresarios queretanos habían participado en un proceso de simulación relacionada con una nave industrial. Más de 54 millones de pesos habrían sido la ganancia, asignada a una firma en la que, según se dice, participan Anaya Cortés y algunos de sus familiares. En esa historia, el dinero habría sido dispersado en cuentas en paraísos fiscales y triangulaciones en diversos países.

El acusado, Anaya Cortés, rechazó los señalamientos y afirmó que son “un refrito de lo publicado y aclarado a cabalidad hace más de cinco meses”. Dijo que esa operación relacionada con una nave industrial fue oportunamente consignada en sus testimonios patrimoniales. Insistió en que este tipo de maniobras constituyen actos de guerra sucia en su contra, procedentes del aparato priista que ve al candidato José Antonio Meade en ruinas.

Rosario Robles Berlanga, por su parte, fue acusada de que a su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se produjeron desvíos por más de mil 311 millones de pesos. Según la nota periodística del caso, dichas irregularidades fueron consignadas en un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Como se ha denunciado en expedientes similares, se habrían utilizado mecanismos de simulación para asignar contratos a ciertas firmas manipulables (algunas, absolutamente fantasmales) y, luego, el dinero así obtenido habría de ser distribuido en cuentas en el extranjero, utilizando en algunos casos las vías de Monex y de CI Banco.

La funcionaria en cuestión negó tales acusaciones, retó al diario Reforma a probar ante la PGR hoy, a las doce horas, lo publicado, y puso a disposición de los investigadores sus cuentas personales, renunciando por adelantado al secreto bancario. ¡Hasta mañana!

¿Vacío informativo el 1-J?

• Tardanza en conteos rápidos
• Independientes: vicios y trampas
• CdMx: gobierno a la deriva

 

La noche del primero de julio ya está en entredicho. Conforme a lo que ha decidido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los primeros resultados más o menos confiables del proceso electoral no estarán disponibles, en forma de conteo rápido, esa misma noche sino, según las preocupadas estimaciones del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hasta en la madrugada del lunes siguiente, por ahí de las dos o las cinco de la mañana.

 

Córdova ha adelantado que esa tardanza puede generar diversas turbulencias y propiciar “autoproclamaciones” de victoria. Dichos anuncios triunfales sin base cierta, aunados “al vacío de información” oficial, abonarían “a la especulación y la incertidumbre”. En esta columna se agrega, a lo dicho por Córdova, que ese lapso tan largo de imprecisión institucional puede ser fácilmente aprovechado por alguno de los contendientes presidenciales para darse por ganador y ser secundado de manera aplastante por medios de comunicación que estuvieran alineados en una maniobra de imposición de percepciones.

 

El INE, según lo dicho por su consejero presidente, tratará de encontrar “mecanismos para agilizar” la recepción y procesamiento de datos, para tratar de evitar ese posible vacío informativo. En esa prisa alternativa, desde luego, podrían cometerse errores o ser generadas más dudas. No empiecen.

 

Promisorio en su inicio, el recurso de las candidaturas independientes ha sido viciado y desgastado por las autoridades electorales y por varios de los aspirantes. Al cierre del proceso correspondiente a las postulaciones presidenciales, el saldo es negativo: solo pudieron avanzar hasta una etapa de revisión, entre fundadas sospechas de maniobras fraudulentas para hacerse de firmas de apoyo, tres personajes recién despegados de intensas vidas partidistas o de aparatos de poder, como son el gobernador con licencia, pero en pleno uso de la estructura del gobierno neoleonés, Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado el Bronco; el experredista Armando Ríos Píter, beneficiado en las últimas semanas por una avalancha de presunta popularidad que potenció sus cifras de recolecta de una manera increíble, y Margarita Zavala Gómez del Campo, panista hasta que no la hicieron candidata presidencial de partido, apoyada de manera explícita por el entramado de intereses de su esposo, Felipe Calderón Hinojosa.

 

Aún cuando sus nombres fueran incluidos en la boleta presidencial (aunque las acusaciones contra el Bronco podrían tumbarlo del cuaco de simulación en que se ha montado y la captación épica de firmas para Ríos Píter también merece una inspección a fondo) estos tres finalistas tienen pocas probabilidades de ganar la elección. Rodríguez Calderón usó el mecanismo de los “independientes” para hacer ruido que le permita negociar ganancias a cuenta de una declinación posterior, Ríos Píter está en los más bajos niveles de popularidad en eso que llaman encuestas de opinión, y Zavala Gómez del Campo y el calderonismo en general fueron barridos por Ricardo Anaya, de tal manera que el único éxito alcanzable por Margarita sería el de arrebatar algunos puntos, que serían clave, a su verdugo queretano.

 

La única propuesta distinta, incluso alejada del esquema tradicional electoral, fue la de María de Jesús Patricio Martínez, llamada Marichuy, a nombre del Congreso Nacional Indígena. Nunca le animó a la aspirante, ni a los grupos que le han apoyado, la expectativa de llegar a ganar la Presidencia de la República, pero sí el estar en la boleta electoral y aprovechar los foros públicos y la resonancia mediática para difundir los graves problemas que se han ido acumulando en comunidades indígenas y entre grupos populares. Sin embargo, la respuesta nacional fue menor a lo esperado, y la gira nacional de Marichuy llega a su fin, incluso en condiciones trágicas, luego de la volcadura de un vehículo en Baja California Sur.

Otro aspirante que no consiguió el número básico de firmas de apoyo fue Pedro Ferriz de Con, conductor de noticieros de radio y televisión durante muchos años, quien ayer denunció la existencia de un “mercado negro” de credenciales de elector, al cual habrían recurrido algunos de los “finalistas”. Aseguró que “capos del narcotráfico, con grupos de la delincuencia organizada, así como falsifican tarjetas de crédito lo hacen con este negocio”. Por ello, demandó investigar la forma en que Zavala, Ríos Píter y Rodríguez Calderón juntaron sus firmas de apoyo. Afirmó que ese tráfico de datos es mayor en Veracruz, Tamaulipas y Coahuila.

 

 

Los sismos han ido complicando los planes de Miguel Ángel Mancera para dejar el mando de la Ciudad de México. Cada estremecimiento telúrico en la geografía chilanga subraya la improcedencia de dejar el timón de una nave en desgracia. Sobre todo si no se han resuelto ni siquiera los problemas básicos derivados de la primera tragedia. Aún así, Mancera ha dividido su tiempo para atender los requerimientos de las contiendas electorales, urgido de encontrar el momento para decir adiós a una ciudad que no le tendrá mayor agradecimiento.

 

Convertido en injerto de oportunidad en las listas del Partido Acción Nacional para ser senador (va en segundo lugar: arribo garantizado a un escaño), busca dejar un sucesor manejable, sobre todo en el ramo de los dineros disponibles para la reconstrucción, que desde ahora son vistos en las alturas partidistas como gran botín para campañas electorales. Su segunda de a bordo, Patricia Mercado, todavía secretaria general de gobierno, también se va, pues el partido Movimiento Ciudadano la postula para el Senado.
Y, mientras los gobiernos federal y de Oaxaca informan sobre las investigaciones judiciales que deben realizar para deslindar responsabilidades y fijar sanciones en el caso del homicidio imprudencial de catorce personas en una comunidad oaxaqueña durante el accidentado aterrizaje de un helicóptero oficial, ¡hasta mañana!

Morena: Napoleón, Germán…

Anaya, Corral, Mancera
Meade: “hacerse cargo”
PRD: a sillazos

Más que los discursos y las escenografías de este domingo de confirmación de las candidaturas presidenciales tan sabidas, resultan especialmente significativos los movimientos internos, los reacomodos grupales y, en especial, las postulaciones a las cámaras legislativas.

Dos de los candidatos ya oficiales (hasta ayer, aún eran “precandidatos” que habían hecho “precampañas”) mantuvieron un control personalísimo sobre los rangos importantes de las listas de aspirantes a diputaciones federales y senadurías: Andrés Manuel López Obrador, en Morena, se permitió incluso el exceso de colocar en lugares viables al dirigente sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia (llamado “Napito” en razón de haber heredado el control de ese sindicato de su padre, Napoleón Gómez Sada, quien duró cuarenta años como jefe de ese gremio, al clásico estilo priista). Gómez Urrutia fue acusado de desvío de recursos por más de 50 millones de dólares de trabajadores mineros, por lo cual, y ante las evidencias de acción penal en su contra por parte del foxismo-calderonismo luego del accidente de Pasta de Conchos, se fue a vivir a Canadá, obteniendo una visa humanitaria, al declararse perseguido político, y luego la nacionalidad canadiense, según informó en su momento el abogado Marco Antonio del Toro (el mismo defensor legal de Javier Duarte de Ochoa y de Elba Esther Gordillo).

Además de esta designación, resulta polémica y contradictoria la incorporación del expresidente nacional del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, miembro del grupo central que operó el fraude electoral de 2006 y defendió la imposición de Felipe Calderón en términos jurídicos y políticos. Martínez Cázares publicó en días pasados un artículo periodístico en el que narró que le había sido ofrecido el formar parte de una terna que López Obrador presentaría, de llegar a Palacio Nacional, para ocupar la Fiscalía General de la República. No aceptó esa propuesta, pero ayer apareció en la lista de aspirantes al Senado, en un lugar relevante.

Ricardo Anaya Cortés también acomodó los futuros asientos legislativos de su partido conforme al interés de su candidatura presidencial. Ello le causó un revire tan enjundioso como luego negociable por parte del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien hizo en una sesión interna de la cúpula de Acción Nacional una denuncia detallada de las maniobras e irregularidades cometidas por el grupito de Anaya. El enojo oratorio de Corral tuvo como telón de fondo que el frío y traicionero Anaya no incluyó en lugares preferentes, rumbo al Senado, a César Jáuregui Robles, actual secretario general del gobierno de Chihuahua, y a Gustavo Madero, el expresidente nacional del PAN (impulsor de Anaya, a quien creyó que iba a manejar al dejarle la presidencia del partido de blanco y azul). La aparente ruptura de Corral con Anaya y el PAN hizo que en Morena le hicieran guiños de bienvenida, pero el chihuahuense aclaró que no hay tal posibilidad de migración y reiteró que, a su juicio, López Obrador es un político mezquino.

Los enojos internos en Acción Nacional provienen de los métodos inducidos por el grupo de Anaya para acotar las propuestas regionales y acomodar los segmentos privilegiados de las listas legislativas al pago de las cuentas políticas que Anaya suscribió en el proceso de hacerse de la candidatura presidencial. En primer lugar, para el Senado, aparece Josefina Vázquez Mota, a pesar del expediente oscuro de los más de mil millones de pesos recibidos del gobierno federal para “apoyo a migrantes” y que, triangulados, fueron ejercidos por personajes del josefinismo. Recuérdese que Vázquez Mota fue candidata a gobernadora del Estado de México y desde que fue postulada, en febrero de 2017, se filtró la información de que había aceptado esa jugada electoral de sacrificio a cambio de ser candidata segura al Senado.

En segundo lugar de la lista de Acción Nacional fue aprobado Miguel Ángel Mancera, político sin registro partidista pero, al mismo tiempo, figura central del perredismo y controlador de la presidencia del comité nacional, ahora con Manuel Granados y hasta hace poco con Alejandra Barrales en ese cargo. Mancera cobra así el hacerse a un lado para que Anaya fuera candidato presidencial, lo mismo que Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla que está encaminado a lograr un escaño, luego de ceder el paso al mismo Anaya (Moreno Valle, además, logró que su esposa sea candidata a gobernadora de Puebla).

En el bando priista las batallas internas no se reflejan tanto en las listas de aspirantes a cargos legislativos como en la búsqueda de controlar la campaña del candidato presidencial, su entorno decisorio y su discurso. José Antonio Meade sigue impedido de desplegar algo parecido a una propuesta propia: lo mantienen atado a las figuras desgastantes de Los Pinos y de Enrique Peña Nieto. Ha dicho que no se va a deslindar de estas figuras. En todo caso, ayer ensayó algo parecido a una cierta crítica: dijo que los priistas, y él en lo personal, deben atender el malestar social y “hacerse cargo” (¡oh, cuán rudo concepto!) de la decepción y el malestar de la población por la violencia y los escándalos de corrupción. Ah, y en un tuit anunció que creará un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona.

En lo que queda del PRD, lo más notable fue un pleito a sillazos entre miembros de corrientes internas. De las candidaturas al senado, por la vía de la representación proporcional, resaltan las designaciones de Emilio Álvarez Icaza, quien aspiraba a ser candidato presidencial por la agrupación Ahora; de Jesús Zambrano, directivo del grupo de los Chuchos, y la panista Xóchitl Gálvez.

Para cerrar la presente entrega, estas palabras dichas ayer por López Obrador: “Soy terco –es de dominio público-, necio, dicen obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden principios o alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República: con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción”. ¡Hasta mañana!

Chihuahua: rehén por entrega

• Juez federal toma caso Gutiérrez
• Reunión EPN-Trump, ¿para qué?
• Marichuy, más allá de lo electoral

La misma noche del 3 del presente mes se habló de una especie de intercambio de rehenes entre el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado: novecientos millones de pesos que serían entregados a las finanzas de esa entidad (luego de una retención injusta) a cambio del control del proceso al empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en una historia judicialmente documentada, y sumamente explosiva, de triangulación de fondos federales para campañas electorales priistas.

El pasado lunes 12 se cumplió la primera parte del pago del rescate por el rehén priista: la secretaría federal de hacienda depositó a la cuenta de la administración chihuahuense 450 millones de pesos, la mitad de lo prometido, programando la entrega del resto para el cinco de marzo. En contrapartida, ayer se anunció que un juzgado federal decidió asumir el manejo del expediente del priista Gutiérrez Gutiérrez, a quien indicativamente ya el gobierno de Corral Jurado había aceptado que fuera trasladado a un penal federal.

La decisión del juez federal, Gerardo Moreno García (el mismo que lleva el proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa), probablemente sea recurrida por el gobierno de Chihuahua, en un agotamiento de instancias judiciales (o solamente declarativas, “aceptando” el “golpe”) a cuyo fin es previsible que el poder federal se quede con el control del caso de Gutiérrez Gutiérrez, caso que ha implicado a Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray y, de manera indirecta, al propio José Antonio Meade.

Aún cuando el tufo a intercambio de rehenes fue inmediato, enojos y ardores contra los suspicaces hubo aquella noche en que Navarrete y Corral anunciaban tan sugerente acuerdo (con el gobernador norteño revisando de manera ostentosa que el titular de Bucareli estuviese leyendo puntualmente los arreglos a que habían llegado). Se pretendía restregar a los desconfiados el texto formal firmado por los dos personajes, en especial el quinto párrafo, que asentaba: “En el caso del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, el gobierno de Chihuahua en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, estando sujeto a proceso por el juez de su causa”.

Palabras al aire, pues ahora el “juez de su causa” será el federal, si se sostiene la decisión anunciada ayer por Moreno García. Tampoco hubo celeridad ni contundencia en el proceso de solicitar órdenes de aprehensión, para fines de extradición, contra el exgobernador priista César Duarte Jáquez: en El Paso, Texas, donde se asegura que tiene domicilios el mencionado exmandatario, ni siquiera hay notificación alguna a los jefes policiacos para que busquen al político mexicano.

Lo único que sí se ha logrado, hasta ahora, fue la cancelación de las multas y apercibimientos impuestos a funcionarios chihuahuenses por no cumplir con requerimientos federales de información; el traslado del hombre clave, Gutiérrez Gutiérrez, a una prisión federal (como primer paso para la cesión plena de su caso a las instancias federales); la entrega en partes (aunque en el acuerdo se hablaba de que sería “inmediata”) de la suma causante del litigio (700 millones de pesos que luego se convirtieron en 900) y la oferta chihuahuense de “declinar su intención de presentar controversia constitucional”, en cuanto se confirmara “la recepción de los recursos”. Follow the money.

El secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, ha estado muy activo en estos días, negociando en Washington lo conducente para que “en las próximas semanas ocurra un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto”. ¿Cuáles serían los temas y los probables acuerdos entre el grosero y expansivo ocupante de la Casa Blanca y el mexiquense que este año deja el poder, todo a pocos meses de que se realicen en México elecciones presidenciales que se prevén altamente reñidas y conflictivas?/
Bueno, pues según la cancillería mexicana ese encuentro bilateral se daría para “revisar los avances de sus equipos de trabajo y tratar temas pendientes en la relación México- Estados Unidos”. Es decir, el gobierno mexicano no dice absolutamente nada puntual respecto a ese “encuentro”, desde ahora bajo sospecha fundada de tener en la agenda los comicios del primero de julio.

El accidente de carretera sufrido en Baja California Sur por María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, y por un grupo de los activistas que la acompañan (con saldo de un muerto y varios lesionados), hizo suspender la caravana encabezada por la aspirante a candidata presidencial independiente, pero no la recolección de firmas, aunque un declarante del Concejo Indígena de Gobierno estableció que en estas circunstancias no es prioridad la obtención de tales suscripciones.

En términos reales, no hay más posibilidades de que Marichuy alcance el número de firmas requeridas para tal candidatura y, como se dijo desde un principio, el objetivo no fue la pelea por el “triunfo” para ir a Palacio Nacional sino la difusión de problemas de comunidades indígenas y de grupos sociales diversos y, en particular, el aprovechamiento de la coyuntura para impulsar formas nacionales de organización.

Y, mientras ha vuelto a producirse el episodio de las encuestas de opinión, aceptadas y celebradas en Morena cuando favorecen a Andrés Manuel López Obrador, luego rechazadas y estigmatizadas cuando presentan cifras discordes con la percepción de los seguidores del tabasqueño (la culpa no es de las encuestas sino de quien las hace creíbles), ¡hasta el próximo lunes, ya con las bombas de inflado a toda máquina, tratando de instalar al panista Ricardo Anaya como presunta carta “antisistema”, como el “opositor aceptable” para “conceder” al respetable público la ilusión de la derrota del PRI!

Encapsular (políticamente) a Gordillo

• Causas: AMLO, SNTE, CNTE
• Marichuy: accidente en BCS
• Anaya-Cisen: ¿espiar qué?

Originalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía que hubiera cuando menos un agente de tiempo completo adentro del departamento de Elba Esther Gordillo en la colonia capitalina Polanco, habilitado como lugar de reclusión domiciliaria de la profesora, cuya edad y condiciones de salud fueron la base de las diligencias judiciales que impulsó hasta recibir ese beneficio constitucional. El objetivo policiaco era evitar que la exdirigente sindical se fugara y, además, que hubiera control sobre visitas, comunicaciones y cualquier otra forma de interacción.

Luego que la justicia federal rechazó esa intromisión directa en el domicilio de la procesada, se mantuvo a un agente federal en el rellano más cercano a la entrada del departamento. Ese policía hacía que cada visitante anotara su nombre y ocupación. No solo había familiares y personal de apoyo administrativo y jurídico; también algunos personajes con perfil político lograron asomarse al domicilio en cuestión.

Ayer, la PGR, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, logró que el mismo juez que había cerrado el paso al control global policiaco autorizara la reinstalación de parte de las medidas originales. No está de más señalar que entre una y otra de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz se produjeron dos hechos políticos adversos para el gobierno federal: la confirmación del apoyo político y electoral del grupo de seguidores de Gordillo hacia Andrés Manuel López Obrador (con las Redes Sociales Progresistas como forma de organización y una asamblea masiva en Zacatecas como confirmación) y la guerra jurídica y política del elbismo contra Juan Díaz de la Torre, el dirigente que el peñismo instaló, sin cuidado de las formas legales, como relevo de Gordillo cuando esta fue apresada, en febrero de 2013. En ese frente contra Díaz de la Torre, por si faltaran ingredientes que molestaran a la administración Peña, coinciden ahora los elbistas y parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, merced a acuerdos básicos, logrados en encuentros privados.

La historia sindical de Gordillo, llegada al poder mediante la misma imposición desde Los Pinos que ahora combate, ampliamente beneficiada en el terreno económico gracias al manejo de las cuentas sindicales, cacica implacable, no puede nublar, sin embargo, la visión respecto a este golpe político determinado por el poder ejecutivo federal y validado por el judicial: a Elba Esther le están aplicando una “mordaza” (el término fue usado ayer en un boletín de prensa difundido por el equipo de Gordillo) por razonamientos jurídicos (aún está sujeta a un proceso judicial) pero, sobre todo, por motivos políticos: se busca frenar la presunta autoría intelectual de dos movilizaciones: la adhesión de un grupo ciudadano a determinado candidato presidencial y la lucha sindical contra un dirigente al que consideran ilegítimo.

La propia solicitud de la PGR reconoce la valoración política como principal motivación, pues el “uso desmedido de los medios de comunicación que (Gordillo) tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones”.

Ayer, en Baja California Sur, se accidentó un vehículo en el que se transportaban María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, aspirante a una candidatura presidencial independiente y varios de los activistas y miembros del Concejo General Indígena que la apoyan. Marichuy y una concejal sufrieron lesiones, una persona murió y otra está en estado de salud muy grave, según el primer reporte oficial del caso.

La volátil situación social del país requiere seguridad en el desplazamiento de los aspirantes presidenciales, para evitar que accidentes como éste generen especulaciones o añadan marcos de riesgo a la de por sí muy peligrosa aventura de viajar por las carreteras mexicanas.

En un contexto más bien deseoso de acentuar su “oposicionismo” táctico, el panista Ricardo Anaya Cortés lanzó reflectores mediáticos sobre el seguimiento habitual que realizan agentes de diversas corporaciones gubernamentales, en este caso, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a actores políticos y sociales en sus actos públicos, movilizaciones e incluso en asuntos pertenecientes al ámbito de lo privado.

Es, desde luego, reprobable que los recursos públicos sean utilizados para tareas de espionaje y de acoso a opositores reales e incluso de agravios físicos de diversa índole. La historia de la izquierda social está cargada de expedientes de represión a partir de acciones de la policía política. Pero Anaya Cortés no es de ninguna manera un opositor genuino, ni su candidatura presidencial significa un reto o un peligro para el sistema, sino todo lo contrario, convertido como está el joven queretano en la opción B del sistema, con personajes detrás como Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

Indispensable es, desde luego, revisar las formas de operación del Cisen y darles una visión de Estado, cancelando su uso como instrumento de intromisiones y venganzas por parte de camarillas (el director actual es Alberto Bazbaz, el procurador mexiquense de justicia que avaló o fabricó la versión de la niña Paulette encontrada en un resquicio de su cama). Ya el propio candidato presidencial puntero, Andrés Manuel López Obrador (quien sí ha sufrido un sistemático espionaje a lo largo de años), ha hablado de suprimir ese tipo de servicios, lo cual es impensable en cualquier Estado moderno, no así su rediseño, que podría incluir un cambio de denominación. Pero en ese contexto resulta una exageración, un oportunismo desmedido, que el citado Anaya Cortés pretenda ajudicarse la etiqueta de perseguido político, de opositor al sistema.

Y, mientras el Consejo de la Judicatura ha anulado un concurso para designación de jueces federales al constatar que hubo “indicios” de venta de las preguntas a responder en esos “exámenes”, ¡hasta mañana!

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