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Director general: Miguel Cantón Zetina | @MiguelCanton1
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Lunes 22 Octubre del 2018
algo de nubes 21°

Astillero

Foros tropezantes

Educativo, violentado
Pacificadores, suspendidos
NAICM, rechazo

Un foro en busca de acuerdos sobre temas educativos fue impedido de realizarse el sábado en Acapulco, en el marco del enfrentamiento creciente entre el sindicalismo no oficialista (que se expresa no solo a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sino también de agrupaciones regionales como, en el caso, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero), y el flanco oficialista ahora con dos polos, Juan Díaz de la Torre como residuo peñista y Elba Esther Gordillo como “opción” revanchista.

Un día antes, Alfonso Durazo, propuesto para ser secretario federal de seguridad pública, anunció la cancelación de cinco foros presenciales sobre pacificación y reconciliación nacionales, según eso para tener tiempo suficiente para “sistematizar las propuestas” recogidas de anteriores encuentros similares. Tal cancelación hará que si alguien aún deseara participar en esos foros tendría que hacerlo a través de una plataforma de internet: por esa vía, en dado caso, estarían aportando testimonios, críticas y propuestas los habitantes de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Tabasco. Las reuniones celebradas hasta ahora habían resultado de difícil manejo para los futuros funcionarios, particularmente por el choque entre la postura del gobierno venidero, de otorgar perdón a los verdugos, y la de los familiares de las víctimas, en el sentido de exigir justicia institucional y dejar el perdón al ámbito íntimo de cada persona.

Difícil también es el camino de la consulta ciudadana, que finalmente será una encuesta de opinión, para decidir la suerte del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Andrés Manuel López Obrador iniciará a partir de hoy una tarea informativa sobre las ventajas y desventajas de construirlo en el Lago de Texcoco u optar por un proyecto que incluiría al actual aeropuerto capitalino y las instalaciones de Santa Lucía, en el Estado de México. Hasta ahora, las voces en contra de la edificación en Texcoco han sido más insistentes y difundidas, incluyendo a algunos de los futuros altos funcionarios que fueron comisionados para hablar sobre el tema ante abiertos opositores al proyecto que, en tanto, sigue en marcha.

En los tres temas, la próxima administración obradorista ha buscado promover la participación popular, en ejercicios de foros o consultas que contrastan con la histórica cerrazón de un sistema político regido por la opacidad y acostumbrado a que la élite tomara decisiones sin consultar más que a unos cuantos o, en ocasiones, a nadie, mero ejercicio de faraonismo sexenal mexicano.

Sin embargo, el aterrizaje de esta buena intención política se ha topado con obstáculos y distorsiones. En su campaña presidencial y luego ya como presidente electo (incluso frente a Enrique Peña Nieto), López Obrador ha expresado su tajante disposición a abolir la reforma educativa propuesta por el actual gobierno federal. Sin embargo, los grupos más politizados y radicales del movimiento magisterial independiente temen que solo se dé un maquillaje a la citada reforma, y están empujando para que se vaya realmente a fondo.

En el camino, ese sindicalismo magisterial independiente se está topando con un compañero indeseado de viaje: el oficialismo en decadencia, del grupo de Juan Díaz de la Torre, y el resucitado grupo de Elba Esther Gordillo, la rehabilitada profesora deseosa de retomar el control del SNTE. El choque acapulqueño de ayer fue causado por la protesta del sindicalismo independiente contra lo que dicen fue una privilegiada cesión de espacios para el grupo del SNTE y la corriente gordillista. Esteban Moctezuma Barragán, bien relacionado con Gordillo desde hace muchos años, no pudo realizar el citado foro y lo acusaron, junto al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, de favorecer al SNTE. Ya se verá si la confrontación, en otros foros, sube de intensidad o es atemperada.

Por lo pronto, el escenario de ese sindicalismo educativo se ve alterado por la campaña iniciada para reponer a la profesora Gordillo en el asiento directivo del SNTE, así sea por un lapso breve, en una búsqueda de reivindicación política e histórica de quien fue detenida en 2013 y depuesta del liderazgo sindical y ahora, descargada de acusaciones judiciales, y con una subterránea relación funcional con el obradorismo, cree posible botar al “traidor” Díaz de la Torre y colocar a un propio como dirigente formal del citado SNTE. En Coahuila, por cierto, directivos de la sección 38 (dominada durante años por Carlos Moreira, hermano de los ex gobernadores de esa entidad) están difundiendo videos de clamor sincronizado en demanda de que Elba Esther regrese al mando sindical (nota y videos en https://goo.gl/9X75ue )

Respecto a los foros en busca de acuerdos pacificadores y de términos para una ley de amnistía, ha de decirse que en general han sido accidentados, siempre desbordados por familiares de víctimas que no deseaban escuchar discursos con generalidades por parte de los futuros funcionarios (López Obrador, en una ocasión; Durazo, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en esa ocasión y las demás) sino propuestas concretas. No diagnósticos sino propuestas de solución en curso. Y, en particular, esas audiencias altamente dolidas rechazaron la tesis obradorista del perdón.

Además, la aún volátil división de funciones entre las futuras secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública ha hecho que haya regateos y jaloneos. Además, los equipos de cada una de esas próximas secretarías están integrados por personajes con agendas e intereses que no siempre permiten el acompasamiento en los muy delicados temas que están atendiendo.

Y, mientras en Ecatepec (municipio gobernado en su momento por Eruviel Ávila) se han manifestado contra los feminicidios y las historias de horror como la más reciente, de la pareja que sacaba en carriola restos humanos para tirarlos en lotes baldíos, ¡hasta mañana!

Madrazo a Calderón

AMLO, “arriba en 2006”
FC: gané “limpiamente”
Hola!, César Yáñez

Doce años después, y con una distinta correlación de fuerzas políticas, Roberto Madrazo Pintado cortó camino en el maratón de la historia electoral del presente siglo y soltó algunas frases que han vuelto a cimbrar al (todavía) panista Felipe Calderón Hinojosa (FCH), a causa del fraude electoral que en 2006 le permitió colocarse en el pecho una banda presidencial de tres colores a la que luego, a lo largo de un sexenio funerario, remarcó en especial el rojo sangre.

En realidad, el ex gobernador tabasqueño Madrazo Pintado dijo y no dijo, aunque fueron siete las palabras más notables de su intento de resurrección o, cuando menos, de reacomodo: “En mis actas estaba López Obrador arriba”. No precisó en qué momento de aquel día electoral se produjo dicho “estar arriba” ni qué porcentaje del total de las actas había tenido a la vista. Desde luego, no presentó ninguna prueba. Todo con cargo a su palabra. “¿Tú le crees a Madrazo? Yo no”, rezaba una propaganda del grupo de Elba Esther Gordillo contra el entonces presidente del PRI, cuando se peleó con la profesora que había sido la secretaria general del comité priista y saldría del tricolor para construir su partido personal, Nueva Alianza, el Panal.

El propio Madrazo Pintado matizó y casi contradijo al mismo Madrazo Pintado en la entrevista radiofónica realizada en Villahermosa: ¿por qué no avisó o puso a disposición de su paisano, López Obrador, esos resultados electorales que le ponían “arriba”?. Bueno, explicó quien fue candidato presidencial priista en aquella ocasión, porque nadie le pidió los datos (que nadie sabía que existían sino hasta ahora que los “revela”, a puro golpe prosódico) pero, sobre todo, porque habría significado “dinamitar la vida democrática”.

Podía haber impactado, pero no cambiaba el resultado. “Me faltaban casillas en zonas muy panistas, pero la tendencia le favorecía (…) Si yo hubiera tenido certeza de que en mis actas ganaba López Obrador, no dudaba en dárselas, pero me faltaban datos”. Aunque, en ese trote usuario de atajos para fingir finales, también se dijo convencido de que un recuento de votos en 2006 habría dado el triunfo a AMLO.

Haiga sido como haiga sido, la soltura declarativa del ex gobernador de Tabasco impactó el frágil posicionamiento del maltrecho Calderón, quien hubo de salir a medios de comunicación: “Las declaraciones de Roberto Madrazo son delicadas. Yo gané la elección presidencial del 2006 limpiamente, muy cerrada, muy controversial. Una campaña muy cerrada, pero la gané en las urnas limpiamente”.

En general, el calderonismo ha buscado desactivar las críticas y el rechazo a la manera cómo se hizo de la silla presidencial, convocando a que se deje de tender la vista “hacia atrás”. A quienes insisten en mantener la memoria histórica se les invita a “olvidar” esos temas. Lo cierto es que a Calderón y su grupo les acompañará siempre el estigma del fraude electoral (como a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez, el de la represión asesina contra estudiantes). Con el agravante de que, en busca de una “legitimación de facto”, como la acordada en 1988 por Carlos Salinas de Gortari con los dirigentes del Partido Acción Nacional, el mencionado Calderón Hinojosa desató una “guerra contra el narcotráfico” que hundió a México en la espiral de violencia salvaje e impunidad que se mantiene hasta la fecha.

La portada de la edición reciente de la versión mexicana de la revista española de frivolidades, Hola!, reavivó la polémica respecto a la boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva, futuro coordinador de política y gobierno de la administración obradorista, el primero, y empresaria con capital suficiente para bodas rumbosas, la segunda.

El uso del máximo escaparate de las élites nacionales para difundir, en 19 páginas, la peculiar fiesta poblana, y su inevitable liga referencial con repudiadas exhibiciones de personajes públicos (especialmente, la familia Peña-Rivera), llevó al más notable de los asistentes a aquel sarao, López Obrador, a precisar que no había sido él quien contrajo matrimonio, y que cada cual es responsable de sus actos.

Astillas: Ricardo Monreal, como coordinador de la bancada dominante en el Senado, propuso mecanismos rotatorios de jueces y personal judicial, para “sacudir” este poder, tan cargado de nepotismo e intereses creados. Habrá de verse el desenvolvimiento de esta guerra de poderes… Enrique Graue, hubo de regresar del aeropuerto capitalino (de donde volaría a Monterrey) a la torre de rectoría de la UNAM para recibir personalmente el pliego de peticiones de la asamblea interuniversitaria, que se aprestaba a realizar un plantón hasta que el funcionario se presentara a ser notificado de las demandas respecto a las cuales han dado siete días de plazo para escuchar respuesta oficial… La cantante Belinda pasó a engrosar la lista de perseguidos políticos, pues AMLO dijo ayer, en un acto público morelense, que ella había sufrido “represalias” por haberse decidido a apoyar la campaña electoral del tabasqueño… El propio López Obrador invitó a algunos de sus futuros funcionarios públicos de alto nivel a mostrarse “imparciales” en el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Tal señalamiento se produjo un día después de que Alejandro Encinas, Josefa González Blanco, Román Meyer y Javier Jiménez Espriú habían expresado, con distintos matices, críticas u objeciones al proyecto que será puesto a consulta ciudadana el próximo 28, cuando menos en 500 municipios, mediante un método aplicado por la Fundación Arturo Rosenblueth… Y, mientras la profesora Elba Esther Gordillo presiona en busca de retomar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque sea de manera efímera, para luego dejar a un propio (se habla del hidalguense Moisés Jiménez) y seguir como poder tras el trono (todo, al amparo de una interpretación jurídica que postula que la sustitución de Gordillo, cinco años atrás, al ser detenida, fue infundada). ¡Hasta el próximo lunes!

2-O: lo oficial y lo popular

Ceremonias y discursos
Demanda de cambios reales
Barros Sierra, en lugar de GDO

 

Los dos méxicos, con sus respectivas subdivisiones, se mostraron activamente en el recuerdo de lo sucedido cincuenta años atrás, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Por un lado, el México del oficialismo tradicional, con discursos y presencias desde las antípodas (Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación del languideciente régimen priista, político modélico de la escuela mexiquense), ceremonias formales (banderas a media asta, torres rectorales con juegos de luces y de palabras. pero sin compromiso más allá de lo declarativo.

El propio rector Enrique Graue; pretendiendo acomodar los hechos del 68 a los resultados electorales de 2018; actos públicos de ensalzamiento de lo simbólico inmediato como cumplimiento de efeméride olvidable al siguiente día.

Y el ocupante de Los Pinos, en su fuga política de los meses recientes, el pasado lunes Peña Nieto en Guanajuato, inaugurando obras de mejoría y ampliación de instalaciones aeroportuarias.

La subdivisión del oficialismo en ruta de dominancia política (el morenismo ya en control del congreso; en Palacio Nacional a partir del próximo uno de diciembre) aportó las notas más sustanciales y comprometidas: letras de oro en muros y balcones camerales de honor, reiteración obradorista de nunca usar al ejército contra el pueblo, guiños hacia diversas formas de revisión del pasado represivo, y declaraciones mediáticas más cercanas a la visión popular de los hechos de Tlatelolco.

Por la tarde, caminar capitalino desde diversos puntos, con destino a la Plaza de la Constitución, el Zócalo receptor de las protestas de (casi) siempre. La reiteración de la protesta ciudadana, de las consignas y las pancartas, los discursos encendidos y los reclamos ante las apariencias y las simulaciones de cambio en el México del medio siglo reciente. Demandas de reapertura de comisiones de investigación de crímenes políticos, exigencia de un cambio verdadero de régimen, la esperanza y la presión, más allá de lo meramente electoral.

También en estas columnas manifestantes hay cuando menos dos subdivisiones evidentes. Una, la mayoritaria, de ciudadanos que retoman las calles y acompañan la protesta desde un plano organizado, incluyente y pacifista, recelosos de provocaciones e infiltrados. Es, si cupiera la simplificación, la actitud prevaleciente en el grueso de la ciudadanía mexicana: impulsar cambios y exigir congruencia, pero desde planos cuidadosos, graduales, no desbordados.
Hay otro segmento, que descree de los oficialismos y las promesas. Va más allá del hartazgo esperanzado y, en ese núcleo de arrebatos, convergen tanto las explosiones genuinas de ánimos desesperados como la inserción tramposa de violencia reventadora, que da pie a coberturas periodísticas descalificadoras y a la desconfianza del flujo general de participantes.

A fin de cuentas, puesta ya la palomita de “cumplido” sobre la fecha en el calendario, el país sigue viviendo problemas diferentes en sus expresiones concretas (ahora: el crimen organizado, la terrible inseguridad pública, el neoliberalismo arrasador, la corrupción llevada a extremos criminales) pero similares en cuanto a atraso, desigualdad, injusticia e insuficiencia del sistema político y sus variables “democráticas”.

Una cascada de ejemplos deplorables se desató en las cuentas de internet de un tecleador astillado luego de la propuesta de retirar de la nomenclatura urbana los nombres y apellidos de personajes nefastos de la política pasada y reciente. En todas las ciudades del país hay escuelas, jardines de niños, clínicas, hospitales, avenidas, bulevares, puentes, libramientos, y obras públicas en general que llevan la referencia de quienes han gobernado el país, los estados y los municipios, en autohomenajes personales, familiares y grupales que no coinciden con la apreciación popular, sino todo lo contrario.

En ese contexto, el periodista Jenaro Villamil propuso ayer que el nombre del digno y ejemplar rector de la UNAM en 1968, Javier Barros Sierra, ocupe el lugar de aquellos sitios donde se haya asentado el del repudiado Gustavo Díaz Ordaz.
Caricaturesca situación de lo que alguna vez fue el referente de la lucha electoral de la izquierda: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está en riesgo de perder la aritmética mínima que le permite asumirse como “grupo parlamentario” con derecho a oficinas, prerrogativas y participación en la coordinación política del Senado.

Necesitado de cuando menos cinco legisladores de esa cámara, el partido del sol azteca se ha quedado en tal frontera, pues el sexto de sus senadores, Rogelio Israel Zamora, decidió pasarse al Verde Ecologista de México. Otra ironía del caso es que el coordinador de esa bancada en el límite de la supervivencia burocrática es Miguel Ángel Mancera, el prófugo del gobierno de la Ciudad de México que fue postulado tramposamente al Senado por el comité chiapaneco del Partido Acción Nacional y así, “sin partido”, funge como capitán de la naufragante barca negro y amarillo.

Morena corre el riesgo de que la recolección laxa de candidatos a puestos de elección popular en los estados, donde ahora son ganadores, discurra por canales políticos distintos a los deseados por el arrollador partido. El reciclamiento de personajes saltarines de otros partidos, o provenientes de los peculiares aliados (PES y PT), está provocando episodios discordantes en varios lugares.

En Sonora, por ejemplo, los diputados locales del Partido del Trabajo votaron junto al PRI para impedir que Morena, con su mayoría relativa, pero no suficiente para alcanzar la mayoría calificada, cambiara a 16 funcionarios del congreso estatal que fueron sembrados por el partido tricolor y la gobernadora Claudia Pavlovich. En Campeche, los diputados formalmente de Morena propiciaron que el gobernador priista Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, mantenga el control del congreso. ¡Hasta mañana!

Trump y AMLO, ganadores

Videgaray se retira
2-O: cae Díaz Ordaz
Coyoacán, Querétaro, ¿Puebla?

Ha sido sorprendente, hasta sedosa, la manera en que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador abordaron y despacharon un tema delicado y espinoso, como ha sido la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Más allá del contenido específico del nuevo acuerdo (que no necesariamente resultará tan benéfico para el interés mexicano), su procesamiento ha sido terso, dadas las personalidades de ambos personajes (cargadas de riesgo de tensiones) y el contexto político e institucional de este episodio (Trump, urgido de un “éxito”, para encarar las elecciones intermedias de noviembre; AMLO, presidente electo, técnicamente carente aún del suficiente poder formal).

A diferencia de las rasposas relaciones (casi de masoquismo) que sostuvieron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso con Trump y su equipo, el manejo del magnate neoyorquino con López Obrador fue respetuoso, con un trato tabasqueño en similares términos. Ayer, AMLO elogió la actitud “abierta” y “tolerante” del residente en Washington. No beneficia al interés mexicano el chocar con el máximo poder mundial; es de desearse que ese tono de mesura se mantenga.

Por cierto, ha anunciado Luis Videgaray Caso (nacido en la Ciudad de México, en agosto de 1968) que terminando su actual encargo como secretario de relaciones exteriores pondrá fin a su carrera como servidor público y como político, la cual arrancó a plenitud el 15 de septiembre de 2005, cuando Peña Nieto, entonces gobernador, lo nombró secretario de finanzas, planeación y administración del Estado de México.

De aquel salto de la empresa de consultoría Protego, de Pedro Aspe Armella, a las filas peñistas, Videgaray llegó a ser una especie de vicepresidente ejecutivo o, como se ha dicho aquí, un cerebro sustituto de Los Pinos durante el sexenio que está por terminar. Su salida de escena es consecuencia del fracaso del intento de continuidad con José Antonio Meade Kuribreña como postizo candidato presidencial (derrota de toda una corriente tecnocrática en la que ha de incluirse el extraño invento de Mikel Arriola como “candidato” a jefe del gobierno capitalino) y, desde luego, del fracaso de la administración del propio Peña Nieto.

Es probable que el paso de José Ramón Amieva Gálvez por el gobierno de la Ciudad de México, como sustituto del prófugo Miguel Ángel Mancera, vaya a ser recordado especialmente por la medida preventiva que tomó ayer, de retirar del Sistema de Transporte Colectivo, conocido como Metro, y de la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, las placas metálicas en que estuviese el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, quien era presidente el dos de octubre de 1968 y a quien se atribuye la responsabilidad histórica, al igual que a Luis Echeverría Álvarez, aún vivo, de la matanza realizada en aquella fecha.

Tal retiro de placas diazordacistas debería estimular a otras autoridades (gobernantes, congresos tanto federal como estatales) a liberar a los mexicanos del oprobio de soportar una nomenclatura representativa de un ciclo político que se aspira a superar. En todo el país hay vialidades, colonias, hospitales, placas conmemorativas y obras públicas (construidas con dinero público) que llevan los nombres de personajes cuyo juicio histórico y popular no es positivo, sobre todo ex presidentes, como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, los mencionados Díaz Ordaz y Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y el propio Peña Nieto (además del infundado culto a la personalidad de esos políticos, suelen incluirse sus esposas y familiares), y ex gobernadores también de recuerdo trágico, cuyo enlistamiento requeriría de varias columnas.

Luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal mantuvo la derrota de Morena y sus aliados en Coyoacán y en los municipios queretanos de la capital y de Huimilpan, la siguiente incógnita se refiere a Puebla, donde el panismo y Rafael Moreno Valle consideran que se mantendrá el resultado a favor de Blanca Érika Alonso.

Las resoluciones de la sala superior revocaron las decisiones previas de una sala regional del propio tribunal electoral federal. En el caso de Coyoacán, el beneficiado es el ex futbolista Manuel Negrete, postulado por la coalición frentista de PAN, PRD y MC, quien así habrá derrotado a María Roja, postulada por Juntos Haremos Historia. En el municipio de la capital queretana se ha mantenido el triunfo de Luis Bernardo Nava, panista impulsado por el gobernador del estado, en contra del también ex futbolista profesional Adolfo Ríos, propuesto por el PES en el contexto de Juntos Haremos Historia. Y en Huimilpan se reconoce la victoria de Leticia Servín, postulada por PAN y PRD.

Tal inercia de rechazo a las impugnaciones de los perdedores oficiales hace preguntarse si representa un adelanto de similar determinación en el caso poblano, donde la panista Martha Erika Alonso busca sostenerse como siguiente gobernadora o, por el contrario, significa una suerte de consolación para panistas y perredistas si la suerte es adversa a la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Por lo pronto, la ausencia del excandidato morenista, Miguel Barbosa, en la boda de César Yáñez y Dulce María Silva, a la que asistió López Obrador en Puebla, y la presencia del gobernador interino morenovallista, Antonio Gali, generó especulación respecto a un giro negativo para el citado Barbosa y favorable al interés de Moreno Valle, quien busca en cambalache convertirse en aliado del obradorismo en el Senado, donde coordina a la bancada panista.

Y, mientras Cuauhtémoc Blanco lleva a ex jugadores del América, a un ex árbitro profesional, Gilberto Alcalá, y a la voz oficial del Estadio Azteca a cargos de gobierno en Morelos, ¡hasta mañana, con múltiples muertes en Guanajuato, con el sello del crimen organizado, en los primeros días de gobierno del panista Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo!

Aristegui, ¿a la radio comercial?

Derrota para EPN
AMLO, ajeno
Gtz. Vivó, no ahora

La periodista Carmen Aristegui habría dado una conferencia de prensa en una casona del norte de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Según la invitación enviada a medios de comunicación, ahí se haría “un anuncio importante para nuestro proyecto”. En el ambiente, y con más fuerza en semanas recientes, flota la expectativa respecto a un regreso de Aristegui y su equipo a las frecuencias de una radio comercial de alcance nacional.

La alta probabilidad de ese retorno (no a MVS, firma con la que continúa el litigio) restablecería en el espacio radiofónico abierto de México el tipo de periodismo que Aristegui ha practicado en otras estaciones radiofónicas y televisivas y al que ha dado continuidad en la adaptación a las redes sociales, con un programa de larga duración (el internet lo permite) que inició tiempo después de su arbitraria expulsión de los micrófonos de la empresa cuyo principal accionista es Joaquín Vargas.

Aristegui ha consumido buena parte de su tiempo y energía, en los años recientes, en la lectura de textos judiciales, en su interpretación (bajo la guía de un grupo de abogados encabezados por Javier Quijano) y en el cumplimiento de formalidades procesales. A la fecha, ha ganado el principal de los pleitos entablados, el cual le posibilitaría el regreso a la cabina de MVS para cumplir con los diez meses restantes del contrato de prestación de servicios que, según sentencia judicial, sigue vigente o, en su defecto, pagar una alta suma por incumplimiento patronal de ese contrato. Intentos de negociación se han dado, en busca de destrabar el embrollo jurídico y económico, pero hasta ahora no se ha logrado nada.

En caso de confirmarse esa vuelta de Aristegui a la radio comercial, se estaría en presencia de una derrota más para Enrique Peña Nieto, a quien se atribuyen las maquinaciones que propiciaron la salida de ella y su equipo de MVS, luego de la histórica difusión del reportaje sobre la Casa Blanca, que ha merecido múltiples premios internacionales en específico y, en general, para la carrera periodística de Carmen.

Por delante tendrá la periodista varios retos, si regresa a la radio abierta. Desde luego, la conservación de una libertad periodística por encima de criterios empresariales o de comercialización. El grupo radiofónico que acogiera a Aristegui estará aceptando esa libertad que Carmen defiende por encima de todo.

Por otra parte, ha de mencionarse aquí que esta probabilidad radiofónica no tiene ninguna relación con el peculiar anuncio hecho en su momento por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que buscaría ayudar al regreso de Aristegui y de José Gutiérrez Vivó a la radio comercial. Oferta y negociación para este tipo de radiodifusión ya se habían producido antes de esa declaración del político tabasqueño.

Por cierto, en el caso de Gutiérrez Vivó sí hubo una gestión directa de un enviado de AMLO ante un empresario radiofónico para propiciar que tuviera un programa. El empresario dijo que atendería la sugerencia, dándole de inmediato una respuesta positiva. Pero la salud de Gutiérrez Vivó, y complicaciones legales derivadas de juicios laborales y de otro tipo, le han impedido al famoso conductor del programa Monitor el considerar la posibilidad de regresar a México.

Por lo pronto, y a reserva de lo que sea anunciado en la casona de la calle Orizaba (no es Casa Lamm), ¡Felicidades, Carmen!

López Obrador calificó el desenlace judicial del caso de Javier Duarte de Ochoa, en el fuero federal, como simulación, circo, cinito y show. Pero lo dio ya como hecho consumado, virtualmente inatacable, la vista puesta del primero de diciembre en adelante: “afortunadamente eso se terminó, aprovéchenlo porque eso es lo último, va a pasar al basurero de la historia; todo eso se va a terminar, ya no va a haber corrupción e impunidad, y a las pruebas me remito”.

Fue una buena noticia que Morena escuchara la gran inconformidad que generó la anunciada cesión al Partido Encuentro Social (PES) de las presidencias de las comisiones de Salud y de Cultura y Cinematografía. En estricto sentido, no se habría afectado el propósito de pluralidad distributiva en las comisiones de trabajo de San Lázaro si a la agrupación marcadamente conservadora se le hubiera dejado totalmente fuera de ese reparto: perdió su registro como partido político a causa de su baja votación y se ha maniobrado, por gratitud electoral desproporcionada, para darle en el congreso federal el estatus de “fracción” con derechos y prerrogativas.

A consecuencia de esos reacomodos, Morena quedó en condiciones de instalar como presidente de la comisión de cultura a Sergio Mayer Bretón, cuyo nombre se había barajado desde semanas atrás como la verdadera carta deseada por el partido predominante. Diputado federal electo por mayoría relativa en uno de los distritos de la Ciudad de México, Mayer ha sido una figura relevante en el ambiente de los espectáculos, como miembro de un grupo cantante y como empresario y partícipe de presentaciones estéticas dirigidas en exclusiva al público femenino. Además ha participado, como lo han hecho diversas figuras relevantes del medio televisivo, en actividades de solidaridad con causas sociales a través de fundaciones. Adverso a López Obrador en 2012, buscó este año ser candidato a diputado por algún partido y, como él mismo lo ha dicho, fue Morena quien lo acogió.

Sería injusto calificar a Meyer por el tipo de actividad artística en que ha participado. Pero es evidente que sus cartas de presentación están por debajo del mínimo deseado para un cargo legislativo de esa importancia y para un partido como Morena y las expectativas que ha generado.

Y, mientras Raúl Salinas de Gortari (aprovechando las ofertas de temporada), demanda que el Consejo de la Judicatura Federal publique un desplegado en el que asiente y reconozca la inocencia, en términos judiciales, de quien fue llamado “el hermano incómodo”. ¡Hasta el próximo lunes!

Ayotzinapa y las impunidades

• Con AMLO, esperanza
• Justicia, ¿acotada?
• Robles, Javidú: limpieza

Por primera vez en cuatro años, una autoridad de primer nivel ha generado cierta esperanza entre familiares y representantes de los alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Andrés Manuel López Obrador los recibió, escuchó y se comprometió a realizar acciones de gobierno en pos de la verdad y la justicia, en cuanto tome posesión de la Presidencia de la República.

Hasta ahora, ninguno de esos familiares y representantes había creído mayor cosa de lo que les pudieran decir y prometer Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y los procuradores, comisionados y demás piezas de la maquinaria acusada de encubrir las razones y los intereses que han estado detrás de lo sucedido en aquella fecha trágica. La falsedad de la “atención” y “compromisos” de Peña Nieto saltaba al oído, a la vista. Murillo Karam fue el gran mentiroso, el organizador del montaje, el dosificador de “resultados”.

Frente a otras tragedias crudamente expuestas ante él, las de los desaparecidos de todo el país, López Obrador ha sido claramente sensible, pero ha defendido su tesis cronológica del perdón a partir del primero de diciembre, aunque la justicia no se alcance a plenitud, o no se alcance. Él considera que las fuerzas de su gobierno deben emplearse en construir a futuro y no en desgastarse tratando de enmendar o remendar un pasado que ya no tiene salida.

En el caso de los 43 de Ayotzinapa, el compromiso es distinto: diversas instancias del poder ejecutivo federal convergerán en la intención de saber lo que realmente sucedió en Iguala cuatro años atrás y, desde luego, en establecer responsabilidades, tarea que, para ser de verdadera justicia, habría de llegar a las máximas alturas de los actuales poderes civil y militar, y no solo al nivel de los chivos expiatorios.

Esa batalla de López Obrador contra la corrupción, la criminalidad y la impunidad de los gobernantes anteriores a él puede entrar en una rápida situación dispareja y generar prontas decepciones si la inmensa ola votante a favor del tabasqueño no encuentra respuestas justicieras. Uno de los resortes básicos del aplastante sufragio a favor del fundador de Morena fue el deseo de que se frenaran los excesos delictivos de la clase política en turno, pero también que sus principales personajes fueran sometidos a procesos no de venganza, pero sí de necesaria justicia.

Sin embargo, el principal elenco de la corrupción gobernante parece sentirse a salvo, y pareciera que tiene razones para tal percepción, a menos que López Obrador fuera capaz, en 2019, de generar una ruptura respecto al sistema acordado y los compromisos aceptados, como Lázaro Cárdenas la realizó con Plutarco Elías Calles (este mantenía acotado al michoacano, como “jefe máximo” de la Revolución Mexicana que se autodenominaba; a López Obrador lo tienen acotado “los mercados”, los “empresarios” y los arreglos políticos que le abrieron las puertas de Palacio Nacional y propiciaron la “transición de terciopelo”).

Por lo pronto, el “jefe máximo” del gobierno repudiado, Peña Nieto, está expresamente a salvo. No hay ninguna intención de buscar formas de castigo contra él: las leyes vigentes lo protegen y la realidad política de terciopelo lo cobija. ¿Podrán caer algunas figuras del actual gobierno o se mantendrá la anunciada política de considerar a los secundarios como chivos expiatorios?

Cuando López Obrador tome el poder presidencial se topará con arreglos jurídicos hechos para ayudar a amigos de Los Pinos que estuvieran en riesgo de desgracia judicial. Estafas maestras y otros temas se resolverán en niveles menores al de Rosario Robles, con su coordinador de comunicación social como ofrenda menor. Y el gran amigo del peñismo, Javier Duarte, podría pasar a su domicilio particular para, desde ahí, continuar con el proceso penal en su contra que, de origen, fue sumamente descafeinado y, a estas alturas, ya es un rico vacilón procesal con tantas pifias sembradas para favorecer al ex gobernador de Veracruz.

Resulta muy ilustrativo el curso seguido en el caso de Duarte de Ochoa. Toda legalidad ha sido retorcida con tal de favorecer a dicho ex mandatario. Se le sometió a un proceso amañado, pues solo se le está juzgando por los pocos cargos presentados en su contra a la hora de solicitar su extradición de Guatemala. Pero uno de ellos, el de delincuencia organizada, por su gravedad, habría sido suficiente para un largo juicio y una sentencia pesada.

Pero el amigo Enrique, a través de su subordinado, Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de la República, determinó que no había encontrado nada que sustentara tan fuerte acusación de delincuencia organizada y… ¡Claro! La propia PGR peñista solicitó al juez del caso que ese cargo fuera “reclasificado” por uno de menor calado, el de “asociación delictuosa”.

Con esa amistosa “reclasificación”, Duarte de Ochoa estaba, a la hora de cerrar esta columna, en la posibilidad de reconocerse culpable de los deslactosados cargos subsistentes, negociar reducciones de penas e intentar el traslado a prisión domiciliaria, siempre con la máxima benevolencia de los aparatos de procuración y de administración de “justicia”.

En Chihuahua, como es del conocimiento público, el “sistema” también lleva a cabo una faena de rescate del soldado priista Alejandro Gutiérrez, partícipe de las triangulaciones de fondos federales al gobierno norteño, con el entonces priista César Duarte a cargo, para destinarlas a campañas electorales del partido de tres colores.

¿Peña está aprovechando una suerte de tregua acordada, para tratar de arreglar pendientes y esconder la basura en cualquier alfombra judicial? ¿López Obrador está preparando una acometida ejemplar a partir de que tome el poder, para impedir esas burlas (Robles, Javidú, Lozoya, Ruiz Esparza, y otros ex gobernadores y ex funcionarios federales)? ¿La tribuna repelerá tanta teatralidad sin consecuencias? ¡Hasta mañana!

Con dinero se ‘repara’ todo

El joven de las marquesitas
Monterrey: futbol y violencia
Belinda, en Segob

El joven Bruno “Z” (su apellido ha sido difundido en redes sociales, pero él ha preferido usar solo la inicial en una de sus propias cuentas de internet) fue agraviado de manera prepotente y clasista por una pareja de presuntos socios de un establecimiento comercial, a cuyas afueras el joven se había instalado con un carrito de venta de marquesitas (aunque, originalmente, se habló de venta de nieves): la mujer, armada con un pequeño bate, azuzó, amagó y cubrió al hombre que, desbordado, animalesco, golpeó una y otra vez al mencionado Bruno e incluso intentó asfixiarlo.

Conforme a la incomprensible costumbre de apodar a personajes siniestros y nauseabundos con denominaciones reverenciales (“lord” y “lady”, en lugar de las secas palabras que en español pueden aplicarse con rigor a los merecedores de ser enviados al reino de la escatología: mierdas, por ejemplo, aplicable a ambos géneros), a Ricardo Barradas lo apodaron “lord Maestro Limpio”, en función de su marcada calvicie, y a la acompañante, Adriana “Pks”, como “lady Bat”, socios, ambos, del restaurante Pacífico Terraza, que con rapidez se desmarcó de la pareja  que el domingo tuvo en redes sociales gran difusión negativa a causa de lo que habían hecho un día atrás.

Sin embargo, a pesar de la evidencia de lesiones no superficiales, y del riesgo de un daño grave en uno de los ojos del joven Bruno, la pareja agresora llegó a un “acuerdo reparatorio” en instancias ministeriales del Estado de México (instancias, como todo mundo sabe, siempre susceptibles de moverse al sonoro rugir de un billete) y, en un abrir y cerrar de ojos, quedaron Ricardo y Adriana en libertad, mientras Bruno tardaba en emitir (lo que hizo hasta el lunes) un escrito de generoso conformismo en el que acepta los hechos sin mayor reproche y se alista a reanudar más adelante, en cuanto su salud se lo permita, la venta de los dulces productos cuya paternidad es adjudicada a un comerciante de Mérida, Yucatán, desde hace más de setenta años.

Lo sucedido en esas calles de Naucalpan, Estado de México, y luego en los arreglos “reparatorios”, consitituye una lección social imperiosa: todo se puede hacer en México, y “arreglarlo”, con el poder del dinero. El Estado mexicano, en sus distintas jurisdicciones, ha renunciado a su obligación esencial de procurar justicia y garantizar paz social pues, a través de un nuevo sistema penal y sus fórmulas de “acuerdo” entre agresores y agredidos, entre delincuentes y víctimas, se lava las manos y permite que delitos contra la integridad de las personas y quebrantos graves de la convivencia entre ciudadanos sean “superados” mediante el uso de dinero, influencias y tretas.

En Monterrey, por su parte, una de las aficiones futboleras más elogiadas por su apego a los colores de sus clubes (las del Monterrey y de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) se vio manchada con sangre proveniente del fanatismo deportivo y el salvajismo de manada. Lo extraordinario, en realidad, es que hasta ahora no se haya producido una tragedia mayor a la del joven acuchillado y, aún a la hora de teclear esta columna, en grave estado de salud.

Las autoridades, comenzando por las de la Federación Mexicana de Futbol (dominada por Televisa) y las de los clubes en particular, han permitido el desarrollo y crecimiento de una violencia amparada en presuntas pasiones deportivas. Tiempo es de que se frene la subvención y apoyo a “barras” (término proveniente de Sudamérica, en lugar de las mexicanas “porras”) y que se tomen medidas eficaces para impedir esa violencia que, ciertamente, refleja el ánimo social más que crispado en que vive el país, pero en el caso del futbol profesional toma dimensiones mayores.

Alfonso Navarrete Prida tuiteó “Este mediodía recibí en la @SEGOB_mx a la cantante y actriz @belindapop a quien le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias”. Deferencia y prontitud, extrañas en una secretaría usualmente asediada por mexicanos que por miles han demandado información y aplicación de las leyes.

La prontitud de Navarrete Prida constituye una respuesta a lo planteado por una sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que previamente había determinado que la mencionada Belinda Peregrín Schüll había infringido los ordenamientos legales que prohíben a extranjeros participar en actividades políticas mexicanas.

Dado que Peregrín Schüll radica en México en condición de extranjera (aunque esté en busca de naturalizarse como mexicana) y participó en actos en apoyo a la coalición Juntos Haremos Historia (en la Ciudad de México y en el estado de Morelos), la mencionada sala del tribunal electoral determinó que se había violado el Artículo 33 de la Constitución y, bajo esa consideración,  ordenó “dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga”.

Y, bueno, lo que al secretario Navarrete convino fue recibir a la mencionada Belinda, quien tuiteó que ella fue a Bucareli para pedir que le informaran oficialmente de lo que hasta entonces solo había visto en medios, asegurarle que los preceptos invocados por la sala especializada del Tribunal Electoral no le son aplicables, y darle a todo esto la debida difusión tuitera. A miles y miles de manifestantes, que acampan alrededor de Bucareli y se eternizan en demanda de audiencias y resoluciones, mucho bien les haría empezar a tararear, cuando menos, “el baile del sapito”.

Y, mientras, YouTube ha suspendido por tres meses la transmisión del programa Sin Censura, que el valiente y veraz periodista Vicente Serrano transmite desde Chicago, luego que en una emisión se criticaron a fondo declaraciones y hechos relacionados con Angélica Rivera, esposa de quien aún estará en el poder formal un poco más de dos meses, ¡hasta mañana!

Tráileres Calderón (desde 2006)

Fraude electoral y “guerra”
Mordazas y mayorías
Palacio: catre y hamaca

 

Doce años después, Andrés Manuel López Obrador reiteró la condena histórica a Felipe Calderón Hinojosa: llegado al poder en 2006 mediante un fraude electoral (apenas una diferencia oficial de medio punto porcentual), buscó “legitimidad” por la vía de la “guerra contra el narcotráfico”; lo cual abrió la puerta a la violencia creciente y salvaje que se ha vivido en México.

Pegarle “a lo tonto un garrotazo al avispero” del crimen organizado generó una gran violencia, dijo el tabasqueño al referirse al caso de los tráileres cargados con cadáveres que han sido descubiertos en Jalisco. Aún en su etapa de “Amor y Paz”, tan llena de altibajos, AMLO ha recordado la grave responsabilidad del (todavía) panista michoacano en la descomposición profunda del país.

Habrá de verse si, a partir de la toma del poder presidencial, López Obrador logra dar un giro positivo y suficientemente amplio al problema heredado. Por lo pronto, ha ido modificando sus posturas originales respecto a la participación de las fuerzas armadas en esa misma guerra, iniciada por Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y, por lo que se ha anunciado hasta ahora (en una maraña de declaraciones y posturas entre distintos declarantes del obradorismo, incluyendo al Jefe Máximo), reiterada, así fuera con mejores o distintas intenciones.

Del rechazo a la presencia de soldados y marinos en las calles, y el señalamiento de las violaciones a los derechos humanos que esa presencia conlleva, López Obrador ha pasado a aceptar su inevitabilidad a corto y mediano plazo, con diagnósticos de fallas policiacas y urgencias de orden que en lo básico coinciden con los planteamientos de Calderón y Peña Nieto, aunque ahora se esboce la tesis de ayudas económicas, desarrollo social y amnistías jurídicas que resten base social al imparable dominio práctico del crimen organizado.

El abrumador dominio aritmético de Morena en las cámaras legislativas propició ayer que en el Senado se tomara la decisión unilateral de recortar el tiempo disponible para que los legisladores presenten iniciativas (de diez minutos, dispondrán ahora de cinco) y fijen posicionamientos (de dos minutos, a uno).

Nada perderá la nación, en términos de reloj, con ese ahorro, pues las “discusiones” y alocuciones en las cámaras han estado predestinadas al sordo imperio de las mayorías en turno. Más ahora, cuando los números de Morena y sus aliados les dan para hacer virtualmente lo que deseen. Bien podrían reducirse las sesiones, en términos extremadamente pragmáticos, a meras confirmaciones, casi instantáneas, de que la mayoría de los votos habrán de aprobar determinados proyectos, digan lo que digan y hagan lo que hagan los opositores.

Bienvenidos a la oposición”, dijo con humor negro Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ante las protestas de las nuevas minorías, sobre todo del PRI y el PAN, que aprovecharon la ocasión para montar un espectáculo de disenso, con tiras de papel cubriendo las bocas de quienes afirmaron, con exageración propia de la farándula política practicada en esencia por todos los partidos, ser víctimas de una “Ley Mordaza”.

La decisión, anunciada por Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, hace temer a la menguada oposición sin brújula que similares imposiciones unilaterales degraden el ejercicio legislativo. No sería sano, para las pretensiones de apariencias “democráticas” en el poder legislativo, el aplastamiento de los opositores por la vía numérica, aunque esa exclusión ha sido históricamente practicada por los partidos que ahora se quejan clamorosamente de la situación a la que las urnas les redujo.

López Obrador ha anunciado que dormirá en Palacio Nacional en un espacio reducido, pues solamente necesita acomodar su catre y una hamaca.

Diversas interpretaciones políticas ha generado la resolución de una sala del tribunal electoral federal para revisar el desenlace de los comicios gubernamentales en Puebla.

Una primera lectura propone un golpe a los intereses de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador que ha impulsado a su esposa, Martha Érika Alonso, para que se encargue de la hacienda estatal. Alonso fue declarada ganadora de la contienda, con el firme apoyo del aparato del gobierno estatal (en manos de otro prestanombres de Moreno Valle, llamado Antonio Gali) y del tribunal electoral estatal (que cerró los ojos ante las evidencias de graves irregularidades que ahora ha señalado la instancia federal).

Otra lectura apuesta a que el “cochinero” electoral ha contado con tiempo más que suficiente para arreglos que impedirán que el tribunal federal desconozca el “triunfo” de Alonso-Moreno Valle. En ese sentido, se intentaría convalidar el resultado original. Una maniobra así, se especula, dejaría en el camino a Miguel Barbosa, el prófugo del chuchismo perredista postulado por Morena para gobernador, cuyo demérito histórico no merecería el auténtico apoyo de la cúpula del partido dominante. Además, Moreno Valle ha buscado congraciarse con el morenismo y, si queda como coordinador de la bancada senatorial del panismo, podría ser de utilidad para maniobras agradecidas.

Otro escenario apunta a la anulación de los comicios, a la destitución del aparato electoral estatal, la designación de un gobernador interino y la convocatoria a nuevas elecciones (tal es la postura oficial de Morena, acompañado por el PT y el holograma denominado PES). Si se llegara a esta conclusión, las condiciones políticas serían menos favorables para los dos contendientes actuales, la panista Alonso-Moreno Valle y el nuevo morenista Barbosa.

Cambiar de cartas y airear el ambiente político poblano podría ser una buena opción. Y, mientras las inundaciones en Sinaloa concitan atención y solidaridad nacionales, ¡Hasta el lunes!

19-S: desatención de gobiernos

A un año del segundo terremoto histórico de la Ciudad de México (ambos, en un 19 de septiembre), los diferentes niveles gubernamentales y de organización social continúan entrampados: la parte institucional (el gobierno federal y los estatales involucrados) sin ofrecer soluciones de fondo, plena de muletillas y simulaciones pero incapaz de atender de verdad los reclamos y necesidades populares; y la parte ciudadana, bien organizada o con agrupaciones precarias, sin la capacidad de hacer valer sus demandas.

La desatención real del problema de los damnificados ha sido particularmente manifiesta en la administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, y la de la Ciudad de México, originalmente bajo el mando de Miguel Ángel Mancera y, luego (ante el abandono de la responsabilidad de éste, para brincar a una senaduría propuesta por panistas chiapanecos), por el sustituto, José Ramón Amieva, mero encargado de apagar la luz del desastroso sexenio mancerista.

El pleno conocimiento de que no contaban ni contarían con verdadero apoyo de las estructuras gubernamentales, llevó a buena parte de la sociedad, particularmente a jóvenes hasta entonces bajo el infundado estigma de indolentes, a convertirse en partícipes heroicos en las tareas que se fueron requiriendo. Ese levantamiento cívico, ante la tragedia del sismo, fue un antecedente del levantamiento electoral que el pasado uno de julio significó un estremecimiento profundo del sistema político tradicional. En ambos casos, hubo un rechazo a políticos, autoridades y gobiernos.

La esperanza participativa detonada el pasado 19 de septiembre fue topándose lenta pero inexorablemente con la realidad aplastante del burocratismo, la ineficacia e incluso la apropiación rapaz, por parte de políticos y gobernantes, de los fondos recolectados para la ayuda a los damnificados. La esperanza electoral volcada en urnas el pasado uno de julio va topándose también con las trampas de la “macroeconomía”, las “reglas del mercado” y los condicionamientos de los grandes capitales.

Mediante giros expresivos que no siempre han sido suficientemente claros y precisos, López Obrador ha ido abriéndose paso entre esa maraña de intereses. Algunas de sus expresiones han generado amplia polémica, como la consideración de que, como otros, la impugnada secretaria federal, Rosario Robles Berlanga, es un chivo expiatorio.

Aún no se apagaba el fuego de esa discusión y López Obrador ya había producido otros dos momentos polémicos. En uno de ellos denunció que el país está en bancarrota (aunque varios días atrás había declarado, en consonancia con el dicho original de Peña Nieto, que México estaba en condiciones aceptables: “hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina”).

También habló de haber hecho “el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México, para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenómenos no es por culpa del presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”.

La declaratoria de bancarrota, luego explicada en un contexto amplio, que incluye lo social y judicial y no solo lo económico, y el señalamiento anticipado de una presunta culpabilidad del Banco de México, han agudizado las prevenciones del sector empresarial y los grandes capitales respecto a las políticas obradoristas.

López Obrador volvió a tocar esos temas, insistiendo en la crítica a los medios de comunicación fifís, que, señaló, guardaron silencio durante décadas antes los abusos de los poderes económico y político: “La prensa ‘fifí’ saca de contexto las cosas, sacando las podridas, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente, han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores”.

A diferencia del estilo casi bélico practicado con presidentes de otros países, Donald Trump mantiene un tono amable con el electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Ayer, al informar su contento por el cierre de negociaciones para un acuerdo comercial binacional con México, el magnate neoyorquino dijo que ha sostenido varias conversaciones (“tremendas”) con el político tabasqueño y añadió: “Creo que vamos a tener muy buena relación, veremos”.

El “contento” de Trump por los “maravillosos acuerdos” con la delegación mexicana incluyó esta sugerente frase: “Queremos tener ayuda en la frontera porque tenemos las peores leyes de migración en la historia de la humanidad, pero hemos llegado a una conclusión con México”. Como es sabido, el habitante de la Casa Blanca ha buscado que México se convierta en su tercera frontera, de tal manera que en una parte de nuestro país (por decir algo, a la altura del Istmo de Tehuantepec, donde la siguiente administración mexicana desea construir un corredor transístmico) se convierta en el muro de contención que Trump ha querido instalar en la frontera norte mexicana. Una de las recientes ocurrencias del trumpismo pretendía entregar a México unos 20 millones de dólares, como gastos de operación para botar del país a unos 17 mil indocumentados centroamericanos.

Por razones históricas y geopolíticas, y en especial por el talante abiertamente depredador de Trump, es necesario saber las razones del contento y buena disposición hacia el próximo gobierno mexicano. En particular, es de relevancia conocer los acuerdos en materia migratoria y la relación de los proyectos obradoristas para el sureste mexicano, con las intenciones de contención migratoria de Washington. ¡Hasta mañana!

Chivos y circos

Expiación y justicia
Peña, Javidú, Robles
EPN y su Grito azucarado

No ha sido la primera vez que Andrés Manuel López Obrador utiliza la figura del “chivo expiatorio” para referirse a personajes altamente polémicos. En mayo de este año, en Atlacomulco, Estado de México, dijo: “Miren lo que le hicieron al mismo Peña Nieto: lo encumbraron, lo impusieron y ya después que no les gustó, lo convirtieron en chivo expiatorio. Ahora Peña Nieto es como el payaso de las cachetadas, ellos mismo le dieron la espalda…”.

Horas antes, en San Felipe del Progreso, había explicado que daría “el beneficio de la duda” al citado EPN, pues este se había comprometido a respetar el resultado de las elecciones presidenciales: “No quiero hablar mal de Peña Nieto porque no soy hipócrita”.
El 16 de abril de 2017, López Obrador tuiteó, a propósito de la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa en Guatemala: “Detienen a Duarte para simular que combaten la corrupción. Pero el pueblo no se conforma con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN”. Y este sábado respondió de manera inequívoca con un “sí” a sendas preguntas periodísticas que le preguntaron si Rosario Robles Berlanga es un “chivo expiatorio” y las denuncias de corrupción en su contra constituyen un “circo”.

Además de la puntual respuesta positiva a las preguntas periodísticas antes mencionadas, López Obrador explicó los fundamentos de sus consideraciones. En el caso de Robles, señaló que debe irse más allá de los actos espectaculares de cada sexenio, con la vista puesta en los “jefes de jefes” y con el camino procesal libre para que se presenten denuncias y se avance en ellas, conforma a la división de poderes.

La referencia a los “jefes de jefes” resulta interesante. Rosario Robles se ha mantenido en una constante zona de acusaciones por actos de corrupción. No parece necesitar instrucciones de nadie para emprender la búsqueda de negocios oscuros en cuanto ha llegado a un cargo de carácter público: lo mismo en la jefatura del Gobierno del Distrito Federal que en la presidencia del Partido de la Revolución Democrática; lo mismo en la Secretaría de Desarrollo Social que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A juicio de este tecleador, con aspiraciones de memorioso, es imposible considerar a Robles como “chivo expiatorio”. Podrá ser cómplice, corresponsable o el término de imputación que se desee, más nunca alguno con sentido atenuante.

Pero, suponiendo sin conceder que historieta de la cándida Rosario y el sistema desalmado fuera cierta (perdón al espíritu de Gabriel García Márquez, por mezclar su nombre en estos actos de mágico realismo corrupto), los “jefes de jefes” de Robles serían dos: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. A ambos ha dicho López Obrador que los perdonaría. Miguel Cantón Zetina, presidente del Grupo Cantón, que incluye al diario Tabasco Hoy, le preguntó a finales de enero de este año: “Para unir al país y gobernar en armonía, ¿estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo a algunos empresarios?” Y AMLO respondió: “Sí. No es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante, y pensar hacia adelante. No odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie, y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas”

En este contexto, la amable reclasificación de Robles y la descalificación de medios, reportajes (el muy premiado, de la Estafa Maestra) e incluso investigaciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, corren el riesgo de convertirse en una especie de acolchonamiento de la opinión pública para que la amnistía política, el perdón y la transición de terciopelo (una forma de convivencia con la “mafia del poder” y los “jefes de jefes”) dejen sin castigo a los grandes responsables de la tragedia nacional, desde presidencias municipales, gubernaturas, secretarías de Estado y, desde luego, ocupantes de la residencia de Los Pinos.

Peña Nieto cumplió con tranquilidad su última temporada de fiestas patrias. La Plaza de la Constitución no se llenó de asistentes y, a la hora del tañer de la Campana de Dolores, los huecos eran inocultables. Aun así, el ex gobernador del Estado de México (de donde volvieron a venir los principales contingentes de acarreo, aunque ahora en menor cantidad) se veía satisfecho, con una esposa, Angélica Rivera, que a diferencia de otras ocasiones ahora se vio marcadamente amable y amorosa con su cónyuge (a pesar de las versiones de una próxima separación, o justamente a causa de esas versiones), y la presencia de los hijos de la pareja.

A Peña Nieto se le olvidó el acto obligado de ondear la bandera nacional, pero un oficial militar le recordó el protocolo y de inmediato recompuso figura el mexiquense. En una parte final de la ceremonia, lanzó saludos, se tocó el pecho, envió abrazos e incluso hizo con las manos una figura entendible como un corazón enviado como despedida a quienes asistieron a este plácido adiós del responsable de la grave crisis nacional.
Una crisis de la cual ayer dejó constancia López Obrador en Nayarit, donde dijo que el país “lleva treinta años en bancarrota” y que “son muchas las demandas” de la población. Pero, “sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso, y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez”.

El político tabasqueño detalló los compromisos que ha hecho y que cumplirá. Y, en especial, llama la atención esta referencia: “Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación, que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”. ¡Hasta mañana!

Los grilletes económicos

FMI, petroleras, NAICM
Avance en otros temas
Austeridad, Robles y RE

 

Tres temas, con sus especificaciones y modalidades, han concentrado la atención pública en estos días: lo que se ha denominado Austeridad Republicana, la Reforma Educativa y la gestión de Rosario Robles Berlanga. En el abordamiento de ellos, está impresa la huella del movimiento obradorista que ya gobierna el congreso federal y que estará en Palacio Nacional dentro de dos meses y medio.

Pero, mientras estos y otros temas de claro impacto político y social están en el debate, los grilletes económicos tratan de imponerse, silenciosamente, en temas sustanciales como el manejo fiscal (con “asesoría técnica” del Fondo Monetario Internacional, los contratos petroleros, la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y la “confianza de los mercados” con vista al retiro o el mantenimiento de inversiones en México.

La cámara de diputados aprobó, en lo general, la ley de remuneraciones que obliga a que ningún servidor público pueda ganar más de lo asignado al presidente de la república. Con insistencia, ciertos medios y determinados comentaristas han advertido del riesgo de que tales restricciones salariales estén provocando, ya, preparativos para retiros voluntarios de personajes de alto nivel técnico y operativo que no están dispuestos a percibir sueldos recortados.

Las medidas de austeridad que ha impulsado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, buscan ahorros puros pero, también, la eliminación de prácticas de abusos y corrupción que han caracterizado a la mayor parte de la élite política pluripartidista (por cierto, durante ya casi doce años, esta columna y este opinante se han negado a referirse a los respectivos ocupantes fraudulentos de Los Pinos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como presidentes).

El punto de la reforma educativa ha sido igualmente cantado con toda anticipación. El propio López Obrador lo remarcó semanas atrás ante Peña Nieto. Ahora, ambas cámaras legislativas han emitido puntos de acuerdo (que históricamente han sido similares a las llamadas a misa) para exhortar a la administración actual a que incumpla la normatividad vigente y se abstenga de continuar con la evaluación de profesores.

El jefe político de San Lázaro, Mario Delgado, ha hecho saber con énfasis que no quedará ni una coma de la dizque reforma educativa que él mismo apoyó cuando era senador a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Para efectos políticos inmediatos, la demolición avanza, aunque los segmentos más duros del magisterio no oficialista desconfían de la verdadera dimensión y profundidad del trabajo morenista con mazas y picos.

Rosario Robles Berlanga, por su parte, se colocó por voluntad propia como candidata de primer turno al ejercicio justiciero que la tribuna reclama desde ahora al gobierno por entrar. Ejemplo consolidado del ejercicio del poder público como fuente de estafas y pillerías, el paso de ella por dos secretarías de estado ha dejado suficientes muestras como para activar mecanismos judiciales contra la corrupción a partir del próximo uno de diciembre. Buen servicio indeseado ha hecho Robles al obradorismo, aunque ayer mismo el presidente electo dijo que no llevará a la cárcel a ningún “famoso” de la política ni el empresariado.

En tanto, el forcejeo sustantivo y contundente se está dando en el terreno económico. Las “fuerzas del mercado” están condicionando el próximo actuar del obradorismo. El futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, empresario derechista que ha sido la pluma final del proyecto de nación ganador de las recientes elecciones, ha anunciado que se han revisado los contratos petroleros signados hasta ahora y se ha visto todo bien, al grado de que ese obradorismo se sentiría “cómodo, muy cómodo” con esos textos y los negocios que amparan, si acaso con preocupación para ver cómo el próximo gobierno federal puede ayudar a que dichos negocios caminen pronto y bien. Al mismo poder del “mercado” ha dejado Romo la definición de las tarifas de venta de las gasolinas en el país.

Arturo Herrera, futuro subsecretario de hacienda, participó en un foro sobre asuntos económicos en el que confirmó que el Fondo Monetario Internacional asesorará al equipo económico del gobierno obradorista, durante dos semanas, en temas fiscales, macroeconómicos, financieros y de combate a la corrupción.

Expresamente, el FMI ha declarado su interés en saber cómo va a financiar el obradorismo sus promesas de campaña y plan de gobierno. Históricamente, esa institución ha impuesto criterios de operación a los gobiernos que, de rechazar tal normatividad neoliberal, caen en una clasificación que dificulta o niega créditos y buenas calificaciones internacionales. El rechazo al tutelaje del FMI ha estado presente a lo largo de décadas en las manifestaciones de izquierda de Latinoamérica.

También hay una fuerte presión para que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se realice donde el peñismo y sus beneficiarios lo habían decidido, en el Lago de Texcoco. Ayer, el secretario de turismo en funciones, Enrique de la Madrid, planteó que frenar el proyecto texcocano significaría frenar el proyecto del Tren Maya que impulsa López Obrador. Empresarios también señalan en privado el “desaliento” que causaría en inversionistas el que se rechazara el proyecto original del NAICM.

En las calles de la capital del país, por su parte, miles de personas marcharon en silencio para recordar lo sucedido cincuenta años atrás, en el contexto del movimiento estudiantil que fue reprimido en la plaza de Tlatelolco. La caminata se hizo en orden y en paz (tal era el reporte a la hora de cerrar esta columna), con demandas específicas del ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México pero, en el fondo, con el mismo ánimo social de medio siglo atrás, cuando se buscaba corregir a fondo un sistema injusto y excluyente. ¡Hasta el próximo lunes!

Rosario Robles: plumaje y pantanos

700 mdp, en efectivo
Ahumada, Salinas, Peña
¿A preocuparse con AMLO?

En una peculiar autovaloración comercial, Rosario Robles Berlanga dijo que su nombre ha vuelto a aparecer en denuncias públicas sobre corrupción debido a que “vende” mediática y políticamente. Esta es la frase: “es inaceptable que por vender se utilice mi nombre”.

La actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu, creada en 2013; sus anteriores titulares fueron Jorge Carlos Ramírez Marín y Jesús Murillo Karam) ha respondido con vehemencia exculpatoria ante la publicación periodística que este martes detalló el modus operandi de saqueo del erario, desarrollado en esa secretaría y, antes, en la de Desarrollo Social (Sedesol) donde también fue titular RRB. Recursos convertidos en efectivo y entregados en domicilios falsos o hechizos, todo con una fachada de legalidad que ahora ha sido desmontada por la Auditoría Superior de la Federación.

Además de negar toda implicación en un escándalo más de corrupción que sucede en ámbitos bajo su mando, Robles Berlanga salió al paso de las versiones que la mencionan como un objetivo cantado del próximo gobierno obradorista: “Estoy totalmente abierta a que se me investigue. No necesito el perdón de nadie. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras, estoy muy tranquila. Son malas informaciones respecto a mi persona” (nota de Carolina Gómez Mena, en La Jornada).

El plumaje de quien fue jefa sustituta del gobierno capitalino (en reemplazo de Cuauhtémoc Cárdenas, con quien ha mantenido una buena relación política, al igual que con el hijo de este, Lázaro) ha cruzado varias veces el pantano de las acusaciones de corrupción. Un primer episodio se produjo justamente cuando ella presidió el comité nacional del Partido de la Revolución Democrática y, luego, gobernó la Ciudad de México, con el empresario de origen argentino, Carlos Ahumada, como compañero, inductor y ejecutor.

Las horas más amargas de aquella historia de amores y negocios, llevaron a Robles Berlanga a entendimientos políticos con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y, luego, con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. En la televisión mexiquense tuvo plataforma la mujer caída en desgracia política y, cuando el ahijado político de Arturo Montiel fue postulado como candidato presidencial priista, Robles Berlanga inició un proceso de recuperación que le llevó a la secretaría electoralmente estratégica, la Sedesol, en un giro de presunta apertura peñista a una militante “de izquierda”.

Ya como alta funcionaria federal, se le acusó de utilizar los recursos públicos para favorecer candidaturas priistas, especialmente en abril de 2013, en el Veracruz gobernado por Javier Duarte de Ochoa. Grabaciones y testimonios, reproducidos sobre todo por dirigentes panistas, mostraban el apoyo de la estructura de Sedesol para los “mapaches” electorales de esa entidad.

Días después, acompañado en Chiapas por el gobernador Manuel Velasco Coello, el propio Peña Nieto soltó una exoneración exprés que sonó a complicidad e incentivo: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones; pero nosotros en este gobierno tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre”.

Velasco celebró el éxito de la principal campaña que desarrollaba Robles: “la Cruzada contra el Hambre significa para nosotros la oportunidad de abrir un nuevo horizonte para todas las familias, con dignidad, justicia y equidad. Significa la oportunidad de dar salud y educación, de sembrar juntos un campo más productivo. El hambre no puede seguir siendo la parte más dolorosa de nuestra realidad”.

Años después, desde otra secretaría, Robles Berlanga mantiene el mismo equipo impugnado por estafas maestras y otras pillerías, y enfrenta con presunta altivez el reto de saber si con el próximo gobierno obradorista, deberá hacer algo más que preocuparse.

Personajes del nuevo elenco legislativo moreno, Martí Batres y Mario Delgado, han propuesto medidas de austeridad gastronómica conforme a la etiqueta de retos #Challenge, usada en internet. #TupperChallenge, ha propuesto el senador; #TermoChallenge, el diputado federal. Es decir, que los legisladores lleven su comida y su café en recipientes propios y con cargo a su peculio.

Además, ayer mismo, en el Senado, se planteó “elevar a categoría constitucional” el concepto de la austeridad republicana” (sabido es que la Carta Magna está repleta de palabrería “consagrada” que, a la hora de lo práctico, de poco o nada sirve).

En tanto, el tema de la disminución de ingresos de los diputados entró a una zona que hasta hace tres noches no era esclarecida. Fue anunciada una reducción importante de los ingresos de los integrantes de San Lázaro, pero se mantuvo una zona imprecisa relacionada con el rubro de asistencias y apoyo legislativos. Eso significa unos setenta mil pesos mensuales para cada diputado, que pueden ser manejados de manera discrecional y que, con mucha frecuencia, se quedan en las cuentas personales de esos políticos. Es posible que la partida solo se mantenga hasta enero, cuando entrará en vigor el presupuesto de egresos 2019. Pero también podría pretenderse disimular ese ingreso “informal”, y quedarse los diputados, a fin de cuentas, con casi 150 mil pesos al mes.

Y, mientras Felipe Calderón anuncia “el fin” del Partido Acción Nacional si en la dirigencia queda la planilla formada por el anayista Marko Cortés y por Héctor Larios. ¡Hasta mañana, con la Policía Federal que ya no halla qué hacer (está “investigando”, según eso) en el caso del montaje hecho en San Luis Potosí, para simular el hallazgo de una bebita que había sido secuestrada!

Graue: rectoría precaria

Reunión con AMLO
¿Factores externos?
Rusia y El Vaticano

Si no fuera signo de debilidad, cuando menos lo sería de precariedad: el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, se reunió con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de un tema sustancialmente político, como es la necesidad de mantener estabilidad en la más importante casa pública de estudios, rumbo a la toma de protesta presidencial a la que, desde distintos flancos, se somete a amagos y presiones.

En dos ocasiones ha estado el rector Graue con el tabasqueño en este tramo en el que aún no toma posesión, pero ya actúa en términos de poder de facto. No se había cumplido una semana de la elección del primero de julio y ya se había producido el primer encuentro formal, cara a cara (el siete de julio). Luego, en agosto, hubo una primera sesión con rectores de diversas universidades públicas, incluyendo a la UNAM, pero sin la asistencia de Graue, en su lugar fue un representante, para hablar de la inversión pública en ciencia y tecnología (con malos resultados para las aspiraciones de las universidades públicas, pues AMLO a lo más que se comprometió fue a mantener el presupuesto en sus términos actuales, sin agregados) y, días después, en el Palacio de Minería, se efectuó un encuentro ya encabezado por Graue, para presentar al futuro presidente la propuesta propia de agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Pero el motivo de la cita programada para ayer en la colonia Roma, fue más allá de los naturales y necesarios protocolos de entendimiento, sobre todo para fines presupuestales, entre un presidente de la República (electo o en funciones) y el máximo funcionario de la UNAM.

El tema convocante se refirió a la inquietud, movilización y organización de protestas que generó la extraña aparición de un grupo violento (“porros”, se les llama genéricamente a esos peculiares personajes) que arremetió contra alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, unidad Azcapotzalco, que se encontraban frente a las oficinas del citado Graue en demanda de atención que, de no haber sido por la violenta agresión de los porros, probablemente se habría sumado a la larga lista de movilizaciones y exigencias de la comunidad estudiantil, usualmente desatendidas en lo fundamental y medianamente atendidas en aspectos menores.

Graue ha reconocido que no tuvo la información suficiente y oportuna para prevenir y contener el ataque porril que no se hizo con sigilo. Al contrario, el traslado de los atacantes hacia la Ciudad Universitaria se hizo de manera abierta, y la llegada al campus fue registrada por el servicio de vigilancia, con el responsable de esta tarea en plan dialogante con el grupo violento. Luego se produjo la agresión, que incluyó la detonación de petardos y bombas molotov, además de golpes y cuchilladas.
A diferencia de algunos de sus antecesores, Graue no ha logrado establecer una imagen de solidez institucional. Hay segmentos de la comunidad universitaria que lo perciben distante o menos aplicado de lo que sus funciones requieren. En tales circunstancias se ha planteado la demanda de que Graue renuncie, ante lo cual han cerrado filas en torno a la institucionalidad diversos personajes y corrientes de la vida universitaria.

En ese contexto, fue convocado para hablar de un tema político, es decir, de la necesidad de que se conjure el riesgo de un desbordamiento, a menos de un mes de la conmemoración del 2 de octubre y a más de 80 días de que López Obrador tome posesión de la silla presidencial.

La preocupación no es infundada. Grupos políticos de calado mayor han sostenido y manipulado durante décadas a corrientes universitarias con capacidad de provocar conflictos. Los porros no han surgido de la nada ni su impunidad y financiamiento pueden explicarse sin padrinazgos políticos.

Por otra parte, AMLO tuvo otros dos encuentros interesantes que van más allá de la diplomacia formal: los embajadores de Rusia y de El Vaticano, cada cual por separado.

Librado aquel episodio de presunta injerencia rusa en el proceso electoral, con el propio AMLO en ironía, al autodenominarse Andrés Manuelovich, el Kremlin es un necesario punto de referencia diversificadora en la política internacional obradorista. Por otra parte, el católico López Obrador ha buscado el apoyo del papa Francisco para la pacificación y reconciliación nacionales, sin resultados positivos, aunque la visita del nuncio apostólico, Franco Coppola, podría significar un acercamiento creciente de posiciones, con el antecedente de una reunión reciente con la fundación Scholas, creada por Francisco.

Cuando menos tres sociedades financieras populares (sofipos) están en problemas económicos y mantienen en alarma a decenas de miles de inversionistas, sin que las autoridades correspondientes intervengan con oportunidad y salvaguarden el interés de los ahorradores. Desde el mes pasado, el diario especializado, El Economista, advirtió de los riesgos de Operadora Reforma, Caja Sierra Gorda y Proyecto Coincidir (https://goo.gl/MT8dBF ).

Al respecto, una lectora relata y denuncia: “Invertí todos mis ahorros en una Sofipo, llamada ‘Proyecto Coincidir’. El año pasado solicité el retiro de mi primer documento vencido, y me dieron largas para entregarme el dinero. A la fecha ya se vencieron todos mis documentos y no he podido recuperar mi dinero. Desde un principio presenté queja en Condusef Guadalajara; al poco tiempo percibí que la Condusef no estaba del lado de los ahorradores sino protegiendo esta sofipo. Éramos pocos entonces, pero me di cuenta que estaban engañando a los ahorradores; iba cada semana, a ver si me pagaban, así que siempre me di cuenta de lo que hacían. En mayo dejaron de pagar intereses a todos los ahorradores y fue en agosto cuando todos se dieron cuenta; a la fecha muchos creen que sí van a pagar, pero yo, que llevo desde noviembre y he visto lo que hicieron, pienso que no van a pagar. No nos informan las autoridades oficiales, las audiencias de conciliación no defienden nuestros derechos”. ¡Hasta mañana!

Morena, al rescate del PVEM

– “Logros”, para propaganda
– El “converso” Elizondo Garrido
– La mafia del poder Verde

El diputado federal Francisco Elizondo Garrido, llegado a la curul por la vía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero luego transferido a la bancada del partido Morena, develó el monto de las ganancias políticas que para el Verde significa ese trato: “Parte de la negociación fue que Morena tuviera cinco diputados más y, con ello, poder lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y mantener la Junta de Coordinación Política en los próximos tres años que va a durar la Legislatura.

A cambio, ellos se comprometen en tres temas básicos: el primero, que se creen por cada año 100 plazas para médicos especialistas en oncología infantil, además de construir cinco hospitales especializados en el tema, y que se haga una campaña mediática importante para que la gente pueda detectar a tiempo este cáncer” (entrevista con Alejandra Canchola).

Una ganancia enorme (¡hasta con “campaña mediática” que les servirá para presumir electoralmente los logros!) para un partido que llegó a San Lázaro solo con 16 diputaciones y, por tanto, quedó en el último lugar de la tabla numérica de las bancadas.

Pero que ahora, en una transacción que el coordinador de los diputados verdes, Arturo Escobar y Vega, dijo que les había salido “baratísima”, es aliado relevante por tres años de la aplanadora obradorista, solo por haber cedido cinco curules y haberse quedado con once: “16 u 11 diputaciones no representan nada”, dijo el propio Escobar y Vega, con escalofriante sinceridad.

El caso del propio diputado Elizondo Garrido, el develador de los entretelones de la negociación Verde-Morena, es un ejemplo del tipo de política y políticos que ahora rescata el partido mayoritario y les da viabilidad: Elizondo fue designado en 2013 como director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo. Es decir, representante del secretario Gerardo Ruiz Esparza, llegado con el beneplácito del gobernador priista, Roberto Borge, y con el apoyo de su concuño, Arturo Escobar y Vega.

En un portal internético del Grupo Editorial Olmeca, bajo la firma de José Antenor Ancona Rodríguez, se publicó el 16 de julio pasado, apenas a medio mes de las elecciones históricas: “Francisco Elizondo Garrido llegó a la SCT Quintana Roo como un pago de favor o tráfico de influencias de su padrino político, concuño, socio en varias empresas y proyectos, el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México : Arturo Escobar y Vega.

Ambos políticos (Arturo Escobar y Vega-Francisco Elizondo Garrido) mantienen una estrecha relación familiar y de negocios. Escobar y Vega está casado con María de Lourdes Domínguez Rius, y Elizondo Garrido con Araceli Domínguez Rius.

Pero también tienen una fuerte relación de negocios donde se involucran familiares y socios (en el reportaje titulado “Escobar y Elizondo, la Mafia del Poder Verde”, se detallan los presuntos negocios. Además, el sindicato de trabajadores de ese Centro SCT de Quintana Roo han denunciado constantemente la corrupción, los malos tratos y el ausentismo del citado Elizondo Garrido, quien ayer fue relevado del cargo administrativo.

Ese tipo de política y políticos es la que ahora se ha asociado con Morena y ha ganado supervivencia cuando menos por tres años. Otro diputado verde, converso al morenismo, es Humberto Pedrero, ex secretario de Hacienda en el primer gobierno de Manuel Velasco Coello, quien falsificó documentos para hacerse pasar por indígena y anotarse en la cuota de ese tipo de postulaciones a San Lázaro. El propio Escobar y Vega fue subsecretario de Gobernación y dejó el cargo entre acusaciones de actos electorales fraudulentos a favor del Verde (por cierto, en su boda, en mayo de 2007, Escobar tuvo como testigos en la ceremonia civil a Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes.

Astillas: En Querétaro, el tribunal electoral estatal falló a favor del candidato panista a presidir el municipio de la capital, promovido por el gobernador Francisco Domínguez (quien, en una reunión de la Conago, presumió ante López Obrador que en su estado natal no había ganado Ricardo Anaya). En San Luis Potosí, la Policía Federal escenificó para efectos videográficos (al estilo de Genaro García Luna, durante la administración calderonista) el “hallazgo” de una niña de un año de edad (lo cumplió este 5), abandonada días después que había sido secuestrada junto con su abuela, que luego fue asesinada… Por cierto, la escenificación fue difundida en un diario digital cuya franquicia potosina fue adquirida y es ejercida por Enrique Galindo Ceballos, quien fue comisionado nacional de la Policía Federal, con temas pendientes como el caso de Nochixtlán, Oaxaca… En el caso Velasco-Chiapas, en el Senado hubo no solo impericia, sino mala comunicación o pleitos internos entre el coordinador formal de la bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (teóricamente, el jefe político y quien llega a acuerdos con sus pares), y el presidente de la mesa directiva, Martí Batres (quien le disputa el mando político al zacatecano y se mueve con su propia agenda). Estudiantes de diversas facultades de la UNAM insisten en exigir la renuncia de Enrique Graue a la rectoría de esa casa de estudios. Dicho funcionario, por lo pronto, ha cortado por la parte más delgada del hilo de complicidad e indolencia, al suspender a Teófilo Licona, coordinador de vigilancia… Y, mientras se reúnen AMLO y Graue, ¡hasta el próximo lunes!

Senado a la Groucho Marx

Segundas votaciones
Manuel Velasco, multichapulín
Gobernador-senador-gobernador

Así como el humorista, actor y escritor estadunidense Julius Henry Marx, conocido como Groucho Marx, decía, en una de sus frases más célebres, que tenía otros principios, por si a alguien no le satisfacían los originalmente presentados.

El Senado de la República, bajo conducción y dominio aritmético de Morena, sometió un mismo asunto en un mismo día a dos votaciones (con una diferencia de cinco horas entre el “no” inicial y el “sí” final), hasta que fue satisfecho el interés delmultichapulín (el término ha sido tomado de la cuenta tuitera de @PalomaRuiz1) Manuel Velasco Coello, quien así podrá regresar a Chiapas a retomar la gubernatura gracias a reformas exprés, y a la medida personal, que él mismo impuso en días recientes en la constitución local.

El extraño caso del Senado que en un mismo día dijo “no” y “sí” a un mismo asunto, tiene como figura central a un político, oficialmente del partido “Verde”, que ha jugado un papel clave en el acomodo de piezas del sistema político para procesar el arribo del lopezobradorismo al poder, con un evidente eje político Chiapas-Tabasco y la (cuando menos) benevolencia de Los Pinos (Velasco y Enrique Peña Nieto han tenido y mantienen una inalterada relación política y personal, a pesar de que el propio Velasco “provocó” tanto la derrota del PRI en Chiapas como el compartido triunfo de Morena).

Además, Velasco Coello ha ejercido funciones correspondientes a una secretaría de gobernación (ante la inexperiencia política de Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Corte, en retiro, propuesta para este cargo). Colocado tácticamente como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Velasco “alineó” a algunos de sus colegas y fue el primero de ellos en fotografiarse con López Obrador luego del 1 de julio. Trabaja actualmente para “planchar” acuerdos con los gobernadores de la región donde se construirá el Tren Maya y se desarrollarán proyectos económicos que pueden generar oposición popular.

El factor de identidad y afianzamiento entre Velasco y López Obrador ha sido el abuelo materno del primero, con quien el tabasqueño ha mantenido una larga amistad.

En ese contexto, la primera votación senatorial, que negaba a Velasco la licencia que solicitaba para dejar el escaño, dificultaría el cumplimiento de los encargos que el chiapaneco ya cumple en el sur del país. Velasco no pidió dejar la senaduría por razones de estricta índole personal o de salud sino para retomar la gubernatura de Chiapas, en un proceso de impune desfiguración de la legalidad constitucional, tanto en el plano federal, que prohíbe a gobernadores competir por un cargo de elección popular en su propia demarcación (lo que Velasco, como Miguel Ángel Mancera, brincó mediante la treta de ser postulados en listas de circunscripciones más amplias que su estado, o distintas) como en el estatal, donde el propio Velasco Coello hizo modificar en días recientes la carta magna local para que le sea posible regresar a la gubernatura, previa aprobación de su licencia senatorial, lo que, conforme a la nueva realidad política del país, siempre dio por descontado.

Antes de que se diera la segunda votación, el coordinador de la bancada mayoritaria y relativo jefe político de esa cámara (Martí Batres le pelea espacios y reflectores), Ricardo Monreal Ávila, hizo una encendida defensa del derecho de Velasco Coello, y cualquier senador, dijo, a solicitar y obtener licencia. El coordinador de la chiquibancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañó la jugada correctiva, y declaró que con nueva o mayor información, otros datos, se tenía que realizar la famosa segunda votación.

El desenlace consolida la figura de Velasco Coello y sella la virtual anexión del Verde Ecologista de México a los proyectos de Morena (VerdeMorenismo). Total, todo podrá siempre ser corregido en segundas votaciones, en homenaje a quien debería ser nombrado senador honorario en ausencia física, Groucho Marx.

La tesis de que una licencia a un cargo público debe ser expedida en automático choca sin atenuantes con lo que ayer mismo se planteó en el Senado: si los senadores no pudieran rechazar una solicitud de ese tipo sería innecesario, y hasta ofensivo, que se someta a votación lo que, de otra manera, podría presentarse a trámite administrativo como un derecho ejercido por el titular sin necesidad de consideración alguna.

En la especie, por encima del derecho individual de Velasco Coello a andar brincando entre cargos, deberían ponderarse las circunstancias específicas de Chiapas, la evidencia del sentido patrimonialista con que se ha ejercido y se seguirá ejerciendo la gubernatura, y la necesidad de impedir concentraciones ostentosas de poder.

Un ejemplo de que se puede retardar una solicitud de licencia y, en los hechos, negarla, se produjo en 2009, justamente con un caso chiapaneco: la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales, a quien se le impidió dejar su curul luego del escándalo de las diputadas “Juanitas” (esta denominación, en recuerdo de Rafael Acosta Ángeles, postulado a jefe delegacional en Iztapalapa, para que luego renunciara y dejara el cargo a Clara Brugada). Nueve diputadas, llegadas por la vía de la representación proporcional, pidieron licencia para dejar el cargo a varones que para tal propósito las habían sembrado en lugares a definir por cuotas de género.

El caso fue analizado por Mercedes Barquet Montané en un texto denominado “De la inutilidad de la cuota de género: la diputada que no quería ser”. En la nota introductoria del trabajo, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sergio Dávila Calderón explicó: “Aun cuando (Olga Luz Espinosa) había hecho la petición formal a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y acumulado suficientes inasistencias para darla de baja de dicho órgano, conforme a la ley, la mesa no dio respuesta inmediata”, y alargó el trámite hasta virtualmente negar tal licencia. ¡Hasta mañana!

La ruta del dinero

* Cargo a Santiago Nieto
* Odebrecht, Lozoya, EPN
* Sexto reino del espot

 

El cargo que ocupará el abogado Santiago Nieto Castillo en el próximo gobierno federal es más importante de lo que parece. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tendrá asomo irrestricto a cuanto asunto político, electoral y fiscal le parezca relevante en términos hacendarios.

Y podrá habilitar a sus jefes, el secretario Carlos Urzúa, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de material firme, en términos jurídicos y técnicos, para actuar contra la corrupción y la impunidad./
Conforme a la Presentación de la UIF, en la página oficial de la SHCP, dicha Unidad tiene el propósito de “coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento”. Dicha UIF fue creada conforme a un decreto de Vicente Fox Quesada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004./

Un indicio claro de la condición clave de ese cargo lo da el hecho de que su titular haya sido Alberto Bazbaz Sacal, un hombre de extrema confianza para Peña Nieto, al grado que el dicho Bazbaz fue el procurador de justicia en el Estado de México que manejó el tema de la desaparición de la niña Paulette Gevara, cuyo cadáver fue “encontrado” en el resquicio del colchón de su propia cama, en un desenlace absolutamente inverosímil. A pesar de ese demérito gravísimo, Peña Nieto lo nombró titular de la UIF en enero de 2013 y, desde ahí, Bazbaz utilizó la información fiscal “relevante” para propósitos políticos de su jefe. Desde enero de este año, es el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)./

Nieto Castillo llegó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Electorales en febrero de 2015, gracias a la promoción que a su favor hizo la bancada senatorial del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por el poblano Miguel Barbosa. Su punto de quiebre en esa fiscalía, adscrita a la Procuraduría General de la República, se produjo cuando pretendió avanzar, con apego a sus funciones y a la letra de la ley, en el caso Odebrecht y sus vertientes en México, específicamente la responsabilidad del hasta ahora intocable Emilio Lozoya Austin y los alcances de esos actos de corrupción hasta la campaña electoral de Peña Nieto en 2012, más las infracciones graves que habría cometido el Partido Revolucionario Institucional./

De un golpe, sin consideraciones, Nieto Castillo fue botado de la mencionada fiscalía, mediante trastadas a cargo de Alberto Elías Beltrán, quien había llegado al despacho principal de la PGR luego que Raúl Cervantes Andrade había renunciado al cargo, habiendo dejado éste, según dijo, todo listo para que el expediente del caso Odebrecht-Lozoya-México fuera consignado ante la autoridad judicial (lo que no ha sucedido, hasta ahora)./

Nieto Castillo denunció los abusos cometidos para destituirlo y anunció que buscaría que el Senado (la fuente de su designación) lo restituyera en la fiscalía. El aparato peñista pasó entonces a una fase de agresividad explícitamente mafiosa: primero, ofertas de dinero o mejores cargos a futuro; luego, la divulgación de material de su vida personal que impactaron a su familia y lo obligaron a anunciar que no buscaría más el regreso a la oficina caliente./

Ahora, el ex fiscal podrá seguir investigando ese caso y muchos más, desde la óptica de la mencionada Unidad de Inteligencia Financiera (¿Nieto contra —Peña— Nieto?). “Sin filias ni fobias”, dice la descripción de sí mismo en Twitter (@SNietoCastillo). La información que pasará por sus manos no debe servir, como ha sucedido hasta ahora, para apretar o aflojar, para consignar o amagar, conforme a los intereses y arreglos del poderoso en turno. Es de desearse que el abogado Nieto Castillo ejerza con pulcritud y decoro su nuevo puesto, que mucho puede ayudar a una auténtica pelea institucional contra la corrupción y la impunidad./
En tanto, Peña Nieto se regalaba su último paseo regocijado por el reino del “espot”, en un acto sin formalidad protocolaria en el que se vio flanqueado por los morenos presidentes de las cámaras, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, en un episodio más de la Transición de Terciopelo (de Cierto Pelo, han tuiteado algunos)./

La predominancia del “espot” fue tal que el propio Peña Nieto bajaba del estrado para acomodarse como público espectador de sus propios elogios videograbados, terminados lo cuales reasumía su lugar frente al par de aparatos de “teleprompter”, para continuar con el recitado de los presuntos logros sexenales que si tan grandes y ciertos hubieran sido no le habrían merecido la aplastante reprobación ciudadana en urnas a él, su partido y su presunto candidato “externo”./

El piadoso autorregalo que se hizo el político mexiquense, al que quedan menos de tres meses en un poder que en la práctica ya ha cedido, contó con el correspondiente

apoyo en aplausos por parte de un público selecto que hubo de aguantar la amplia descripción de una Peñalandia en penoso retiro. Lágrimas vertieron la esposa casablanquista, Angélica Rivera y las hijas e hijo. Largo saludo final, entre asientos de primera fila: palmadas, abrazos, frases de circunstancia, en un Palacio Nacional que en diciembre ya estará habitado por otros personajes pero, sobre todo, por otros aires, por otros proyectos./

Justamente por pertenecer a otros aires, a otros tiempos, causó polémica la participación de los morenistas Batres y Muñoz Ledo. Diferentes mediciones se dieron a ese acto que a unos pareció cortesía política y, a otros, una condescendencia excesiva con el jefe sexenal de lo que en su momento se denominó con insistencia como “la mafia del poder” (terminología, esta, en diplomático desuso provisional)./

En los hechos, fue la virtual despedida política del mexiquense que aspira a una salida también de terciopelo, sin sobresaltos, con entendimientos. En las semanas que le quedan en Los Pinos, buscará echar cuanto basura de corrupción e impunidad le sea posible bajo la alfombra tejida con los hilos del perdón y el olvido.

Peña agita caso de los 43

Se aferra a “verdad histórica”
Familiares, reticentes
¿Qué hará AMLO?

Luego de la tregua e incluso de cierta recomposición silenciosa de imagen que le permitió la coyuntura electoral, Enrique Peña Nieto emprendió una osada campaña propagandística, a propósito de su sexto informe de labores que, de manera explicable, le está resultando contraproducente.

El catálogo de presuntas obras exitosas, el tono fingidamente triunfador, la reincidencia en las narrativas ofensivamente fantasiosas y la evidencia de los cumplidos a sí mismo, con cuantioso cargo al erario, han hecho que buena parte del público obligado a ver y escuchar esa catarata de anuncios esté recordando las razones que le llevó a rechazar en las urnas a Peña y su desastrosa administración.

Aun cuando la lista de fuertes agravios es amplia, ha resonado con especial fuerza la pretensión del citado Peña Nieto, expresada en la batería de anuncios de autoelogios antes mencionada, de reivindicar la versión oficial respecto a la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

La mentada “verdad histórica” ha sido repelida y desacreditada en los terrenos social y forense y en los ámbitos nacionales e internacionales. Pero Peña Nieto ha creído oportuno reiterar su adhesión a esa magna mentira histórica, incluso adjudicando a los familiares y padres de los desaparecidos una actitud reticente a aceptar la fabulación construida por Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, con el apoyo de personajes igualmente siniestros como Tomás Zerón de Lucio, encargado de montar la escena de “descubrimiento” de la única “evidencia” forense (bolsas plásticas, a la orilla de un río, con restos óseos de uno de los desaparecidos), a partir de la cual se ha sustentado la especie de la quema de los cuerpos en un basurero y la posterior dispersión de cenizas en aguas corrientes.

Dijo Peña Nieto, en una de sus recientes exuberancias de spots: “ “Ante la negativa y el rechazo por aceptar los alcances de la investigación de la PGR, donde había evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial (…) fue necesario abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sus integrantes conocieran la investigación”.

Resulta insidioso adjudicar a una postura caprichosa o infundada de familiares, activistas y buena parte de la sociedad el haber tenido que recurrir a instancias externas para que revisaran las hechuras peñistas. Y, aun así, los resultados de esas profesionales indagaciones ajenas (las del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, y las del Equipo Argentino de Antropología Forense) resultaron adversas de manera contundente a la versión oficial.

Precisamente por la dimensión de lo ocurrido en aquella noche y madrugada en Iguala, y por las evidencias documentadas de las múltiples maquinaciones que se han realizado desde estructuras gubernamentales (en los ámbitos civil y militar) para evitar que se conozca la verdad de lo sucedido con los estudiantes normalistas, la administración obradorista está obligada a aportar suficientes y contundentes elementos que ayuden a encontrar esa verdad y, especialmente, a que se apliquen las sanciones correspondientes a todos los funcionarios públicos, policías y militares involucrados en ese doloroso episodio.

Se ha hablado de establecer una comisión de la verdad, se ha nombrado a Alejandro Encinas como futuro subsecretario de gobernación, especialmente encargado del expediente de los 43, y se tiene una resolución del poder judicial federal ordenando que se revise todo el proceso judicial, mal llevado hasta ahora, y se creen comisiones e instancias en busca de conocer la verdad histórica. La manera como el próximo gobierno federal aborde y resuelva este tema habrá de definir, como lo ha hecho con el actual, el grado de compromiso con la ley, la justicia y la sociedad, más allá de fueros civiles y militares y de eventuales alianzas electorales o transicionales.

No es, desde luego, el único caso que requiere de pronta y firme atención.

México es un país de desaparecidos, y a lo largo y ancho de la geografía nacional hay denuncias concretas de esa índole y grupos de ciudadanos que denuncian, protestan y realizan seguimientos y búsquedas por cuenta propia. Ayer, fue un día dedicado al recuerdo y la insistencia en cuanto a personas desaparecidas. Lo cierto es que el aparato gubernamental mexicano, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y en sus vertientes civiles y policiacas, así como militares (Ejército y Marina) reportan ínfimos avances en cuanto a la resolución de los expedientes disponibles y, con frecuencia, están involucradas esas mismas instancias de poder en la comisión de hechos delictivos y en la protección de los autores materiales de secuestros y desapariciones.

En ese contexto, resulta poco alentadora la decisión del próximo gobierno federal de mantener el mismo esquema de “combate” al narcotráfico que sostuvieron el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña. Por ejemplo, ayer en Morelos el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, anunció que su secretario de seguridad pública será un vicealmirante. Según las versiones difundidas en Cuernavaca, esa designación fue acordada con las autoridades federales en función y con representantes de la siguiente administración, la obradorista.

Ese esquema se ha mantenido durante largos años. Desde las secretarías de la defensa nacional o de la marina se envían mandos retirados o en activo para que se encarguen de las oficinas de seguridad pública en estados y municipios, en una cesión de poder civil y político a la realidad operativa de los manuales militares. Con frecuencia, esos funcionarios castrenses se convierten en jefes de los negocios locales oscuros y en ejecutantes de maniobras lesivas de los derechos humanos. ¡
Hasta el próximo lunes!

Sigue el negocio del “Verde”

Adiós PRI; amor Moreno
Cupidos, Escobar y Velasco
“Detalles” del acuerdo bilateral

Luego de quince años de feliz matrimonio legislativo y político con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la asociación de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha anunciado que termina su relación con el devaluado grupo tricolor y queda a disposición de los nuevos tiempos, plenamente independizado para intentar rehacer su vida política, incluso sosteniendo amoríos políticos con parejas distintas y sin pretensiones de largo plazo.

La historieta de amores políticos picantes y redituables, con dedicatoria a algún Tinder político (Tinder: la famosa aplicación en internet que permite concertar citas amistosas o amorosas), fue presentada formalmente por Arturo Escobar y Vega, quien ha ocupado cargos partidistas, legislativos e inclusive una subsecretaría de Gobernación en la administración peñista. De la que hubo de salir en noviembre de 2015 entre acusaciones de fraudulencia electoral, debido a que había contratado la fabricación y entrega de diez mil tarjetas, denominadas Premia Platino, para conseguir votos para el Verde, constantemente inmerso en historias de nota roja (recuérdense las andanzas del mal llamado “Niño Verde”, Jorge Emilio González, heredero del negocio familiar y grupal creado por su padre, Jorge González Torres).

No eres tú, soy yo, sería la clásica frase de rupturas idílicas aplicable al caso del Verde y el PRI. El tarjetero Escobar dijo el martes: “no hay ninguna ruptura (con el PRI), hay una extraordinaria relación, pero hoy hay caminos en la parte legislativa que nos llevan a tomar definiciones de carácter independiente”. Añadió, según nota de Néstor Jiménez y Roberto Garduño, en el portal de La Jornada: “El día de mañana inicia una nueva etapa donde van a ver a un Partido Verde mucho más independiente o absolutamente independiente; un partido que no apoyará propuestas, iniciativas, adiciones o reformas, sin antes entender que cada asunto se verá en lo particular”.

La etapa “absolutamente independiente” del Verde es sólo una treta discursiva para acomodar el negocio tradicional de ese partido a la nueva realidad política, específicamente al dominio de Morena. Escobar coordinará a los diputados del PVEM y Manuel Velasco Coello a los senadores. Velasco ayer pidió licencia a su encargo de gobernador de Chiapas para rendir protesta como senador y luego, por razones de “urgencia”, solicitar que en ese mismo Senado, ya bajo dominio de Morena en votaciones simples, le concedan licencia para regresar a Tuxtla Gutiérrez a encargarse de finiquitar su período de gobernador y, ya habiendo agotado su sexenio, regresar al escaño, donde continuará con la alianza con el obradorismo que practicó al máximo en Chiapas.

Como consecuencia del voto popular de julio pasado, los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal), perdieron su registro. El Verde, sin embargo, se mantiene como una instancia de simulación democrática y arrendamiento de votos. En su nueva etapa, con una preferencia evidente por lo moreno, pero argumentando para fines comerciales una bandera poliamorosa y “absolutamente independiente”, el Verde pretende dar continuidad impune a la larga historia de aprovechamiento de presupuestos y prerrogativas partidistas para beneficio de los grupos y familias que controlan la franquicia. Nuevos tiempos, viejas historias.
Donald Trump volvió a las andadas y aseguró nuevamente que México pagará el famoso muro fronterizo. La euforia declarativa del lunes, respecto al principio de acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, ha entrado ya en la etapa de revisión de los detalles, de la letra chiquita. Reuters informó que Estados Unidos podría imponer aranceles, de “seguridad nacional” a vehículos producidos por México por encima de ciertos volúmenes. Y el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reconoció que México tuvo que ceder ante EU: “Aunque no son deseables todas las estipulaciones, nos parece que es un acuerdo sostenible en vista de las circunstancias”.

La clamorosa victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y Morena, el primer día del mes pasado, no se fincó solamente en la creciente transferencia de cuadros, militantes y ánimos votantes del Partido de la Revolución Democrática hacia la nueva organización de centrismo con acento popular. Esa victoria fue más allá de una mera pugna entre partidos hermanos, pero tuvo su despegue y aceleración justamente en el quebranto de la agrupación caracterizada por un sol azteca.

Dominado por el grupo llamado Los Chuchos (con los jesuses, Zambrano y Ortega, más Carlos Navarrete, como principales dirigentes), el PRD selló su caída a mediano plazo luego del error histórico de la firma del Pacto por México. De los diecinueve nombres de personajes que ocuparon la presidencia de su comité nacional (entre electos y designados para interinatos, e incluso un momento en que dos militantes fueron representantes directivos del partido), una tercera parte correspondió al tramo de la convulsión que la adherencia oportunista al pañismo provocó a dicha organización: Zambrano había sucedido a Ortega, y luego entró a escena Navarrete; el aparente control total del chuchismo.

Los problemas internos, sin embargo, obligaron a la salida anticipada de Navarrete y llevaron a un experimento de importación, al hacer presidente del partido a Agustín Basave, quien había sido priista y se hizo perredista en esa coyuntura. Basave renunció en breve tiempo, bajo presión de las corrientes internas que pretendían “hacerlo suyo”, cada cual para su propia conveniencia. Vinieron Beatriz Mojica, Alejandra Barrales y Manuel Granados. Desesperados ante su evidente hundimiento, aceptaron el papel de agregados en el proyecto “frentista” encabezado por el panista Ricardo Anaya. Su derrota electoral, e histórica, ha sido impactante. Y martes, al cuadro de ex presidentes nacionales que han dejado al PRD, se sumó Basave. ¿Qué sigue, en el funeral del sol azteca? ¡Hasta mañana!

Conago y los superdelegados

Sin sesgo electorero
Corral no firmó pro Peña
Velasco y sus brincos
Los gobernadores están haciendo lo necesario para acoplarse a las políticas que aplicará Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre próximo. En la reunión de ayer de la disfuncional Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no hubo controversias ni discusiones, ni siquiera en el punto de los superdelegados estatales, a los cuales varios mandatarios estatales satanizaban originalmente.
En todo caso, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (quien fue al encuentro en muletas, por una operación de rodilla), propuso que esos superdelegados sean ajenos a la vida partidista de la entidad a la que sean enviados, para evitar aspiraciones o implicaciones electorales. Y, de preferencia, que esos funcionarios tan poderosos tengan especializaciones técnicas. Alfaro ha dicho en otras ocasiones que él no dialogará con ningún intermediario, como el médico Carlos Lomelí (quien justamente acaba de ser su contrincante por la gubernatura del estado occidental), a quien López Obrador ha designado como representante estatal.
En Twitter, ayer mismo, Alfaro puntualizó que “nuestra coordinación con el gobierno federal será a través de una comunicación directa con el presidente y su gabinete. No aceptaremos una figura política que pretenda invadir la autonomía de los estados”. Sin embargo,  no hubo contestación directa a la propuesta antielectorera del jalisciense (quien se llevó la gubernatura y las principales posiciones de poder local en las pasadas elecciones, a nombre del Movimiento Ciudadano, del que ya se desmarcó el ahora gobernador electo). López Obrador dijo que analizará la sugerencia, pero aseguró que no hará nada que lastime la soberanía política de los estados.
En la reunión, por cierto, se pasó a firmar entre los presentes un cuadro con un texto de reconocimiento a la labor de Enrique Peña Nieto durante el sexenio que está por terminar. El funcionario de la Conago que recolectaba las firmas aseguró al chihuahuense Javier Corral Jurado que ya todos sus colegas habían estampado su adhesión. El panista se negó a firmar el reconocimiento a Peña.
El informante oficial de lo sucedido en la sesión de la Conago fue su presidente en turno, Manuel Velasco Coello, quien sostiene una intensa alianza con López Obrador y Morena. A los varios retorcimientos políticos y jurídicos realizados recientemente por el gobernador de Chiapas para garantizar la continuidad de su grupo en el poder de la entidad, se añade la reforma a la constitución estatal para permitir que Velasco rinda protesta como senador, pida licencia inmediata a ese cargo y retome la gubernatura para ejercerla hasta el último minuto, luego de lo cual brincará a su escaño.
Las disposiciones constitucionales buscaron que los gobernadores en funciones no aprovecharan sus cargos, y los recursos a su disposición, para “competir” por otro cargo de elección popular. Sin embargo, Miguel Ángel Mancera y Velasco Coello utilizaron la coartada de las postulaciones por circunscripción, es decir, no por un estado, sino por un conjunto de ellos o por la totalidad, según la variedad correspondiente, para argumentar que no buscaron las senadurías desde sus posiciones de poder.
Mancera pidió licencia a la gubernatura de la capital del país y fue propuesto por el comité panista de Chiapas para ser senador por la vía plurinominal y, aunque no tiene militancia en ningún partido, ahora coordina la menguada bancada senatorial del Partido de la Revolución Democrática. Velasco ha sido más abusivo: a última hora se hizo incluir en la lista de candidatos del partido que domina a nivel estatal, el Verde Ecologista, para ser candidato por la vía plurinominal. Y ahora, ganador, ha maniobrado para no soltar más que momentáneamente la gubernatura, para luego brincar al Senado.
Muy peculiar alineamiento de buenos comentarios mexicanos respecto al acuerdo comercial con la administración Trump: Peña Nieto, como era previsible, plenamente de acuerdo, pero también López Obrador. Falta ver los detalles.
De entrada, la información que fue fluyendo ayer generó señalamientos de entreguismo de parte de la delegación mexicana, encabezada por los secretarios peñistas, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Pero el cierre de esta primera etapa tuvo el aval de Jesús Seade, representante del presidente electo, López Obrador. En lo inmediato, el anuncio de este primer acuerdo (sin la participación de Canadá) otorga a Trump una invaluable carta positiva, en medio de los crecientes problemas que tienen al magnate neoyorquino en una ruta que podría significar pérdida de posiciones en los comicios de noviembre próximo e incluso la promoción de un juicio legislativo con intenciones de destituirlo.
Astillas: La designación de Mario Delgado como coordinador de los diputados federales de Morena es un triunfo de Marcelo Ebrard, el verdadero jefe político de quien fue secretario de Educación y de Finanzas en la administración del ahora futuro canciller quien, en 2012, intentó que Delgado fuera el candidato a la jefatura de gobierno, aunque el acuerdo cupular recayó en Miguel Ángel Mancera… Delgado ha sido el hombre de los dineros de Ebrard, quien ha ido tomando una fuerza política extraordinaria que, sin embargo, no altera la planicie subordinada del obradorismo, pues el futuro secretario de Relaciones Exteriores siempre tendrá el riesgo de que, en momentos de rispidez, usen en su contra expedientes reservados… Resulta extraña la designación de Luis Antonio Ramírez Pineda para que sea el próximo director del Issste. Es diputado local priista en Oaxaca, fue director de finanzas del propio instituto en mención durante la gestión peñista y es hijo de un emblema del priismo clásico, Heladio Ramírez, quien fue líder del sector campesino del PRI, legislador en varias ocasiones y gobernador de la propia Oaxaca… Y, mientras ha vuelto a suelo nacional el dirigente sindical de terciopelo, Napoleón Gómez Urrutia, ya en espera de rendir protesta como senador, ¡hasta mañana!

Poder legislativo moreno

Mayoría simple, segura
El presidencialismo, imán
División en opositores

En términos numéricos y políticos, el partido Morena y su máximo dirigente real, Andrés Manuel López Obrador, quedan en una excepcional situación para que las propuestas legislativas ordinarias que presenten a partir del próximo uno de septiembre sean aprobadas casi de manera automática.

Dado que el propio López Obrador ha adelantado que no impulsará iniciativas de reformas constitucionales durante los tres primeros años de su periodo presidencial, es de suponerse que sin ningún problema sacará adelante todo lo que requiera mayoría simple de votos (y no mayoría calificada, como se exige cuando se toca la letra constitucional) con la ayuda negociada de sus coaligados recientes (los partidos Encuentro Social y el del Trabajo) o, si este mapa coaligado cambiara, con la contribución circunstancial de alguno o algunos de los demás partidos, “opositores” en lo general.

En San Lázaro, la mayoría que formarían Morena, PT y PES, sería incontrovertible, con un total de 308 votos (de un total de 500) derivados de los 191 del partido dominante, 61 de los petistas y 56 del PES. En el Senado sería relativamente menos desahogado, pero plenamente alcanzable: 55 escaños de Morena, más ocho del PES y seis del PT, le darían la mayoría simple con 69 votos, de un total de 128. Los partidos que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, de mantenerse unidos a la hora de las votaciones, tendrían, en números redondos, seis de cada diez votos en San Lázaro y cinco de cada diez en el Senado.

Al análisis aritmético favorable a Morena y a López Obrador, deben añadirse dos factores políticos iniciales. El primer dato proviene de la tradicional fuerza del presidencialismo mexicano, aumentada hasta niveles sorpresivos por el triunfo arrollador del político nacido en Tabasco. Salvo el caso del Partido Acción Nacional, que como segunda fuerza en ambas cámaras se queda con el descafeinado mérito de ser la principal oposición, los demás partidos (incluido el Revolucionario Institucional, ahora inserto en el pelotón de la chiquillada) buscarán acercamientos y negociaciones que les permitan la difícil travesía por el virtual desierto político.

El segundo dato favorable a Morena-AMLO (Morena-Gobierno) proviene de las divisiones internas de todos los partidos que le son opositores, con el sostenido aderezo amargo de que los principales partidos derrotados (es decir, PAN y PRI) no han procesado operativa e intelectualmente los motivos de sus derrotas y no han alcanzado a trazar líneas inteligentes y eficaces para tratar de salir del socavón político en un plazo razonable.

El partido aún en el poder, el PRI, tiene en sus menguadas filas legislativas una división inocultable, con bandos que se culpan mutuamente de la derrota presidencial. Unos, acusando abiertamente a Enrique Peña Nieto de haber maniobrado para imponer a tecnócratas ajenos al “verdadero” priismo, de sofocar posteriormente las tenues posibilidades de crecimiento de José Antonio Meade y de “entregarse” a López Obrador. Otros, defienden lo que queda de la casa presidencial y pretenden endilgar la responsabilidad de la derrota a los priistas “tradicionales” y su cauda de corrupción e ineficacia.

En Acción Nacional continúa el pleito entre la corriente dominante, encabezada por el excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, y los grupos que culpan a éste del fracaso electoral. El calderonismo, ya sin fuerza al interior del PAN, explora la posibilidad de construir un nuevo partido, con el rebozo de Margarita Zavala Gómez del Campo como recurrente estandarte.

Sin embargo, también en el bloque ganador hay indicios de fisuras. En particular, la bancada del Encuentro Social es considerada proclive a distanciarse o confrontarse de posiciones o iniciativas de Morena que no vayan en la línea ultraderechista del partido evangélico (se habla del PES). Los estrategas morenos también consideran el riesgo de que determinados integrantes de sus bancadas, recién llegados de otros partidos, puedan volver a sus querencias en momentos legislativos críticos.

En ese contexto y como una muestra más del enredijo de intereses y postulaciones que se dieron en los pasados comicios, el Partido del Trabajo acusó a su coaligado y virtual salvador político y aritmético, Morena, de realizar actos ilegales al insertar a candidatos de ese joven partido en las listas del PT.

Podrán alegar los directivos del Partido del Trabajo que, al denunciar las maniobras morenistas, actuaron en defensa propia, pues con sus señalamientos pretendían que les adjudicaran más diputaciones de representación proporcional. Según lo planteado por escrito el pasado ocho, ante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), el PT deseaba “invalidar parcialmente” el convenio de coalición que había firmado con Morena y el PES.

Treinta y cinco candidaturas de Morena habrían sido procesadas a través del PT, pasando incluso por encima de sus normas internas y, por ello, la directiva petista solicitó que esas 35 diputaciones ganadas se contabilizaran a Morena y, así, gracias a los mecanismos de asignación de las curules “plurinominales”, pudiera tener el PT nueve asientos más, y no tres. Ya encarrerados, los petistas dejaron esta constancia: “Estimar lo contrario, constituiría, en principio, la aprobación de un acto apartado del principio de legalidad, y, en definitiva, la posible sobrerrepresentación de un partido político en el Congreso”. Finalmente, el INE no aprobó la solicitud del PT (https://goo.gl/2MuEca ). Sin embargo, la denuncia del “aliado” podría ser utilizada por los adversarios explícitos de Morena para exigir la apertura de una investigación y tratar de reducir la supuesta sobrerrepresentación del partido obradorista.

Y, mientras dos representantes de la farándula auténtica dicen que la política no les da plena satisfacción: Sergio Mayer, de Morena, porque la dieta legislativa no le permitirá mantener el tren de vida al que está acostumbrado, y Ernesto D’Alessio, del PES, porque la vanidad es mayor en los foros de la grilla que en los de las telenovelas o el canto. ¡Hasta el próximo lunes!

Los Cárdenas

Romo y los equilibrios
Ramírez Cuevas, a medios
Yáñez, atención ciudadana

En la lista de nombramientos del que será el círculo más cercano a la operación cotidiana de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, destaca la reaparición de Lázaro Cárdenas Batel, como coordinador de asesores.

Luego de una larga estancia en Estados Unidos, dedicado a asuntos académicos y de investigación, el ex gobernador de Michoacán llega a un cargo político cuya dimensión e influencia dependerán de varios factores, esencialmente del nivel de juego político que le quiera dar su jefe tabasqueño (quien está cargado de personal deseoso de ganar su atención y de promover sus proyectos) y, en ese mismo entorno de intrigas palaciegas, de la aceptación o rechazo que el verdadero primer círculo obradorista otorgue al recién llegado. Quien no hizo ningún sacrificio, del cual haya constancia pública, para el triunfo “de la causa”, salvo algún acompañamiento a AMLO en alguna visita al vecino país del norte.

La designación de Cárdenas Batel es un signo de agradecimiento de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas, quien dio al oriundo de Tepetitán la oportunidad de ir escalando en la política nacional desde el Partido de la Revolución Democrática, bajo control pleno del ingeniero michoacano en aquellos tiempos. Agradecimiento a pesar del largo distanciamiento político, marcado por el 2000 en que Cárdenas se fue a su casa, derrotado en su segunda campaña presidencial por el imparable Vicente Fox, mientras López Obrador se iba a la jefatura del gobierno capitalino, a iniciar su historia política propia; en cuyo despunte se incluyó la guerra política contra Rosario Robles, cercana a Cárdenas y relacionada, al igual que Carlos Ahumada, con Lázaro, quien será coordinador de asesores en Palacio Nacional.

El guiño a la familia Cárdenas era esperado desde que el ganador de las elecciones presidenciales recibió en su casa de campaña a Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos, Lázaro y Cuauhtémoc, el pasado 3 de julio, el mismo día en que el tabasqueño por primera vez vería a Enrique Peña Nieto en el ahora tan utilizado Palacio Nacional. En un principio se especuló respecto a la dirección de Petróleos Mexicanos, un puesto que AMLO había ofrecido al jefe de la familia en 2012, según éste declaró en una entrevista periodística.

Etiquetada como representante del nacionalismo revolucionario, en especial de la vertiente histórica encabezada por el general Lázaro Cárdenas del Río, la presencia de un miembro de esa familia podría significar un contrapeso a la figura y acciones de Alfonso Romo, el empresario derechista al que López Obrador ya había “destapado” como jefe de la oficina de la Presidencia de la República desde el pasado 22 de junio, cuando sometió tal designio a “votación”, a mano alzada, entre asistentes a un acto de proselitismo en la Macroplaza de Monterrey.

Hasta ahora, Romo ha sido el hombre de mayor fuerza ejecutiva en el entorno de López Obrador. Jugó un papel central en el convencimiento de sus colegas de la iniciativa privada para apoyar al candidato de Morena y ha sido una especie de vocero extraoficial, pero nunca desmentido, de los corrimientos de AMLO al centro o abiertamente a posiciones gratas al derechismo empresarial. No es usual que López Obrador permita el crecimiento de figuras políticas fuertes ni la concentración de poder en manos ajenas. En ese sentido, Cárdenas Batel podría ser una pieza a utilizar para restablecer equilibrios internos.
Jesús Ramírez Cuevas y César Yáñez Centeno, colaboradores de largo historial en la cercanía con López Obrador, fueron designados, respectivamente, como coordinadores de comunicación social y de política y gobierno (en este caso, con acento intencional y explícito en la atención a los ciudadanos, sus propuestas y quejas o denuncias). El primer círculo tendrá a Alejandro Esquer Verdugo, también de los acompañantes históricos de AMLO, en la secretaría particular; y a Daniel Asaf Manjarrez a cargo de la veintena de ayudantes que cuidarán del todavía presidente electo.

El afecto y la confianza de López Obrador en su coordinador de comunicación social tuvieron expresiones verbales y gráficas. El propio tabasqueño pidió tomarse una fotografía individualizada con Jesús Ramírez Cuevas, a quien tocará lidiar con el difícil cuadro de complicidades y presiones de los principales medios de comunicación, en el contexto de una viciada relación histórica que ahora está llamada a correcciones profundas. Para empezar, por el simple hecho de que será reducido a la mitad el presupuesto del gobierno federal destinado a esos medios. Ramírez Cuevas tiene formación política de izquierda y ha sido director del periódico obradorista Regeneración.

Yáñez Centeno ha sido el silencioso acompañante único de López Obrador en la inmensa mayoría de los viajes por toda la república. Discreto, sólo aparecía detrás del político tabasqueño en las conferencias de prensa que se daban en las escaleras de algún tapanco de mitin o en algún otro momento en que los reporteros abordaban al fundador de Morena: César grababa preguntas y respuestas y, si se daba el caso, enviaba los desmentidos o precisiones del caso. Es de suponerse que descansará al ser relevado de las ingratas tareas de comunicación social: ahora será responsable de atender con cuidado a los ciudadanos que soliciten auxilio o intervención del gobierno obradorista.

Una designación clave es la de Gabriel García Hernández, quien fue poderoso secretario de organización del comité nacional morenista y, ahora, coordinará ni más ni menos que a los delegados obradoristas en estados y regiones; la estructura de centralización del poder en Palacio Nacional y de decisión de inversiones y programas en las entidades federativas. Los adversarios de García lo han acusado con reiteración de ser, además, un recaudador de fondos para operaciones electorales. Ahora tendrá más poder que los gobernadores y una influencia que va más allá de la denominación oficial de su encargo. ¡Hasta mañana!

Ovalle y el asistencialismo electoral

Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle Fernández como director de un organismo que se creará a partir del próximo uno de diciembre: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusionará los encargos que actualmente cumplen Liconsa y Diconsa; remanentes del sistema asistencial-electoral tan utilizado por el presidencialismo priista.

Ovalle Fernández fue secretario privado del presidente Luis Echeverría (quien vivió en Los Pinos de 1970 a 1976) y, a los treinta años de edad, fue designado poderoso secretario de la presidencia (recuérdese que Echeverría, siempre bajo el estigma del Dos de Octubre, impulsó una generación de políticos jóvenes, entre ellos Fidel Herrera, José Murat, Carlos Armando Biebrich y Beatriz Paredes).

Luego, en enero de 1977, ya con José López Portillo en Los Pinos, fue titular de la coordinación general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplemar), que entre otras dependencias bajo su control tendría al Instituto Nacional Indigenista (INI).

Del cual, en ese mismo 1977, a instancias del gobernador Leandro Rovirosa Wade, el propio López Obrador fue delegado estatal en Tabasco (encargo que permitió al joven funcionario fortalecer una relación de trabajo con comunidades indígenas y crear una base social que le ha permanecido fiel a lo largo de décadas).

A la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, Ovalle Fernández fue embajador de México en Argentina y, luego, en Cuba. En el arranque de las administraciones abiertamente neoliberales parecía poco atractivo tener en la estructura nacional a un personaje identificado con el “populismo”.

Pero Carlos Salinas de Gortari no tuvo empacho en rehabilitar a Ovalle, al designarlo titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), con la intención de consolidar el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con su reparto de recursos públicos para censar y controlar a las masas votantes y la intención de utilizar esa plataforma para crear la organización electoral del salinismo, el Partido de la Solidaridad.
En noviembre de 1990, Ovalle Fernández fue removido de la dirección general de Conasupo, en medio del escándalo relacionado con los tortivales y las tarjetas “de pobre”. Un mes antes de su renuncia, había puesto en marcha el reparto de vales para que 32 millones de familias recibieran un kilogramo de tortillas gratis al día, durante un periodo que iría del 26 de noviembre de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991. Las familias beneficiadas deberían demostrar que tenían ingresos totales de hasta dos salarios mínimos.

Luego de ese periodo de arranque, se pretendía que entraran en función tarjetas con identificación personalizada del usuario, mediante tiras magnéticas, a las que se comenzó a llamar “tarjetas de pobre”; con las cuales el beneficio alcanzaría a unos 40 millones de personas, antes de las elecciones federales intermedias en las que el salinismo buscaría consolidar su “legitimación de facto”.

En un reportaje de aquel año en la revista Proceso, Guillermo Correa incluyó las declaraciones de Genaro Domínguez, de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios: “Lo que hizo Ovalle fue excederse en la manipulación política del hambre, para comprar el voto con los tortivales. El es experto en eso, pero no entiende que tal forma de ser ya no es efectiva en estos momentos. Ya no opera el dar, el pueblo exige cambios, no más paternalismo”.

Para la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado (Cotrase), “los tortivales a domicilio son una vacilada. Ovalle se negó a comprender que no hay más salida que un salario digno y que ahora es más difícil mantenerse en el poder, aprovechándose de las necesidades” ( https://goo.gl/LXZGbm ). Ahora, con López Obrador rumbo a la silla presidencial, Ovalle vuelve a escena.

Las revelaciones de más abusos de sacerdotes católicos contra niños en Estados Unidos ha agravado la crisis en la milenaria institución, que no parece encontrar una vía eficaz y convincente para castigar a sus delictivos representantes y evitar la repetición de tales episodios.

En México se han vivido sistemáticamente abusos similares, aunque la colusión de altos mandos clericales con los jefes del sistema político mexicano han impedido que haya las sanciones adecuadas.

El ejemplo más reciente de esas complicidades protectoras de pederastia sacerdotal lo dio Norberto Rivera, quien durante décadas fue el arzobispo primado de la Ciudad de México. En todo el país se han denunciado casos en que presbíteros han participado en actos de delincuencia sexual, pero la consignación de esos expedientes ante las autoridades judiciales, y el encarcelamiento y sentencia a esos ministros religiosos es ínfimo, en proporción a la abundancia de esos hechos.

La negativa a aceptar la gravedad de los hechos, o la tendencia a tratar de repartir culpas, ha estado presente en las declaraciones de Sergio Obeso, cardenal de Veracruz, quien en conferencia de prensa dijo: “A veces quienes nos acusan, deberían tener tantita pena, porque suelen tener una cola que les pisen muy larga, pero también en lo que a nosotros respecta, nos sentimos muy mal y queremos mejorar”.

La reunión de López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios pareció favorable a ambas partes, al menos en el terreno declarativo. El presidente electo ofreció apoyo a los empresarios, para que haya crecimiento económico, y estos dijeron haber escuchado a un político “pragmático”, con ánimo constructivo y de colaboración.

Se habló de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, pues preocupa a las personas de negocios el curso que tenga ese proyecto, de lo cual habló ayer con más precisión el futuro ocupante de la silla presidencial. Y, mientras Luis Videgaray niega que esté retrasando la extradición del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, como lo ha asegurado el mandatario panista, Javier Corral. ¡Hasta el próximo lunes!

“Seguridad en ruinas”

En Morelia, Michoacán, el futuro secretario federal de seguridad pública, Alfonso Durazo Montaño, hizo la más cruda crítica al gobierno peñista en la tersa etapa de transición posterior a las elecciones: “el próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas, de ahí el reto a enfrentar”, dijo el sonorense. Añadió: “unos han dicho que México se ha convertido en una tumba; otros aseguran que en una fosa. Así que el reto no será sencillo”. Aun así, advirtiendo que las cosas no se modificarán de la noche a la mañana en esa delicada materia, aseguró que “la gente podrá notar cambios en el corto plazo”.

Andrés Manuel López Obrador recibirá, en realidad, un país en ruinas en muchos rubros importantes. La profundidad y la extensión de la tragedia acumulada, que Peña Nieto agravó particularmente, se irá viendo conforme el futuro equipo de gobierno vaya adentrándose en sus funciones y tenga acceso a documentación y datos reveladores. La suavidad táctica del obradorismo en este tramo transitorio no debe generar la ilusión óptica de que el pasado del sexenio por terminar, de tanto rechazo social en el reciente asomo a las urnas, puede ser olvidado o perdonado. Lo que se ha hecho con el país debe ser recordado y ajustado a los requerimientos legales de justicia, con sus correspondientes sanciones en los casos que sea posible, dejando el perdón y la conmiseración en el ámbito moral al que corresponden tales conceptos.

Ayer, por ejemplo, el más afamado de los creadores de las autodefensas cívicas contra el crimen organizado, el médico José Manuel Mireles, dijo que los foros de consulta sobre pacificación y reconciliación nacionales son “una charlatanería y pura política”, por lo cual abandonó el lugar donde se realizaba uno de ellos, bajo la coordinación del citado Alfonso Durazo Montaño.

El médico Mireles a veces carga de protagonismo sus participaciones y, en esta ocasión, su molestia fue porque en el foro no estaban representados “luchadores sociales” (como él mismo). Aun así, su protesta tiene repercusiones en tanto ha sido clara su cercanía con los planteamientos políticos del lopezobradorismo, al grado de haber aspirado a ser candidato a diputado local por esa vía. Otro de los dirigentes históricos de aquel movimiento de autodefensa, Hipólito Mora, dijo: “Yo no les doy el perdón. Me voy con él a la tumba. Esa chambita se la dejo a Dios, y Dios que decida a quién perdonar y a quién no. Yo sigo con mis ideales”.

Horacio Duarte Olivares ha sido el abogado representante de candidaturas presidenciales de López Obrador ante los institutos federales encargados de las elecciones (en 2006, el IFE; en 2018, el INE). Es parte del grupo ganador en el Estado de México (presidió el comité estatal de Morena) desde Texcoco, con Higinio Martínez como jefe político y Delfina Gómez como principal figura (fue candidata a gobernar la entidad, despojada del triunfo por Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto). Ahora será subsecretario del trabajo. Se encargará del tema del empleo y, en particular, de programas con jóvenes.

Santiago Nieto Castillo fue destituido de mala manera de la fiscalía especializada en delitos electorales que ocupaba en el ámbito de la Procuraduría General de la República. La línea que no pudo rebasar se llama Expediente Odebrecht y, en específico, la relación de esa empresa corruptora con Emilio Lozoya, para financiar actividades de campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y los posteriores “pagos” de esas inversiones de la firma brasileña desde Petróleos Mexicanos, que Peña encargó a Lozoya. Ahora, Nieto Castillo (quien se definió a favor de AMLO en tiempos de campaña) analiza con el presidente electo los temas de la Fiscalía General de la Nación y otros ámbitos de procuración de justicia.

Otro anuncio del presidente electo: la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Más allá de la denominación, que hace recordar etiquetas utilizadas por gobiernos pasados, lo importante serán las propuestas de acción que emprenda Adelfo Regino, quien será titular de esa oficina.

Enredos de los nuevos tiempos: Miguel Ángel Mancera nunca fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero gobernó la Ciudad de México a nombre de esta organización. Dejó la capital en crisis, para ser candidato a senador por el Partido Acción Nacional, a propuesta del comité panista de… Chiapas. Y ahora está encaminado a ocupar, ese senador llegado en la lista nacional de candidatos del partido de blanco y azul, la coordinación de la bancada del PRD en el Senado.

Ha anunciado Ernesto Cordero Arroyo su retiro de la política, en un gesto que da cuenta del fracaso redondo del grupo encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y de su reciente intento de seguir en el poder por la vía conyugal.

Cordero es actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (el ITAM, centro productor de derechistas cuadros técnicos y políticos para consumo de gobiernos panistas y priistas; ahora desplazado, en el esquema de López Obrador, por la UNAM y el Colegio de México). Siempre de la mano de Calderón, ocupó durante el sexenio de éste las secretarías de desarrollo social y de hacienda y, en 2011, Los Pinos trató de imponerlo como candidato a la sucesión, aunque, ya en pleno declive la fuerza calderonista al interior de Acción Nacional, la elección interna fue ganada por Josefina Vázquez Mota. Senador gracias a la cuota para allegados y familiares que consiguió Calderón en 2012, Cordero llegó a presidir la mesa directiva de esa cámara, en una desaseada maniobra en alianza con el PRI y contra el grupo anayista. Expulsado del PAN, dice que ahora se dedicará a tareas profesionales privadas.

Y, mientras los panistas siguen en guerra interna, con acusaciones contra Rafael Moreno Valle, por su presunta asociación política con grupos huachicoleros, y Ernesto Ruffo exigiendo que los coordinadores anayistas de las bancadas legislativas salientes rindan cuentas precisas del uso de los recursos puestos a su disposición. ¡Hasta mañana!

La ministra Sánchez Cordero

Poder judicial en resistencia
Sueldos y privilegios
Jaime Cárdenas: deben ajustarse

La abogada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas (así era mencionada, con los apellidos de su esposo, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: https://goo.gl/rLKwEg ), es titular de una notaría pública a cuyo ejercicio directo ha solicitado licencia cuando ha sido menester (la 182, en la calle Prado Sur de las Lomas de Chapultepec: https://goo.gl/fgpzWU). Ministra en retiro de la citada Suprema Corte, senadora electa y, si todo transcurre como ha sido anunciado, secretaria de Gobernación a partir del próximo uno de diciembre.

Como ministra en retiro, según lo publicado en el portal de Aristegui Noticias por el especialista Ernesto Villanueva, recibe desde 2015 una pensión de 258 mil pesos mensuales, más gastos de representación y el pago de cinco asistentes con sueldos promedio de 40 mil pesos cada cual. Sobra decir, ha comentado Villanueva en ese texto, que “salvo las cuestionadas pensiones de expresidentes, las prestaciones más cuantiosas son precisamente las de los ministros de la SCJN. Se trata de más del 1000% de las más altas pensiones que otorga el ISSSTE a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, y en el Legislativo no existe esa figura.

Este sábado, la ministra en retiro Sánchez Cordero declaró que ya había explicado a su jefe, si es que acepta la secretaría de Gobernación, la inconstitucionalidad de la pretensión de reducir los sueldos de jueces, magistrados y ministros. Aún así, a pesar de una explicación histórica y jurídica de la improcedencia de esa disminución salarial, López Obrador “insistirá” en el tema, según adelantó la jurista.

López Obrador postuló a Sánchez Cordero para Bucareli como un gesto de amplitud política: ella ingresó a la Corte como parte del grupo impulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo para realizar, mediante un golpe de mano, una reforma en la integración y funcionamiento de la Corte (donde duró veinte años como ministra en activo). Enrique Peña Nieto la postuló para ser diputada a nombre de Los Pinos en la pasada asamblea constituyente de la Ciudad de México. E incluso la invitación a encaminarse a Gobernación la tomó mientras era miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, propiedad de los herederos de Roberto González, fundador de Maseca, ahora fusionado el banco correspondiente con Interacciones, de los hermanos Hank González (el dos de agosto de este año renunció al cargo en el consejo de administración).

La ministra asumió su cargo de consejera independiente del grupo financiero el 22 de abril de 2016, a menos de cinco meses de haber dejado la Corte, lo que había sucedido el 30 de noviembre de 2015, en un giro polémico que ha sido señalado como violatorio de las disposiciones del ramo, aunque sin sanción aplicable.

En sentido contrario de la postura de Sánchez Cordero (cuya hija, Paula García Villegas Sánchez Cordero es magistrada de circuito), el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, de largo activismo crítico en las filas del obradorismo, ha tuiteado: “La contradicción del artículo 94 -prohíbe reducir el salario de los jueces durante su encargo- y el 127 -nadie puede ganar más que el presidente- se resuelve a favor del último, porque atiende al republicanismo y a la justicia: las diferencias entre los demás y los ministros”. También escribió: “La @SCJN no podrá con la presión social. Tendrán que ajustar sus percepciones a lo establecido en el artículo 127 constitucional. La ilegitimidad por su cerrazón puede ser la causa de una reforma a su composición y organización. La independencia judicial no significa privilegios”.

¿Preferirá AMLO cerrar el capítulo con los ahorros anunciados en la Corte (5 mil millones de pesos), sin que la élite judicial baje sus salarios? ¿Buscará cambiar el artículo 94 constitucional? ¿Intentará una reforma al Poder Judicial de la Federación? ¿Sánchez Cordero optará por el Senado o por Gobernación?

Ha regresado a la escena panista el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. Aplausos le brindaron en una sesión del consejo nacional del partido de blanco y azul, en la que se analizó el pasado proceso electoral; pero sin cargar la tinta contra el político queretano. Además del trato terso a quien algunos suponían se crucificaría por el fracaso del frente experimental que Acción Nacional armó con los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, volvió a mostrarse el estilo Anaya, de control pleno de los movimientos internos de ese partido que renovará su dirigencia nacional, bajo el manejo de una comisión de siete militantes panistas de los cuales cinco son anayistas.

En esta sucesión en el poder panista, no tiene ninguna viabilidad el calderonismo como tal, que desde 2010, con Felipe Calderón en Los Pinos, fue desplazado del timón partidista. Y el gobernador tras bambalinas de Puebla, Rafael Moreno Valle, senador electo, continúa jugando a la derrota gananciosa, postulándose como aspirante a presidir el PAN, competidor ya especializado en apostar a lo alto para luego negociar compensaciones en la prevista derrota.

Astillas: Reunido con Ricardo Monreal, quien volverá a ser legislador federal, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no dará línea a otros poderes. En el caso del Senado, con el zacatecano como coordinador de la bancada dominante, el tabasqueño no necesitará tirar línea, pues ambos han sostenido una larga relación de entendimiento (y un grave desentendimiento en el caso de la candidatura a gobernar la Ciudad de México) ya casi sin necesidad de palabras… Y, mientras ha cambiado la denominación de los “coordinadores estatales” del futuro gobierno obradorista, para quedar en “delegados de programas integrales de desarrollo”, los cuales deberán levantar censos electorales, perdón, gubernamentales, casa por casa, familia por familia, de las necesidades a atender. ¡Hasta mañana!

Transición de terciopelo

• Avanzar en SSP y fiscales
• Cuidadores, sin armas
• EPN, bien portado: AMLO

En términos gráficos y declarativos, la segunda reunión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Enrique Peña Nieto (EPN) confirmó la aterciopelada textura de la transferencia del poder ejecutivo federal.

El De nuevo en Palacio Nacional, en una sesión vespertina, el despacho de los asuntos de interés común pareció transcurrir en un marco de extraordinaria civilidad, según los reportes que los participantes ofrecieron: el priista a través de Twitter y el morenista mediante un mensaje directo a los reporteros que cubrieron el singular acto.

Destaca la clara intención del presidente electo de ir consolidando la estructura de trabajo en materia de procuración de justicia (a través de diversas fiscalías) y de seguridad pública. En este terreno, sobresale la celeridad con que se busca tener a punto la nueva Secretaría de Seguridad Pública en cuanto arranque la gestión lopezobradorista, el primer día de diciembre próximo.

En un gesto de cortesía política, que abona el plácido camino hacia el retiro de Peña Nieto, y que el presidente electo propuso a quien aún ocupa Los Pinos para que avale y empuje en el nuevo congreso federal la aprobación del cuerpo jurídico que reinstale la secretaría que ocupará el sonorense Alfonso Durazo.

Cortesía, se dijo líneas atrás, porque, en estricto sentido, la amplia mayoría de Morena en las dos cámaras de la próxima legislatura, más algunos votos de partidos aliados o deseosos de serlo, haría relativamente innecesaria la intervención de Peña Nieto como “jefe” de las escuálidas bancadas priistas.

Con el mexiquense o sin él, Morena y López Obrador podrían sacar adelante ese punto. Pero López Obrador desea evitarse cualquier obstáculo o retraso y ha decidido compartir con Peña esa faena legislativa que a ambos políticos redituará bonos, sobre todo al tabasqueño, pero también a su anfitrión de ayer.

En el proceso de “normalización” de las áreas relacionadas con la procuración de justicia, López Obrador y Peña Nieto acordaron coordinar esfuerzos para que en diciembre ya esté determinada la titularidad de la Fiscalía General de la Nación (punto en el que continuará la discusión respecto al carácter de esa fiscalía, si abiertamente allegada o vinculada al futuro presidente de la República o si independiente del poder ejecutivo, como lo demandan algunas agrupaciones civiles), la fiscalía anticorrupción y, aún cuando hay actualmente un encargado de esa área, la fiscalía de delitos electorales.

A contrapelo de la precariedad intencional que Peña Nieto sostuvo en esas oficinas, López Obrador empuja para tenerlas funcionando cuanto antes.

El tema de la seguridad personal de AMLO también fue definido: lo cuidarán veinte personas, en igualdad numérica de género y sin armas. Serán profesionistas con, cuando menos, licenciatura. El Estado Mayor Presidencial se reintegrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (con esta medida, ampliamente anunciada con anterioridad, los ex presidentes deberían quedar en automático sin los elementos del EMP que han utilizado, casi siempre en términos abusivos).

El delicado tema de la designación de los secretarios de las fuerzas armadas (la Defensa Nacional y la Marina), será tratado por AMLO con los actuales titulares de esos cargos (ya se verá si se mantiene la tradición de que las élites de esas secretarías propongan al presidente entrante ciertos nombres para que este escoja a los nuevos titulares, o AMLO determina sin más tales designaciones).

Se confirmó que el equipo lopezobradorista participará en la confección de la propuesta presupuestal para el año próximo, lo cual evitará tropiezos en el poder legislativo y, eventualmente, retrasos en el arranque del nuevo presidente. Y la cereza del pastel a cuatro manos ha sido la declaración de López Obrador: “El Presidente Peña se está portando muy bien”, dijo, y afirmó que el priista no le ha pedido nada a cambio de estos acuerdos. Tersura, fluidez, entendimiento: la Magia del Poder.

Entrevistado por Carmen Aristegui, el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti (quien fue secretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, como jefe de la administración capitalina, y actualmente es representante de Morena ante el instituto electoral de la Ciudad de México) consideró que el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cometió un “error” al “perseguir” al ex mandatario priista de aquella entidad, César Duarte Jáquez, acusándolo de corrupción y otros delitos.

A juicio de Ortiz Pinchetti, ese tipo de acciones “le quitan recursos y energías (a Corral Jurado) que deberían estar destinados al gobierno”. En ese sentido, encomió la política lopezobradorista del “perdón” (AMLO “va a olvidar y perdonar”), virtualmente el “borrón y cuenta nueva”. Corral tuiteó en respuesta: “Absurda y grotesca esta concepción de reconciliación, bajo la premisa del perdón a la corrupción; se coloca en sentido contrario a una de las motivaciones más importantes de la voluntad popular del 1 de julio. La impunidad perpetúa la corrupción y la injusticia. Es complicidad”.

Ante ello, el ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, dijo no recordar tales consideraciones de Corral durante la reciente visita de AMLO a Chihuahua, donde hubo “cálidos abrazos”, “sentidas palabras” y “reiterados elogios”. Corral reviró: “Si lo que dice José Agustín es lo que piensa hacer @lopezobrador_ se lo diré en público y en privado, como te lo dije a ti de frente, señalándote como uno de los responsables de esta tragedia nacional y el colapso del partido. La amargura no te permite distinguir la civilidad”.

Y, mientras René Bejarano ha puesto fin a la versión de que participaría en el equipo de gobierno lopezobradorista a través de “subcoordinadores” estatales de repartos asistenciales y distribuciones presupuestarias: “No pretendí ni pretendo ningún cargo. Ya tengo muchos cargos de conciencia para tener más. Voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo. Esto ya se ha aclarado, esa información que circuló no tenía una sólida fuente”. ¡Hasta el próximo lunes!

Ya: AMLO presidente electo

• Peña: apacible retiro
• Dos “presidentes” y ninguno
• Gabinete y planes, en ajuste

Todo estuvo listo para que este miércoles Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera declarado de manera formal como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) despachó en la víspera los asuntos pendientes y dejó el camino despejado para entregar esa constancia de mayoría, que de manera legal reconoce una realidad actuante y vibrante: la condición virtualmente presidencial del político tabasqueño que, a menos de 48 horas de haber recibido una copiosa votación a su favor y de su partido (el uno de julio), ya estaba reunido con el saliente, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional (el tres de julio, por la mañana).

Y que, desde entonces, ha mantenido una intensa actividad diaria, ocupando a plenitud un foro del que gozosamente casi ha desaparecido el mencionado Peña Nieto; quien antes de las elecciones concentraba la emisión popular de rayos y centellas y, ahora, es una especie de altísimo burócrata en espera de cerrar su ciclo laboral y pasar a un apacible retiro.

Nunca en la historia moderna del presidencialismo se había vivido, entre miembros de distintos partidos, una transferencia de poder tan peculiar: el priista Peña Nieto ha cedido casi por completo la plaza (lo que no hizo con su presunto candidato a la sucesión, José Antonio Meade, a quien rodeó de mandos partidistas y de campaña que obedecían a Los Pinos; y sujetó al abanderado “externo” a los rituales y retórica contraproducentes del priismo más repudiado). Y el morenista López Obrador ha asumido un poder de facto que, siendo así, no tiene efectos vinculantes (es decir, que obliguen a su cumplimiento).

Aunque no es ni puede ser de esa manera, pareciera que en México ha habido dos ocupantes del poder ejecutivo federal, el mexiquense en modo omiso (o modo avión: “encendido”, pero sin ejercer las funciones importantes) y el tabasqueño en modo hiperactivo. Pero, al mismo tiempo, pareciera que en México no ha habido presidentes en este lapso prolongado que va de las elecciones a la toma de posesión. El mexiquense ha estado en abierta fuga de responsabilidades, plenamente dispuesto a hacer lo que su sustituto programado le pida o proponga, deseoso ya de irse a casa a disfrutar lo que le sea posible; el tabasqueño ha movido y removido la parte de cielo y tierra que le ha quedado al alcance, pero sin ejercer más poder que el de la agitación mediática y la preparación de ánimos.

El aparente interregno (se usa este término para denominar el “espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano”, según la Real Academia Española) ha permitido a López Obrador practicar una valiosa tarea exploratoria de corte multidisciplinario. Le ha permitido airear las verdaderas capacidades de sus propuestas para integrar el gabinete presidencial y le ha dado oportunidad de modelar e incluso retorcer algunas de sus propuestas de campaña, para acomodarlas a su nueva realidad en tránsito, de candidato a gobernante. En el caso del gabinete, incluso realizó un cambio de primer nivel, al optar por Marcelo Ebrard para secretario de relaciones exteriores y no por el diplomático originalmente propuesto, Héctor Vasconcelos. Le queda a AMLO la oportunidad de hacer otros ajustes: Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, podría encontrar más satisfacción en la actividad senatorial que en la secretaría de Gobernación que requiere un perfil distinto del de la experiencia exclusivamente judicial.

Este lapso pleno de situaciones inéditas, le ha permitido a AMLO ir restando filo a sus propuestas de campaña más comprometedoras. Todo se ha ido amoldando a las nuevas circunstancias, ya no de oposición sino de poder. Ejecutante virtuoso de lo escénico, López Obrador mantiene la atención del respetable público en los detalles circunstanciales y anecdóticos, mientras va procesando su nueva realidad, sus fortalezas y debilidades, lo que puede intentar hacer y lo que, definitivamente, no será alcanzable.

En tanto, en Ciudad Juárez se ha realizado el primer foro de audiencias sobre la pacificación del país y una iniciativa de ley de amnistía a delincuentes relacionados con el crimen organizado. No hubo nada distinto de lo que hasta ahora han expresado las dos principales partes concurrentes: el virtual presidente electo insistió en su tesis del perdón como fórmula para ir saliendo adelante del grave problema de la violencia desatada, y las principales voces de los familiares de las víctimas rechazaron ese enfoque, al condicionar todo perdón a que haya justicia, pues entienden que no puede haber lo primero sin lo segundo.

La añeja consigna, “¡ni perdón ni olvido”!, sintetizó la postura de familiares y activistas, frente al planteamiento lopezobradorista, con tintes cuasi religiosos, del perdón como mecanismo de cura y de salvación. Es probable que en ese punto sustancial se concentren los futuros desahogos verbales relacionados con el tema. Hubo, también, como seguramente sucederá en otros estados de la república, con otros gobernantes, protestas por la presunta desatención del mandatario anfitrión, el panista Javier Corral Jurado, a quien acusaron ante López Obrador de no dar audiencia a quienes demandan la aparición con vida de sus familiares.

Astillas: La destacada deportista sonorense, Ana Gabriela Guevara, será la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La senadora saliente ha apoyado en términos generales al lopezobradorismo y a Morena, aunque en 2015 hizo un video para llamar a sus paisanos a votar por la candidata del PRI a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich… La escritora y académica Margo Glantz dirigirá el Fondo de Cultura Económica (FCE), actualmente a cargo de José Carreño Carlón; otro nombramiento, anunciado por el futuro secretario de educación pública, Esteban Moctezuma Barragán, es el de Raquel Sosa como rectora del nuevo Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez… ¡Hasta mañana!

Mensaje a Trump

• A salvo, contratos de energía
• Ingenieros y NAICM
• Slim, un ejemplo: AMLO

Astillero
Julio Hernández López

Andrés Manuel López Obrador envió mensaje con rumbo al norte. Dijo, en una parte de la amplia exposición oratoria que hizo ante ingenieros en el Palacio de Minería de la capital del país, que busca convertir a México en “una potencia y cambiar la correlación de fuerzas; nadie nos va a amenazar con cerrar o militarizar la frontera o construir un muro”./

Las palabras del Virtual Presidente Electo (VPE) tienen consonancia con la escalada retórica de Donald Trump, quien ha retomado el tema del muro y ha vuelto a colocar a los migrantes, sobre todo los de origen mexicano, en el centro de sus alocuciones de excitación electoral. No es que se esté rompiendo la virtual tregua entre el tabasqueño y el neoyorquino (quienes, en este primer tramo de relaciones formales, han hecho notables esfuerzos de acercamiento e identificación): resulta que la realidad necesariamente irá empujando a ambas partes a pertrecharse más abiertamente en sus trincheras originales./

No ha de preocupar especialmente a los estrategas de Washington la posibilidad de que México se convierta de pronto o a mediano plazo en una potencia mundial y sea capaz de enfrentar exitosamente las presiones estadunidenses en materia militar y de migración, pero sí ha de llamar la atención el giro lopezobradorista que, en tiempos tan difíciles (la Casa Blanca buscando respaldo de otros países a su política de intervencionismo abierto en Venezuela, por ejemplo), reivindica las tesis, tan escondidas bajo la alfombra por la administración entreguista de Enrique Peña Nieto, del nacionalismo y la pujanza de México./

Hubo, por lo demás, noticias que podrían compensar las eventuales agruras pasajeras en la Casa Blanca. Enrique Méndez reportó en La Jornada que AMLO “anunció que no se cancelará ninguno de los contratos otorgados en esta administración en materia energética, pero acotó que se rescatará a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad”. No dijo el VPE si el respeto absoluto a los contratos en materia de energéticos es simplemente una decisión política o proviene de un estudio jurídico y administrativo a fondo (ayer mismo, Rocío Nahle, futura secretaría de energía, anunciaba el inicio de la revisión de 105 contratos, tarea que terminará a finales de noviembre). Esta declaración de AMLO cancela las expectativas de acción firme en contra de los contratos firmados al amparo de la reforma energética. Se verá hacia adelante, no hacia atrás: “no les dio tiempo de entregar todas las áreas petroleras y todavía hay campos de dominio de la nación”./

Otra buena noticia para inversionistas nacionales y extranjeros reside en el método develado ayer para resolver el enredo de la construcción, financiamiento y alternativas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habrá colaboración gremial: las agrupaciones de ingenieros conocerán los resultados del grupo de análisis técnico formado por especialistas del próximo gobierno federal y, luego, discutirán y tratarán de llegar a acuerdos. Si se dan éstos, con ellos se avanzará en lo que se haya decidido, en otra fase de consulta, para optar de entre tres posibilidades, una de las cuales propone concesionar todo el asunto del nuevo aeropuerto a la iniciativa privada./

La propuesta de que los ingenieros colegiados asesoren gratuitamente en el tema del NAICM fue sometida a votación a mano alzada, con uno de los presentes particularmente observado, el multimillonario Carlos Slim, quien incluso recibió un especial reconocimiento de López Obrador en una parte del discurso de una hora. El hombre cuya fortuna se disparó luego de la peculiar adquisición de Teléfonos de México, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue calificado como “un ingeniero que con esfuerzo, imaginación y talento es un ejemplo, un empresario exitoso” (https://goo.gl/nGTyNE)./

Alfonso Romo dijo, como era previsible, que sus empresas no serán beneficiarias de contratos con la administración federal de la que será poderoso jefe de la oficina presidencial. Tal como se escribió ayer aquí, para ese tipo de negocios no se necesita la participación de una firma bajo vigilancia o sospecha, pues puede utilizarse “alguna de las muchas variantes que la imaginación empresarial puede habilitar cuando oportunidades de este calibre se presentan”./

El propio Romo podría concurrir como testigo de cargo contra su dualidad de empresario y de político con llave de acceso al virtual presidente electo y, cuando éste tome posesión, a la oficina ejecutiva de éste. El 11 de diciembre del año pasado dijo al diario español El País: “En el Gabinete no voy a estar, puedo tener conflictos de intereses y, aunque sean pocos, no quiero que me los hagan grandes” (https://goo.gl/Ak62kX )./

El punto de conflicto de intereses no reside solo en la posibilidad de una burda asignación directa a las empresas de Romo, sino en la información privilegiada y las posibilidades de aprovechamiento de un altísimo cargo para propiciar contratos y ganancias a grupos empresariales cercanos, los cuales pueden posteriormente hacer repartos de ganancias de mil maneras. La historia mexicana de los entendimientos de políticos y empresarios está repleta de episodios de ese tipo./

El 27 de agosto, bajo la conducción de Esteban Moctezuma Barragán, arrancará el proceso de consultas respecto al nuevo marco normativo en materia educativa que aplicaría el próximo gobierno federal. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) declaró que está “siguiendo con detenimiento el discurso tanto del virtual presidente de México como de su próximo secretario de Educación; podemos observar que en el fondo legitiman la reforma educativa, comprometiéndose únicamente a maquillarla y presentarla como algo diferente ante el magisterio nacional”./

Y mientras, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya ha reaparecido, pero en su cuenta de Facebook, mediante una fotografía en compañía de Damián Zepeda, todavía presidente del Comité Nacional panista, ¡hasta mañana!

AMLO elude a Trump

“Necesitábamos” a Bartlett
Accidentes, no solo aéreos
Alfaro rechaza “coordinadores”

En su ya habitual conferencia de prensa, no banquetera pero sí de escalera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó entrar en conflicto declarativo con Donald Trump, quien ya reintegró a su metralla tuitera el tema del muro fronterizo que insiste en que México debe pagar. Diálogo, diálogo y más diálogo, dijo el tabasqueño que mantendrá como método ante las posturas del rubio magnate que se enorgullece públicamente de sus fórmulas salvajes de doblegamiento y negociación con sus interlocutores. Amor y paz, ha dicho AMLO que será su bandera blanca frente a DT. Y aseguró que en su agenda no tiene la palabra innombrable: “muro”.

Por lo pronto, el político de los 30 millones de votos no ha logrado apaciguar las pasiones y razones enderezadas contra el nombramiento de Manuel Bartlett como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad. Llegó a decir que le es necesario un perfil como el del poblano (cuyo padre fue gobernador de Tabasco) para combatir la corrupción en la CFE. En las redes sociales continuaba el bombardeo contra Bartlett. Manuel de Jesús Clouthier, hijo del desaparecido Maquío, dedicó rudos tuits al tema.

El accidente sucedido ayer en el aeropuerto de Durango a un avión de Aeroméxico es una oportuna llamada de atención a lo que resta de la administración federal peñista, y sobre todo a los funcionarios del gabinete venidero, respecto a los peligrosos problemas que se viven en el ámbito del transporte público, tanto en el plano urbano (metro capitalino, líneas de metrobús,
autobuses, microbuses y camionetas, así como taxis y servicios de particulares a particulares, en especial Uber y Cabify) como en el federal (autobuses en carreteras, vuelos comerciales).

A la acumulación de ira popular expresada en votos el pasado primero de julio, que arrasó a un sistema político y de gobierno, contribuyó de manera marcada la indolencia extrema de los principales funcionarios públicos ante las quejas y denuncias de usuarios maltratados, dañados en su peculio y en muchas ocasiones expuestos a peligros físicos que pueden llegar al terreno de las lesiones y la muerte.

Los mexicanos saben en general (con las excepciones derivadas del poderío económico y político) que la prestación de servicios públicos de transporte transcurre en el virtual abandono, entre una altanera operatividad empresarial sin controles ni sanciones reales y un aparato gubernamental omiso por razones que el público consumidor supone relacionadas con untamiento monetario de manos y cuentas bancarias. El secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es un hombre largamente dedicado a los negocios, intocable aunque se abran mil socavones o se denuncien miles de contratos y concesiones oscuras. Las procuradurías de la supuesta defensa de consumidores, contribuyentes y usuarios de servicios varios, suelen ser dirigidas más en función de las recaudaciones personales de los altos mandos que de un verdadero servicio público.

A reserva de conocer los detalles específicos del accidente aéreo duranguense (producido en un marco meteorológico adverso), que reportó heridos pero no muertos, es necesario elevar la voz de protesta ante las condiciones irregulares en que se prestan todos esos servicios y exigir que las empresas cumplan con sus obligaciones. Una cosa es un accidente, como tal, y otra cosa es la acumulación de incumplimientos e irregularidades que podrían causar muertes numerosas.

Bartlett y sus dos CFE

Mano dura en lo eléctrico
Romero, Pemex, la amistad
Rosalinda López, ¿al SAT?
Manuel Bartlett Díaz lleva una marca histórica indeleble: su papel como secretario de gobernación del gabinete de Miguel de la Madrid en las elecciones de 1988, cuando una presunta falla del sistema de cómputo agravó la percepción social de que se había realizado un fraude para despojar a Cuauhtémoc Cárdenas de la presidencia de la República, para favorecer a Carlos Salinas de Gortari./
La famosa “caída del sistema” se sumó a otros episodios oscuros (durante su paso por Bucareli se produjo la ejecución del periodista Manuel Buendía) del político que está anunciado como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (mismas siglas, CFE, de la Comisión Federal Electoral que él presidió, la cual organizaba los comicios en aquellos tiempos). No sólo no se arrepintió de los eventuales pecados políticos y cívicos que hubiera cometido en 1988 sino que fue premiado por Salinas de Gortari con la Secretaría de Educación Pública y luego con la gubernatura de Puebla. Pero en 2006 chocó con el mismo sistema del que había sido parte ejecutante y pasó al lopezobradorismo, convirtiéndose en peculiar crítico del neoliberalismo y los excesos del poder, siempre con la furia del converso./
Con ese talante de mano dura y marrullería, va ahora hacia una batalla del gobierno emanado de 30 millones de votos. La Comisión Federal de Electricidad es una cueva de corrupción institucionalizada (ya se topará Bartlett con los expedientes de Enrique Ochoa Reza), de saqueo permanente de la riqueza de la nación. Además, el sindicato de trabajadores electricistas es, como el de los petroleros, un catálogo de privilegios para sus grupos dirigentes./
Así como Bartlett no tiene ninguna prenda académica, técnica ni profesional que lo avale para ser director de la CFE, tampoco las tiene Octavio Romero Oropeza para ser director de Petróleos Mexicanos. Pero, al igual que el ex gobernador poblano (cuyo padre, Manuel Bartlett Bautista, fue gobernador de Tabasco) el ingeniero agrónomo Oropeza, nacido en Jalapa, Tabasco, 59 años atrás, goza de la más completa de las confianzas de López Obrador, con quien siempre ha cumplido funciones relacionadas con lo administrativo y financiero. Ahora va Romero (ORO, sus iniciales) a la pelea contra los monstruos de corrupción de Pemex, su clase directiva acostumbrada a los grandes negocios y la dirigencia sindical convertida en escandaloso ejemplo de lo que México no quiere más./
En mayo de 2013 se casaron la contadora Rosalinda López Hernández y el abogado Rutilio Cruz Escandón Cadenas. Testigo, por parte de ella, fue el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática y, por parte de él, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (https://goo.gl/H8ZLu3 )./
Hoy, Rutilio Escandón, el esposo de Rosalinda, es el virtual gobernador electo de Chiapas, postulado por el partido Morena, luego de ser presidente del tribunal estatal de justicia (de la mano del gobernador “Verde”, Velasco Coello). Un hermano de Rosalinda, Adán Augusto López Hernández, es el virtual gobernador electo de Tabasco, postulado por Morena. Una hermana de Rosalinda, Silvia, está casada con el senador Humberto Mayans Canabal, quien tuvo larga carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (los senadores electos en Tabasco en 2012 fueron Humberto Mayans, su hermano Fernando, a nombre del PRD, y su cuñado, el citado Adán Augusto)./
Rosalinda ha sido diputada local en dos ocasiones, diputada federal y senadora, a nombre del partido del sol azteca y candidata a presidenta del municipio de Centro (Villahermosa) por el Verde y Acción Nacional. Ahora se menciona con insistencia como la carta que propondrá Andrés Manuel López Obrador para ser la jefa del Servicio de Administración Tributaria, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de aplicar las normas relacionadas con lo fiscal y las aduanas./
Entre otros asuntos delicados del SAT está el relacionado con los descuentos especiales, los perdones, las devoluciones y en general el muy privilegiado trato de dicha oficina pública a los grandes empresarios, en especial al puñado de ellos que controla la mayor parte de la economía del país. Las medidas de austeridad, justicia y recomposición que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador no tendrán pleno sustento, ni legitimidad, si no se obliga a los grandes capitales a pagar lo que deben o han eludido pagar, con la vista fiscal puesta hacia adelante (del uno de diciembre al futuro) pero también en el pasado, con sus deudas y recargos./
De confirmarse la designación de la contadora López Hernández en el SAT, se estará confirmando el eje Chiapas-Tabasco como principal surtidor de cuadros de confianza del próximo gobierno lopezobradorista (no de manera tan marcada como el Estado de México e Hidalgo lo fueron durante el peñanietismo) y se estará reiterando la preferencia de López Obrador por personajes que le ofrezcan garantía de lealtad personal, familiar o regional, aunque no tengan las características idóneas en materia técnica o profesional para el puesto que les sea encargado./
En todo caso, y ello es una apuesta cuyo saldo se demostrará al paso del tiempo, López Obrador está enviando a dos zonas minadas, CFE y Pemex, con sus respectivos sindicatos, a dos personas de su absoluta confianza. Uno, Bartlett, el poblano-tabasqueño, con antecedentes de mano pesada para enfrentar problemas complicados y con una explicable avidez por compensar su juicio histórico. Otro, el acompañante tabasqueño desde el principio de la aventura lopezobradorista, enviado a limpiar y sanear un cuerpo altamente corrupto y no dejarse envolver por las tentaciones de lo mismo./
Y, mientras la fiscalía especializada en delitos electorales avanza en la indagación del fideicomiso para damnificados, abierto por morenistas, mientras otros expedientes se empolvan durante años, ¡hasta mañana!

Osorio Chong y el miniPRI

 Grupito en el Senado
Médico De la Fuente, a la ONU
Comida con Grupo Monterrey
Una fotografía de la próxima bancada senatorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vale más que mil explicaciones, artículos o columnas sobre el impacto real de la votación del primer día del mes en curso.
Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo y ex secretario de Gobernación (el político teóricamente con mayor responsabilidad en el gabinete de Enrique Peña Nieto, aunque en la práctica el vicepresidente único fue Luis Videgaray Caso), al frente de un puñado de políticos sin mayor futuro que deambular en el Senado durante seis años, en que Morena tendrá el control verdadero de la cámara que desde siempre había sido orgulloso terreno imperial del priismo.
Trece senadores priistas, de los cuales sólo una fórmula ganó su escaño por mayoría de votos (Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat, en Yucatán). La propia Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, quien preside el comité nacional priista, aunque pareciera que ella preferiría la silla senatorial y no el fideicomiso de liquidación partidista.
Rubén Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, ejemplo, como muchos de quienes ahora son sus compañeros de bancada, de los excesos políticos que los ciudadanos castigaron en las urnas. Beatriz Paredes, de un pasado del cual sólo quedan álbumes de nostalgia. Eruviel Ávila, otro ex gobernador al que en estas elecciones los ciudadanos le tundieron duro, pues en el Estado de México el priismo también fue barrido.
Y el nuevo jefe de la chiquibancada del miniPRI: Osorio Chong, quien peleó hasta el final la candidatura presidencial priista frente a Peña Nieto, quien optó por José Antonio Meade Kuribreña y, en los arreglos posteriores a la crisis interna, ofreció al hidalguense la coordinación de los senadores priistas, lo cual el miércoles se cumplió.
El PRI, en su escuálida representación actual (similar desastre ha vivido en cuanto a diputaciones federales), de los 128 senadores (64, de mayoría relativa; 32, de primera minoría y otros 32, de representación proporcional), el Revolucionario Institucional se quedará con 13, apenas por encima de los ocho que podría alcanzar el Partido de la Revolución Democrática y de los ocho que tendría el Partido Encuentro Social, a pesar de que perdió el registro y todo gracias a la magia de su alianza con López Obrador.
El PRI en la tercera división, colindante con el Verde y el Movimiento Ciudadano, cada uno con siete senadores, y el del Trabajo con seis (el Panal, Nueva Alianza, solo una posición, y el registro perdido) todas estas estimaciones sujetas aún a eventuales variaciones derivadas de la asignación de senadurías de representación proporcional, frente al nuevo partido hegemónico, Morena, con 55 de los 128 senadores, y la segunda fuerza opositora, Acción Nacional, con 23 escaños.
En otro terreno, el virtual presidente electo propuso al médico con especialidad en psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, para que sea el siguiente embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No hay en su historial nada que avale experiencia y conocimiento específicos en tareas de diplomacia; aunque cierto es que goza de una buena imagen pública y que ha mantenido una actividad política constante. Por lo cual, su nombre ha sido manejado con frecuencia como posible carta de solución en momentos políticos conflictivos. Fue secretario de salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y su sello grupal es el zedillista.
Comió Andrés Manuel López con los selectos integrantes del Grupo Monterrey. Es de suponerse que en esa reunión política, económica y gastronómica se llegó a puntos de acuerdo que eviten choques entre los representantes máximos del poder empresarial norteño y el nuevo poder político nacional. Algunos de los planes lopezobradoristas generan resistencia entre los grandes capitales regiomontanos.
El propio Andrés Manuel López Obrador dijo a los senadores electos de Morena que él había hecho un acuerdo político con el zacatecano Ricardo Monreal, para proponerlo como coordinador de esa bancada. El acuerdo habría sido para que Monreal no dejara Morena, inconforme por la forma en que se manejó la designación de Claudia Sheinbaum como candidata a gobernar la Ciudad de México.
Pero, a pesar de ese anuncio, o justamente debido a él, comenzó a organizarse una contrapartida interna, que busca instalar a Martí Batres como coordinador de los senadores morenos. Sin embargo, el miércoles, en reunión poco concurrida de estos futuros legisladores, se planteó la posibilidad de que Batres asuma la presidencia del Senado, con Monreal como coordinador de la bancada.
Astillas: El PRI nacional defiende la asignación completa de las partidas presupuestales, en sus términos actuales, para el financiamiento de partidos. No están de acuerdo los dirigentes del partido de tres colores con el proyecto morenista, de reducir a la mitad esos ingresos. Y, en una más de esas escenas que hasta hace semanas parecerían imposibles, el PRI ha dicho que se necesita ese dinero para que en las elecciones haya piso parejo y equidad… Pedro Miguel (@navegaciones , en Twitter) dijo el miércoles, en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral a Morena, por presuntas irregularidades en el manejo de un fideicomiso para damnificados, es “una resolución que criminaliza la solidaridad; insinúan que hubo cosas raras, pero lo central es que no nos arrepentimos de ser solidarios”… Por lo pronto, el tribunal electoral federal dio entrada a la impugnación de Morena, en este tema del fideicomiso para damnificados, y asignó el expediente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien corresponderá hacer la propuesta de sentencia… Y, mientras Banorte ha despedido a cientos de empleados (luego de que hace dos semanas se fusionó con Interacciones, lo cual le convirtió en el segundo banco más importante del país), y Mattel cierra sus fábricas en México (en este caso, impactada la firma juguetera por el cierre de la cadena internacional Toys’R’Us): ¡Hasta el próximo lunes!