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Sábado 20 Enero del 2018
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Astillero

Cisen Paulette

Alberto Bazbaz Sacal no merecería ocupar ningún cargo público después del escandaloso desenlace que propició en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, muerta en mayo de 2010, buscada durante nueve días con aparatosidad proporcional a la atención nacional que provocó su desaparición y “encontrada” de manera increíble entre la base y el colchón de su propia cama, en una habitación de su casa de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, gobernado entonces por Enrique Peña Nieto.

La desvergonzada manera de dar por terminado ese episodio, bajo el inaceptable argumento de que la niña había fallecido por accidente y que siempre había estado su cuerpo en esa colocación de su lecho, sin que policías, peritos, periodistas o perros de búsqueda la hubiesen detectado, obligó a Bazbaz Sacal a renunciar a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Le relevó otro personaje del mismo grupo peñista, Alfredo Castillo, quien ya en la administración peñista es el comisionado nacional para el deporte y la cultura física y antes fue comisionado para gobernar Michoacán de manera anticonstitucional (ante las fallas, omisiones y permisividad del entonces gobernador, Fausto Vallejo, quien, irónicamente, ahora pretende volver a la escena política, como aspirante a presidir Morelia).

A pesar del episodio de la niña Paulette, o, por el contrario, gracias a la forma en que condujo el caso, Bazbaz Sacal fue premiado por su jefe de entonces y ahora, Peña Nieto, con una posición discreta pero poderosa, la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sí: el funcionario que no tuvo la capacidad para encontrar el cadáver de una niña en su propia cama fue puesto al frente de la instancia que ha vigilado el movimiento de cuentas bancarias y operaciones financieras de todo el país, con especial obligación de detectar y combatir lo relacionado con el lavado de dinero, tarea ésta en la que fue particularmente fallido, con resultados “generalmente bajos”, según el Grupo de Acción Financiera de la Auditoría Superior de la Federación.

La muy baja productividad de Bazbaz Sacal al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera ha significado, al mismo tiempo, una gran oportunidad para que puedan actuar sin problemas los grupos del crimen organizado, los políticos corruptos y los evasores fiscales, entre otros segmentos “de interés”. En un sentido tragicómico podría decirse que el abogado Bazbaz Sacal nunca pudo encontrar el cuerpo del delito de lavado de dinero en la cama de los poderosos, aunque sí algunos retazos selectos de sus vestimentas, algunos botones de muestra simbólica.

Ahora, el mismo personaje del ridículo desenlace del caso de la niña Paulette, el que no pudo combatir el lavado de dinero o bien habría sido puesto ahí justamente para no combatirlo, ha sido nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia mexicana de inteligencia que dirigía Eugenio Ímaz Gispert como parte del equipo de trabajo (ahora desarticulado) de Miguel Ángel Osorio Chong, el anterior secretario de Gobernación.

El nombramiento de un personaje dispuesto a cumplir las órdenes superiores más disparatadas, incluso a riesgo de caer en los terrenos de lo inverosímil, no es una buena noticia para una entidad que debería ser clave para el buen funcionamiento del sistema presidencial mexicano, como es el Cisen. Esta agencia ha ido en constante declive, utilizada con sentido faccioso por los titulares de las administraciones federales de, cuando menos, los dos sexenios ocupados por panistas y lo que va del presente, el peñista.

Instalar a Bazbaz Sacal al frente de un instrumento de espionaje, más que de inteligencia, es un mensaje infortunado en el muy difícil tramo de efervescencia electoral, política y social que está en curso. Con dicho personaje al frente, el Cisen no será una entidad al servicio del Estado, ni siquiera del gobierno en su generalidad institucional, sino de una facción, la mexiquense, la peñista, que está haciendo cuanto le es posible, a niveles tan descarados como indicativos, por armar escenarios de guerra política en busca de una continuidad que consideran en fuerte peligro.

En ese atrincheramiento mexiquense, el nuevo secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha nombrado como subsecretario de gobierno a Manuel Cadena Morales, quien ha sido diputado y senador por el Estado de México, funcionario federal y, durante todo el sexenio de Arturo Montiel, ni más ni menos que el segundo de a bordo, como secretario de gobierno. Cadena Morales era oficial mayor con Navarrete Prida en la secretaría del trabajo y ahora es instalado en la subsecretaría de Bucareli de mayor peso político: el montielismo reivindicado.

La figura de los candidatos sin partido, llamados “independientes”, a cargos de elección popular, ha sido severamente lastimada por personajes de enorme carga partidista previa, con bien aceitados equipos de apoyo.

Los casos más notables son los del priista por más de treinta años, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, convertido ahora en el Brinco, pues pidió licencia al cargo de gobernador de Nuevo León, y el de Margarita Zavala, panista durante décadas, a quien ha apoyado en la recolección de firmas a su favor la mayoría de los empleados de la oficina de su esposo, Felipe Calderón, pagada ésta con dinero público como parte de los privilegios que de manera ilegal se han asignado quienes han ocupado la residencia de Los Pinos.

El Instituto Nacional Electoral revisa ahora la consistencia de esa recolección de firmas y ha comenzado a encontrar comportamientos tramposos, compra de esos apoyos y otras tretas que afectan la de por sí disminuida confianza, salvo casos aislados, en ese mecanismo de participación política.

Y, mientras Trump nos da tregua en lo del TLC, para después de las elecciones, pero adelanta que México pagará de manera indirecta por el famoso muro fronterizo, a través de la renegociación de ese tratado ¡Hasta el próximo lunes!

Lozano, el cambio más significativo

El más significativo de los cambios en el equipo peñista que fueron anunciados ayer fue el de Javier Lozano Alarcón, el panista de temporada que de un día al otro dejó su militancia blanquiazul para fichar en el equipo base de la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (en el que había militado durante largos años: subsecretario en dos distintas secretarías durante el zedillismo), con la misión expresa de combatir al virtual candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, el épico llevador de hijos al colegio.

El vertiginoso saltimbanquismo partidista de Lozano Alarcón no merecería atención especial, a no ser porque constituye una confesión explícita de ánimos rijosos y truqueros en el círculo operativo del (pre)candidato José Antonio Meade Kuribreña (ya con los vociferantes y maquinadores Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño parecería suficiente) y, además, porque confirma la proclividad de la franja calderonista a sumarse al abanderado tetracolor, el mencionado Meade que al verde, blanco y rojo agrega un desvaído azul de felipismo en desgracia.

El raudo cambio de camiseta de Lozano Alarcón (motivado por la pérdida de su esperanza de ser candidato del PAN a la gubernatura de Puebla, lo que le fue impedido por Rafael Moreno Valle, quien canjeó su finta de buscar la presidencia de la república por la candidatura al gobierno de Puebla de su esposa, Martha Erika Alonso) tiene un ingrediente irónico, pues el citado Javier fue vocero de la campaña del primer priista en perder su pase a Los Pinos, Francisco Labastida, y ahora será uno de los portavoces de Meade, que está en riesgo de no llegar a la máxima silla del poder político mexicano.

Respecto a los relevos en el gabinete de la administración federal, destaca la cuidadosa despedida oficial otorgada a Miguel Ángel Osorio Chong, el hidalguense que dejó la secretaría de Gobernación con una etiqueta de derrotado en la lucha por la postulación priista (asignada a Meade) y a quien la retórica de Enrique Peña Nieto y Alfonso Navarrete Prida (el nuevo titular en Bucareli) pretendieron trocar, en sendas ceremonias oficiales, en todo un campeón sin corona.

El hidalguense va por un escaño y un puñado de candidaturas para los suyos, entre ellos para Enrique Galindo Ochoa, el excomisario de la Policía Federal que también pretende llegar al Senado, a pesar de las cuentas pendientes por diversos episodios de abusos criminales de la corporación que dirigió (Nochixtlán, por dar un ejemplo, caso que lo tumbó del cargo, con osorista promesa incumplida de investigación y castigo).

El esmero utilizado para despedir de Gobernación a Osorio Chong (al estilo de los funerales de mafiosos) intenta mantener a favor de Meade la presunta ascendencia del hidalguense en segmentos priistas (en las encuestas de opinión siempre fue el mejor posicionado a nombre de su partido).

Además, en caso de naufragio de la opción Meade, Osorio Chong podría ser, desde el Senado, como coordinador de la bancada de tres colores en esa cámara, el personaje con más fuerza para sostener el estandarte priista desde la oposición (una reedición del rol jugado por Manlio Fabio Beltrones durante el calderonismo, si la aritmética electoral así lo permitiera).

Los nuevos secretarios de Estado no ofrecen ninguna perspectiva de modificación de las tendencias peñistas tan sabidas.

Alfonso Navarrete Prida es garantía de cumplimiento burocrático de las instrucciones de Los Pinos.

Recuperada Gobernación para el bando mexiquense, esa oficina tratará de cruzar, con modos priistas clásicos, las agitadas aguas electorales y postelectorales.

En la secretaría del trabajo, que ocupaba Navarrete Prida, fue nombrado Roberto Campa Cifrián, cuya especialidad en Gobernación ha sido la de jugar el papel del policía bueno, ahora comisionado para atender el ramo de los sindicatos y los patrones.

A la electoralmente estratégica secretaría de desarrollo social no llegó Vanessa Rubio, la subsecretaria de hacienda que ha sido parte del equipo central de Meade en diversas oficinas.

El cargo fue asignado a Eviel Pérez Magaña, un oaxaqueño que forma parte destacada del grupo del exgobernador Ulises Ruiz.

Como representante del ulisismo, Eviel forcejeó con el grupo de los Murat a la hora de nombrar candidato al gobierno de aquella entidad.

Hubo negociación: Eviel, senador con licencia, fue coordinador efímero de la campaña de Alejandro Murat Hinojosa y luego, en pago por haber dado vía libre a la imposición de este Murat, decidida desde Los Pinos, fue nombrado subsecretario de desarrollo social, con Meade como titular.

Ahora, ya como secretario, Pérez Magaña, priista a la vieja usanza, dará seguridad de que los fondos asistenciales sean utilizados para los fines electorales deseados por quien lo ha puesto en tal cargo, tal como lo habría hecho Luis Miranda, el compadre de Peña Nieto que, en medio de un gran desgaste, cedió la Sedesol para ir también en busca de la comodidad sexenal del Senado.

Morena asignó en Sonora la virtual candidatura al Senado a la periodista Lilly Téllez, conductora de programas en Televisión Azteca.

Además, en la Ciudad de México, postulará al actor y productor Sergio Mayer para una diputación federal por un distrito de Magdalena Contreras. Lilly es recordada por la polémica de lo que se mencionó como atentado en su contra, en el contexto de la acometida de esa televisora contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, con Samuel del Villar como procurador de justicia, por la ejecución del comediante Paco Stanley. Mayer ha sido uno de los partícipes del espectáculo “Sólo para mujeres” y está casado con la actriz Issabella Camil.

Y, mientras el priismo pinolero extiende un manto mediático sobre el fondo del conflicto con el gobierno de Chihuahua: las diligencias ministeriales que confirman el desvío de fondos públicos para anteriores campañas electorales priistas, y la protección federal complicitaria que se brinda al exgobernador César Duarte, ¡hasta mañana!

Venezuela como ardid contra AMLO

Una de las líneas centrales de la propaganda y la retórica priistas contra Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) consiste en relacionarlo con Venezuela y sus dirigentes socialistas, el difunto Hugo Chávez y el persistente Nicolás Maduro. Dicha asociación forzada es una variante del “López Obrador, un peligro para México” que la derecha y sus aliados enderezaron en 2006 contra el político tabasqueño.

El intento de “venezolizar” el tema de Morena, y de su máximo líder y virtual candidato presidencial por tercera ocasión, pretende sembrar el miedo de los votantes a escenarios políticos e ideológicos de los que López Obrador está muy distante, más cargado, en esas comparaciones, a la derecha que a la izquierda, deseoso de modulaciones pero no de revoluciones, cargado de acompañantes lejanos de los perfiles preferidos por los mandos de Caracas.

Pero los publicistas del PRI consideran que el manejo de esa línea propagandística podría bajar las tendencias de voto favorable a AMLO y, en esa tesitura, han aparecido pintas en calles venezolanas.

No se le está dando con facilidad a José Antonio Meade Kuribreña el tránsito de las sutiles prácticas diplomáticas, hacendarias y suministradoras de beneficios asistenciales, en las que se ha especializado, hacia la rudeza de la confrontación política. Ayer, en Querétaro, por ejemplo, se lanzó contra Javier Corral Jurado, el gobernador panista que ha denunciado represalias contra su administración chihuahuense por haber dado a conocer detalles de triangulaciones delictivas de dinero federal a campañas electorales priistas.
Como si no hubiera una veintena de recientes exgobernadores priistas involucrados en graves hechos de corrupción, uno de ellos César Duarte Jáquez, el antecesor de Corral en Chihuahua que, entre otros detalles se hizo de un banco utilizando fondos estatales para depositarlos en esa empresa, o como si no estuviera poblada la geografía mexicana de abusos criminales por parte de estructuras de gobierno, Meade pareció enterarse por primera vez de detalles negativos de un político mexicano: “vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura (…) vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas, inventa y confronta”.

¿Corral, un gobernador que tortura? Bueno, se defendió Meade diciendo que tal fue lo que leyó en los periódicos, por lo que “debe ser cierto”.

No suena sensato en voz de un candidato priista el denunciar como novedosas las presuntas características de un adversario que a la vez son distintivas de las élites del priismo y sus aliados. Ver la paja en la Chihuahua ajena, y no la viga en el historial priista y gubernamental que le es propio, es una exageración evidente de Meade, que al disparar discursivamente con tal desproporción contra Javier Corral pareciera dejar testimonio de que lo difundido en Chihuahua ha enardecido a las cúpulas del gobierno federal.

Javier Lozano Alarcón renunció ayer a Acción Nacional, como parte del proceso de extinción de expectativas satisfactorias del calderonismo en ese partido. Ya antes Margarita Zavala Gómez del Campo había dejado esta histórica organización de derecha, derrotada en su intento de ser candidata presidencial por la vía partidista.

Su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, habrá de abandonar también al PAN, en el momento que crea que pueda hacer más daño al segundo verdugo del calderonismo, Ricardo Anaya, pues el primero fue Gustavo Madero, quien llegó a la presidencia del partido de blanco y azul en diciembre de 2010, con Calderón instalado en Los Pinos y, desde entonces, ese calderonismo apenas ha podido ganar algunas posiciones de consolación, entre ellas el puñado de senadurías facciosas de las cuales una fue para Lozano Alarcón, quien había renunciado al PRI en 2005, para ocupar en el sexenio represivo y sangriento (2006-2012) la secretaría del trabajo y la previsión social, ejercida esta cartera con tozudez operativa y ánimo de constante pendencia política.

Otros de esos senadores calderonistas, como Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth, deberían seguir, por congruencia, el camino de Lozano Alarcón, confrontados como están con Ricardo Anaya.

Una ironía que denota la cada vez más evidente inviabilidad política de Margarita Zavala es que, al menos Lozano, pareciera claramente enfilado no hacia las filas de la aspirante a candidata independiente sino a las del abanderado del PRI, José Antonio Meade.

En realidad, la priista es la única opción práctica que le queda a ese calderonismo minoritario en la estructura decisoria del PAN y sin una base social verdadera. Con Meade, en una especie de apartado “ciudadano”, podrá acabar la corriente encabezada por Felipe Calderón, en busca de cargos en un eventual gabinete y candidaturas mediante alianzas con el priismo tan necesitado de recibir, así sea de forma indirecta (“solo con el voto” o “mediante Twitter”), a prosélitos tácticamente descarriados, como el cantado caso de Lozano Alarcón (quien fue subsecretario en SCT y Gobernación, durante el zedillismo, y vocero del PRI y de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa).

Astillas: A la hora de cerrar esta columna todo parecía listo para que hoy se consume la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la secretaría de Gobernación, para luego ser candidato priista a senador.

Ayer, dio una especie de despedida, con la instalación de una estatua de Benito Juárez en las oficinas de Bucareli como referencia para elogiar a los empleados y mandos de esa secretaría (y, en realidad, a su propia gestión como secretario)

… Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, padre del precandidato a sucederle, Miguel Ángel Yunes Márquez, y del presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, insiste en retar a AMLO a debatir sobre honestidad política… ¡Hasta mañana!

La batalla de Chihuahua

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El tablero político y electoral se mueve de manera inquietante.

El propio jefe formal de las instituciones gubernamentales, Enrique Peña Nieto, ha considerado necesaria su intervención explícita en la Batalla de Chihuahua, para así confrontar los dichos y acciones del gobernador panista Javier Corral Jurado, quien acusó al gobierno de la república de obstruir el flujo presupuestal federal hacia aquella entidad en represalia por el manejo del expediente de corrupción que involucra, a partir de declaraciones ministeriales, a Luis Videgaray Caso, al entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones y, a fin de cuentas, a Los Pinos como centro de mando.

Un enfrentamiento seco entre el eje priista formado por Peña Nieto, Videgaray y Meade y el integrado por Ricardo Anaya y Javier Corral, con acusaciones mutuas de utilizar el instrumental judicial para fines electorales.

Peña Nieto subiéndose al ring, aunque hubiera bastado con las declaraciones ya hechas sobre el tema por un subsecretario de hacienda, y aún a pesar de que el mismo exgobernador del Estado de México consideró, ante reporteros con los que platicó por motivo de Año Nuevo, que la conferencia de prensa antes ofrecida por el gobernador Corral había parecido más un acto político, de tintes electorales.

Corral, por su parte, presentando ante la prensa de la capital del país una denuncia, por el supuesto regateo o condicionamiento politiquero de asignaciones presupuestales federales, no en rigurosos términos de sobriedad republicana, con el gobernador por sí mismo, sino en un formato de apoyos políticos selectivos con aires cercanos al frentismo de Ricardo Anaya, quien libra una reyerta de circunstancias con Los Pinos, todo en el marco ya envenenado de la sucesión presidencial.

El priismo se dice agraviado e incluso asegura que ha sido torturado el exsecretario adjunto a la presidencia del PRI nacional, el coahuilense Alejandro Gutiérrez, que en aquellos momentos, ahora de tanto interés judicial, ejercía el sonorense Beltrones, quien a su vez ha optado por acogerse al recurso de la protección de la justicia federal para no ser detenido, en el contexto del proceso chihuahuense en curso, y para asomarse al expediente respectivo (aunque MFB asegura que esto último fue su objetivo principal).

Tiempos violentos han de ser, para que el altivo y memorioso Manlio Fabio deba solicitar un amparo judicial.

Tiempos violentos en una Chihuahua donde se multiplican los hechos de sangre, atribuidos a disputas relacionadas con el crimen organizado, factor éste también utilizable para maniobras políticas y electorales de diverso calado.

Más allá de las declaraciones, las vehemencias y los movimientos teatrales de los involucrados en este episodio, está el nudo ciego de la lucha seca por la Presidencia de la República.

El PRI ha sido exhibido por el panista Corral a partir de declaraciones que hablan de arreglos delictivos para transferir fondos federales, asignados en un primer paso a Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, a campañas locales priistas (y mantiene, el mismo corral, la mira puesta sobre el exgobernador César Duarte, hasta ahora protegido por el gobierno peñista).

El golpe alcanza a Beltrones y a Luis Videgaray, directamente, pero también, en cuanto engrane de la continuidad de esas complicidades, al propio (pre)candidato Meade.

El combo PRI-Gobierno, por su parte, considera que todo obedece a una pretensión del panista Javier Corral de favorecer a su actual aliado (antes fueron adversarios), Ricardo Anaya, en el camino rumbo a Los Pinos.

A ese contexto titilante, Miguel Ángel Osorio Chong agrega una sacudida menor: deja Bucareli, según aseguraban ayer diversas voces gubernamentales, para enfilarse a una candidatura priista al Senado, donde tal vez sería el coordinador de la bancada de tres colores.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, el hidalguense estará confirmando el triunfo total del grupo con el que sostuvo una larga contienda interna, el formado por Luis Videgaray (al inicio del sexenio en curso, Osorio y Videgaray eran una especie de vicepresidentes, confrontados de cara al futuro), Meade, Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza.

Osorio Chong ya no era funcional en el cargo que debe coordinar la política interior del país.

Videgaray se convirtió en el virtual vicepresidente único a partir de que tendió alfombra roja al entonces candidato Donald Trump para que utilizara Los Pinos como estación de paso, una especie de plataforma sometida, en su carrera hacia la Casa Blanca.

Mero fantasma fue a partir del destape de Meade, desprovisto de poder operativo y de imán promisorio.

El escaño, aceptado como salida lateral, le permitirá a Osorio Chong, en todo caso, contar con fuero sexenal, que siempre será útil para personajes densos como el hidalguense.

De confirmarse que el sucesor de Osorio Chong será Alfonso Navarrete Prida, el control mexiquense del aparato federal será más evidente.

El actual secretario del trabajo acentuará el trabajo burocrático del exgobernador de Hidalgo, ya sin las licencias de mala retórica que se concedió éste mientras pareció que podría ser candidato presidencial.

Navarrete Prida no ofrece nada distinto a lo visto hasta ahora: una secretaría de gobernación que sobrelleva la creciente conflictividad nacional con declaraciones demagógicas, himnos al estado de derecho y simulaciones operativas.

Peña Nieto ha dicho que podría haber otros cambios en su gabinete y mucho se habla del paso de Vanessa Rubio, de una subsecretaría de hacienda a la Sedesol, para que ella (absolutamente ligada en términos de trabajo a Meade), administre los fondos asistenciales conforme a los planes electorales del PRI.

Y, mientras Peña Nieto trata de sacar a los mexicanos del equívoco tan arraigado de que él no lee, como se dedujo de su famoso tropezón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando no atinó a nombrar tres textos que hubieran influido en su vida, ¡hasta mañana!

Peor que en 1994

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El signo distintivo del año electoral en curso es la violencia.

Hay una extendida sensación de fragilidad, a causa de la avanzada osteoporosis del aparato institucional, de los delitos de sangre dirigidos a la franja política y cívica, de la preeminencia de los poderes criminales y de la insuficiencia programática y operativa de las ofertas electorales disponibles.

Es peor que en 1994, cuando los desajustes en las cúpulas de los poderes (el político y el expresamente criminal, el del narcotráfico) fueron el telón de fondo de la ejecución de Luis Donaldo Colosio.

En aquel año funesto, la obtención de la candidatura presidencial priista equivalía a un triunfo casi en automático.

Lo que se disputaron en la élite del poder fue la postulación priista en sí, no el desenlace electoral favorable, que daban por sentado.

Hubo entonces un adelanto ahora recuperado y potenciado: el voto del miedo.

 Luego de ver el derramamiento de sangre y los reacomodos cupulares, muchos mexicanos se refugiaron en el voto de supervivencia, en el sufragio que buscaba que las cosas no se desbordaran, en que el “sistema” impidiera un posible caos.

Enrique Peña Nieto no cuenta con la perversa habilidad efectiva que tuvo Carlos Salinas de Gortari en 1994, y José Antonio Meade Kuribreña nunca ha tenido garantizada, en automático, la victoria electoral: todo lo contrario, el pentasecretario de Estado cumple fatigosamente con una agenda electoral desvaída, que no convence ni estimula, asido de forma significativa a las mejores perspectivas propagandísticas de su esposa, la pintora Juana Cuevas, a quien la estrategia digital transferida de Los Pinos a la campaña priista, con Alejandra Lagunes como enlace ejecutivo, ha pretendido convertir en estrella civil compensatoria.

A diferencia de 1994, los poderes truculentos están partiendo desde abajo, con un “Pepe Mid” que no levanta, un Ricardo Anaya en busca de que el sistema lo asuma como la opción B (que ya no pudo ser la desvaída Margarita Zavala, con todo y que consiga nebulosamente su candidatura independiente de segunda división) y, sobre todo, frente a un Andrés Manuel López Obrador contradictorio y autolesivo en temas ideológicos y en reciclamientos de chatarra de otros partidos pero, a pesar de todo (y eso da una medida de su “peligrosa” pujanza real, a menos de seis meses de la hora de las urnas), fuerte, enraizado y vigente en amplios segmentos de la población a los que no importa la absurdidad de ciertas declaraciones, de varias precandidaturas y de postulaciones a su eventual gabinete sino la esencia antisistema que mantiene en lo alto el polémico personaje tabasqueño.

Los Pinos no pelea hoy con la esperanza de que determinados ajustes internos, por sangrientos que fueran, le reinstalen en una ruta “victoriosa” (como en 1994).

De nada serviría cambiar a Meade por Aurelio Nuño, pues la figura del exsecretario de Educación podría resultar incluso más anémica y generaría una polarización que, al menos hasta ahora, Meade ha evitado.

No hay, en el horizonte priista, ningún personaje que pueda evitar una catástrofe electoral por vías más o menos naturales y pacíficas.

Las marcas PRI y Peña afectan de manera insalvable a cualquiera que lleve los tres colores tradicionales en la boleta.

El fondo del problema está en Los Pinos. Y también las formas de presunto salvamento desesperado.

Esta vez, los poderes confabulados solo pueden aspirar a mantenerse en la Presidencia de la República mediante un fraude electoral. Pero es previsible que ese fraude deba ser más aplastante que nunca, con el EdoMex-2017 como desbocado antecedente y con un descarado uso de recursos militares (la Ley de Seguridad Interior), presupuestales (los secretarios de estado y directores como jefes de cuadrantes electorales y Vanessa Rubio como probable sustituta de Luis Miranda en la Sedesol electorera), criminales (los cárteles y la delincuencia común como drásticos inhibidores de oposiciones y amables financistas de campañas), mediáticos (el mayor doblegamiento de los medios, con los convenios de publicidad como uno de los instrumentos disponibles), judiciales (el tribunal electoral federal y el instituto electoral plenamente dispuestos a la convalidación de lo fraudulento, incluso la previa aceptación del uso de tarjetas para el reparto de promesas o regalos) e internacionales (la grotesca administración Trump como aliada contra el lopezobradorismo, incluso con un asesor de la Casa Blanca advirtiendo ya de la “injerencia” del factor ruso para “polarizar” la elección mexicana).

De este coctel electoral ominoso están resaltando en estos días sus ingredientes de violencia física: ataques mortales a miembros de la clase política, hasta ahora en niveles de relevancia regional (que a la vez conllevan avisos para otros niveles) e impunidad creciente (que hace ver a los ciudadanos que cualquiera puede ser alcanzado por esa violencia: ejecuciones, masacres, asaltos en vía pública y, con el inicio de año, a tiendas departamentales).

Si este tren continúa avanzando como hoy es visto, la estación electoral del primer domingo de julio ha de verse como un espejismo.

Meade debería desmarcarse con claridad de la transexenal pretensión caciquil de Los Pinos y plantear como propuesta algo que no sea la continuidad del esquema priista socialmente repudiado (hasta en los dislates hay mimetismo).

 Anaya podrá seguir simulando una opción de cambio, pero la suma de sus factores partidistas negativos apenas le alcanzan para la maquinación propagandística.

Y López Obrador tiene ante sí la evidente disposición institucional para el fraude, ante lo cual debería pasar del trasiego electoral a la organización de la resistencia ante el cantado intento de golpe “democrático”.

Y, mientras el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ha declinado su sabidamente falsa pretensión de ser candidato presidencial panista, con la expectativa de que su esposa sea negociadamente postulada al mismo gobierno poblano, ¡hasta mañana, deseando a los lectores un año de trabajo, esperanza, lucha y bienestar!

Peña y LSI: golpe dado

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Enrique Peña Nieto desoyó las múltiples y variadas impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior ( LSI ) y ayer, a las 17 horas con 33 minutos, el Diario Oficial de la Federación publicó el texto de dicho ordenamiento siniestro, con lo cual entra en vigor, aunque el ocupante de Los Pinos ha buscado coartadas y encubrimientos, al anunciar que estará a lo que en su caso determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es presentada una objeción y, además, que no emitirá ninguna declaratoria de protección de seguridad interior mientras no sea fijada la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la mencionada ley.

El golpe está dado, sin atenuantes. Peña Nieto se negó a ejercer la facultad que le asigna el artículo 72 de la Constitución, que le permite hacer “observaciones” para desechar, parcial o totalmente, determinado texto que le hubiera enviado el congreso federal para su publicación en el citado Diario Oficial (https://goo.gl/gaMho3 ).

Si el mexiquense hubiera hecho cualquier observación al decreto enviado por las cámaras de diputados y senadores, se habría detenido la entrada en vigor y se pudo haber propiciado una etapa de análisis y discusión a fondo del delicado tema, antes de que regresara al citado poder legislativo para una nueva ronda de votaciones en la que habrían sido necesarias las dos terceras partes de los votos emitidos para que continuara la Ley de Seguridad Interior, tal cual.

El pase directo a las páginas oscuras de la historia nacional quiso ser atemperado por Los Pinos mediante auténticas leguleyadas. Una de ellas intenta disfrazar de generosidad la publicación de la citada ley: se ha promulgado no porque se esté militantemente de acuerdo con ella, sino para dar oportunidad a que la Corte determine si es constitucional o no, algo parecido a quien comete un homicidio para dar paso a que los jueces decidan si merece castigo o no.

En otro punto, Peña Nieto pretende utilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tapadera o cómplice de la emisión de la Ley de Seguridad Nacional, pues le ha tratado de dar una dimensión especial y acomodaticia a una obligación judicial permanente: “Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley, soy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.

En realidad, la SCJN está obligada permanentemente a atender las impugnaciones que lleguen a presentar sujetos con interés jurídico sobre este y cualquier asunto de índole parecida, sin necesidad de “bienvenidas” del ocupante del poder ejecutivo y sin que se acentúe, con intenciones que aplaudiría Poncio Pilatos, el papel de “árbitro legitimado constitucionalmente”.

La decisión ha sido de Enrique Peña Nieto y esa es su responsabilidad histórica.

La Corte, en esa como en otras impugnaciones similares que le sean presentadas, tendrá su propia responsabilidad, que la confirmará como un órgano supeditado a las decisiones presidenciales, incluso si es que llegara a hacer solo “correcciones” cosméticas, o la mostrará como una instancia con valor propio, a la altura del reto.

Tampoco hay vocación genuina de respeto a las voces opositoras a dicha ley en el falso guiño discrecional que, según eso, llevaría a Peña Nieto a abstenerse de utilizar los términos de la ley que ya ha publicado, mientras la Corte no realice el “análisis” del caso (“análisis” que podría ser superficial y presuroso, sin necesidad de entrar al fondo de impugnaciones en forma que lleguen a presentar instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos).

Dijo Peña Nieto que no emitirá ninguna declaratoria de seguridad interior en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Tal declaratoria es el paso previo para el despliegue de las fuerzas armadas en alguna región del país, así que, aparentemente, Peña Nieto se abstendrá provisionalmente de incrementar la militarización.

Pero tal coartada desfallece, conforme al Capítulo Tercero de la nueva Ley, denominado “De la intervención de las autoridades federales”, en el artículo 26, se establece que “ Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos”.

Y, en seguida, en el segundo párrafo de ese artículo 26, se advierte que “Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran” (https://goo.gl/WJKxR3 ).

Es decir, Peña Nieto ha ofrecido que no emitirá declaratorias de protección a la seguridad interior que no requieren de ser emitidas: no hará formalmente lo que podrá hacer expresa o discrecionalmente.

Y, mientras avanza el Haciendagate, ya con solicitudes partidistas de que se investiguen judicialmente las evidencias del desvío de fondos federales hacia campañas estatales priistas de 2016, y con José Antonio Meade acusando recibo del dardo, al asegurar que en su campaña no habrá “ni un peso ilícito”, ¡hasta el próximo año, pues esta columna dará descanso a sus lectores durante dos semanas, para reanudar su publicación el ocho de enero, deseando a todos una feliz temporada, ánimo y fuerza para el 2018!

¿Hasta dónde, Javier Corral?

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Javier Corral Jurado dio a conocer ayer, a través de un tuit, que había sido informado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, mediante un “operativo conjunto” de las policías federal y estatal.

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No había en ese tuit, ni en la información oficial disponible a la hora de cerrar esta columna, una relación explícita con el caso de las transferencias delictivas de fondos públicos para campañas estatales priistas en 2016, pero todos los medios de comunicación y los comentarios en internet ligaban la detención del exdirigente nacional priista con lo publicado el martes por el diario Reforma:

Una trama de financiamiento ilegal para el PRI, desde las oficinas de finanzas de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, con el aval federal del entonces secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso, y de quien presidía en ese tiempo al partido de tres colores, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Gutiérrez Gutiérrez es un político priista que ha sido diputado local, presidente de la Gran Comisión del congreso estatal y presidente estatal del PRI en Coahuila. En el plano federal, diputado y senador.

Y coordinador de asesores de Manlio Fabio Beltrones en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Ese beltronismo tatuado le llevó a una secretaría adjunta a la presidencia del comité nacional priista cuando el exgobernador de Sonora aceptó ese máximo cargo partidista.

Entre las funciones que se le asignaron a Gutiérrez el 12 de octubre de 2015 estuvo, en primer lugar de la lista, la de “coordinar los asuntos entre la Presidencia y la Secretaría de Administración y Finanzas”.

Este personaje subordinado, Gutiérrez Gutiérrez, habría sido el “estratega” de las maniobras que, según la declaración ministerial 1701/2017, realizada ante la fiscalía general de Chihuahua, habrían simulado compras y otros procesos para hacerse de dinero que sería enviado a campañas priistas en estados donde no había gobernador tricolor

(por cierto, irónicamente, los tres financistas para lo externo perdieron sus elecciones locales ante panistas: Duarte Jáquez frente a Corral; Javier Duarte ante Miguel Ángel Yunes y Egidio Torre frente a Francisco Javier García Cabeza de Vaca).

Tales maniobras habrían sido reveladas por un “testigo con identidad reservada” que, según la nota periodística firmada por Abel Barajas, sería Jaime Herrera Corral, quien fue secretario de hacienda del gobierno del priista César Duarte Jaques, ampliamente involucrado en actos de corrupción y pieza de cacería muy buscada por el panista Corral Jurado, cuya desacertada administración recibiría oxígeno político si lograra llevar a la cárcel al otro Duarte, el citado César.

El propio Corral ha negado que su gobierno haya filtrado documentos y datos de esa indagación, e incluso la secretaría federal de hacienda y el candidato presidencial priista, José Antonio Meade, pretendieron traducir como una especie de exoneración ciertas frases del panista, respecto a que, al momento de hacer esas declaraciones, no estaba confirmado nada de lo antes publicado.

Corral llegó incluso a pedirle a Peña Nieto que no se dejara chantajear por César Duarte Jáquez (asumiendo que la filtración podría provenir de éste) y demandó que Los Pinos se decida ya a solicitar la aprehensión, con fines de extradición, de dicho exgobernador que ha sido ubicado en Estados Unidos.

El golpe afecta en secuencia inmediata a Beltrones, quien ha observado una conducta disciplinada respecto a la postulación de Meade.

Pero, y ésta es la vertiente más interesante y explosiva, también alcanza a Luis Videgaray Caso, el virtual vicepresidente durante el sexenio en curso y principal promotor de la candidatura grupal de Meade.

Videgaray, según lo publicado, habría “avalado” las mencionadas operaciones de “fortalecimiento financiero”.

Es dado preguntarse si trácalas parecidas se están realizando ahora para financiar con dinero público dichas campañas, incluyendo la presidencial.

Y, además, es dado preguntarse el papel que ha jugado la tecnocracia en las administraciones priistas y panistas (con Videgaray y Meade como personajes notables) para urdir ese tipo de trasiegos.

¿Llegarán hasta allá los dardos judiciales chihuahuenses o todo quedará en una maniobra de presión para que Los Pinos acelere la detención y solicitud de extradición del otro Duarte? ¿Las diligencias judiciales norteñas afectarán a Videgaray y, de refilón, a Meade, lo cual significaría un beneficio electoral para Ricardo Anaya, con quien el gobernador Corral tiene alianza política?

En Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ha pasado de ser apodado “El Bronco” a “El brinco”. Con dos años y dos meses y medio en el cargo de gobernador, al que llegó simulando ser “independiente” (tras una carrera de treinta años de priismo tradicional), el político nacido un 28 de diciembre ha decidido solicitar licencia, a partir del primer día de enero próximo, asumiendo que será candidato presidencial independiente aunque no ha sido validado por el Instituto Nacional Electoral y hay indicios de obtención de firmas de manera irregular. “El Brinco” servirá para degradar (más) la contienda electoral, confrontar a Andrés Manuel López Obrador y, probablemente, declinar por la opción priista.

Frase de colección de Miguel Ángel Mancera, para explicar que se quería ir por la Presidencia pero acabó conformándose con seguir en el gobierno capitalino: “Los mexicanos luego son muy enamoradizos, o las mexicanas, fíjate, te lo voy a poner mejor con las mexicanas.

Entonces qué pasa si de repente te dicen ‘oye mira ese cuate güero de ojo azul, alto’; ahí lo ves, el Maluma y todos estos, y entonces te dicen: ‘oye ¿te quieres ir para acá?’.

Y tú imagínate en mi caso que te ponen ahí a una mujer muy guapa, ¿no?” Pero Mancera dice que resistió la “tentación”, porque “si eres mujer te acuerdas y dices ‘oye no, pero mi viejo, no es güero… pero cómo trabaja, bien chambeador, y pues no canta como el Maluma pero también es cariñoso, cómo no. Cumplidor’”.

¡Hasta mañana!

Edades y salud de los (pre)candidatos

En Campeche, entidad a la que su gobernador, Alejandro Moreno (él mismo se hace llamar Alito), ha ido convirtiendo en reservorio del priismo matraquero, tuvo a bien el (pre) candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, proponer que sus homólogos se sometan a exámenes físicos y mentales.

La sugerencia fue rápidamente aceptada por el panista Ricardo Anaya, quien aseguró que él pasaría todas las pruebas que le pusieran.

Se hubieran puesto de acuerdo o no, Meade y Anaya coincidieron en una moción que pretende contrastar su ventaja de calendario (Meade cumplirá 49 años el 27 de febrero del año en puerta; Anaya, 39 el 25 de febrero del mismo 2018: una década de diferencia entre ellos) con la edad del jefe máximo de Morena (64 años, cumplidos el pasado 13 de noviembre).

El destinatario de los dardos exploradores, Andrés Manuel López Obrador, consideró “banal” la propuesta hecha por Meade y secundada por Anaya, pero explicó que es hipertenso y toma “un coctel de pastillas diarias, para que no me aumente la presión y que yo no me enoje; que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder”

(https://goo.gl/N8BDbk)

Desde luego, las palabras campechanas de Meade requieren de una explicación de su propio caso, pues sufre de leucodermia, una enfermedad conocida como vitiligo, que hace aparecer manchas blanquecinas en la piel.

Tal padecimiento no es de gravedad, aunque sí de evidente conflicto estético.

No hay una opinión médica en firme respecto a lo que origina esa destrucción de las células que dan pigmentación a la piel, pero se suele hablar de causas relacionadas con lo genético, las bacterias, los trastornos inmunológicos e incluso lo psicosomático (lo que “afecta a la psique o que implica o da lugar a una acción de la psique sobre el cuerpo o al contrario”: RAE).

Sin embargo, el partido en el poder, y sus aliados frentistas tácticamente distanciados, buscarán impulsar la tesis de que la salud (física y mental) es un peligro para López Obrador.

Según esas interpretaciones, los recientes giros polémicos del tabasqueño provendrían de estados de ánimo inestables. Además, en los sótanos propagandísticos se especula acerca de las circunstancias y consecuencias (o la carencia de estas) del infarto sufrido por AMLO en diciembre de 2013, justo en el momento crítico de la aprobación de la reforma energética.

El mismo día en que un informe mundial de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) colocaba a México como el segundo país más peligroso para el ejercicio periodístico, apenas abajo de Siria (país en guerra explícita), en Veracruz se dio el salto trágico hacia el podio de un primer lugar en empate: doce muertes.

En Acayucan, municipio de la región olmeca de esa entidad, Gumaro Pérez Aguilando, reportero de la fuente policiaca del portal de noticias La voz del sur, y empleado del gobierno municipal en el área de comunicación social, fue ejecutado mediante disparos de bala en el interior de la escuela primaria en la que padres de familia y alumnos celebraban una reunión de temporada, entre ellos, el propio hijo del asesinado.

En su Balance 2017, Reporteros sin Fronteras consignó que en el año por terminar hubo 65 periodistas muertos y 326 encarcelados.

A nivel mundial, 2017 no ha sido el año más mortífero para los periodistas, pero sí se han duplicado los asesinatos de mujeres periodistas, con diez casos, entre estos el de la mexicana Miroslava Breach, en Chihuahua (el cual sigue sin esclarecer el gobierno del panista Javier Corral Jurado: ni verdad ni justicia).

Además, RSF menciona que “Otra tendencia notable del año 2017 es que ciertos países en paz (negritas en el original) han sido casi tan peligrosos para los periodistas como algunos que se encuentran en guerra: el 46% de los asesinatos de reporteros se han perpetrado en países donde no existen conflictos armados declarados, mientras que en 2016 fue del 30%. En México se ha registrado casi el mismo número de periodistas asesinados (11) que en Siria, el país más mortífero para los reporteros (con 12 asesinados)”.

Sin embargo, ayer mismo, el trágico primer lugar mundial consignado en el citado Balance (https://goo.gl/3WujFZ ) fue alcanzado por la realidad mexicana, en un año en el que también fue ejecutado Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa (el cual sigue sin esclarecer el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel: ni verdad ni justicia).

Astillas: El delfín de Ricardo Monreal será candidato a la sucesión en la actual delegación Cuauhtémoc. Hijo del gobernador perredista de Tabasco, Arturo Núñez, pero con carrera política propia, Néstor Núñez irá por Morena.

Néstor ha estado en las buenas y en las malas junto al zacatecano que, a su vez, espera ser postulado en el primer lugar de la lista del partido lopezobradorista al Senado, donde esperaría ser el coordinador de la bancada. Así fueron los acuerdos…

La procuraduría de justicia de la Ciudad de México explora la posibilidad de colocar agentes encubiertos en unidades del Metrobús, para tratar de frenar la cada vez más desbordada acción de los delincuentes. Malo sería que, en ciertas circunstancias, los usuarios no lleguen a saber quién es quién…

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) también está metida en los enjuagues denominados La Estafa Maestra, pues los directivos de aquella institución se prestaron a maniobras para firmar convenios que simulaban la prestación de servicios propios a la Sagarpa.

En aquella entidad hay una fuerte lucha por la autonomía universitaria…

 Y, mientras el vicepresidente ejecutivo, Luis Videgaray, explica las circunstancias relacionadas con la presunta declaración ministerial del exsecretario de hacienda de Chihuahua, quien habría dicho que en 2016 hubo maquinaciones (avaladas por Videgaray, en la SHCP) para derivar 250 millones de pesos hacia campañas estatales priistas (Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas) en supuestos arreglos con Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI, (quien hizo saber que niega tales acusaciones, las que considera inverosímiles), ¡hasta mañana!

Murat: ofrenda prosódica a Peña

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ofreció ayer a Enrique Peña Nieto una singular oportunidad de reconfortamiento prosódico y conceptual, casi una ofrenda (aunque, ha de reconocerse que, tanto en su campaña electoral, como ya en el gobierno local, Murat ha estado ensayando con aplicación en ese terreno de la vocalización fallida).

Así que, utilizando el participio “abrido”, se emparejó con camaradería gramatical a la pifia del “volvido” que días atrás había dicho el ocupante de Los Pinos, durante una conferencia “magistral” en París.

Pero no fue ese el único momento de desatino verbal, pues el mencionado Murat Hinojosa sometió varias palabras más a distorsiones en su pronunciamiento, lo cual pocas veces solía escucharse en actos públicos de primer nivel.

(https://goo.gl/bszptx)

Así va la degradación, hasta en la emisión sonora, de los políticos mexicanos de estos tiempos tan trágicos: del “ler” de Aurelio Nuño al “volvido” de n y, ayer, el “abrido” de Murat (más otros “prenunciamientos” parecidos), y su insistencia en ofrecer a EPN una “solidaridad solidaria” (¿habrá solidaridades que no sean solidarias?).

Sin embargo, los yerros de estos políticos han servido para quitar reflectores a temas profundos y polémicos, muy al estilo de Vicente Fox, quien parece y parecía cometer torpezas declarativas por limitaciones personales pero también para distraer la atención de lo esencial.

Ayer, en Oaxaca, Peña Nieto dio un paso más en el proceso de máxima privatización de tierras y recursos naturales a cuenta de las llamadas Zonas Económicas Especiales, que abren el camino a la inversión privada multimillonaria mediante mecanismos absolutamente ventajosos para tales empresarios.

Con la bandera de atemperar la desigualdad entre los dos Méxicos más evidentes, el del norte y el del sur, y de crear empleos y “desarrollo”, la tecnocracia rapaz ha diseñado el programa de las Zonas Económicas Especiales, que irán generando mayores protestas populares en la medida en que vaya quedando más clara su naturaleza depredadora.

Por cierto, en esta visita a Oaxaca, Peña Nieto reconoció que no ha cumplido el 40 por ciento de sus promesas de campaña, firmadas ante notario público, pero dijo confiar en que en 2018 habrá cumplido con el 97 por ciento de ellas.

Mientras tanto, al anotarse como precandidato presidencial ante el Partido Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador fue más allá de las palabras protocolares en que pudo haber quedado y proclamó su identidad con esa organización a la que incluso buscó quitarle la muy bien ganada etiqueta de ultraderechista: “no hay diferencias de fondo en lo político, en lo ideológico, entre lo que represento y lo que inspira a Encuentro Social”.

Con preguntas y respuestas de sí mismo, planteó que en los últimos 30 años ha habido funcionarios y partidos que han actuado con criterios de ultraderecha (como si ello eximiera al PES de su textura también ultraderechista, e incluso como si ese partido y sus dirigentes no hubieran colaborado con esos funcionarios y partidos).

En la reunión con el PES, en la que estuvo presente el precandidato a gobernar Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, López Obrador dijo que buscará un diálogo “ecuménico” entre las diversas religiones e inclusive los no creyentes.

El presidente del PES, Eric Flores, dijo que su agrupación es cien por ciento juarista, aseguró estar de acuerdo con un estado laico (pero no ateo) y demandó que no haya un estado jacobino sino uno en el que “reconozcamos que hay un Dios y que lo podamos hacer públicamente”.

El modelo de defraudación electoral exitosamente practicado en el Estado de México este año ya tiene quien lo coordine, con plena experiencia, en el equipo de José Antonio Meade: luego de dos meses exactos de incómoda estancia como delegado, en funciones de presidente, del comité del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, el exgobernador Eruviel Ávila dejó el cargo chilango y de inmediato fue designado vicecoordinador de la campaña del mencionado Meade.

Para relevar a Eruviel Ávila fue nombrado el exgobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz (Pachuca, Hidalgo, 1956), quien fue secretario general de gobierno con Miguel Ángel Osorio Chong y ya colaboraba en tareas de campaña con Mikel Arriola, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que así queda con el pleno control de la estructura priista de su ámbito. Olvera es un político tradicional, con un abanico de denuncias en su contra, que no han pasado el tamiz judicial. Los perfiles presuntamente modernos de Meade y su amigo Arriola tendrán ahora, en planos operativos, a expertos en las artes tradicionales del priismo en materia electoral.

Astillas: Con justa razón, partidos opositores al PRI impugnan el nombramiento de Lizandro Núñez como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Núñez es señalado por su cercanía con el PRI, con José Antonio Meade y con Alfredo del Mazo. Esa Unidad es clave, como lo demostró el reciente caso del coahuilense Miguel Ángel Riquelme, salvado, mediante malabarismos contables, de perder la gubernatura…

Cada vez es más alto y sonoro el asombro internacional ante la socarrona aprobación en México de una ley marcial para presunta seguridad interior, cuyos graves riesgos son evidentes…

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también se ha sumado a las voces que solicitan a Peña Nieto que haga “observaciones” y deseche en todo o en parte dicha ley, para que regrese a las cámaras y pueda darse un proceso de análisis y debate verdaderos… Donald Trump, en tanto, ha incluido la construcción del muro con México entre los puntos importantes de su plan de seguridad nacional…

¡Hasta mañana, con el aviso de que esta columna dará descanso a sus lectores, del 25 de diciembre de este año al 8 de enero del entrante!

Gordillo, Ivonne y Velasco

Ave de tempestades, Elba Esther Gordillo ha causado revuelo político en cuanto se ha sabido que la administración peñista, a través de la muy controlada Procuraduría General de la República (PGR), se abstuvo de impugnar la orden judicial de que la profesora curse en su domicilio particular el resto del proceso instaurado en su contra (es importante precisar: no es cierto que “triunfó” el estado de derecho y que la ida de la profesora a casa se debe a la habilidad de su abogado; la PGR se desistió de seguir haciendo lo que había hecho durante dos años, impedir con tretas legaloides el otorgamiento del beneficio de la estancia domiciliaria: fue por una decisión política de la PGR, es decir, de Enrique Peña Nieto).

Dos hechos han alentado la insistente versión de que se está en presencia de un arreglo político entre el PRI-Los Pinos y la exdirigente sindical que, a pesar de los años de prisión, mantiene una fuerza política latente: el primer dato fue la firma de una coalición electoral del Partido Nueva Alianza (Panal) con el Revolucionario Institucional.

Cierto es que, a la caída en prisión de Gordillo, fueron desplazados del Panal los operadores de la profesora (sobre todo su hija, la senadora Mónica Arriola, ya fallecida), y el dirigente hasta entonces de papel, Luis Castro, pasó a asumir con precariedad una especie de “autonomía”.

Pero, a fin de cuentas, el citado Panal es un instrumento de acción electoral magisterial que, puesto de nuevo al servicio del PRI, y, en dado caso, con el empuje y reorganización de Gordillo desde su departamento de Polanco, podría darle algo de vigor y estructura (sobre todo, para trapacerías electorales) a la desangelada campaña de José Antonio Meade, quien no ha podido levantar el vuelo electoral con la prestancia y contundencia que sus impulsores esperaban.

Meade no ha logrado posicionarse como el buen “ciudadano” apartidista (segundo de los hechos mencionados líneas atrás, en el contexto gordillista).

 Por el contrario, sea por decisión propia o porque así lo ha obligado Los Pinos, se ha esmerado en mostrar una faceta de priismo aspiracional, tratando de mimetizarse con el más clásico dinosaurismo (“¡Háganme suyo!”, dijo a la élite cetemista), y haciendo reverencias a Enrique Peña Nieto, cuyas pésimas calificaciones en encuestas de opinión suelen contaminar a los candidatos del partido de tres colores.

De ser cierta la especie que adjudica a un pacto político Gordillo-Peña-Meade el súbito giro benévolo de la PGR, serían ya tres los pagos políticos de escándalo que el PRI-Los Pinos estaría haciendo en aras de fortalecer a Meade.

Además de la sugerente amabilidad pinolera de desistirse de impugnaciones contra Gordillo, se cedió la candidatura priista de Yucatán al grupo de la exgobernadora Ivonne Ortega, quien trocó sus presuntos aires “rebeldes” (asumidos en el proceso interno priista de postulación presidencial), por un silencio ante el dedazo a favor de Meade y, luego, una abierta adhesión al pentasecretario.

El virtual candidato, Mauricio Sahuí Rivero, hizo su carrera política a la vera de la exgobernadora Ortega y del actual mandatario, Rolando Zapata Bello (en la administración de este, era secretario de desarrollo social).

Dejó en el camino a Jorge Carlos Ramírez Marín, actual presidente de la mesa directiva de la cámara federal de diputados, y al diputado federal Pablo Gamboa Miner, hijo del jefe político del Senado, Emilio Gamboa Patrón.

El tercer pago ha sido no solamente político: el inicio de la (pre)campaña de Meade se hizo en San Juan Chamula, con el gobernador Verde-PRI, Manuel Velasco, como principal organizador.

De entrada, no parecía el mejor punto de arranque para el tecnócrata: la violencia relacionada con la política y el reparto de recursos públicos había provocado, a finales de julio de 2016, el asesinato, en plena plaza pública, del presidente municipal, Domingo López González, de un regidor, un síndico y otras dos personas.

En esta ocasión, los pobladores de San Juan Chamula dieron marco escenográfico a Meade (unos cuatro mil asistentes), pero al siguiente día realizaron protestas violentas porque no les cumplieron las promesas de entregarles recursos públicos de apoyo, lo cual había sido uno de los móviles de su asistencia al acto Verde-priista.

Ha quedado en la cancha de Los Pinos la decisión de cerrar el círculo de aprobación y aplicación de la Ley de Seguridad Interior, si Enrique Peña Nieto cree que no son necesarias ningunas observaciones a lo votado favorablemente por la mayoría de priistas y sus aliados en las cámaras de diputados y senadores.

Por el contrario, si Peña Nieto estimara que no hubo el diálogo y el análisis suficiente del tema, en el proceso legislativo, o decidiera atender las insistentes advertencias de organismos nacionales e internacionales (incluyendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez), y una parte de la sociedad mexicana, respecto a los riesgos que entraña la mencionada LSI, podría “desechar” en parte o en todo esa ley, conforme a las facultades que le asigna el artículo 72 de la Constitución

(https://goo.gl/QE4Bgi ).

Si Peña desechara en todo o en parte la LSI, podría frenar la entrada en vigor de un ordenamiento muy preocupante y desde ahora rechazado por una parte importante de la sociedad.

El artículo 72 establece que, en esa hipótesis, las cámaras deberán analizar las observaciones hechas por la Presidencia de la República y, si dos terceras partes de los votos emitidos sostienen la iniciativa en los términos originalmente autorizados por esas cámaras, deberá ser publicada, sin más, por el presidente (por ello es que la facultad no es de veto, aunque este término se usa popularmente).

Peña Nieto, en esta hipótesis que parece de difícil realización, podría   impulsar, junto a la reformulación legislativa, el cumplimiento de las ofertas de discusión pública y de análisis serio y fundado, con participación de especialistas y representantes de organismos de la sociedad.

¡Hasta mañana!

AMLO y su pregabinete

El primer día de (pre) campañas presidenciales tuvo varios escenarios preocupantes y, uno, de abierta alarma (el de la Ley de Seguridad Nacional). amlo

Aún antes de que terminara el miércoles, ya estaban algunos aspirantes en las pantallas de televisión abierta, anunciando lo que harían a partir del primer minuto del jueves del arrancadero: José Antonio Meade se fue a San Juan Chamula, Chiapas, a gozar de la hospitalidad presupuestal del gobernador Verde-priista, Manuel Velasco (quien, al mismo tiempo, mantiene prendidas extrañas veladoras en el altar de la Morena) y Ricardo Anaya volvió a su solar natal, Querétaro, para invocar lugares de enamoramiento y, al igual que el priista, tejer apariencias de apoyo a comunidades indígenas.

El (todavía) puntero, Andrés Manuel López Obrador, se quedó en la Ciudad de México para presentar su propuesta de gabinete presidencial, si es que gana (o, si logra hacer que le reconozcan el triunfo). A juicio del presente tecleador, dicho mazo de cartas puede clasificarse en los siguientes grupos: guiños, históricos, lucha y enigmas.
En la primera sección se lanzan mensajes a grupos de poder y se busca apaciguar inquietudes del gran capital y de la clase política tradicional: la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, iría a Gobernación; proviene de la élite judicial (de sueldos exagerados) que ha conservado a salvo los intereses dominantes, y ella misma, apenas dejó la Corte, en noviembre de 2015, ya estaba en abril de 2016 como consejera independiente del consejo de administración de Banorte, el banco de los Carlos Hank; con ella en Bucareli se pretende garantizar que las decisiones políticas de López Obrador, la gobernabilidad (relaciones con partidos, congreso, grandes capitales y representantes de la iniciativa privada), se ajustarían escrupulosamente a la legalidad vigente, sin audacias ni desbordamientos “populares” o “populistas”./

A ese grupo de los guiños pertenece el propuesto para Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enlace con el Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, donde ha presidido la Fundación Azteca; el enfilado hacia economía es Víctor Villalobos, a quien Luis Hernández Navarro definió como “el operador político de los agronegocios y defensor de los transgénicos”, preguntando “¿Qué dicen ahora los que aseguraban que la presencia de Alfonso Romo era inocua?”.
En ese mismo casillero de los intereses está Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, hija de Patrocinio González-Blanco, quien fue gobernador de Chiapas y secretario de gobernación durante un tramo del salinismo anterior y posterior al estallido neozapatista. A nadie se le pueden transferir las culpas o méritos de sus familiares, pero no hay ningún antecedente de lucha ambientalista de González-Blanco Ortiz-Mena para aspirar a una secretaría federal de ecología: dirige el Ecopark Aluxes, en Palenque, bajo la presidencia de su padre y participa públicamente en sus proyectos, en los que él ha hecho declaraciones políticas favorables al gobernador chiapaneco Velasco.
Hay una sección de los históricos, que han acompañado a López Obrador en diversos momentos y los ha propuesto para encargos similares: Héctor Vasconcelos para Relaciones Exteriores, Javier Jiménez Espriú para Comunicaciones y Transportes, Miguel Torruco para Turismo (con algún guiño también para Carlos Slim) y Carlos Manuel Urzúa (quien había estado en Finanzas del gobierno de AMLO en la Ciudad de México) para Hacienda (ya no Rogelio Ramírez de la O).
Un segmento especial es el de las cartas con abierto y fuerte compromiso con las causas sociales: Irma Eréndira Sandoval para la Función Pública, Rocío Nahle para Energía, Luisa María Alcalde a la secretaría del trabajo y Luisa María Albores para Sedesol. Y, en un plano que aún no permite adelantar juicios, los demás nominados.
Así transcurría la ilusión democrática, con sus claroscuros (hubo incluso protestas por la alianza electoral de Morena con el Partido Encuentro Social: Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska con una pancarta pidiendo echar fuera al partido derechista), mientras en el Senado el PRI y sus aliados ni siquiera se dignaban escuchar a los opositores a la Ley de Seguridad Interior, algunos de los cuales desahogaron sus pasiones analíticas frente a escaños vacíos: lo que importaba para el PRI-Los Pinos, y sus contlapaches, era la consigna que habría de cumplirse mediante un voto mayoritario que no necesitaba argumentos ni discusión alguna: luz verde a la militarización del país, en un paso histórico que colocará a las fuerzas armadas en condición “legal” de actuar contra disturbios de toda índole, incluso los políticos y electorales, si estos no son plenamente “pacíficos”.
No hay que darle vueltas al asunto: el empecinamiento de Los Pinos para que se apruebe esa ley forma parte del paquete de acciones preventivas ante el riesgo de que el proceso electoral de 2018 se desborde. El proceso de inflado de Meade no ha avanzado como los priistas desean y Ricardo Anaya también se muestra desencanchado ya en la etapa todoterreno, donde López Obrador lleva más de una década. El uso de la fuerza militar es una opción a considerar en el portafolio ejecutivo, de mando binacional, que el sistema requiere en estas circunstancias críticas.
Y ayer mismo, la cuenta tuitera de los @diputadosPRI informaba: “Aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Pasa al Senado #LoHacemosPorTi”.
Aún cuando existen mecanismos jurídicos similares en materia civil, es más amenazante la nueva vuelta a la tuerca, anunciada por la bancada priista. En las redes sociales, hasta ahora libres (aunque infiltradas y cada vez más manipuladas) ya no será fluido “comunicar” ni siquiera lo que sea “cierto”, pues cabría a cualquier “afectado” el iniciar un proceso civil que podría significar sanciones al difusor de verdades de tipo, por ejemplo, electoral. ¡Hasta el próximo lunes!

Ley de Represión Interior

Sincronía marcial: a unas horas de que iniciaran las campañas electorales, que en 2018 renovarán los poderes federales en los ámbitos ejecutivo y legislativo, y los locales en varios estados, la maquinaria oficial apretó el paso para avanzar en la aprobación, sin más consideraciones de fondo, de la muy impugnada Ley para la Represión Interior (oficialmente, Ley de Seguridad Interior, LSI).

En el Senado, a la hora de entregar esta columna, el pleno regresaba de un receso calculado para dar tiempo a que, en sesiones paralelas de comisiones se aprobara el dictamen sobre lo que a su vez había sido votado por mayoría en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre.

Ante la cantidad y calidad de las objeciones, nacionales e internacionales, a la Ley de Seguridad Interior, el oficialismo puso en juego su sabida treta de convocar a diálogos de utilería, “escuchando” a activistas y organizaciones civiles e igualmente, en sus sesiones formales, a la oposición partidista, con el resultado predeterminado de que toda argumentación fuera arrollada por la plancha del mayoriteo numérico.

La plenaria senatorial habría de terminar en la madrugada de este jueves y con la aprobación de “cambios” secundarios a dicha Ley, para proclamar que sí se habrían atendido algunas observaciones de los opositores.
En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició, en su natal Michoacán, la “guerra contra el narcotráfico”, en busca de legitimar su gestión en Los Pinos, obtenida mediante fraude electoral.

En diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto ha ordenado la aprobación de la peligrosa LSI, en busca de dar marco jurídico a la acción de las fuerzas armadas para enfrentar “disturbios” de diversa índole, que con facilidad provocada pueden incluir los electorales y de protesta social, aunque en la letra jurídica los cerrajeros gubernamentales juren que pondrán candados para evitar tales riesgos de enderezar las armas oficiales contra el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas.

La aprobación de la LSI significa un salto enorme hacia el control armado de la población, justamente cuando el enojo hacia las formas corruptas de representación política podrían derivar el año entrante en un voto masivo a favor de la única opción relativamente distinta, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

La orden ejecutiva de Peña Nieto a sus operadores legislativos, para sacar adelante la LSI a cualquier costo político, no es una ocurrencia ni una obsesión vacua.

Los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina han apremiado, en tonos distantes de la neutralidad política que por institucionalidad deberían mantener, a que dicha ley fuese autorizada. No es exagerado decir que Peña Nieto ha actuado bajo un virtual ultimátum de los jefes militares que en teoría le deben obediencia irrestricta (ese activismo castrense dificultaría el último recurso para impedir la entrada en vigor de la LSI, que consistiría en que Peña Nieto ejerciera un veto contra dicho ordenamiento).

Tampoco se trata, como mucho se ha argumentado, de legalizar lo que hasta ahora esas fuerzas armadas han hecho de manera ilegal (esa virtual confesión de que se han realizado múltiples acciones violentas, sin sustento jurídico, debería llevar, en un país en el que hubiera estado de derecho, a la imposición de castigos a los responsables, civiles y militares, de violar la ley de manera sistemática y con consecuencias desastrosas para la población).

El objetivo de la LSI no está en el pasado, ni en reivindicar lo ya hecho, sino en el futuro y, específicamente, en lo inmediato: que las fuerzas armadas cuenten con el “marco jurídico” adecuado para actuar contra el crimen organizado (cuyos nexos y beneficios alcanzan a los poderes políticos, integrados en un binomio mutuamente protector) pero, sobre todo, contra los previsibles estallidos de inconformidad social por motivos económicos, políticos y electorales.

La gravedad del tema de la LSI ha dejado en segundo término la polémica suscitada por la alianza electoral entre Morena y el Partido Encuentro Social (PES). Aun cuando también provoca objeciones la textura real del Partido del Trabajo, teóricamente de izquierda, pero cargado de un pragmatismo mercantilizado, la mayor preocupación respecto a la coalición denominada “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES) se refiere a Encuentro Social, un partido de derecha extrema, desbocadamente opositor a la legalización del uso de la mariguana, de la interrupción voluntaria del embarazo y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la recolecta casi indiscriminada de personajes políticos distantes de las posturas iniciales del partido que proclama la regeneración nacional se ha añadido ahora el citado PES, con su bagaje conservador y un historial en el que se cuentan patrocinios y relaciones con miembros de la élite política hidalguense, en particular con Miguel Ángel Osorio Chong, a cuyo supuesto enojo por el destape de José Antonio Meade se carga la búsqueda de una alianza extraoficial con el lopezobradorismo, por la vía de su brazo partidista evangélico y muy práctico, el PES.

El revuelo adverso causado por esa asociación con el PES podría ser frenado aún (Morena cedió el 25 por ciento de las candidaturas federales de mayoría al PT y otro porcentaje similar al PES), pues López Obrador sólo firmó ayer el acuerdo con los otros dos partidos a tículo casi individual, por estar “en tránsito” de la presidencia de Morena a la precandidatura presidencial.

Hoy, la sucesora, Yeidckol Polevnsky, podría confirmar o no esa coalición tan derechista.

Y, mientras la actriz y productora Salma Hayek ha dado a conocer lo que vivió ante el acoso sexual del productor de Hollywood, Harvey Weinstein (su “monstruo” de la veracruzana), en un texto en el que relata las múltiples y abusivas trabas, relacionadas con la película sobre Frida Kahlo, y otras maniobras, “invitaciones” y agresiones del productor, en busca de forzada satisfacción sexual (https://goo.gl/Xii4zn ), ¡hasta mañana!

AMLO: fortalezas y debilidades

Tocó el turno a Andrés Manuel López Obrador de formalizar lo largamente sabido y trabajado: su tercera candidatura en busca de presidir México.

Lo hizo de manera parecida a los “destapes” de José Antonio Meade en el PRI y de Ricardo Anaya en el frente tripartita, con todas las cartas procesales internas acomodadas para garantizar la viabilidad de su postulación y con promesas discursivas esperanzadoras para sus auditorios particulares.

En esta ocasión no va por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sino por un partido propio, casi personal, el denominado Morena.

Arranca en una posición privilegiada, como en sus dos intentos anteriores (aunque, en esta etapa de “precampaña” tal vez tenga un simulacro de opositor, José Francisco Mendoza Saucedo, quien fue capitán de marina mercante).

Y, ahora, a su franja de voto duro ha de sumarse el extendido descontento de quienes ya no desean más administraciones priistas o panistas, hasta ahora tan estruendosamente fallidas.

Una primera lectura podría sugerir que las condiciones para una victoria de López Obrador son más propicias que nunca.

No tiene contrapesos ni obstrucciones partidistas, como sucedió en 2006 y 2012, cuando hubo de lidiar con la voracidad de las corrientes perredistas, sobre todo la de Los Chuchos, y con las exigencias del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo (este acompaña de nuevo a AMLO, pero en una condición maltrecha, casi agónica)./

Además, la desesperación ciudadana potencia el rechazo a las opciones partidistas ya fracasadas (PRI y PAN) y fomenta de manera exploratoria la caracterizada por un viejo conocido en las urnas, el tabasqueño que en esta ocasión ha adelgazado notablemente sus planteamientos originales para cargarse hacia el centro o abiertamente hacia una derecha inconfesa, disfrazada de futuras consultas o encuestas sobre temas delicados (uno de ellos, la amnistía a infractores), sosegadora de inquietudes empresariales y bancarias y promisoria de amnistía a la clase política.

De acuerdo con la fotografía política del instante, podría decirse que López Obrador cuenta con un apoyo popular que en un sistema mínimamente democrático debería llevarlo a la Presidencia de la República.

Sus adversarios se pelean por el segundo lugar, reconociendo la primacía de quien fundó y, hasta ayer, presidía Morena (en su lugar queda Yeidckol Polevnsky, operadora política rigurosamente apegada a la línea definida por el jefe): el PRI dice que la final será entre este partido y el de Regeneración Nacional, y el frente tripartita (PAN, PRD y MC) asegura que esta formación será la que pelee el triunfo frente a AMLO.

Las encuestas de opinión también muestran una tendencia sostenida a favor del exjefe del gobierno capitalino.

Justamente en reacción a tal fuerza y arrastre, que llevará muchos votos genuinos a las urnas, hay una especie de confederación de factores e intereses cuyo principal objetivo es impedir que llegue a la silla presidencial el nacido en Tepetitán, Tabasco.

El PRI-Los Pinos parece decidido a repetir el modelo de fraude electoral practicado exitosamente en el Estado de México para imponer al primo Alfredo del Mazo (si se confirma que Vanessa Rubio pasa de la subsecretaría de Hacienda a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, en sustitución del compadre Luis Miranda, será la seña inequívoca de que esa colaboradora de toda la confianza de José Antonio Meade volcará los recursos asistenciales a la campaña de tres colores).

Además, está en curso la consolidación del nuevo plan B, con Ricardo Anaya como simulación de la verdadera candidatura “antisistema”.

A pesar de sus firmes antecedentes de colaboración y complicidad con las políticas peñistas, el joven queretano se ha ido alejando estratégicamente de ese ámbito e incluso ha vivido un golpeteo mediático, relacionado con presuntos actos de corrupción, personales y familiares, que los mismos promotores oficiales no sostuvieron, dejando así al llamado “Chico Maravilla” en condición de víctima (con una resolución judicial, en primera instancia, a su favor).

El espejismo “antisistema”, en versión moderada, de la coalición electoral denominada “Por México al frente”, busca compartir con López Obrador la etiqueta contestataria.

Los pilares de esa presunta oferta de cambio verdadero son panistas que ya han mostrado su ineficacia y sus complicidades en cargos de poder, perredistas acostumbrados a las negociaciones cupulares para fines particulares, y miembros de un partido, Movimiento Ciudadano, que como el Verde, el Panal y nuevas creaciones como el de Encuentro Social (PES, en tratos con Morena) juegan a las alianzas en planos subordinados, para mantener prerrogativas, financiamiento público y cargos negociados.

En medio del jaleo electoral ya muy definido en el primer plano, con tres opciones partidistas con fuerza estructural, y la probable participación en segundo plano del “independiente” Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y tal vez de Margarita Zavala (reducida, por la realidad, a su verdadera dimensión), sigue adelante la pretensión (otra faceta de la confederación de factores contra el voto libre en 2018) de aprobar en el Senado, a como dé lugar, la Ley de Seguridad Interior.

Cada día se suman opiniones fundadas contra ese paso de militarización que en su defensa trata de imponer el tambaleante régimen. En todo caso, la marrullería de los controladores de la cámara de senadores ofrecerá algunos cambios en la redacción del texto polémico, para dejar tramposa constancia de que se “escuchó” a los opositores y se atendió el “diálogo”. Con esos “cambios”, el PRI y sus aliados senatoriales intentarán consumar el golpe este viernes, ya con la población metida en las celebraciones de temporada.

Y, viendo que Ricardo Monreal tuvo ayer una sigilosa reaparición en las filas morenas, durante el acto de registro de López Obrador como (pre)candidato presidencial, y que hoy dejará la jefatura de la delegación Cuauhtémoc, para sumarse a la campaña del tabasqueño, según eso, sin cargo alguno, ¡hasta mañana!

Ha “volvido” el humor político

Un día después de la insólita descalificación pública de los gobiernos panistas de la Docena Trágica, que hizo Ricardo Anaya ante una élite panista que no levantó una ceja en defensa de Vicente Fox ni de Felipe Calderón, el muy próspero exgobernador de Guanajuato, el citado Fox, recibió por segunda ocasión a un acomedido (pre)candidato presidencial priista, José Antonio Meade, con quien habló, según la información oficial, para “sumar esfuerzos”.

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Por ese tipo de encuentros con priistas, el expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero, emitió una elegante opinión académica en Twitter, “Que (sic) @vicentefoxque tan pendejo!”.

Lo dicho por Ricardo Anaya el día de su destape largamente preparado, no fue tan filosófico como las pocas palabras del chihuahuense Madero.

Más allá de la valoración política, electoral o ética que se tenga respecto al mencionado Anaya, serán memorables los señalamientos hechos por quien dejaba la presidencia del comité nacional panista y es su virtual candidato presidencial:

“En el 2000, cuando ganó Vicente Fox, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados.

Pero seamos francos y hagamos autocrítica de esa circunstancia: no cambiamos el régimen. Un ejemplo que pinta de cuerpo entero lo que digo es el Pemexgate.

Al líder del sindicato petrolero no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. Y ese sistema corporativo y clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto”.

De la administración de Felipe Calderón, el panista Anaya dijo: “hubo grandes avances, pero seamos sinceros y autocríticos, no cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI y quedó intacto el pacto de impunidad.

Se le entregó a Elba Esther Gordillo el control de la educación básica en nuestro País, nombrando a su yerno subsecretario de educación básica”.

Por otra parte, “sin una estrategia clara y eficaz se disparó la violencia hasta alcanzar niveles francamente insospechados, detrás de esa violencia se oculta un enorme sufrimiento y tragedias humanas. Hubo avances sí, pero no cambiamos el régimen”.

El dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, senador Carlos Romero Deschamps, era reelegido, en tanto, por otros cinco años para seguir beneficiándose faraónicamente de los huevos de la gallina que según el perito en desastres a conveniencia, Enrique Peña Nieto, ya se murió.

El secretario federal del trabajo, Alfonso Navarrete Prida, le enviaba “mil feliciades (sic)” al citado Romero Deschamps, designado “por unanimidad” de delegados sindicales para tratar de completar tres décadas al frente del negocio. Ah, por cierto, el médico Marco Antonio Navarrete Prida, hermano del secretario del trabajo, es el subdirector de servicios de salud de Petróleos Mexicanos.

La impudicia política, rayana con el humor negro, sigue su marcha airosa a pesar de la difícil situación económica, política y social. Meade, el puro, ha pasado de los rituales dinosáuricos con el priismo, al que busca asemejarse con celeridad de engaño, a las sesiones con la pillería política dizque Verde y dizque Ecologista, que ayer anunció alianza electoral con el PRI y su candidato apartidista, al que extendió certificación de “adoptado”.

Reír, para no llorar: a Enrique Peña Nieto se le está olvidando el español y, en París, emocionado por las “reformas estratégicas” de su sexenio, sobre las cuales pretendió dar “lecciones” en una reunión parisina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo que México se ha “volvido” un referente para otras naciones (https://goo.gl/A2HE2g ).

En esa misma línea de vacilón involuntario, la esposa del exgobernador de Veracruz, Karime Macías, ha solicitado a la fiscalía de esa entidad que le devuelvan los bienes que fueron requisados en una bodega de Córdova, entre ellos su diario personal en el que anotó la famosa frase de justificación de enriquecimientos de diversa índole:

“merezco abundancia”.

La virtual embajadora peñista en Europa, presumiblemente con sede en Londres, alega, obviamente, inocencia y denuncia hostigamientos.

En el partido Morena fue día de destapes menores, previos al destape por todos tan sabido de Andrés Manuel López Obrador, que se dará este martes de la Morenita.

Para Yucatán y Jalisco, el lopezobradorismo postula candidatos testimoniales: Rogerio Castro a la península (donde el hijo de Emilio Gamboa Patrón se esmera en buscar la candidatura priista, que contaría con todos los recursos económicos necesarios, apá) y Carlos Lomelí a la entidad donde Enrique Alfaro, en alianza con el jefe del grupo de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, tiene todo para ser el próximo gobernador.

A la tierra natal del caudillo morenista va como abanderado Adán López Hernández, en una pelea cerrada con el perredismo sostenido por el gobernador Arturo Núñez, antaño aliado de López Obrador y ahora en pleito político abierto contra éste. En Guanajuato, la candidata Antares Vázquez tiene prendas personales y posibilidades de un crecimiento que, sin embargo, parece incierto.

Mientras las pasiones electorales se ajustan, los ánimos de golpismo “legal” mantienen su disposición de aprobar la Ley de Seguridad Interior en el Senado, al costo político que sea, a pesar de las múltiples y variadas protestas, nacionales e internacionales, que advierten de los graves riesgos que se corren con esa militarización nada embozada del país.

El ocupante de Los Pinos y los senadores oficialistas juegan al “diálogo”, proclamando que debe escucharse a los opositores a esa ley pero, en los hechos, solo se busca cumplir con el expediente de las “audiencias”, sin cambio alguno en las intenciones de dar un gran poder discrecional a quien ocupe la Presidencia de la República y a los jefes de las fuerzas armadas.

Y, mientras la Secretaría de Educación Pública ha convocado a los trabajadores de la subsecretaría de educación básica a regresar a trabajar al edificio de Reforma 122, dañado por el sismo y sin la confianza de los empleados para “reanudar labores” ahí, ¡hasta mañana!

Jugadores definidos, pero mismo juego

Es un nuevo escenario. Pero no solo porque ya están definidos los contendientes expresamente partidistas (López Obrador, Meade y, ahora, Ricardo Anaya, aunque todavía falten fases procesales para darlos como candidatos oficiales). jugadores

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Hay algo más importante que las personalidades de esos precandidatos “no independientes” y sus incidencias anecdóticas:

con ellos tres se profundiza la desnaturalización de los proyectos partidistas e ideológicos originales de los que ahora se valen, se acelera el reclutamiento y rediseño absolutamente pragmático de las tropas políticas de cada cual y, aunque hoy las apariencias quisieran engañar, se garantiza la continuidad de un sistema político y económico que, estando justamente en uno de sus peores momentos, con una clamorosa exigencia social de cambios profundos, se apresta a cumplir un ritual más en urnas, a cuyo final no se vislumbra ninguna propuesta organizada más que para la cosmética y, si acaso, la alternancia, que no transición alguna.

La constitución del ente coaligado que se hace llamar “Por México al Frente”, derivación del “Frente Ciudadano por México”, es la más evidente demostración del quebranto de las ideologías que durante décadas rigieron la conducta, siempre zigzagueante, pero nunca tan abandonada como ahora, de dos partidos que fueron emblemáticos:

Acción Nacional como formación expresa del derechismo (solo llegó a destacar en esa ubicación de geometría política el Partido Demócrata Mexicano, vertebración del movimiento sinarquista) y el de la Revolución Democrática que, antes de la escisión que devino en Morena, era la máxima expresión de la izquierda electoral.

Anaya ha consumado un meticuloso plan a la vista que buscaba hacerlo candidato presidencial.

El joven queretano es un especialista en descabezar a sus adversarios, pero también a sus aliados: dejó en el camino a quien parecía su progenitor político, Gustavo Madero;

resistió los embates descuadrados de Felipe Calderón, con sus recursos económicos, mediáticos y humanos (algunos de ellos derivados de sus prestaciones como exocupante de Los Pinos) en busca de allanar el camino a Margarita Zavala; ha mantenido a raya las ambiciones de Rafael Moreno Valle (quien busca continuidad política personal, como senador, y, al estilo Calderón, que la esposa Martha Erika Alonso sea candidata a gobernar Puebla); y, finalmente, doblegó a Miguel Ángel Mancera, quien hubo de retornar al gobierno chilango con todo y maletas, luego del frentazo que le dieron su anterior aliada, Alejandra Barrales, y el impío Anaya.

Mancera no queda totalmente desprotegido: colocó a un propio, Manuel Granados, en la gerencia provisional del fideicomiso de liquidación del sol azteca, a título de presidente del comité nacional, e intentará decidir candidaturas a diputaciones federales y senadurías para los propios, en este rubro de los escaños, en especial a su operador principal, Héctor Serrano.

En Acción Nacional, el nuevo presidente del partido es Damián Zepeda, quien fungía como secretario general, aliado durante años del propio Ricardo Anaya y beneficiario político y defensor del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, actualmente en la cárcel.

El revoltillo frentista supone que “izquierdistas” votarán por “derechistas” para presidir la república, específicamente por el partido al que en 2006 acusaron de robarse las elecciones, con Felipe Calderón como indiciado.

Y supone que “derechistas” votarán por “izquierdistas” en la capital del país, a reserva de los arreglos que se darán en otros estados y distritos electorales.

El PAN y el PRD están en un proceso de desfiguración que no es superficial: la brújula, los parámetros de esas organizaciones se han desajustado, con consecuencias más allá de estas elecciones inmediatas.

Un PAN ya sin calderonistas, dominado por el anayismo pragmático; un PRD desdibujado, contrario a lo que le quedara de decoro ideológico.

En el Partido Revolucionario Institucional hay también un proceso de autodegradación.

Para imponer a José Antonio Meade hubo modificaciones estatutarias pero, sobre todo, un cambio de ánimo y perspectivas, que se han confirmado sin atenuantes con la designación de otro tecnócrata ajeno al priismo, Mikel Arriola (exdirector del Seguro Social), como abanderado para la capital del país:

para ser candidato a cargos importantes, en el PRI el nuevo requisito es no ser priista; militar en el tricolor significa apoyar las designaciones de quienes, para tratar de ganar, deben ser ajenos al propio partido postulante.

En Morena se ha dado un proceso sostenido de alejamiento de los postulados originales.

Ya no se trata de la regeneración nacional, sino del reciclamiento de cuadros de diverso nivel de la clase política tradicional y originalmente repudiada (tal vez el experredista y testigo de la firma del Pacto por México, Miguel Barbosa, sea un caso emblemático, pero no único ni el peor).

Y, en aras de una ingenua creencia de que a los fríos factores de poder se les puede engañar con “conversiones” de última hora, el plan alternativo de nación (cuya redacción final corrió por cuenta del equipo del derechista Alfonso Romo) y ciertas “ofertas” a la clase empresarial han significado un corrimiento hacia la derecha que, en esencia, constituyen compromisos políticos de continuidad “mejorada” del actual sistema, nada de cambios “verdaderos”, de fondo.

Astillas: Avanza la versión de que la candidatura priista a gobernar Yucatán quedará en el actual diputado federal Pablo Gamboa Miner, hijo del jefe senatorial e influyente y aerotransportado jugador de golf con Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón…

La presidenta estatal del DIF de Veracruz, Leticia Márquez, jocosa, ha comentado a periodistas que tendrá dos hijos gobernadores.

En 2018, uno de ellos podría recibir el mando de parte de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Y, según la señora Márquez de Yunes, en 2024 podría llegar al cargo otro miembro de esa dinastía…

Y, mientras Emilio Álvarez Icaza y la agrupación Ahora negocian candidaturas con Ricardo Anaya, ¡hasta mañana!

Cardenal Aguiar: ¿clérigo de Estado?

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Carlos Aguiar Retes no puede negar la cruz de su personal parroquia política, la cual ha sido peñista-eruvielista.

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De talante conservador y de proclividad al entendimiento ganancioso con los poderes económicos y políticos es quien releva a Norberto Rivera en la máxima representación del catolicismo ante las cúpulas del sistema, una virtual coordinación extraoficial de las jerarquías católicas a partir de la Arquidiócesis Primada de México, con sede en la capital del país (la primicia, por cierto, fue lograda y difundida en la noche del miércoles por Hugo Páez, subdirector de Impacto).

Aguiar Retes, nacido en Tepic, Nayarit, el 9 de enero de 1950, ha sido arzobispo en dos plazas importantes del Estado de México (Texcoco, de 1997 a 2009, y Tlalnepantla, de 2009 a la fecha).

Dos décadas de convivencia y entendimiento con el priismo dinosáurico dominante en esa entidad, del interinato de César Camacho a los sexenios de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila.

Figura señalada en la visita del papa Francisco a México como depositaria de la confianza del ocupante principal de El Vaticano, su designación como relevo de Rivera parece cantada, aunque contraria a las posturas progresistas asumidas en algunos temas por dicho pontífice.

En todo caso, Aguiar Retes parecería el hombre seleccionado para tratar de que se cumplan los ofrecimientos de más apertura legal y política a la iglesia católica en temas educativos y mediáticos, entre otros (mayor apertura que habría sido insinuada o acordada con Francisco en la visita de febrero de 2016).

Norberto Rivera se despide del escenario ejecutivo (pasa a ser cardenal emérito, como Juan Sandoval Íñiguez) por haber cumplido 75 años (la edad del retiro, en la estructura clerical), porque el papa Francisco no le pidió que se quedara más tiempo, porque ha sido largamente denunciado como encubridor de presbíteros pederastas y porque, en tiempos de aparentar “renovaciones” o “apartidismos”, es un depurado ejemplo de alineamiento con los intereses de las principales piezas decisorias del injusto sistema vigente.

Pero no hay que perder de vista que al nuevo arzobispo primado, Aguiar Retes, y a los intereses de El Vaticano, les convendría que quedara en la Presidencia de la República un católico practicante como es José Antonio Meade Kuribreña, cercano a agrupaciones religiosas conservadoras, alguien “de casa”.

De la opción preferencial de Aguiar Retes por el entendimiento con los poderes, se dio cuenta, sin refutación alguna, en la entrega de esta columna del tres de junio de 2016, bajo el título “Eruviel ‘ayuda’ a párrocos; les regala efectivo y materiales”: “Los caminos presupuestales de Eruviel Ávila deberían ser escrutables.

El gobierno del Estado de México ha programado peculiares ayudas a párrocos y catequistas de la arquidiócesis de Tlalnepantla, a cargo del arzobispo Carlos Aguiar Retes. La constancia está en un documento titulado Programa de apoyo del Gobierno del Estado a los catequistas y CARS (https://goo.gl/XqcXLG).

Los CARS son los Consejos de Acción y Responsabilidad Social: una representación parroquial que adquiere personalidad jurídica para la generación de consensos con las diferentes entidades de gobierno e instituciones privadas, con el perfil necesario para la obtención y aplicación de los recursos de diversos planes y programas sociales (https://goo.gl/rx3jC2)”.

En el Astillero de año y medio atrás, también se consignaba que “En dicho Programa, monseñor Óscar Camacho Macías, vicario episcopal para los laicos en el mundo, de la arquidiócesis de Tlalnepantla, informa del apoyo correspondiente a 2750 pesos, el cual será entregado en una sola exhibición en una tarjeta bancaria.

El apoyo es para hombres y mujeres de 18 a 59 años, cuyo nombre haya sido proporcionado en lista. Si el o la catequista no están en el rango de edad, puede introducirse otra persona en sustitución con autorización del párroco.

A los futuros beneficiarios se les citará con previo aviso en la sede del decanato para llenar la solicitud y hacer la entrega de los documentos de manera personal.

El o la catequista deberá de vivir en el Estado de México. No deberá de estar inscrito o ser beneficiaria de otro programa gubernamental.

En todo caso se podrá nombrar a otra persona la cual deberá aparecer en la lista con la previa autorización del párroco.

La fecha límite para la entrega de las listas fue el pasado lunes 23 de mayo.

De lo anterior se envió copia al licenciado Bernabé Montes de Oca, encargado de la relación con el Gobierno del Estado y al presbítero Yibram Lugo Cruz, Comisión de Pastoral Social.

Además, “En otro documento, titulado Obtención de los recursos del Gobierno del Estado (https://goo.gl/hE4Hs9), el mismo monseñor Camacho Macías informa que en coordinación con el presbítero Lugo Cruz se determinó que para el programa de los 4000 puntos de material, es indispensable que cada sacerdote responsable de parroquia haya llenado los formatos correspondientes de lo contrario no podrá aprovecharlos.

Una vez reunidas las solicitudes de cada parroquia, se entregará copia del concentrado por Vicaría Episcopal Territorial, para que sea de su conocimiento qué y cuánto material se entregará a los párrocos”.

Aquella entrega de Astillero cerraba con el recuerdo de que “En febrero pasado, el papa Francisco dejó escrito en el libro de honor del seminario diocesano de Ecatepec su deseo de que los futuros presbíteros sean preparados “para ser pastores del pueblo fiel en Dios y no ‘clérigos de Estado’”.

Carlos Aguiar Retes, cardenal y ahora arzobispo primado de la Ciudad de México, ¿será un “pastor del pueblo” o un “clérigo de Estado”?

Y, mientras Mikel Arriola ha sido sacrificado (aunque, de ganar Meade seguramente tendrá su recompensa), al enviarlo de la comodidad tecnocrática del manejo fantasioso del Seguro Social a la virtual candidatura priista a gobernar la capital del país, en una aventura política que sólo se explicaría si el tricolor va a volcar recursos públicos en la contienda chilanga, ¡hasta el próximo lunes!

Nuño: la sombra de Salinas (y de Zedillo)

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El mensaje que ha enviado Enrique Peña Nieto, mediante los movimientos que autorizó a Aurelio Nuño Mayer y a Otto Granados Roldán, evocan las circunstancias difíciles del arranque de la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio, las pretensiones de maximato de Carlos Salinas de Gortari y la colocación desde Los Pinos de una cuña en el desarrollo de la campaña priista de 1994 a través de Ernesto Zedillo, proveniente de la Secretaría de Educación Pública, luego candidato en relevo del ejecutado Colosio y posteriormente distanciado al extremo del propio Salinas de Gortari, éste siempre de ánimos controladores.

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Nuño Mayer y José Antonio Meade Kuribreña provienen de una misma matriz tecnocrática cuyo jefe ha sido Luis Videgaray Caso.

Pero Nuño optó por asirse abiertamente al propio Peña Nieto y validarse a título individual como una especie de ejecutor jactancioso, incluso fanfarrón, de las instrucciones y deseos del mexiquense que ocupa Los Pinos.

Recuérdese un ejemplo: un seis de diciembre, como éste en el que dejó la SEP (pero de 2014), en plena efervescencia de la resistencia magisterial a la reforma de ciertos temas de la actividad educativa, fue publicado lo que el entonces jefe de la oficina de la Presidencia de la República había dicho a los reporteros Luis Prados y a Jan Martínez Ahrenz, del diario español El País:

“No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”

(https://goo.gl/qxqvpX ).

Ahora, Nuño (quien cumplirá 40 años de edad el próximo 12, día de la Morenita en el que Andrés Manuel López Obrador registrará su precandidatura a la Presidencia) será el contralor designado por Peña Nieto para supervisar la marcha de la campaña de un candidato sin partido, Pepe Toño Meade, que ha ido haciendo esfuerzos grotescos por ganarse la benevolencia del gran dinosaurio priista (“Háganme suyo”, pidió a la élite cetemista, en un giro verbal casi de pornografía política) y por agradar al máximo al Gran Dedo Elector, prometiendo fidelidad y multiplicando elogios que no se compaginan con las pésimas cifras de Peña Nieto en encuestas de opinión sobre su desempeño como gobernante.

Meade parece un rehén de las estructuras partidistas corporativas, de los intereses empresariales y financieros y de los eventuales arrebatos de un aspirante a jefe transexenal que parece dispuesto a manejar con cuanta rudeza crea necesaria el curso de la campaña electoral y de la imposición de resultados. Nuño, en ese proceso que apunta para ser tempestuoso, podría ser el vigilante, el enlace, el comisionado y, de ser necesario, un contrapeso político y, eventualmente, un relevo electoral (como Zedillo en el caso Colosio: siendo aquel la única carta presidenciable que había renunciado oportunamente a su cargo).

A esas y otras especulaciones ha abonado el hecho de que el relevo de Nuño en Educación Pública sea un salinista sin atenuantes, el citado Otto Granados, que fue poderoso coordinador de comunicación social en un tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, luego gobernador de Aguascalientes y embajador en Chile, entre otros cargos.

El concuño de Salinas, José Antonio González Anaya, ha estado a cargo del gran negocio del Seguro Social, del descomunal negocio de Petróleos Mexicanos y ahora es secretario de Hacienda, habiendo dejado a un subordinado al frente de Pemex.

También está la sobrina, Claudia Ruiz Massieu, como secretaria general del comité nacional priista, y José Carreño Carlón como director del Fondo de Cultura Económica.

En ese contexto, con esas cuotas vigentes para el salinismo, pareciera rudeza innecesaria añadirle a Meade un toque del Villano Favorito no solo al colocar a Nuño como coordinador de campaña (habiendo sido éste una pieza promovida por Salinas para ser destapada) sino, incluso, dejando Educación Pública para el subsecretario salinista recuperado, Otto Granados.

Como en 1994, la institucionalidad política está en crisis.

Los factores y circunstancias son distintos, pero el fondo del asunto es que se está entrando a un periodo de inestabilidad e inseguridad que puede tener derivaciones riesgosas.

La protesta de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos e instituciones internacionales ha frenado el albazo que pretendían dar el PRI y sus aliados para aprobar en el Senado la Ley de Seguridad Interior que ya fue penosamente autorizada en la Cámara de Diputados.

La semana próxima aún se continuará “escuchando” las objeciones profundas a tal normatividad, pero no se ha extinguido la pretensión de sacar adelante dicha ley, acaso cuando esté por terminar el actual periodo de sesiones legislativas, con los mexicanos entregados a las fiestas de temporada.

Y, mientras un tuitero astillador ha sido considerado como el tercero de los “líderes de opinión” con más menciones durante el año que está por terminar, conforme a lo publicado en el portal de la revista Expansión (https://goo.gl/mp63NR ) y en la cuenta del especialista @japonton, en el siguiente orden en los quince primeros lugares: Epigmenio Ibarra, Aristegui on line, Julio Astillero, Denise Dresser, John Ackerman, Javier Risco, Jenaro Villamil, Joaquín López Dóriga, Brozo, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, Denise Maerker, Enrique Galván Ochoa, Monero Hernández y Jorge Ramos

¡hasta mañana, sin saberse aún la suerte del (todavía) director del Seguro Social, Mikel Arriola, a quien se pretende empujar a la candidatura priista a jefe de gobierno capitalino, condenada obviamente al fracaso!

Mikel, clon de Meade para CdMx

Mikel Andoni Arriola Peñalosa escenificó ayer un extraño autodestape al anunciar, durante una entrevista televisiva, que aspira a ser el próximo candidato del PRI a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México.

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Su nombre no es conocido popularmente y en términos políticos su solitario punto de referencia es que forma parte del equipo cercano a José Antonio Meade Kuribreña, el precandidato único del tricolor a presidir la República, bajo cuyo cobijo ha ocupado varios cargos públicos y en cuya estrategia electoral se apunta, tratando de repetir el esquema pepetoñista del no priista que trabaja en gobiernos priistas: Arriola no tiene partido y, con ese perfil “ciudadano”, el PRI-LosPinos pretende simular una ciudadanización desde las alturas de la burocracia partidizada.

La autopostulación de quien actualmente es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría convertirse en el fenómeno político de las décadas recientes si hubiera masas votantes que le reconocieran cuando menos una vigésima parte de los enormes logros que ha proclamado desde ese IMSS, con una audacia muy apreciada en el mundo de fantasía mejor conocido como Peñalandia.

Por el contrario, resultaría ampliamente repudiable si esas masas consideraran que el Seguro Social ha ido en sostenido declive, a contracorriente de la propaganda optimista (rayando en lo insultante) que ha derrochado el ahora aspirante a suceder a Miguel Ángel Mancera.

La insólita intención de un tecnócrata sin mayores bases sociales (en todo caso, el público aficionado al jai alai, deporte del que ha sido campeón nacional) de competir en un terreno tan competido como es la Ciudad de México, muestra la disociación de la realidad que se vive en las alturas políticas pinoleras, donde creen que el uso del poder institucional les permite “jugar” a la política, postulando a un personaje como Arriola si es que el secretario de salud, José Narro, exrector de la UNAM, sigue indispuesto para asumir esa postulación priista tan predestinada al fracaso.

Otro de los inicialmente mencionados para abanderar al PRI en la capital del país, Aurelio Nuño, se alista, según se menciona en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública, para coordinar la campaña de Meade.

Así que, si no hay otro arriesgado, el PRI enviará a la cancha a Arriola, el habilidoso jugador de pelota vasca.

En el flanco moreno la navegación avanza conforme al pronóstico original.

Claudia Sheinbaum ha dejado la jefatura delegacional de Tlalpan e inicia el camino rumbo al edificio de gobierno ubicado en un costado de la Plaza de la Constitución, luego de un largo paréntesis motivado por la oposición de Ricardo Monreal a los resultados de una opaca encuesta interna y, luego, por el sismo del pasado 19 de septiembre, que provocó daños y muertes en la demarcación de Tlalpan que requirieron de precisiones e investigaciones de índole administrativa (todo lo cual forma parte del expediente negativo que los opositores a Morena podrían desplegar más adelante).

Todo apunta a que Sheinbaum será la ganadora de la contienda chilanga, pues hay un ánimo social capitalino de amplio rechazo al PRI, y el Frente Ciudadano por México, que aglutina a PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, parece obligado a ceder a Alejandra Barrales la postulación en la Ciudad de México, a cambio de que el sol azteca apoye a Ricardo Anaya como aspirante presidencial (en esta obsesión de la dupla Mancera-Barrales por tener la candidatura para ésta, se cerró el paso a la posibilidad de que Ricardo Monreal fuera un aspirante con mejores niveles competitivos).

Morena, con Sheinbaum por delante, tendrá una gran posibilidad de quedarse no solo con la jefatura capitalina sino con más posiciones de las que en su mejor momento llegó a tener el PRD con Andrés Manuel López Obrador aún en sus filas.

El mencionado Frente Ciudadano por México sigue en la batalla interna por el reparto del pastel soñado.

Ayer, el dueño del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se ha afianzado como una especie de bisagra decisoria entre PAN y PRD, hizo una propuesta que avivó el fuego.

Dado que no se ponen de acuerdo los partidos mayoritarios de ese frente (PAN y PRD, el primero con la mayor fuerza electoral) respecto a quién será el candidato presidencial (es decir, el método para designarlo), Delgado propuso que Acción Nacional decida la postulación a Los Pinos (que, obviamente, sería para Ricardo Anaya), Miguel Ángel Mancera encabece la lista de quienes busquen llegar al Senado y la carta para la Ciudad de México sea del PRD (seguramente, Barrales).

Si en el Frente no aceleran su proceso de designaciones, Dante Delgado podría tomar otra ruta de alianzas.

En el deporte de temporada que es el regateo electoral y el encarecimiento de las opciones de acuerdo, los perredistas pretenden que haya un trato igual para los desiguales: piden elección democrática del abanderado presidencial, cuando las estadísticas electorales del partido conservador (con todo y la salida de la desfalleciente Margarita) son marcadamente mejores que las del eclipsado sol azteca.

Aún así, el pragmatismo avanza y en el citado Frente consideran posible que esta semana se pueda registrar dicho ente tripartita como opción electoral en forma.

Al (todavía) líder de las cuchareables encuestas de opinión, López Obrador, le han sobrado críticas por sus declaraciones exploratorias de una amnistía para miembros del crimen organizado y sus jefes.

La pifia táctica del tabasqueño, al poner innecesariamente sobre la mesa de discusión ese tema de manejo tan delicado, ha sido aprovechada y magnificada por un concierto mediático de batuta adivinable.

La guerra de descalificación y “contraste” se ha agudizado a partir del destape de José Antonio Meade, para tratar de desmontar al virtual candidato presidencial de su condición puntera.

Peores cosas vendrán.

Y, mientras continúan la oposición y las protestas contra la Ley de Seguridad Interior, ¡hasta mañana!

¡No a la Ley de Seguridad Nacional!

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La presencia de las fuerzas armadas en las calles mexicanas no ha significado un retroceso en los niveles de inseguridad pública. Seguridad

No son ni remotamente proporcionales los resultados positivos derivables de la inversión de recursos humanos y económicos en el combate al crimen organizado (originalmente denominado por Felipe Calderón como “guerra contra el narcotráfico”, a partir de diciembre de 2006).

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Por el contrario, se ha adelgazado y, en muchos momentos y circunstancias, inhibido todo signo de viabilidad institucional jurídica y se ha sumido al país en un torbellino de muertes y sangre.

Hoy, en una sesión del Senado de la República, se tratará de dar un peligroso salto adelante en la estrategia de mantener a soldados y marinos fuera de sus cuarteles, en funciones de policía y seguridad pública e incluso con el riesgo de ser enviados a sofocar manifestaciones y protestas de índole social, política y electoral si hay algún asomo de “violencia” en esas expresiones o si se considera que significan riesgos para las actividades institucionales, todo a interpretación personal de quien ocupe la Presidencia de la República.

La pretensión de “legalizar” lo que evidentemente ha sido ilegal ha recibido múltiples objeciones por parte de organismos defensores de derechos humanos y libertades civiles e incluso de entes internacionales como la Organización de Naciones Unidas.

Hoy mismo habrá grupos de ciudadanos que expresarán, afuera del Senado, su rechazo a la aprobación de esa Ley de Seguridad Interior, ya palomeada en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la coyuntura electoral ha empujado a diversos factores de poder a presionar para que se “legalice” el uso del Ejército y la Marina frente a actos masivos que les parezca que pueden “perturbar” el orden interior.

De aprobarse, se estaría colocando material explosivo en las manos políticas más impugnadas de las últimas décadas, las de Enrique Peña Nieto, quien está en plena comandancia ejecutiva de los planes para instalar a José Antonio Meade en la Presidencia de la República, como garante de una continuidad de los intereses de las cúpulas nacionales y estadunidenses.

En ese esquema de polarización desatada, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón realizaron ayer declaraciones públicas de corte eminentemente político, al rechazar de manera abierta las palabras exploratorias de Andrés Manuel López Obrador respecto a una eventual amnistía a miembros del crimen organizado, incluyendo a sus líderes.

Los secretarios de la defensa nacional y de la marina no se beneficiaron de la prudencia a la hora de tocar el tema de las propuestas hechas por el presidente de un partido, Morena, y virtual candidato presidencial puntero (hasta ahora) en las veleidosas encuestas de opinión.

Los pares de López Obrador, y otros personajes civiles, han criticado lo dicho por el tabasqueño, con la misma legitimidad que éste hizo el polémico sondeo perdonador, y habrá de ser la sociedad, y los votantes, a la hora de las urnas, quienes aprueben o desaprueben lo dicho por un político.

Pero no corresponde a los militares asumir una posición de abierta injerencia en los asuntos políticos y civiles.

A menos que justamente de eso se trate: de dar más presencia y protagonismo a los militares, para que vayan definiendo los temas que en estricto sentido no les corresponden.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está, por sí mismo, en una etapa previa a la quiebra electoral.

No en riesgo de perder su registro, pero sí de mostrar sus nuevos montos comiciales, que le colocan en una categoría inferior a las que hasta ahora había sostenido, con altibajos, en su relación de dependencia respecto a figuras fuertes, tanto del “guía moral” Cuauhtémoc Cárdenas como del virtualmente también tricandidato, Andrés Manuel López Obrador.

Sin ellos, y sin otras personalidades de respetabilidad (que también optaron por el retiro), se ha abaratado la vida política del partido que aglutinó a una izquierda priizada (proveniente de la escisión tricolor previa a las históricas elecciones de 1988 y de izquierdas tanto duras como blandas, en ambos casos con nula o poca viabilidad electoral).

La cruda realidad de las corrientes internas, volcadas en la eterna reyerta por el hueso y el presupuesto, ha llevado al PRD a escenarios menores, diluidos.

A cuenta y cuento de ese PRD devaluado, y de su propio cómputo personal, tan lastimado a lo largo de los cinco años recientes y, sobre todo, del sismo del pasado 19 de septiembre, Miguel Ángel Mancera pretende mostrarse en la mesa de ruleta del Frente Ciudadano por México con aires fanfarrones, pretendiendo que con las pocas fichas disponibles le pueda ser entregado el premio mayor de ese casino, la candidatura presidencial que con más fondos estadísticos (y con más tesorerías estatales disponibles), reclama otro fullero, el queretano Ricardo Anaya, especializado en que las apuestas de la casa panista siempre terminen beneficiándole a él, socio y amigo de la administración peñista y ahora, por necesidades del juego en curso, crítico y opositor circunstancial.

La obcecación de Mancera por la candidatura presidencial (con Alejandra Barrales en ruta de ser la abanderada frentista para la capital del país, lo cual debería ser una ganancia más que suficiente para el desfondado PRD) parece encaminada a tratar de dar color y sabor a una contienda interna que finalmente desemboque en la “legitimación” del citado panista Anaya.

Pero también es posible que Mancera esté cumpliendo un papel por encargo, el de obstructor de los acuerdos finales del citado Frente Ciudadano por México, aferrándose a una postulación a todas luces inviable (le sería muy difícil realizar campaña ante audiencias abiertas, sin control, en la que debería ser su base electoral, la Ciudad de México), para así ayudar a los propósitos divisorios del peñismo, que ha impedido con todo tipo de artes la eventualidad de alianzas electorales PAN-PRD que puedan ser dañinas a las estrategias autorizadas por Los Pinos.

¡Hasta mañana!  

Los perdones de AMLO y Meade

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¿Dejar pasar la LSI?
Travestismo dominical
(Pre)Candidato priista, rehén

Al catálogo original de exención de responsabilidades que ya había dado a conocer (la “amnistía anticipada” a la clase política, en específico a la franja que él llama “la mafia del poder”), Andrés Manuel López Obrador añadió ayer el boceto de otros perdones, desde ahora muy polémico el simple esbozo referido a narcotraficantes:

“Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las familias de las víctimas y no descartar el perdón.

En la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido: olvido no, pero perdón sí, sobre todo si está de por medio la paz de un pueblo”

(https://goo.gl/3T8p4t ).

La ruidosa declaración del tabasqueño ha sido lo más puntual que hasta ahora ha pronunciado en un cierto contexto relacionado con un tema mayor de discusión y de eventual protesta social, la programada aprobación (este martes, en el Senado) de la Ley de Seguridad Interior que consolidará la militarización del país y abrirá el camino a la declaratoria, a discreción del poder ejecutivo federal, de virtuales estados de excepción “legalizados”.

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El dirigente máximo de Morena no ha hecho declaraciones tronantes contra ese intento que, en todo caso, está bien apreciado en el “proyecto de nación” aprobado por Morena en su pasada asamblea nacional:

“Si el Ejército Mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado”.

Frente al tamaño de la realidad aceptada (la previa aprobación fáctica de la Ley de Seguridad Interior, aunque las bancadas morenas voten en contra), la hipotética oferta de amnistía para victimarios pertenecientes al crimen organizado es una distracción secundaria y volátil que, sin embargo, ha sido tomada al vuelo por los opositores a AMLO para acusarlo de pretender complicidades con los grupos criminales.

Con menos revuelo mediático en su contra, José Antonio Meade Kuribreña también ha dado a conocer sus cartas de perdón.

Javier Lafuente, durante una entrevista para el diario español El país, le preguntó:

“Pero, para que quede claro: ¿usted está dispuesto a investigar casos de corrupción de esta administración, involucre a quien involucre?”

A lo que, en consonancia con otras aseveraciones hechas en el cuerpo de dicha entrevista, Meade respondió:

“Es que me parece que caemos de nuevo en el planteamiento personal.

Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida.

Un esquema que funcione para todos, en donde el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas sea igual para cualquier funcionario.

Vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito.

Cuando alguien piensa:

‘El problema depende de’ es que no entiende el problema de fondo”

(https://goo.gl/dWKP6o).

En una parte anterior de la entrevista, cuando le preguntaban cómo convencería a los votantes de que podría hacer como presidente lo que no logró hacer en las administraciones de Calderón y Peña, había expuesto Meade su tesis de la institucionalidad culpable pero, al mismo tiempo, perdonable si se busca “superarla”:

“Los problemas no son de la administración, son retos del país. Hay que asumirlos como tal y no caer en la simplificación de que son de una persona”.

De haber estado presentes durante la entrevista, seguramente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con sus expedientes oscuros a cuestas, habrían aplaudido con entusiasmo las palabras del (pre)candidato del Partido de Acción Revolucionaria InstiNacional (Prian).

Aplausos, porras y acarreo hubo en un domingo de travestismo político en la explanada del edificio principal del Partido Revolucionario Institucional (la Real Academia Española consigna como segunda acepción de “travestismo”, en sentido figurado, la “práctica consistente en la ocultación de la verdadera apariencia de alguien o algo”).

La figura central, Meade, quiso mostrarse como afanoso buscador de una apariencia priista, tan dinosáurica como fuera posible, mientras sus presuntos sinodales y aplaudidores, las “fuerzas vivas” del priismo, se daban por complacidas ante el esfuerzo actoral del novato compareciente.

A fin de cuentas, Meade va caminando, en estos primeros pasos, con un aire de rehén (como Luis Donaldo Colosio en 1994) de los factores que lo han “destapado” y que pretenden elevarlo como candidato “creciente” e instalarlo en Los Pinos al costo que sea.

Se ha desvivido en mostrar fidelidad a Peña Nieto, exaltándolo a niveles impropios de un (pre)candidato que buscara impulsar alguna mascarada de “cambio” respecto a la muy difícil situación del país.

El rehén Meade está cercado por el peñismo (Enrique Ochoa Reza supervisó el discurso dominical y probablemente Aurelio Nuño será el coordinador-vigilante designado por el exgobernador mexiquense), por los intereses empresariales, financieros, mediáticos y eclesiásticos, además de la decisoria influencia de la administración Trump, y por una liturgia priista que le obliga a aparentar que es otro, no el tecnócrata “reformista” sino un fallido aspirante (sin tono ni fuerza) a “líder” tricolor de demagógico discurso (hasta ahora) intrascendente.

Por cierto, la cuenta de Twitter @MovimientoMEADE, creada para difundir información y posturas favorables a la candidatura presidencial del exsecretario de Hacienda y adjudicada a Vamos Juntos por México A.C. Construyendo Ciudadanía, sólo tiene cinco por ciento de seguidores reales, según www.twitteraudit.com: 702,829 seguidores falsos y 43,274 verdaderos.

La citada cuenta impulsa la etiqueta #YoConMeade, aunque con un resultado disparejo en cuanto al proselitismo deseado, pues los tuits de promoción del (pre)candidato único del PRI están siendo respondidos negativamente por otro segmento de tuiteros.

Con ese inusual porcentaje de cuentas bajo sospecha de impostura, es natural preguntarse cuáles son los propósitos de tal reservorio internético, @MovimientoMeade, en tiempos de guerra sucia.

¡Hasta mañana!

Triunfo de la guadaña peñista-calderonista

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A un año de entregar el poder, Enrique Peña Nieto logró consolidar e institucionalizar la guadaña peñista-calderonista: habiendo empeorado la situación de la seguridad pública en el país, dueño de marcas históricas en cuanto a homicidios intencionales y violencia en general, impugnado por amplias franjas ciudadanas y en riesgo su partido y su candidato de perder las próximas elecciones presidenciales, el exgobernador del Estado de México ordenó el miércoles que al siguiente día la maquinaria legislativa, bajo control del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, aprobará por turnos (ayer, los diputados; luego lo harán los senadores) una alarmante Ley de Seguridad Interior (LSI).

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Con esa nueva normatividad se busca legalizar las acciones militares en materia de combate al crimen organizado (lo cual, leído a contrasentido, es una contundente confesión de que ha sido ilegal lo hecho hasta ahora en esa materia), formalizar el uso de las fuerzas armadas para tareas políticas y sociales que deberían resolver los civiles, y dotar al mencionado Peña Nieto de los mecanismos de activación “legal” de soldados y marinos para operaciones delicadas, según el criterio personalísimo del ocupante de Los Pinos, incluyendo movilizaciones políticas, sociales y electorales que se salgan de un rango pacífico, conforme a la valoración discrecional del máximo funcionario del país.

La luz verde para los futuros tiempos aún más rojos fue dada en San Lázaro, en lo general, este jueves antes de las cuatro de la tarde, apenas pasado un día de que Peña Nieto había impelido al congreso a dar su voto mayoritario a favor de una ley “de imperiosa necesidad”.

Los opositores a esa ley hablaron y hablaron en tribuna, y mostraron una manta de varios metros de largo y cartulinas de protesta, pero al final fueron superados por una votación cuyo principal rasgo distintivo no fue la aritmética evidente, con 248 votos a favor de la LSI y 115 en contra (poco más de dos a uno), sino el elevado número de abstenciones (48, sobre todo de panistas) y de ausentes (llamativo el caso de Morena, con nueve ausencias, que significan casi el veinte por ciento de su bancada en la cámara de diputados, mientras del PRI sólo se ausentaba el diez por ciento, según datos publicados en internet por María del Carmen Nava).

La aprobación de la LSI, en lo general y en lo particular (con 101 puntos reservados para discusión en específico), se produjo luego de casi tres horas de simulacro de debate y análisis, con oradores de oposición hablando como si lo hicieran frente a una pared, mientras el consorcio encabezado por el PRI aguardaba el desahogo opositor para luego aplicar la aplanadora numérica: 205 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.

La siguiente tanda legislativa será en el Senado, donde seguramente el PRI y sus aliados también la aprobarán y, así, quedará cumplido el ciclo de esta iniciativa, a todo vapor y previas presiones expresas de Peña Nieto y de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina.

El texto aprobado tuvo una previa caracterización negativa por parte de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, incluyendo la gubernamental mexicana, presidida por Luis Raúl González Pérez.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que la aprobación de este tipo de textos “no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”.

González Pérez aseguró, un día antes de la votación en San Lázaro, que “los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.

Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior; una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.

También consideró el presidente de la CNDH que es “previsible” que la aplicación de la LSI “trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.

Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la seguridad pública”

(nota de Emir Olivares, en La Jornada: https://goo.gl/FhAJ2x ).

Aún así, las fuerzas peñistas unidas sacaron adelante la muy impugnada ley en mención.

El avance se produjo a un año de que Peña Nieto deje la oficina presidencial de Los Pinos, en el contexto de una estrategia multifactorial que pretende instalar a José Antonio Meade como sustituto “apartidista” y que se alista para contener de diversas maneras las expresiones de apoyo electoral al virtual candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador.

Puntero en las poco confiables encuestas de opinión público y poseedor indudable de una base de apoyo político y social que podría considerarse muy insatisfecha si los resultados oficiales de julio próximo le parecen fraudulentos.

Y, mientras José Antonio Meade ha pedido a los priistas “defender” a Peña Nieto, pues está “salvando” al país, y terminará su gobierno “con amor y generosidad”

¡Hasta el próximo lunes!

Peña, “imperioso” ante Congreso

La foto del día muestra a José Antonio Meade en escaparate gastronómico con Miguel Ángel Osorio Chong, ambos en busca de dejar testimonio de unión y contento.

La nota judicial del día se refiere a la declaratoria del tribunal electoral respecto a la violación legal cometida por Alejandra Barrales al ocupar al mismo tiempo la dirigencia partidista y su asiento en el Senado.

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Esta resolución agrega una muesca al catálogo polémico de la perredista.

Pero el hecho político más relevante del día es la abierta presión de Enrique Peña Nieto para que el poder legislativo apruebe la Ley de Seguridad Nacional.

Que permitirá al Ejército y a la Marina seguir haciendo lo que hasta ahora han hecho en materia de crimen organizado (violentando el marco legal) pero, también, ante todo tipo de disturbios del orden interior, entre ellos las protestas y movilizaciones vigorosas y desbordadas, también las relacionadas con las eventualidades electorales.

La comida del priista y el “no priista”, pensada para su difusión en los medios, trata de conjurar las posibilidades de disidencia interna en el Partido Revolucionario Institucional.

A Osorio Chong lo ablandaron, en los días previos al destape de Meade, a base de filtraciones de asuntos oscuros que ahora podrán seguir en blanco si se mantiene la “unidad” en torno al virtual candidato presidencial priista.

Ayer mismo, luego de la foto en un restaurante de la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, MAO tuiteó: “Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI_Nacional”.

Pero no se sabe aún cuál será el destino de Osorio Chong.

Es decir, si seguirá en Bucareli o asumirá algún rol en la campaña de Meade.

Hasta ahora, no lo ha visitado el previo destapador oficial, Luis Videgaray, quien quitó la capucha al entonces secretario de hacienda antes que Peña Nieto y, este martes, estuvo en la oficina de Aurelio Nuño, en la SEP, mientras corre la versión de que el responsable de hacer “ler” al país podría ser el coordinador general de la campaña de “Pepe Toño”.

Lo cierto es que el aún secretario de gobernación ha aceptado con disciplina clásica el castigo, según las apariencias públicas, aunque el partidito que cuenta con su influencia, el denominado Encuentro Social, negocia con Morena una alianza que, en dado caso, podría ayudar a que encuentren acomodo en cargos y candidaturas algunos de los cuadros damnificados del Grupo Hidalgo (ah, Morena también explora la posibilidad de una alianza con el Panal).

A Barrales le han dado un raro caballazo judicial que podría ayudar a tumbarla de la silla que creía ir montando aunque fuera a medias, la de la candidatura a jefa del gobierno capitalino bajo las siglas de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, ahora reconfiguradas como Frente Ciudadano por México.

La exdirigente de sobrecargos se ha aferrado a esa pretensión en términos impolíticos, apasionados.

Esa obsesión terminó cerrando el paso al ahora lánguido Ricardo Monreal, a quien el propio Miguel Ángel Mancera había ofrecido la posibilidad de ir como adversario de Morena en la lucha por la gubernatura chilanga.

Señalada de violar los estatutos de su propio partido, tal vez Barrales avizore con menos temperamento la difícil ruta electoral que le podría esperar. También tendrá que asumir que vienen nuevos tiempos en el mando perredista, donde Alternativa Democrática Nacional sigue presentando como carta de relevo al mexiquense Juan Zepeda.

Las turbulencias de temporada han alcanzado incluso a dos instituciones que deberían dar prueba imperturbable de apego a la legalidad y de respetabilidad en sus dichos y decisiones.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral han puesto bajo la lupa crítica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las dos “varas distintas” utilizadas para juzgar casos similares, el de Morena, en un expediente, y el del PRI con Miguel Ángel Riquelme, adelgazados los parámetros del tribunal electoral federal al extremo de permitir que el moreirista se haya instalado en el gobierno de Coahuila gracias a que no se le aplicaron con rigor los criterios relacionados con rebase de gastos de campaña.

En el TEPJF, por su parte, culpan a la unidad de fiscalización del INE de haber elaborado de manera deficiente los señalamientos contra Riquelme, lo que habría abierto la puerta a los magistrados electorales para una valoración menor de la grave infracción priista.

Sin embargo, la postal más preocupante es la del alegre Peña Nieto que sin mayor respeto por la tal división de poderes ha aprovechado una visita a la Coahuila de los Moreira (y los Zetas) para presionar al poder legislativo a fin de que apruebe ya, a marchas forzadas, con dispensas de trámite y votos de varios partidos (previsiblemente “maiceados” con cargos y fiscalías), el proyecto de Ley de Seguridad Interior que demandan las fuerzas armadas para continuar en su tarea de contención de la violencia criminal pero, también, de otras “perturbaciones” del orden interior que podrían ser de tipo electoral o político.

Las palabras de Peña Nieto conllevan un inquietante sentido instructivo: “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad.

Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”.

¿Qué significa o conlleva que el ocupante de Los Pinos haga ver a los legisladores su personal consideración de que un proyecto de ley ya es “una imperiosa necesidad”?

Y, mientras en las cámaras avanzan los arreglos entre partidos, para el reparto de fiscalías (la general de la nación, la anticorrupción y la de delitos electorales), por lo pronto eliminando el pase automático de la PGR a la FGN, ¡hasta mañana, con Veracruz convertido en un infierno de inseguridad pública peor que en tiempos de Javier Duarte de Ochoa, mientras el gobernador Yunes se aplica a preparar la campaña para que su hijo le suceda en el cargo!

Cómo hacer “competitivo” a Midegaray

Internet, medios, dinero

Cinco puntos a desarrollar

Continuidad en Banxico

No tiene roce ni aires populares José Antonio Meade Kuribreña (a quien el maestro Helio Flores rebautizó como Midegaray en su cartón de este martes, a partir de lo cual un tecleador astillado reelaboró para proponer la etiqueta #MidegarayKuriPeña).

Su formación y ejercicio profesionales le han ganado buena fama en las élites empresariales y financieras, pero ello no se traduce necesariamente en habilidades para conectar en otros ámbitos.

Incómodo, o no suficientemente adaptado, parecería vérsele en los actos de dinosaurismo depurado que en su honor le han organizado segmentos tan contrarios a cualquier modernidad o intento de honestidad como son las cúpulas cetemistas.

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Pero está en marcha una campaña bien estructurada para tratar de volverlo competitivo, en especial respecto a su principal contrincante, Andrés Manuel López Obrador.

Legiones de operadores de cuentas de internet, en Twitter y en Facebook, ya han mostrado su contractual disposición para convertir las “redes sociales” en espacio propicio para el pentasecretario.

Más allá de la noticia del destape en sí, que merece espacios destacados por su novedad, muchos medios de comunicación están mostrando una acelerada voluntad de colaboración para el engrandecimiento artificial de la figura de Meade.

Y hay indicios claros de que el aparato gubernamental y los altos capitanes empresariales están puestos para volcar recursos en pro del abanderado de la continuidad tecnocrática “ilustrada”.

Desde ahora son perceptibles cuando menos cinco puntos en los que descansa la estrategia política de Meade y sus promotores o manejadores (López Obrador ya le llamó títere, pelele y señoritingo):

1- Unidad priista a toda costa. Los Pinos se ha aplicado en neutralizar las eventuales muestras de descontento interno por la postulación de un candidato externo y, sobre todo, cargado a la derecha y marcadamente alejado de lo que quede de los principios “revolucionarios” del partido de tres colores. Miguel Ángel Osorio Chong ha sido disciplinado, por las buenas o no, y la cola pisable inhibe cualquier locuacidad. Manlio Fabio Beltrones sólo pronuncia, de vez en cuando, frases con pretensión de ingenio, pero su interés inmediato es que le prorroguen la concesión de Sonora como hacienda política, personal y familiar.

2.- La unidad del aparato PRI-Gobierno busca replicar el modelo de defraudación electoral practicado recientemente en el Estado de México. Los secretarios de estado y directores de oficinas públicas importantes se responsabilizarán de determinadas regiones, con cuotas de votos por cumplir y el uso sin control de recursos públicos para la promoción de las planillas priistas, sobre todo la relacionada con la Presidencia de la República.

3.- Como en el Estado de México, se busca impedir que haya unidad de la oposición manejable, es decir, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aspirantes a formar un dizque Frente Ciudadano por México. El objetivo es que no haya un tercer candidato presidencial que se cuele en el escenario de quienes se supone que serán los dos finalistas: López Obrador y Meade. Así que Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya podrían ser candidatos, pero mantenidos a raya, en un segundo plano. El mencionado Frente parece ir camino a la disolución, sobre todo después que Enrique Alfaro ha anunciado que será candidato a gobernador de Jalisco sin el PAN ni el PRD, en un golpe seco al frentismo. Desbalancear al panismo y dejarlo sin opción viable tiene como propósito inducir el voto útil de los panistas hacia su congénere provisionalmente alineado en otro equipo, Meade bicolor: azul panista y rojo priista (por cierto: los calderonistas ya hacen cola en el besamanos político de Meade y acusan a Anaya, en términos de coartada, de haber impedido que Acción Nacional regresara a Los Pinos, con Margarita Zavala).

4.- La irrupción de Meade busca desplazar a López Obrador de la atención mediática y el liderazgo demoscópico. El priista sin credencial se ha plantado de inmediato como “gladiador” frente al tabasqueño, acusándolo de ser históricamente destructivo y contraponiendo la presunta capacidad propositiva y constructiva del propio Meade. Se busca fijar en la opinión pública un contraste entre la supuesta gran capacidad administrativa del candidato priista (que oficialmente no es priista) y la supuesta “ignorancia” del aspirante de Morena y sus seguidores.

y 5.- Se induce el voto del miedo a partir de las circunstancias difíciles que vive el país, en términos económicos y sociales, con un Tratado de Libre Comercio en gran riesgo y la figura siempre amenazante de Donald Trump. Se busca promover la adhesión conservadora de los votantes al “malo por conocido”, con careta “apartidista”.

Alejandro Díaz de León Carrillo fue designado por el dedo de Enrique Peña Nieto (aún humeante ese dedo, luego de la faena en el PRI) como nuevo gobernador del Banco de México. El sucesor de Agustín Carstens (quien pasará a ocupar un cargo internacional) cumple el perfil de la clase tecnocrática que ha manejado la economía nacional durante décadas: economista egresado del ITAM, con maestría en prestigiosa universidad extranjera y largos años en puestos del propio Banco de México y de la secretaría de Hacienda. Con Díaz de León Carrillo se garantiza la continuidad del modelo económico que durante décadas ha propiciado la terrible desigualdad socioeconómica de los mexicanos.

Y, mientras el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, escaparate mundial, vivía el insólito paro parcial de actividades de pilotos de Aeroméxico (59 vuelos cancelados, dos demorados y unas diez mil personas afectadas, según la información oficial), a causa del despido de uno de sus compañeros, determinación que consideraron injusta, ¡hasta mañana, con Marichuy que ha realizado un acto significativo y combativo en la UNAM!

Mid: doctorado (exprés) en priismo

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Este lunes, José Antonio Meade Kuribreña (JAMeKu) ‘Mid’ amaneció “apartidista” y cerró el día colmado de entorchados del más rancio priismo, recolector al vapor de las adhesiones del dinosaurismo corporativo, vitoreado por los clásicos tres sectores (obrero, campesino y “popular”) y por la bancada tricolor de levantadedos de San Lázaro, en una especie de doctorado horroris causa cuya toga y birrete muestran al exsecretario de hacienda (y de desarrollo social y de relaciones exteriores) en pleno ejercicio del priismo más tradicional, con credencial o sin ella: Pepe Toño “Mid” (escríbase Meade) convertido por dedazo cavernario de Enrique Peña Nieto en la esperanza de continuidad de las cúpulas del sistema, emotivamente convencidas de que el virtual candidato “apartidista” significa la mejor fórmula de gatopardismo tecnocrático para que las cosas sigan como hasta ahora, o peor, dado que sí es posible.

“Mid” en el centro de la escena jurásica, en un ajuste de relojes políticos al horario del atraso (siendo semidestapado por un Enrique Peña Nieto que escogió la fecha como autorregalo tipo país bananero, por ser su día “de la suerte”), ni siquiera pudo superar la destilación de melcocha con que el cerebro compensatorio y sustituto de Los Pinos, Luis Videgaray, había cumplido la faena del destape extraoficial frente a diplomáticos de todo el mundo. A fin de cuentas, Quique acabó representando el papel de despistado, al terminar postulando al candidato deseado por Videgaray.

Los tonos del mural electoral en preparación quedaron de manifiesto con el nombre y perfil del sustituto del propio Meade, designación que fue entregada al concuño de Carlos Salinas de Gortari, a José Antonio González Anaya, quien ocupaba hasta ayer la dirección general del gran negocio del sexenio, el petrolero, y ahora va de secretario de hacienda. La cofradía tecnocrática en acción, dispuesto el otro Pepe Toño, éste, González Anaya, a disponer de lo necesario para que la campaña priista cuente con todo lo necesario, ya sea en triangulaciones al estilo Francisco Labastida Ochoa con Pemex o mediante aportaciones al estilo Odebrecht para la campaña de JAMeKu.

González Anaya, es decir, Salinas de Gortari (casados con sendas hermanas de apellido Gerard) mantienen el control sobre Petróleos Mexicanos al ascender en el organigrama Carlos Treviño (un ingeniero en industrias alimentarias, con maestría con especialidad en ingeniería en alimentos), quien ocupaba la dirección corporativa de administración y servicios de la propia gallina de los huevos de oro, declarada muerta por Peña Nieto, pero vivita y coleando, con grandes ganancias previsibles, para los nuevos dueños de lo que fue la principal fuente de riqueza nacional.

Falta saber la suerte de los demás falsos competidores, que de inmediato han felicitado al “ganador”, sobre todo en el caso de Aurelio Nuño, a quien anoche se daba como probable coordinador general de la campaña de Pepe Toño Mid (PTMid), en una operación clásica de presunto envolvimiento del destapado entre los mantos cuyo control se supone que aún queda en las manos del destapador, Peña. Nuño como coordinador y, corría la versión ayer, Eruviel Ávila como presidente nacional del PRI, luego de una efímera estancia como delegado en el comité priista de la Ciudad de México y con la encomienda nada encubierta de intentar la reproducción en 2018 del esquema de atropellamiento institucional de la única opción medianamente opositora, la de Morena, al costo que sea.

La concentración de fuerzas contra Morena pretende acelerar el proceso de reducción del escenario bélico-electoral a dos contendientes centrales: Andrés Manuel López Obrador y su abigarrado reciclamiento de cuadros, que no es regeneración pero sí le ayuda a propiciar una expectativa de crecimiento y pluralidad, y Mid, el candidato de los grupos empresariales, locales y extranjeros, que cuenta con la bendición de Washington y la benevolencia de la “oposición” acomodaticia, sobre todo la calderonista que no está convencida de la viabilidad de Margarita Zavala y prefiere irse alineando con Pepe Toño Mid, como es el caso del camaleónico Ernesto Cordero.

El PRI, disfrazado de “ciudadano”, “independiente” o “apartidista” con el priista sin credencial que acaba siendo Pepe Toño Mid (PPTM), necesita un voto que disperse los ánimos opositores sin que ninguno de estos sobresalga (por ello, Los Pinos alienta la inviabilidad del dizque Frente Ciudadano por México, con Miguel Ángel Mancera como mazo sin mayor expectativa que ser pagado más adelante por esos favores divisorios, y mantiene en tercera división a Margarita Zavala). Pero, al mismo tiempo, busca centrar la pelea en dos competidores: el de la continuidad “ilustrada” del sistema, apoyado por todos los aparatos de poder (entre ellos, el eclesiástico, y no se diga el de la mayoría de los medios masivos de comunicación) y el del “populista” López Obrador, al que se insistirá en vincular en términos de propaganda con una visión desastrosa de Venezuela y sus líderes recientes.

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A propósito: Ana Lilia Pérez ha hecho una disección del cuerpo insepulto, y acaso rescatable, de Petróleos Mexicanos, sometido durante varios sexenios, sobre todo en los encabezados por Felipe Calderón y por Enrique Peña, a un proceso de desmantelamiento y hundimiento intencionales. No solamente podría ser una autopsia sino, además, un borrador de denuncia ante autoridades justicieras, si las hubiera, pues la periodista Pérez aporta detalles precisos de la manera como se fue urdiendo el fracaso de la máxima industria nacional, para beneficiar a camarillas políticas y a grupos empresariales. La investigación y denuncia de Ana Lilia Pérez está consignada en el libro Pemex RIP, que este martes será presentado en el salón Agustín Yáñez, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a las 5 de la tarde, con la participación de la autora del libro, de Lydia Cacho y de un tecleador astillado. ¡Hasta mañana!

La hora de Meade

¿La continuidad “ilustrada”?
Osorio: fuera, a empujones
Nuño, ¿dónde va a “ler”?

José Antonio Meade Kuribreña (JAMeKu: léase “mid” o “Pepetoño”) ha sido un finalista prefigurado en el extraño proceso del tapadismo tricolor en la etapa de Enrique Peña Nieto (tan autoritario como siempre, ese proceso, pero esta vez con ciertos aires descuadrados, cual si fuera una tragicomedia involuntaria).

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Dejar la secretaría de Hacienda ha sido un paso obligado para JAMeKu, a fin de ser colocado, según la bola de cristal de cada adivino (aunque sólo hay y habrá un dedo que proveerá el veredicto final, inapelable), en el Banco de México o, como anoche lo daban por hecho las versiones y rumores tan insistentes a la hora de cerrar esta columna, en la batalla de utilería por la candidatura presidencial del PRI, a pesar del Beso de Videgaray (su desmesurado elogio de Meade ante el cuerpo diplomático acreditado en México) y con una evidente adhesión a su favor por parte de cúpulas empresariales, nativas y extranjeras.

Meade se llevó con calma e incluso con buen humor el presionante curso previo a la toma peñista de decisiones. Solía decir en privado que nada podría hacer, ni a favor ni en contra, más que seguir cumpliendo con su trabajo y esperar los tiempos y la designación que, obviamente, sólo tomaría una persona, conforme a criterios que sólo ella determinaría.

Hay varias paradojas en el contexto que define la suerte del renunciante Meade: es un presunto modernizador que, sin embargo, trata de emerger de un proceso que debería estar en vías de extinción, cuyo eje de estabilidad perderá fuerza justamente en cuanto dé a luz la decisión hasta ahora contenida: Enrique Peña Nieto, el ocupante de la silla presidencial mexicana con peores niveles de popularidad, jefe de un gabinete de trabajo dominado por calificaciones altamente negativas, causante de desgracias electorales para su partido (justamente a causa de su impopularidad e ineficacia), juega a los tapados y se regala la postrera demostración de un control político que en otros ámbitos no ha tenido. Dedazo al peor estilo tradicional es lo que hasta ahora ha esperado Meade Kuribreña, el presunto abanderado de la continuidad ilustrada, el buen operador técnico de las políticas económicas neoliberales que tienen contentas a las élites y maltrecho al país en lo social.

También hay un capítulo digno de película de gánsters: a Miguel Ángel Osorio Chong lo llevaron a “desistir” de sus escuálidas posibilidades (conforme al ánimo de Peña) de ser aspirante a la candidatura priista mediante una intensa campaña de desacreditaciones que incluyeron evidencias de trasiegos financieros corruptos que habrían quedado en los archiveros del poder, intocados, sin difundirse, si no hubiese sido necesario descarrilar las expectativas del ex gobernador hidalguense que tenía el mejor posicionamiento de priistas en las encuestas de opinión, lo cual constituye justamente su principal impedimento: es el ejemplo clásico del político tricolor, cargado de demagogia, simulaciones y expedientes oscuros.

Osorio Chong dio las gracias a quienes impulsaron su precandidatura informal y pareció, hasta anoche, cumplir con el rol definido en una reunión privada de Peña Nieto con seis presuntos finalistas (Meade, Nuño, Osorio, Narro, De la Madrid y Eruviel Ávila), en la que se comprometieron a asumir la decisión del dedo de Peña y ser solidarios con el beneficiado de tal designación.

Con el amago de los expedientes delictivos prestos para ser activados en su contra, en caso necesario, Osorio Chong ve lo que probablemente ha impulsado o, cuando menos, consentido: el coqueteo del partidito llamado Encuentro Social con Morena, en un movimiento exploratorio de alianzas electorales que muy poco aportará en cuanto a votos al partido de Andrés Manuel López Obrador, pero sí en cuanto a tiempos mediáticos, ciertos recursos económicos y, sobre todo, una vía eventual para encauzar disidencias priistas no solo provenientes del ámbito del desahuciado del reino peñista, Osorio Chong que, junto con Jesús Murillo Karam, han dado aliento al mencionado Partido Encuentro Social, de tintes de un cierto cristianismo.

Pero, aún cuando anoche la efervescencia colocaba a “Mid” en lo más alto de las especulaciones presidenciales, falta ver la suerte del otro precandidato prefigurado, Aurelio Nuño, el educador que sí sabe “ler”, el objeto de todas las objeciones del magisterio no oficialista, el más enriquista de los peñistas, distanciado de su original promotor, Videgaray, y consagrado a demostrar al exgobernador mexiquense que él sí es de absoluta confianza, que él no traicionará cuando ya tenga la candidatura en la bolsa o, eventualmente, el poder significado en una banda de tres colores en el pecho. Ah, y por si hiciera falta, el favorito del ave políticamente rapaz que en estos días ha retomado vuelo “literario”, Carlos Salinas de Gortari.

Premuras, presiones y acomodos mientras López Obrador se alista para registrar su precandidatura virtualmente triunfadora el 12 de diciembre, el día de la Morenita del Tepeyac. Todo le sigue saliendo bien al tabasqueño, incluso la difusión del documental que dirigió Epigmenio Ibarra y del cual ayer tuvo buena aceptación el momento en que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, interpreta una canción.

En el Frente de batallas hasta ahora más internas que externas, el formado por las directivas de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (“Ciudadano por México”, los apellidos falaces de ese frente), la legendaria proclividad del sol azteca a la trifulca por las candidaturas se ha vuelto a manifestar, con la expareja sentimental de Mancera y Barrales nuevamente en discordia, empeñada ella en ser candidata a la jefatura de gobierno de la capital del país a cambio de que el panista Ricardo Anaya lo sea a la presidencia de México, con el mencionado Mancera tratando de no quedarse con pocos réditos en la jugada frentista.

Y, mientras Eruviel Ávila ha dicho que Nuño, Narro y De la Madrid podrían ser aspirantes a la candidatura priista al gobierno capitalino, como si no tuvieran más viabilidad en la búsqueda de la postulación presidencial, ¡hasta mañana!

Violencia desatada, control, urnas

No es solamente la cantidad (octubre, el mes de mayor número de homicidios intencionales en los 20 años recientes) sino las características, la salvaje calidad de la oleada delictiva que cubre casi la totalidad del país, ya no solo las regiones hasta hace poco consideradas como escenarios “naturales” de violencia criminal (se habló de “calidad”, líneas atrás, en el sentido de “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”).
Y el momento, las circunstancias. O, dicho de otra manera: el significado y las consecuencias en el muy difícil tiempo de definiciones políticas y electorales, que está por entrar en su tramo más peligroso. La violencia criminal impune, a juicio oral y escrito de esta columna traspapelada, está sumiendo a los mexicanos, en concordancia con otros planes electorales del Gran Poder, S.A. de C.V., en un batidillo de ansiedad defensiva (naturalmente conservadora, a fin de cuentas) e individualismo obviamente insolidario (ingredientes que, bien condimentados, podrían generar a la hora de las urnas una preferencia por “lo malo ya conocido”).
Un rasgo distintivo de este incremento de las estadísticas criminales es el impacto en personas e instituciones que forman parte del aparato institucional que debería representar a la población y cuidarla y defenderla de esos ataques delictivos. La violencia alcanza a líderes sociales, periodistas, defensores no gubernamentales de derechos humanos (y también gubernamentales, como el de Baja California Sur, asesinado en La Paz este lunes, junto con su hijo), presidentes municipales, dirigentes partidistas locales, e incluso altas figuras empresariales, como el exdirector de Izzi, Adolfo Lagos, muerto en un episodio tan increíblemente errático (guardaespaldas que por error asesinan y atropellan a su patrón, según las versiones oficiales) que ha movido a variadas suspicacias.
En esencia, la violencia criminal desatada, mientras Peña Nieto se queja de que le hacen bullying a policías y fuerzas armadas, está mostrando a los mexicanos que nadie está a salvo y que todos, en cualquier circunstancia (no se diga si hay algún asomo de confrontación con los narcopoderes vigentes), podemos ser víctimas de episodios que muy probablemente se mantendrán en la impunidad. Es una forma de cartelización de la política, un ejercicio de control social y electoral mediante el crimen institucionalizado.
La administración peñista se ha especializado en malabarismos numéricos y estadísticos que pretenden crear la ilusión de que México está mejor de lo que la inmensa mayoría de sus habitantes viven y sufren diariamente: atención médica oficial expedita y con estanterías repletas de medicamentos; educación en términos dignos, decorosos y eficaces; más y mejores empleos; vivienda popular bien construida y bien asignada; procuración de justicia en términos satisfactorios…
Ayer, el turno de la palabrería artificiosa correspondió al aumento del salario mínimo a nivel nacional. Un incremento notable en el contexto de la histórica constricción de ese indicador salarial (8.32 pesos; 10.4 por ciento), pero claramente insuficiente (la propia Confederación Patronal de la República Mexicana pidió que no fuera de 88.36 pesos diarios, sino de 95.24) y rápidamente diluible en términos inflacionarios. Ni siquiera porque en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se ha insistido en la necesidad de que en México se paguen salarios realmente mejores.
Sin embargo, Enrique Peña Nieto rápidamente saltó a tratar de instalar la tesis de que las cifras que él maneja lo absolverán. Chulada de sexenio, cumplidor el mexiquense: gracias a este aumento del salario mínimo, la recuperación adquisitiva, en términos reales, alcanzó ya el 21 por ciento y 45 por ciento en términos nominales, “lo que no había ocurrido en 30 años”, según la nota de Alonso Urrutia, en el portal de La Jornada (https://goo.gl/Y879bo ). Si la realidad, el estómago o las formas de supervivencia de los mexicanos no se acomodan a los números oficiales, problema de aquellos será, pues las cifras oficiales dicen otra cosa y sanseacabó.
La investigación gubernamental sobre el caso Odebrecht ha sido políticamente congelada, más allá de que en términos procesales siga en curso. Quien era procurador federal de justicia, Raúl Cervantes Andrade, dijo, a la hora de dejar el cargo, que el expediente del caso estaba terminado, listo para su fase siguiente, que ha de entenderse que significaría la búsqueda de conseguir órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.
No ha sido nombrado un procurador en firme, y el sustituto, Alberto Elías Beltrán, destituyó de inmediato al fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, quien avanzaba en el terreno de las acusaciones, en juzgados brasileños, de que la firma citada, Odebrecht, había entregado millones de dólares para “acompañar” la campaña electoral priista de 2012, con Peña Nieto como candidato.
En términos políticos, de realidad real, no discursiva, el caso está frenado, con un evidente y fuerte tufo de protección a Emilio Lozoya, luego director de Pemex. Entre las múltiples noticias de escándalo que se pelean diariamente la atención pública, se pretende que se diluya este caso ejemplar de corrupción política repetible.
Y, mientras el representante de Trump para las exequias del Tratado de Libre Comercio, Robert Lighthizer, le echa abiertamente la bronca a México y Canadá, y las responsabiliza de que esas “negociaciones” fracasen, por “no comprometerse seriamente” con los términos que Washington desea, ¡hasta mañana, con un día más sin que se haga justicia por las ejecuciones de Javier Valdez Cárdenas, en la Sinaloa a cargo del priista Quirino Ordaz Coppel, y de Miroslava Breach Velducea, en la Chihuahua a cargo del panista Javier Corral Jurado!

Morena-AMLO: plan, figuras, fases

El principal foco de atención estuvo en el congreso nacional de Morena. Andrés Manuel López Obrador dio lectura al plan de gobierno que propone para 2018-2024, con dos polémicos artífices que también usaron el micrófono: Alfonso Romo, el peculiar empresario regiomontano que ha apoyado las más confrontadas opciones electorales (PRI, PAN y, ahora, el nuevo partido), a tal grado que años atrás había sido acusado de formar parte de la “mafia del poder” y Esteban Moctezuma Barragán, el ex secretario de gobernación de Ernesto Zedillo (con un episodio sumamente delicado respecto a conversaciones y traiciones al subcomandante Marcos) y actual presidente de la Fundación Azteca, que es parte del grupo empresarial propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Ausente del Auditorio Nacional, donde se realizó el congreso de Morena, pero ya recuperado para la causa lopezobradorista, Ricardo Monreal, el jefe delegacional de Cuauhtémoc derrotado en su disidencia respecto a la nominación de candidatura a la jefatura de gobierno, finalmente asignada a Claudia Sheinbaum, quien ayer también compartió tribuna y recibió una de las ovaciones más fuertes del día. Monreal dijo ayer en la tarde, en un video, que seguirá en Morena debido a profundas reflexiones y consideraciones que ha hecho sobre la situación del país. Además, aunque eso no lo dijo, porque le ofrecieron ser coordinador de la campaña de AMLO, o candidato a senador, o presidente del comité nacional de Morena.
Consejo el domingo y congreso el lunes, en una tanda de morenismo que fijó sus propuestas programáticas (ayer mismo ya había discusiones en las redes respecto a los temas fiscal y de seguridad pública; sobre todo, en este punto, en cuanto a militarización y continuidad o no de las políticas trazadas por Felipe Calderón) y detalló las fases electorales inmediatas (encuesta para definir al siempre sabido candidato presidencial, sin que se sepa aún quién o quiénes disputarán al tabasqueño la postulación; apertura a posibilidades de alianzas con todos los demás partidos, excepto PRI y PAN y con un guiño de última hora al PRD; y boceto de gabinete a mediados de diciembre).
El Frente Ciudadano por México (FreCiMe) ofreció, a su vez, dos postales aparentemente contradictorias. En el plano formal, el mentado frente va. Ayer mismo, para no dejar el escenario mediático a disposición exclusiva de Morena y López Obrador, acudieron al Instituto Nacional Electoral los dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para presentar su plataforma electoral y su programa de gobierno, en la “tercera fase” de un proceso que esperan aterrice en una coalición electoral partidista (que, obviamente, hasta ahora no lo es formalmente).
Vista esa imagen, todo parecería marchar sobre ruedas. Pero la acumulación de presuntos buenos propósitos unitarios no corresponde a la cruda realidad del encarecimiento de ciertas piezas necesarias para el ensamble final. Conforme a la primera postal, el queretano Ricardo Anaya Cortés estaría en un camino de inevitable postulación a la presidencia de la República, así fuera simplemente porque es el directivo del partido que, según las estadísticas oficiales, mayor número de votos aportará al Frente y que, además, cuenta con el mayor número de gobernadores y tesorerías estatales disponibles.
Pero Rafael Moreno Valle le obstruye el paso al exigir que la postulación de candidato presidencial provenga de unas elecciones abiertas (Moreno Valle no tiene viabilidad para ser abanderado a Los Pinos, pero quiere cobrar lo más caro posible su adhesión final a Anaya, incluyendo la postulación de su esposa, Martha Erika Alonso, para gobernadora de Puebla).
Esa misma exigencia (que es, en esencia, la misma que sostuvo Margarita Zavala hasta que no le quedó sino dejar su partido) es planteada por Miguel Ángel Mancera, quien fue designado aspirante a la jefatura del gobierno capitalino, en 2012, por un acuerdo entre dos personas. Mancera ha dicho que, si no hay “elección democrática”, sino un “dedazo”, él no participaría más en el Frente, donde su correa de transmisión de órdenes ha sido Alejandra Barrales, quien dejará la presidencia nacional del sol azteca pero, según un acuerdo audaz, seguirá a cargo de las negociaciones con el Frente aunque ya haya nuevo dirigente, tal vez Juan Zepeda, el mexiquense apoyado por Alternativa Democrática Nacional, la nueva corriente dominante en el PRD.
En cuanto a los aspirantes a candidaturas presidenciales por la vía independiente de partidos, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ha tomado una delantera notable respecto a Margarita Zavala, quien se ha estancado en el segundo lugar de recaudación de firmas de apoyo. De seguir las tendencias así, sólo serían ellos dos quienes estarían en condiciones de alcanzar el registro, pues muy lejos están quedando Armando Ríos Píter, Pedro Ferriz de Con y María de Jesús Patricio, Mari Chuy.
Rodríguez Calderón y Zavala no corresponden genuinamente al sentido de los candidatos independientes, pues ambos provienen de estamentos de poder, con estructuras de apoyo bien financiadas. Pero ambos son funcionales a los planes de dispersión y confusión que se desea crear en 2018, con partícipes “confrontados” entre sí, pero a fin de cuentas alineados en la estrategia de cerrarle el paso a la opción indeseada por los grupos que promueven a estos independientes, la de López Obrador.
En el flanco priista todo aparece en calma, con una generalizada versión de que el dedo supremo ya ha decidido que el próximo candidato presidencial será José Antonio Meade Kuribreña, cuyo destino quedará claro si no es postulado para ser gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens, quien dejará ese cargo a finales del presente mes. De no ir Meade al Banxico, sería porque le está reservada la mencionada candidatura priista, según las especulaciones en curso. ¡Hasta mañana!

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