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Domingo 16 Diciembre del 2018
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Astillero

Científica Sheinbaum contra ruda realidad

El principal reto de Claudia Sheinbaum consistirá en hacer un buen gobierno sin que se note demasiado, sin levantar tolvaneras internas en un partido y en un liderazgo presidencial en el que no aceptan más que una figura fuerte.

De entrada, la científica metida a la política tiene bastantes fichas a su favor: es la primera mujer en llegar a la máxima responsabilidad ejecutiva en la capital del país, goza del aprecio y la confianza plena del jefe político, AMLO, y del círculo más cercano a este, y podrá aplicar y potenciar algunos postulados de avanzada contenidos en la primera constitución de México.

Su punto de referencia debe ser la gestión realizada por el propio López Obrador durante cinco años en que se sentaron las bases del crecimiento político y social, que llevó al tabasqueño al Palacio Nacional, con signos característicos de honestidad en el manejo del dinero público y un marcado sentido social.

El sucesor de AMLO, Marcelo Ebrard, cumplió en general (afectado por el caso de la línea 12 del Metro) y dio pasos fuertes en terrenos donde Andrés Manuel se había mostrado conservador, como la aprobación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos. Ebrard mantuvo una confrontación, incluso en el terreno judicial, con el máximo jefe de la ultraderecha mexicana, el cardenal jalisciense Juan Sandoval Íñiguez.

Antes, en 2007, al firmar la ley expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para despenalizar la suspensión voluntaria del embarazo, Ebrard fue atacado por la jerarquía católica. El arzobispado primero de México, a cargo del cardenal, Norberto Rivera, lo declaró “fuera de la iglesia”, en una forma verbal con pretensiones de etiquetarlo como virtualmente ex comulgado. “Político que juega a ser dictadorzuelo” y que ha puesto “en riesgo su alma y salvación eterna”, le dijo ese arzobispado a Ebrard.
Pero, ahora, la científica Sheinbaum recibe una administración y una realidad degradada.

Por una decisión cupular de López Obrador y Ebrard, en 2012 fue designado Miguel Mancera como candidato de la “izquierda” a la sucesión.

Con un comportamiento social esperanzado y con mínima crítica izquierdista, igual que sucede actualmente con algunas decisiones de esa misma izquierda partidista llegada al poder presidencial, Mancera fue instalado como gobernante.

La administración de MAM fue pésima. Se mantuvo en constante entrega con Peña Nieto. Sus referentes fueron las élites económicas y políticas, dejando el manejo político de lo cotidiano a una camarilla en la que destacó un personaje tenebroso, Héctor Serrano, quien fue secretario de gobierno y secretario de movilidad, truculento encargado de “construir” en efectivo la presunta candidatura presidencial de Mancera.

Ante el cúmulo de problemas graves que hereda de la administración de Mancera y del tramo final, ejercido por José Amieva, y de la insuficiencia presupuestal para resolverlos de fondo, Sheinbaum tendrá que desplegar artes políticas de las que no ha dado una magistral muestra hasta ahora, caminante exitosa porque una mano superior la ha ido guiando.

Medidas, como la supresión del cuerpo de granaderos y de las fotomultas, generan una primera impresión positiva para la nueva gobernadora. Pero el cambio de fondo habrá de demostrarse, por dar dos ejemplos, en terrenos como la honestidad en la relación con las inmobiliarias y el castigo a corruptos.

A propósito de la desaparición de la figura de los granaderos será interesante si el gobierno capitalino va a prescindir de alguna forma de contención de movilizaciones públicas críticas o adversas a los poderes asentados en la capital del país. Es emotivo dedicar tal desaparición a las exigencias estudiantiles de 1968 y, desde luego, de entonces a la fecha tal corporación de granaderos ha tenido suficientes actos negativos para invocar el adiós a tal agrupación.

Pero la realidad política de nuestro país hace necesarias las fórmulas policiacas de control de multitudes, a menos que Sheinbaum crea que de pronto van a desaparecer las causas que motivan marchas, protestas y desbordamientos de violencia política. Ojalá no se esté en presencia de un mero cambio de etiquetas, como ha sucedido con la “desaparición” del Cisen, para convertirlo en una nueva agencia, bajo el mando del general Audomaro Martínez. ¡Hasta mañana!

AMLO: Presidente en campaña

En sendos discursos, Andrés Manuel López Obrador descalificó abiertamente a sus antípodas (en San Lázaro, con Enrique Peña Nieto como desencajado testigo y destinatario) y refrendó su credo transformador (en el zócalo capitalino, en medio de un ceremonial cargado de simbolismo popular).

En su discurso de toma de posesión soltó una descarnada crítica a la administración que le precedió y al neoliberalismo de tres décadas (con una significativa nostalgia por la etapa del priismo de buenos resultados en las pizarras económicas).  Y en su discurso ante una Plaza de la Constitución rebosante, recurrió de manera abierta a su base popular de apoyo, como sustento necesario para una travesía plena de riesgos.

Riesgos presentes desde los primeros momentos de la presidencia de la república con mayor respaldo popular de la historia moderna, un respaldo manifestado vivamente por la gente que al paso del ya famoso Jetta blanco le vitoreó y en algunos casos se arriesgó, en bicicletas o motocicletas, con tal de acercarse al tabasqueño de muy frágil burbuja de protección formal.

Riesgos relacionados con la capacidad presupuestal para cumplir en tiempo y forma la amplia lista de compromisos, con el sistemático amago de “los mercados” y con las dificultades propias de la integración de un variopinto equipo de trabajo que en algunos casos parece desfigurarse conforme va llenando los huecos inferiores del primer y segundo niveles del organigrama codiciado.

El simbolismo, en esta primera etapa, puede darse por bien servido. La apertura de Los Pinos al público en general; el recorrido automovilístico rumbo al Palacio Legislativo y a Palacio Nacional, entre vallas y euforia populares; el discurso de congruencia ante Peña Nieto; el manejo sin incidentes de los actos protocolarios, con Ivanka Trump y Mike Pence presentes en San Lázaro, pero no en la comida de Palacio Nacional a la que sí asistió Nicolás Maduro; el hincarse durante la ceremonia en la que le entregó un símbolo de mando un presunto gobernador indígena (Hipólito Arriaga, ex militante de la Confederación Nacional Campesina y promovido por grupos priistas del Estado de México.

Discursos, promesas en curso y simbolismos van destinados a la consolidación de la base popular de apoyo de AMLO. Los ocupantes de Los Pinos apelaron siempre a las élites, pues de esa fuente de poder provenían y de su respaldo necesitaban. AMLO, en cambio, requiere mantenerse como líder virtualmente en campaña, excitando a la porción social (mayoritaria) que le apoya, en preparación de eventuales choques u obstáculos mayores en el cumplimiento de una serie de programas de gobierno que necesitan ser “sentidos” y asumidos por esas bases populares para defenderlos en caso necesario.

En esta fase de consolidación política, mientras el amago de acciones legales de los acreedores de los bonos de financiamiento del aeropuerto que se proyectaba construir en Texcoco lleva al nuevo gobierno a prolongar los trabajos en ese lugar y a proponer la recompra de esos bonos, López Obrador busca establecer una relación estrecha con las fuerzas armadas, cuyo secretario de la defensa nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, incluyó en su discurso el lema de la coalición partidista encabezada por Morena en las pasadas elecciones, “Juntos haremos historia”.

El presidente, está acelerando un proceso de internación en las fuerzas armadas para asegurar lealtad no solo declarativa o fundada en la relación con los altos mandos y, por otra parte, avanza en la confirmación práctica de la Guardia Nacional.

En el tema del aeropuerto, cuya construcción continuará en Texcoco se busca un arreglo específico con los principales inversionistas, vale recordar que sus directivos aseguraron semanas atrás que habría entendimientos, pero sin entrar a los detalles monetarios en los que suele estar el diablo. El riesgo de un oneroso y prolongado conflicto legal, bajo la jurisdicción de un tribunal neoyorquino, llevó a la nueva administración del aeropuerto de la Ciudad de México a hacer pública una estrategia de recompra de bonos que, obviamente, puede ser aceptada o rechazada por los afectados por la cancelación del mencionado proyecto al que algunos empresarios aún consideran susceptible de recuperación.

Y, mientras la primera visita de López Obrador a una entidad federativa ha sido a Veracruz, ya con el morenista Cuitláhuac García como gobernador y, obviamente, sin la presencia repudiada de Miguel Ángel Yunes, ¡hasta mañana, luego que este domingo se realizó la primera manifestación de adversarios de las políticas obradoristas, con pocos participantes y entre acusaciones de fifís y chairos que se lanzaron algunos de los protestantes y otros ciudadanos!

Ya casi: ¡adiós, Peña!

En bronce estatuario, con 2.20 metros de altura, Enrique Peña Nieto quedará a disposición no solo de la historia (que desde ahora le adelanta pésimas calificaciones, las peores entre el catálogo de los peores después de la Revolución Mexicana) sino, de manera que podría ser literalmente contundente, de la opinión y acción de los viandantes que ahora podrán recorrer los arbolados caminos de la que a partir de este sábado dejará de ser la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos./

Peña Nieto aprovechó su último día efectivo todavía al mando (es un decir) de la nación, para despedir y despedirse del Estado Mayor, que ahora se reintegra a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el adiós a Los Pinos. El último acto con las características pretorianas que dominaron el ceremonial presidencial durante décadas. Más tarde, sin tanto boato, inauguró el Centro Médico Naval./

Hoy, Peña Nieto saldrá a Argentina, para participar el viernes en la reunión del G-20, atestiguar la firma del nuevo tratado comercial trumpista y entregar la condecoración de la Orden del Águila Azteca al yerno Jared Kushner. Luego, regresará a México para asistir el sábado al Palacio Legislativo de San Lázaro a la ceremonia de transmisión de poderes (aunque, en los hechos, López Obrador habrá asumido el control oficial del país desde el primer minuto del sábado, así como asumió paulatinamente el control extraoficial del país al segundo día después de las elecciones del pasado julio)./

En las premuras de cierre del ciclo peñista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez, se atrevió a última hora a dar a conocer su recomendación sobre el caso Iguala-Ayotzinapa. En esencia, señala las diversas facetas de irresponsabilidad, distorsión y encubrimiento en que incurrieron personajes de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), sobre todo en cuanto a la Procuraduría General de la República./

El valor de una postura así queda opacado por el evidente acomodo a las horas finales del peñismo para lanzar, desde la onerosa y, en general, ineficaz instancia oficial de defensa de los derechos humanos, señalamientos que desacreditan totalmente la “verdad histórica” y abundan en lo que instancias independientes ya han señalado respecto al caso./

La recomendación de la citada comisión recibió una respuesta a la altura de las circunstancias cronológicas. Peña Nieto ayer cerró virtualmente su ejercicio como ocupante de la silla presidencial, pero aún así, con solemnidad tragicómica, el todavía secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal “acepta” la recomendación, estudia su contenido y verá si con ello se trastoca la tal “verdad histórica”./

La maniobra buscará “limpiar” al peñismo de última hora de la mancha dejada por Jesús Murillo Karam y habilitar al obradorismo para nuevas indagaciones. En su postrimería, Peña Nieto “entraría en razón” e, imbuido de espíritu justiciero, podría declararse “engañado” por el malévolo fabulador Murillo Karam. Y López Obrador, viendo hacia adelante, podría retomar la recomendación de la CNDH y avanzar e indagar, hasta donde le sea posible./

El presidente que está por tomar posesión se fue a Palenque, Chiapas, (donde tiene una finca familiar, La Chingada) en compañía del compositor y cantante cubano Silvio Rodríguez y de Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, cuya capital es Santander, donde está la sede del grupo bancario del mismo nombre (cuya presidenta, Ana Botín, visitó semanas atrás a López Obrador en su casa de la Ciudad de México, durante una visita en la que el tabasqueño ofreció garantías de respeto a la operación bancaria )./

Descansará estos días AMLO en aquellas tierras, dispuesto a cargar energías antes de la toma formal del poder mexicano, luego de un intenso e inusitado ejercicio como presidente electo que le ha llevado a bromear en el sentido de que rendirá protesta y, al mismo tiempo, dará su primer “informe de gobierno”.-

Gran ruido generó la declaración de Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, luego que uno de los asistentes le preguntó por su destino como director del Fondo de Cultura Económica, propuesto por López Obrador pero entrampado debido a una disposición legal que exige ser mexicano por nacimiento para ocupar ese cargo.

Ya casi: ¡adiós, Peña!

En bronce estatuario, con 2.20 metros de altura, Enrique Peña Nieto quedará a disposición no solo de la historia (que desde ahora le adelanta pésimas calificaciones, las peores entre el catálogo de los peores después de la Revolución Mexicana) sino, de manera que podría ser literalmente contundente, de la opinión y acción de los viandantes que ahora podrán recorrer los arbolados caminos de la que a partir de este sábado dejará de ser la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Peña Nieto aprovechó su último día efectivo todavía al mando (es un decir) de la nación, para despedir y despedirse del Estado Mayor, que ahora se reintegra a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el adiós a Los Pinos. El último acto con las características pretorianas que dominaron el ceremonial presidencial durante décadas. Más tarde, sin tanto boato, inauguró el Centro Médico Naval.

Hoy, Peña Nieto saldrá a Argentina, para participar el viernes en la reunión del G-20, atestiguar la firma del nuevo tratado comercial trumpista y entregar la condecoración de la Orden del Águila Azteca al yerno Jared Kushner. Luego, regresará a México para asistir el sábado al Palacio Legislativo de San Lázaro a la ceremonia de transmisión de poderes (aunque, en los hechos, López Obrador habrá asumido el control oficial del país desde el primer minuto del sábado, así como asumió paulatinamente el control extraoficial del país al segundo día después de las elecciones del pasado julio).

En las premuras de cierre del ciclo peñista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez, se atrevió a última hora a dar a conocer su recomendación sobre el caso Iguala-Ayotzinapa. En esencia, señala las diversas facetas de irresponsabilidad, distorsión y encubrimiento en que incurrieron personajes de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), sobre todo en cuanto a la Procuraduría General de la República.

El valor de una postura así queda opacado por el evidente acomodo a las horas finales del peñismo para lanzar, desde la onerosa y, en general, ineficaz instancia oficial de defensa de los derechos humanos, señalamientos que desacreditan totalmente la “verdad histórica” y abundan en lo que instancias independientes ya han señalado respecto al caso.

La recomendación de la citada comisión recibió una respuesta a la altura de las circunstancias cronológicas. Peña Nieto ayer cerró virtualmente su ejercicio como ocupante de la silla presidencial, pero aún así, con solemnidad tragicómica, el todavía secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal “acepta” la recomendación, estudia su contenido y verá si con ello se trastoca la tal “verdad histórica”.

La maniobra buscará “limpiar” al peñismo de última hora de la mancha dejada por Jesús Murillo Karam y habilitar al obradorismo para nuevas indagaciones. En su postrimería, Peña Nieto “entraría en razón” e, imbuido de espíritu justiciero, podría declararse “engañado” por el malévolo fabulador Murillo Karam. Y López Obrador, viendo hacia adelante, podría retomar la recomendación de la CNDH y avanzar e indagar, hasta donde le sea posible.

El presidente que está por tomar posesión se fue a Palenque, Chiapas, (donde tiene una finca familiar, La Chingada) en compañía del compositor y cantante cubano Silvio Rodríguez y de Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, cuya capital es Santander, donde está la sede del grupo bancario del mismo nombre (cuya presidenta, Ana Botín, visitó semanas atrás a López Obrador en su casa de la Ciudad de México, durante una visita en la que el tabasqueño ofreció garantías de respeto a la operación bancaria ).

Descansará estos días AMLO en aquellas tierras, dispuesto a cargar energías antes de la toma formal del poder mexicano, luego de un intenso e inusitado ejercicio como presidente electo que le ha llevado a bromear en el sentido de que rendirá protesta y, al mismo tiempo, dará su primer “informe de gobierno”.-

Gran ruido generó la declaración de Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, luego que uno de los asistentes le preguntó por su destino como director del Fondo de Cultura Económica, propuesto por López Obrador pero entrampado debido a una disposición legal que exige ser mexicano por nacimiento para ocupar ese cargo.

AMLO avanza en Banxico

• Esquivel y las turbulencias
• “Democracia deliberada”
• En enero, elección en SNTE

En medio de las turbulencias relacionadas con las operaciones bursátiles y la paridad cambiaria, el inminente presidente, Andrés Manuel López Obrador, da un paso en el rediseño de la Meca del economicismo neoliberal mexicano, el Banco de México, al proponer para subgobernador de esa institución “autónoma” a Gerardo Esquivel Hernández, el hombre del primer círculo económico de AMLO más cargado a la izquierda institucional (fue coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, a la llegada del entonces perredista Miguel Barbosa a la presidencia de ese instituto).

Esquivel ha fungido hasta ahora como anunciado subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde Carlos Urzúa ha batallado para tratar de conjurar la incertidumbre y enojo de grandes empresarios e inversores a quienes asustan el estilo y varias de las propuestas de quien será a partir de este sábado el presidente de la República. La distribución de los ingresos fiscales durante el obradorismo, bajo una concepción de equilibrio macroeconómico y sentido social, había sido el encargo central de Esquivel.

Ahora, de avanzar esta propuesta (lo cual parece automático, pues el obradorismo tiene también el control del Poder Legislativo federal), el licenciado en economía por la UNAM, con maestría del Colegio de México y doctorado en la Universidad de Harvard, suplirá a Roberto del Cueto Legaspi en la Junta de Gobierno del citado Banco de México, integrada por el gobernador de esta institución, Alejandro Díaz de León Carrillo (quien llegó al cargo ante la postulación de José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial priista), y cuatro subgobernadores.

Declarada su autonomía durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, el Banco de México ha sido gobernado desde entonces por inequívocos representantes de la escuela económica neoliberal: Miguel Mancera Aguayo (1994-1997), Guillermo Ortiz Martínez (1998-2009), Agustín Carstens Carstens (2010-2017) y el actual, Díaz de León Carrillo.

Esquivel Hernández forma parte de la corriente “Democracia Deliberada” (@ddeliberada, en Twitter), que se autodefine como “Corriente política en búsqueda de la izquierda perdida”. La esposa de Esquivel, Graciela Márquez Colín, propuesta para la Secretaría de Economía, ha sido miembro de este grupo, aunque su nombre aparece en la página oficial sin referencia hipertextual. Además, participan entre otros, Adrián Lajous, del equipo de Claudia Sheinbaum y Hernán Gómez, articulista en “El Universal” y activo participante en mesas de debate en Televisa, como “La hora de opinar”, con Leo Suckermann, donde también ha sido opinante el citado Esquivel.

Durante unos 45 minutos se reunieron representantes de la corriente sindical de Elba Esther Gordillo con el presidente electo. Estos visitantes de la casa de transición se retiraron con la convicción de que en enero habrá un congreso nacional democrático para elegir al nuevo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dominga Escobar, profesora de la sección 22, de Oaxaca, planteó que debe haber piso parejo en esa elección interna y que ésta debe realizarse en el primer mes del próximo año.

Más tarde, López Obrador recibió a la directiva en funciones, encabezada por el coahuilense Alfonso Cepeda (del grupo de los Moreira), quien sustituyó al jalisciense Juan Díaz de la Torre, quien recientemente, entre impugnaciones, se había hecho elegir por seis años y, ante la presión del grupo elbista, renunció al cargo para dejar a Cepeda, con la intención de que este cubra el largo periodo pendiente.

López Obrador encomendó a las futuras secretarias de gobernación y del trabajo, Olga Sánchez y Luisa María Alcalde, respectivamente, que den continuidad al tema de la elección, con voto libre, directo y secreto, y que busquen impedir que se use el aparato de la Secretaría de Educación Pública en algunos estados (se dio como ejemplo Nayarit) para presionar a los profesores en determinado sentido sindical.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, llegado al cargo a nombre del Partido de la Revolución Democrática pero empujado por Enrique Peña Nieto, ha anunciado que “devuelve” al gobierno federal, es decir, a López Obrador, aunque este todavía no tome posesión de la silla presidencial, el manejo del sistema educativo estatal en sus ramas de instrucción básica y de normales.

Con ese movimiento, Aureoles Conejo busca trasladar al gobierno obradorista la carga presupuestal y los problemas derivados de incumplimientos e insuficiencias. Ha dicho que, en esencia, la educación es un asunto federal, y los gobiernos estatales y municipales son concurrentes. La medida tiene como contexto general la oposición de gobernadores panistas, priistas, perredista y del Movimiento Ciudadano, a diversas políticas del gobierno por entrar, en particular respecto a los superdelegados y a las funciones de éstos como eje convocante y decisorio de acciones de la futura Guardia Nacional.

No hubo sorpresa en cuanto al ejercicio de “reafirmación” (el término fue usado por AMLO en alguna entrevista periodística para precisar el sentido de lo que se llama “consultas ciudadanas”). Ni siquiera el apabullante porcentaje de apoyo (más del 90 por ciento) a las 10 propuestas de trabajo de López Obrador. Pero no serán suficientes el ejercicio de votación ni el altísimo apoyo reportado en temas como el Tren Maya, las Zonas Económicas Especiales y el corredor transístmico ante la necesidad de realizar verdaderas consultas a las comunidades que podrían ser afectadas o beneficiadas por tales planes.

El periodista Jenaro Villamil estará de lunes a viernes en el 620 de amplitud modulada en radio comercial, frecuencia perteneciente a la cadena “Rasa”. De una a dos de la tarde, acompañado de Lourdes Piña Soria, Villamil dará noticias y opiniones, en un ejercicio de plausible apertura a nuevas voces y enfoques, que podrá ser escuchado en la radio comercial y en www.villamilinforma.com
¡Hasta mañana!

Migrantes CA, problema de México

• Estación de espera
• Velasco Coello, adiós violento
• Güero Consentido de la 4T

La administración Trump ha decidido que los migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos deben ser contenidos desde el sur de México, como este país pueda, ya sea mediante el uso de la fuerza pública o mediante barreras económicas o laborales como el Tren Maya, el corredor transístmico y la siembra masiva de árboles. México, pues, como el verdadero muro de Trump.

En el caso de los migrantes en caravana, que a fin de cuentas le proporcionaron un buen servicio (aunque no suficiente) en las pasadas elecciones intermedias, Trump ha militarizado su frontera para impedir que un pie sin documento legal que lo avale pueda pisar territorio gringo. Ayer, luego de rebasar las prevenciones de la Policía Federal, un grupo de esos migrantes realizó un intempestivo intento de salto de muro, que fue contenido desde el lado estadounidense mediante el uso de gases lacrimógenos.

El volátil ambiente de esa caravana migrante centroamericana, con presencia de informantes, infiltrados y provocadores, queda ahora a disposición de las autoridades mexicanas salientes, cuyo secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha anunciado que el Instituto Nacional de Migración va a deportar a cuando menos medio millar de centroamericanos que participaron en el intento de ingreso violento a Estados Unidos. “La actuación será con firmeza”, dijo Navarrete, a quien queda menos de una semana en el cargo.

Luego tocará el turno a la administración obradorista que, según lo publicado por The Washington Post, habría llegado a un acuerdo para que los migrantes en solicitud de asilo estadounidense se mantengan en México, como si este país fuera una especie de estación de espera. El presunto acuerdo fue negado, con prosa confusa que ya le va siendo característica, por la futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Manuel Velasco Coello rindió su último informe como gobernador del estado de Chiapas. Hubo una abierta represión a trabajadores del sector salud y a desplazados de comunidades rurales que protestaron en el contexto del peculiar informe. El cierre violento de la administración del joven político conocido como “El Güero” fue congruente con las hechuras políticas de los seis años recientes: una administración pública caracterizada por el desdén hacia las demandas populares, la utilización de la pobreza como mecanismo de control electoral y la politiquería como método de subsistencia y ascenso en las cúpulas.

Las prácticas de Velasco Coello bien podrían ser inscritas en la muy precisa lista de lo que se supone que debería estar en proceso de extinción conforme a lo que se ha llamado “La cuarta transformación del país”. Miembro del deplorable Partido Verde Ecologista de México, peñista no solo por circunstancias sino por afinidad esencial, usuario del priismo y sus siglas para imponer en Chiapas una especie de bipartidismo de rienda única, acusado de corrupción y despilfarro, frívolo y clasista (llegó a permitir que pobladores de comunidades indígenas lo transportaran en andas), Velasco Coello ha gozado tempranamente de una excepcional benevolencia por parte de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena.

Quien está llamado a ser “El Güero” Consentido del Sexenio comparte la siguiente gubernatura chianapeca con el obradorismo, en la persona de Rutilio Escandón, y colocó en senadurías y diputaciones a miembros de su grupo. De escándalo fue la maroma del obradorismo senatorial a la hora de negarle permiso para dejar el Senado y luego, en segunda votación, restituirle tal vía que le permitió retomar el gobierno chiapaneco, con la posibilidad de regresar luego a tal escaño o ejercer abiertamente alguna función pública, tal vez relacionada con el proyecto del Tren Maya. En tales circunstancias, resulta que las protestas populares en su contra, la represión a esos protestantes y el saldo negativo de su gestión, son incidentes menores, ante la protección y promoción que le brinda el inminente presidente de la República.

López Obrador se reunió ayer con treinta y dos mil elementos de las fuerzas armadas mexicanas. Es inusual que se produzca un encuentro de esa magnitud con quien es presidente electo y, por tanto, aún no es el comandante formal del Ejército y la Marina. La visita al Campo Militar número uno ha tenido como referente discursivo el tema de la Guardia Nacional, que es uno de los varios puntos que han causado desconcierto en esos cuerpos castrenses.

El próximo presidente de la República pidió apoyo a quienes le escuchaban y les dijo que la creación de la citada Guardia es una necesidad, ante el desbordamiento de la violencia: propongo la Guardia “porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina, porque el Ejército es el pueblo uniformado”. Acompañaron a AMLO quienes serán los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina del próximo gabinete, Luis Sandoval y José Ojeda, respectivamente, así como los titulares que van de salida, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón. Además, los futuros secretarios de gobernación y de seguridad pública, Olga Sánchez y Alfonso Durazo, y la próxima gobernadora capitalina, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué hacer esta reunión masiva antes de la toma de posesión y no días o incluso horas después de esta?

Astillas: Se rebela Damián Zepeda a la colocación de Rafael Moreno Valle como coordinador de los senadores panistas, cargo que ocupaba Zepeda merced al mismo método discrecional que ahora impugna. Pleitos internos del partido blanquiazul que se agudizan, entre palabrería supuestamente virtuosa, que no alcanzan a esconder el drama de la seca reyerta por puestos y privilegios…

En el pelotón de opositores a los superdelegados obradoristas, que presentará objeciones constitucionales ante la Suprema Corte, destacan dos figuras que suman puntos con la vista puesta en la elección presidencial de 2024: el jalisciense Enrique Alfaro, a nombre del cuasi regional Movimiento Ciudadano, y el chihuahuense Javier Corral, a nombre de Acción Nacional o lo que de éste quede… ¡Hasta mañana!

¿No se preocupen, ex presidentes?

Deseoso de promover su próxima consulta de reafirmación (ahora con diez puntos, entre ellos el Tren Maya), Andrés Manuel López Obrador ha recorrido en días recientes los estudios de Televisión Azteca, Televisa, Imagen TV y Aristegui Noticias. Ha sido natural que el interés periodístico haya abordado otro tipo de temas (con una notable disposición de AMLO a contestar todo), en especial lo relacionado con la creación de una Guardia Nacional y con el perdón a los políticos corruptos.

La entrevista de ayer, con Carmen Aristegui, fue particularmente ilustrativa. A diez días de que le sea colocada la banda de tres colores en el pecho, el tabasqueño ofreció, durante más de dos horas, la mayor y mejor exposición pública de su visión y razonamientos en la parte final de su largo recorrido como político opositor, ya en la antesala de la toma de un poder que necesariamente ajustará o modificará las posturas propias de la recolecta electoral.

Triunfante en julio pasado merced a una profusión de votos deseosos, sobre todo, de poner fin a la terrible etapa de saqueo de la riqueza pública que encabezó Enrique Peña Nieto (pero que han practicado, en diversa medida, casi todos los anteriores ocupantes de Los Pinos) , López Obrador ha mantenido su postura original de perdonar a los causantes de la crisis nacional y ver hacia adelante a partir del próximo primero de diciembre, en un lance sintetizado en la frase popular de “borrón y cuenta nueva”.

Ayer, sin embargo, en la entrevista difundida a través de Radio Centro y del portal Aristegui Noticias, AMLO se comprometió a que, organizadas por el Instituto Nacional Electoral y con una normatividad modificada, se realizarán consultas sobre tres temas: el consejo asesor empresarial que recientemente fue anunciado, la mencionada Guardia Nacional y un eventual enjuiciamiento a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el siguiente “ex”, Peña Nieto.

López Obrador advirtió: “Desatamos… (¿A los demonios, habría sido la frase que el presidente electo no completó?: astillado breviario preguntón), nos empantanamos, se suelta la confrontación entre los mexicanos, porque tendríamos que enjuiciar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y habría demasiado escándalo, y no podría hacer lo que quiero hacer para acabar con la corrupción (…) “Le haríamos más daño al país que beneficios si desatamos una cacería de corruptos”.

Una primera reacción a estas palabras puede ir del desconsuelo a la ira. Todo el poder derivado de las urnas (treinta millones de votos, Presidencia de la República, mayoría dominante en el congreso federal, gubernaturas y congresos locales) resulta impotente ante “los mercados” (que dieron muestra de su fuerza ante el intento de corregir el sistema de comisiones bancarias) y la necesaria “estabilidad política”. Todo se puede mover y remover, menos lo sustancial del sistema.

En ese contexto de crudo pragmatismo es explicable la injustificada insistencia de AMLO en proclamar “respeto” a Peña Nieto, convencido de que este propició o permitió las condiciones electorales adversas a un nuevo fraude electoral. Por ello, EPN se encamina al tranquilo disfrute de su retiro, al igual que la mayoría de sus compinches. La estabilidad política del sistema no acepta conspiraciones justicieras.

La ruta inmediata de reinstalación de Elba Esther Gordillo en el poder sindical pasará por la realización de un consejo nacional del SNTE (que se tiene programado para hoy), la renuncia de Juan Díaz de la Torre (el personaje impuesto por el peñismo para sustituir a Elba Esther) y la convocatoria a un congreso nacional en el que podría “devolverse” a la profesora el puesto directivo o, bien, instalar a alguno de sus subordinados políticos, para quedar ella como poder tras el trono.

Este miércoles los integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto,conocieron la vida sin vigilancia y ayudantía de militares pertenecientes al Estado Mayor.

Narcos: Casos de la vida real

-Cantantes en Brooklyn
-Muerte de funcionarios
-Actores en Netflix

El juicio a Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn, es en realidad un juicio al sistema político mexicano, no solo a sus ramificaciones policiacas, militares o judiciales. Pero justamente cuando la “Guerra contra el narcotráfico” entra a su segunda transformación (Felipe Calderón planteó el modelo original y Enrique Peña Nieto realizó la primera transformación, que en realidad fue continuidad), ahora con el ropaje de una Guardia Nacional de origen militar, bajo mano militar y con militares aún más intrusivos (de aprobarse el correspondiente proyecto de ley, en sus términos, podrían ser “auxiliares” de las agencias del Ministerio Público), las revelaciones provenientes de Nueva York muestran sin atenuantes el nivel de control del aparato estatal que han llegado a adquirir los grupos ejecutivos del crimen organizado, los llamados cárteles, más allá de planes ingeniosos, declaraciones enjundiosas y buenas intenciones de reformismo compaginado.

Todas las declaraciones y acusaciones surgidas del jurado de New York han de tomarse con las reservas del caso, pues obedecen a estrategias de defensa o ataque por voz de apoderados legales o partícipes y testigos que suelen tener beneficios y si se conducen en la línea deseada por los controladores del proceso. Sin embargo, señalamientos crudos, en particular contra personajes de primer nivel, como los citados Calderón y Peña, como presuntos receptores de sobornos provenientes de determinados cárteles, embonan con precisión y los antecedentes de corrupción y abuso que caracterizaron a sus reprobadas administraciones.

En el coro de delaciones que se desarrolla en Nueva York ha tenido un papel destacado Jesús Zambada, apodado “El Rey”, hermano del discreto “Mayo”, reputado como el máximo jefe real del Cártel de Sinaloa. Ayer, “El Rey” relató que en 2005 se urdió un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, que en 2012 se convirtió en SIEDO, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; meros cambios de fachada).

La orden de ejecución contra Santiago Vasconcelos tuvo como sustento su grave pecado operativo, según lo dicho por “El Rey” Zambada: dicho subprocurador “no agarraba dinero… de parte del narcotráfico” y, en ese sentido, “no cooperaba con nadie”. Los jefes del Cártel de Sinaloa desistieron de la intención exterminadora y desactivaron a los verdugos, según el citado “Rey”. Pero ese subprocurador murió en otro de los extraños accidentes aéreos que caracterizaron las etapas de Vicente Fox y de Calderón como ocupantes del poder presidencial.

En la tarde del 4 de noviembre de 2008, en viaje de San Luis Potosí a la Ciudad de México, se desplomó el avión cuyos pasajeros más conocidos eran el propio Santiago Vasconcelos y, sobre todo, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el joven economista nacido en Madrid al que Felipe Calderón hizo todopoderoso secretario de Gobernación y virtual precandidato explícito a la sucesión en 2012. El mayor golpe político e íntimo que recibió Calderón durante su paso por Los Pinos fue la muerte de su gran amigo y principal proyecto político a futuro.

En 2005, el mismo año en que los mafiosos sinaloenses tramaban el asesinato del fiscal antidroga; Santiago Vasconcelos, murió en accidente aéreo el secretario federal de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, quien había suplido a Vicente Fox cuando éste dejó la gubernatura de Guanajuato para buscar Los Pinos. Y en noviembre de 2011, al caer el helicóptero en el que se transportaba, murió quien entonces era secretario de Gobernación con Calderón, el tijuanense José Francisco Blake Mora.

Con esos y muchos episodios más (la muerte de Héctor Beltrán Leyva, por ejemplo, que pareciera mensaje con rumbo al norte), pareciera informe oficial de labores lo que la serie de Netflix, Narcos, muestra en su cuarta temporada, con Diego Luna, Tenoch Huerta, Joaquín Cosío, José María Yazpik y Michael Peña en los papeles principales.-

El futuro secretario de hacienda, Carlos Urzúa, sigue realizando filtraciones, imprecisiones y errores de su propio equipo (tal vez la primera pregunta debería ser si de verdad tiene “su” equipo de trabajo).

El episodio más reciente se produjo ayer, al publicarse que el presupuesto para las universidades públicas sería 32.5% menor a lo correspondiente al año en curso. Tal versión provocó reacciones inmediatas, pues el presidente electo había prometido a rectores de esas casas de estudios que se mantendrían las asignaciones monetarias en términos similares a las actuales e incluso se estudiaría la posibilidad de un pequeño incremento.

Ayer mismo salió al quite el propio Urzúa, para informar que un “error de cálculo” hizo aparecer el citado porcentaje tan negativo para las universidades públicas. Sin embargo, al estilo en curso, de dar golpes mediáticos o políticos para luego suavizar o negociar, no se ha precisado si habrá reducción a esos presupuestos, así fuera en proporción menor a la que al ser develada provocó escándalo.

Tomó posesión el michoacano Marko Cortés de la presidencia del comité directivo del Partido Acción Nacional. Lo hace en los peores momentos para su organización y él mismo no muestra el empaque que algunos de sus antecesores llegaron a ofrecer.
Y, mientras el nuevo logotipo de la Ciudad de México entra al terreno de la polémica, por el presunto plagio contra una banda metalera de Monterrey.

AMLO tendrá fiscal carnal

No habrá un fiscal general con sana distancia respecto al poder presidencial (la “sana distancia” fue un término que usó el entonces presidente Ernesto Zedillo para expresar su declinación a seguir ejerciendo funciones de impositivo jefe político del Partido Revolucionario Institucional; dicha “sana distancia” permitió el fin del predominio priista en la Cámara de Diputados, la llegada del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del gobierno capitalino y la alternancia de siglas en Los Pinos, con Vicente Fox como experimento fallido).

Así fue como este miércoles el coordinador de Morena en San Lázaro dijo a Andrés Manuel López Obrador que “sus diputados” (valga precisar, aunque parezca reiterativo: el adjetivo adjudicaba la posesión al político tabasqueño) habían trabajado hasta la madrugada para entregarle los cambios legales suficientes en materia administrativa para avanzar en la Cuarta Transformación del país, ayer el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación que, en los hechos, deposita en las manos del propio López Obrador la designación de quien cumplirá tareas similares a las de la actual Procuraduría General de la República, pero con aspiraciones (solo teóricas) de autonomía real respecto a otros poderes o factores de poder real.

Con esa decisión senatorial se abaten los márgenes de eventual independencia del futuro fiscal general quien, como ha sucedido en las administraciones presidenciales anteriores, tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto. Ese enlazamiento de voluntades partidistas o grupales con la asignación de cargos presuntamente independientes está en la raíz de buena parte de los problemas de funcionamiento institucional de órganos “autónomos” (casos conocidos, los consejeros de diversos institutos, como el Nacional Electoral, o comisiones, como la Nacional de Derechos Humanos, e incluso tribunales y la misma Suprema Corte).

En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un “fiscal carnal”. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la Procuraduría General de la República (como premio de consolación porque EPN había buscado originalmente hacerlo ministro de la Corte) y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se completó el proceso ya prefigurado: con nueve votos a favor se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que no cumplió el año de aprobada y que, a pesar de haber estado vigente desde diciembre del año pasado, no fue aplicada en ninguna ocasión debido a un compromiso de Peña Nieto de no utilizar tales recursos mientras la citada Corte no decidiera si sus términos eran constitucionales o no.

En tanto, el inminente gobierno obradorista anunció ayer que contará con un consejo de asesores empresariales de primer nivel, con varios de los apellidos más significativos del mundo mexicano de los negocios aunque sin la presencia de Carlos Slim. Parece surrealista que algunos de esos personajes estén pasando de la lista negra llamada “La Mafia del Poder” a una consejería de buena voluntad que, según lo informado, fue solicitada por ellos mismos y aceptada por la futura Presidencia de la República. Significativo es el gesto si se recuerdan los clarines de guerra que sonaron durante el proceso de cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco y que fueron silenciados luego de la comida conocida como El Pacto de la Alcachofa.

Por cierto, el sepultamiento de la Ley de Seguridad Interior se produce mientras en el país se multiplica la polémica respecto al Plan de Paz y Seguridad del próximo gobierno, que implica de facto situaciones similares e incluso peores a las pretendidas por la citada LSI. El próximo secretario de seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como otros destacados morenistas, hacen esfuerzos para tratar de que se entienda que no es militarización el darle más espacios, fuerza y facultades legales a los militares que ahora utilizarán el nuevo ropaje denominado Guardia Nacional.

En Brooklyn sigue siendo despedazado el sistema político mexicano y sus vertientes policiacas y militares. Las dos partes concurrentes en el escandaloso juicio que se realiza a Joaquín Guzmán Loera han coincidido en que los sobornos a políticos y fuerzas armadas han sido una práctica constante. La parte acusadora y la parte acusada hacen relatos que dejan a las series de relatos delincuenciales que están de moda como pálidos reflejos de una realidad apabullante, la del narco político dominante en nuestro sistema.

Narcopinos, según El Chapo

Son dos golpes: el más escandaloso es el que involucra, cuando menos en términos de proceso judicial en Estados Unidos, a los dos tenebrosos ocupantes recientes de Los Pinos: al funerario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que redibujó a balazos el mapa gerencial del narcotráfico, y el siempre implacable Enrique Peña Nieto (2012-2018), palurdo en muchas cosas pero doctoral en el manejo de negocios redituables, ambos muy especializados en el uso de recursos, tan abundantes como oscuros, para efectos de campañas, elecciones y “gobierno”.

Cierto: es la palabra de un procesado. Del delincuente más famoso de México y tal vez del mundo. Y los señalamientos contra Calderón y Peña han de entenderse en el contexto de la estrategia de su abogado, Jeffrey Lichtman, quien busca diluir el perfil de máximo jefe que siempre ha acompañado al personaje nacido en el poblado La Tuna, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa.

Pero hay una abundancia de hechos, evidencias y acusaciones que muestran a la política mexicana, y sus principales administradores recientes, con Calderón y Peña a la cabeza, en condición de personajes de serie del crimen organizado en producciones para televisoras o distribuidoras por internet.

La política mexicana, es decir, el sistema, han sido largamente infiltrados y, a estas alturas (al menos hasta el final del ciclo que pretende ser roto por el obradorismo), dominados, por el crimen organizado que no deja de ser una construcción de alteridad encubridora que el propio sistema se ha habilitado para simular que el crimen explícito y el crimen institucional son cosas distintas, siendo que son a la fecha lo mismo.

Por lo pronto, la estrategia del abogado de “El Chapo” coloca al sistema político mexicano en el sitio ideal para las presiones políticas estadunidenses y el revuelo mediático internacional.

No deja de ser una especie de delación involuntaria el hecho de que las acusaciones de Guzmán Loera no afectan a Vicente Fox Quesada, al inicio de cuya administración se fugó el sinaloense de una forma que generó la extendida especulación de que había sido una especie de liberación arreglada para que el legendario capo se reinstalara como gerente nacional de preferencia sexenal.

Y ahí viene el otro golpe: la fisura explícita entre Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, verdadero capo mayor, según la declaración del representante legal de “El Chapo”. Zambada se había mantenido en un plano de discreción, roto en abril de 2010 con la entrevista que dio a Julio Scherer para la revista Proceso, que publicó en portada la fotografía del encuentro.

Al dirigir los reflectores hacia Zambada, señalándolo como el jefe real del Cártel de Sinaloa, “El Chapo” está abriendo el camino para profundizar las batallas entre los bandos que convergen en ese cártel, el más “institucional” hasta ahora, el más predispuesto a combinar el “negocio” con la paz social, sin involucrar a civiles ajenos al narcotráfico.

Contra la insistencia del saliente Peña Nieto y sus jefes militares, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila el rechazo a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el poder legislativo anterior, dominado por el priismo y sus aliados explícitos o implícitos. Seis ministros, entre ellos el camaleónico Eduardo Medina-Mora, se han manifestado en contra de esa ley.

Faltan dos votos para que se cierre la posibilidad de esa legalización del militarismo que, sin embargo, puede ser retomada en la práctica en el plan obradorista de seguridad pública, con mandos centralizados en manos castrenses.

No es la primera ocasión en que se enredan los cables de la comunicación interna en el primer nivel de Morena y la presidencia electa. Ayer, Yeidckol Polevnsky anunció, con aire informal, que el presidente de Estados Unidos había confirmado su visita a México para presenciar la toma de protesta de López Obrador. Hubo de salir el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a precisar que el único confirmado por parte del país vecino era el vicepresidente Mike Pence. Ante ello, la dirigente formal del partido dominante dijo que a ella no le correspondía confirmar visitas oficiales, aceptando, sin aceptar, su error y acogiéndose a la versión oficial relativa a Pence y no a Donald Trump.

Ya antes se han producido pifias notables, como la “confirmación” de que el Papa Francisco participaría en el esquema de consultas sobre pacificación y amnistía. Recientemente, la embajada de Francia en México tuvo que salir a precisar el muy circunstancial papel de aquel país en cuanto a la obtención de dictámenes sobre operación aeroportuaria.

Así debió salir FCH en 2006

Maestro, Osorio Chong dijo que legalizar la mariguana no acabará con la delincuencia.
-Pero acabará con gestiones de funcionarios incapaces de detener la violencia.

Marko Cortés ganó la dirigencia panista y Calderón renunció porque “está cancelada la democracia interna”.

-Así debió renunciar en 2006, cuando Fox y el IFE avalaron su fraude electoral…
Marcelo Torres, líder del PAN, entregó una carta a AMLO pidiéndole que no invite a Maduro a su toma de posesión.

-A la misiva le fue aplicado el artículo cesto… de la basura. La amistad es con todos y cada pueblo verá lo suyo.

Gómez Sada acordó con viudas y familiares de las víctimas de Pasta de Concho que hay que rescatar los restos.

-La Peste de Conchudos (Fox, Calderón y Javier Lozano) impidió su rescate.
Slim afirmó que ningún país tiene una visión de largo plazo para impulsar el desarrollo económico.

-Y menos si el desarrollo es para impulsar nada más la economía de voraces empresaurios.Don Carlos agregó que el desempleo se puede reducir con elevar la jubilación a 75 años de edad.

-O sea que quiere seguir explotando a las meseras de sus restaurantes, hasta que les tiemblen las manos a la hora de servir el café…

La Conagua culpó al Organismo de Cuenca del “error garrafal” de la K invertida. -La Konagua kontrató a Kuenka desde 2013, por lo kual ambas son kulpables.

Más que fifí, fue fofa

La marcha había perdido su bandera original desde que en un lugar de la capitalina colonia Polanco se acordó, a la palabra, sin firma alguna, el Pacto de la Alcachofa (se usa el nombre de la apreciada hortaliza dado que la sesión político-económica de referencia se realizó en el elegante restaurante Corazón de Alcachofa).

¿Qué se podría alegar en defensa de Texcoco, cuánta enjundia manifestante se podría detonar, cuál camino de reivindicación se podría exigir, si los principales presuntos ofendidos, los grandes inversores del proyecto caído ya habían expresado su aprobación al golpe recibido, su gustosa disposición a recibir finiquitos, futuros contratos y eventuales compensaciones extra?

En ese contexto de orfandad, la Marcha pro-Texcoco no tuvo capacidad de convocatoria ni presentó alguna elaboración seria para organizar posteriores acciones políticas. Cinco mil quinientas personas, según el cálculo oficial de la policía capitalina: ninguna figura destacada, pues los adalides de la derecha prefirieron seguir refugiados en planas de prensa o tertulias de radio y televisión, los grandes empresarios ni siquiera enviaron a sus empleados que se hacen llamar dirigentes de cámaras patronales e industriales y los intelectuales que en otras faenas peleaban por ir a la fotografiable vanguardia ahora no aparecieron.

Pero ya salió a la calle la amalgama de antiobradorismo apenas disfrazado (en un manifiesto, le expresan reconocimiento básico, aunque censuran el tipo de consulta realizada y el anuncio de que habrá más, parecidas, y se oponen a todo el proceso técnico y político utilizado para justificar el cambio hacia Santa Lucía).

Este domingo, el menú disponible no les permitió un guiso atractivo y es probable que los dueños de las despensas no hubiesen proporcionado los ingredientes mínimos para armar algo presentable (esos dueños de despensas se mantienen a la espera de que les sean restituidos los haberes esperados por el caso Texcoco y, mientras no quede resuelto ese punto, no les convendrá apoyar movilizaciones contra el inminente presidente).

En el revoltillo testimonial de ayer fueron expuestos algunos de los puntos susceptibles de explotación propagandística contra el obradorismo. Desde el rechazo clasista a los migrantes hasta la histeria contra la presencia del venezolano Nicolás Maduro el próximo uno de diciembre. También estuvo uno de los jefes operativos de la ultraderecha, el decimonónico Juan Dabdoub, expresidente del Frente Nacional por la Familia, pieza del Yunque en nuestro país.

E incluso estuvo la mano patrocinadora de David Sánchez Guevara, quien aportó contingentes nada fifís, pancartas bien impresas y largas mantas verdes para identificar a su grupo político, “Kairos, tiempo del bienestar mexiquense”.

Sánchez Guevara, como priista, fue diputado local y presidente municipal de Naucalpan, preso durante más de dos años por acusaciones de corrupción que subsanó mediante la opción “reparatoria” del daño.

A Felipe Calderón Hinojosa lo marcharon. No renunció ayer a Acción Nacional sino que este partido lo había despojado de poder y relevancia desde diciembre de 2010, cuando Gustavo Madero le ganó la presidencia del comité nacional panista. Desde entonces, el michoacano funerario ha perdido casi todo: la candidatura a su sucesión presidencial y, de una forma tragicómica, el intento de continuidad familiar por la vía de su esposa, Margarita, con la que ahora pretende formar un partido político.

La falta (actual, no definitiva) de banderas atractivas y de proyecto viable en la derecha neta y sus aliados oportunistas está de manifiesto en la marcha, que no fue fifí sino fofa; en el desdibujamiento de Acción Nacional, ahora con un líder poco relevante, el michoacano Marko Cortés, originalmente del grupo de Ricardo Anaya aunque tácticamente distanciado, y en la intrascendente renuncia de Calderón y su proyecto de crear un partido de esencia familiar (sus hermanos, Cocoa y Juan Ignacio, ya habían renunciado al PAN, al igual que su esposa, Margarita).

Luego del ruidoso episodio de las comisiones bancarias y el amago morenista de reducirlas y, en algunos casos, suprimirlas, con el correspondiente golpe reactivo en la Bolsa de Valores y en la valoración accionaria de varios grupos empresariales, las ventanas más visibles del edificio de mando del partido dominante, Morena, muestran distintos escenarios.

El Jefe Máximo, López Obrador, salió a desautorizar todo proceso legislativo que en los próximos tres años pretenda modificar el andamiaje económico, financiero y fiscal de siempre. No es tal la estrategia, se ha dicho.

El compromiso es mantener todo como hasta ahora, cuando menos hasta la mitad del gobierno obradorista. A esa postura se adhirió la dirigente formal de Morena, Yeidckol Polevnski, cuya conducta política en temas cruciales no se desapega un milímetro de las instrucciones de su superior. Llegó, la exdirigente empresarial, a señalar que no es de Morena la iniciativa presentada por una senadora de Morena, Bertha Caraveo, y por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Como nunca en un tema importante, la postura del líder y futuro presidente de la República no ha contado con una aprobación mayoritaria y automática de sus seguidores. Muchos de ellos consideran que no puede haber una auténtica transformación del país si no se tocan, para corregirlos, puntos clave del sostenimiento del actual sistema, como el funcionamiento bancario

Por lo pronto, el tema ha sido puesto sobre la mesa. Hay quienes consideran que esa es la primera ganancia de una estrategia de mediano plazo, impulsada por AMLO en un juego de ambivalencias: asustar a los banqueros, para negociar sin imponer cambios por la vía legal. Lo cierto es que ese sistema de cobros elevados en México, mientras en los países sede esos bancos no se atreven a tanto, debe ser transformado, en primera o cuarta jugada.

Corregir y atemperar a bancos

Segundo “estremecimiento”
Ineficacia y despotismo
“Nacionales” y extranjeros

De poco habrá servido el enorme peso electoral del pasado primero de julio si no es capaz de sostener e impulsar medidas de justicia operativa, meramente correctivas, relativa y proporcionalmente menores, pero social y éticamente necesarias, como las propuestas ayer en el congreso, bajo control de Morena, que de inmediato suscitaron el segundo estremecimiento de capitales, y de grupos capitalistas, del sexenio que aún no inicia

La Bolsa Mexicana de Valores “se hundió”, al igual que las acciones de las firmas bancarias, luego que el coordinador de la bancada del partido mayoritario en el Senado, virtual jefe político de esta cámara, Ricardo Monreal, anunciara la presentación de una iniciativa de reformas legales que prohibiría prácticas abusivas de ese sistema bancario.

No se trata de medidas revolucionarias, socialistas o expropiatorias. Simplemente se busca que el mal funcionamiento de ese sistema bancario deje de ser cobrado, mediante diversas e implacables comisiones y argucias, al propio cliente que, además, recibe de manera institucionalizada un trato ineficaz y despótico en casos críticos o problemáticos.

Sin embargo, estas medidas de reordenamiento de mercado provocan reacciones magnificadas. El amago financiero y cambiario es un resorte presto a saltar ante cada movimiento obradorista que ponga nerviosos a los dueños de los tableros del dinero. A poco más de tres semanas de la toma de posesión del político tabasqueño se multiplican los “temores” de las élites.

En realidad, el paraíso bancario domiciliado en México debe bastantes compensaciones. Salvado por Ernesto Zedillo Ponce de León mediante las maniobras conocidas como Fobaproa (la transferencia de las pérdidas privadas de los bancos quebrados -con banqueros siempre boyantes- a las finanzas públicas), ese sistema bancario es ahora dominado por firmas transnacionales que en algunos casos, como el de BBVA Bancomer, reportan a su matriz extranjera más ganancias que la operación en otros países, incluyendo la sede.

La senadora chihuahuense Bertha Alicia Caraveo, morenista que presentó la propuesta para eliminar o atenuar cierto tipo de cobros, aseguró que la banca mexicana ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a la obtención de ganancias por el cobro de comisiones a sus clientes. La banca “nacional” también es dominada por grupos que históricamente se han servido de relaciones políticas para hacer “negocios” lesivos al interés popular.

Un político pobre será un ex político sin posterior banco, podrían ser las enseñanzas de un profesor mexiquense afamado por el amasamiento de fortuna, al igual que un emblemático regiomontano también amasador, ambos ya difuntos, pero vigentes y prósperos los negocios heredados.

Morena y López Obrador deben sostener las reformas anunciadas, a pesar de las presiones y las “caídas”. No sería positivo recurrir a malabarismos terapéuticos al estilo del Pacto de la Alcachofa (por el nombre del restaurante donde comieron con AMLO los representantes de los contratistas de Texcoco y llegaron a acuerdos satisfactorios para ambas partes). De poco habrá servido el extraordinario caudal de votos a favor de Morena si no es justamente para corregir y atemperar sistemas como el bancario.

La cámara de diputados fue impactada ayer por el asesinato, en Ciudad Mendoza, Veracruz, de Valeria Cruz Medel, estudiante de contaduría de la Universidad Veracruzana e hija de una diputada de Morena, la médica Carmen Medel, quien fue informada de los hechos durante la sesión legislativa, que hubo de entrar en receso ante el drama.

La ejecución de la estudiante, realizada en un gimnasio de Ciudad Mendoza, forma parte del conjunto violento que el gobernador saliente, Miguel Ángel Yunes Linares, se empeña en negar, al extremo de declarar avances y saldos positivos en la lucha contra el conjunto de complicidades diversas al que se denomina “crimen organizado”.

Salinas: Chupacabras que maquiavela

Es probable que justamente por carecer, como nunca, de la fuerza política suficiente para influir en el (re)diseño nacional, Carlos Salinas de Gortari haya aceptado dar una conferencia en la que apareció soltando frases que, en el escenario movedizo de la transición del peñismo al obradorismo, sonaron a advertencia, incluso a amenaza.

Invitado como ponente por el Instituto Mexicano para la Justicia, una asociación civil que busca “llevar a cabo investigaciones y estudios científicos para apoyar y lograr una mejor procuración e impartición de justicia y solución de conflictos” (www.imjus.org.mx ), Salinas de Gortari hizo planteamientos que en otros momentos y circunstancias podrían resultar perturbadores: México, dijo, vive momentos maquiavélicos, cuyo desenlace puede ser el renacimiento o la desaparición de la república.

Presentado como un maquiavelista, Salinas de Gortari no ahorró frases que tal vez no pronunciaría si estuviera en condiciones de tramar y ejecutar algo emparentado con tales palabras: “quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado, para el cambio inesperado”.

Envuelto en el manto de la conmemoración de los quinientos años de la primera publicación de El Príncipe, Salinas de Gortari (presentado como un maquiavélico, lector de un texto denominado “Realismo e Idealismo en (Nicolás) Maquiavelo”) advirtió que “el riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen” y
“lo más difícil para un gobernante es cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado”.

En términos teóricos y sin destinatario específico, tales reflexiones son enteramente atendibles. Pero, en el terreno concreto de la política en curso, suenan sombrías y desafiantes si son puestas en labios del personaje que a lo largo de décadas ha sido el “villano favorito” del movimiento obradorista, justamente el representante del conjunto de intereses hasta ahora opuestos al proyecto triunfador del pasado primero de julio.

Sin embargo, Salinas de Gortari ha ido convirtiéndose en una suerte de Chupacabras político. Es decir, en un personaje con más carga de fábula conspiratoria que de realidad ejecutante, gestor de una clase empresarial que le fue fiel en la medida en que le pudo propiciar ganancias y protección pero que ahora busca otras coberturas, sobre todo en las nuevas puertas de entendimiento que el obradorismo ha colocado con ofertas de temporada (véase el avenimiento de los empresarios de Texcoco a los arreglos propuestos por ese obradorismo que abonará a los grandes capitales lo que sea necesario, a cambio de que lean el denotativo texto de nueva pedagogía sexenal, “¿Quién manda aquí?”).

Hoy, Salinas de Gortari no tiene suficiente fuerza política más que para balandronadas con fachada académica. Su proyecto político más reciente, su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, sobrelleva la ingrata tarea de administrar el fideicomiso de liquidación de lo que fue el partido dominante, aplastante, durante largas décadas. En lo económico ha tenido concesiones importantes: su concuño, José Antonio González Anaya, ha sido durante el peñismo el director del gran negocio de Pemex y el secretario de hacienda. Su cuñado, Hipólito Gerard, ha prosperado en el mundo de los negocios de altura y este lunes incluso se sentó en un restaurante de Polanco con López Obrador, junto a otros empresarios beneficiados con la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco. Pero Salinas no pudo cogobernar con Peña, como pretendía. Ni pudo impedir el impactante triunfo de AMLO.

En tanto, ha sido nuevamente pospuesta la presentación del plan obradorista de seguridad. Pareciera que a las largas discordancias entre Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo se sumaron las observaciones prácticas e imperativas de los futuros mandos del Ejército y la Marina. No son alentadoras tantas posposiciones, marañas y apariencias de improvisación o desconcierto. Total, el programa será dado a conocer la semana próxima.
Enrique Peña Nieto insistió en que México estará en deuda con las fuerzas armadas si no se aplica la Ley de Seguridad Institucional, que actualmente revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar su constitucionalidad o la carencia de este atributo. La insistencia de Peña forma parte de una suerte de retórica acordada. Los jefes del Ejército y de la Marina insistieron, con inusual perseverancia y fuerza.

Fiscalía, ¿solidaria o distante?

-Riesgos y tentaciones
-AMLO: obras, no polémica
-Renuevan concesiones a TV

 

Con la vista puesta en lo que ha sucedido en otros países (Brasil, con Lula, para no ir tan lejos), el obradorismo busca eludir en lo inmediato, y evitar a largo plazo, la entrega de la próxima fiscalía general de la nación a un personaje ajeno a la visión política de la Presidencia de la República por entrar.

Sería un error histórico, alegan en ámbitos morenistas de primer nivel, apostar por un perfil de “pureza” apartidista (si lo hubiera), para dejar la procuración de la justicia en alguien distante, o incluso adverso, al proyecto obradorista avalado de manera impresionante en las urnas. Abrir las puertas a un “externo” significaría abrir las puertas a la tentación de instaurar procesos judiciales instigados por los intereses que afectara lo que se ha llamado La cuarta transformación del país.

Tentación empujable por factores internos y, sobre todo, externos.

Tal proteccionismo está chocando con el activismo de grupos que impugnaron la “fiscalía carnal” que Peña Nieto pretendía imponer, con el priista y enriquista Raúl Cervantes Andrade como aspirante a una facciosa fiscalía transexenal. En ese activismo, el anterior y el actual, han destacado las representaciones empresariales y de algunos membretes y ciudadanos largamente especializados en “representar” a la “sociedad civil”.

Luego de una negociación extensa con representantes legislativos del morenismo, esos grupos formalmente no partidistas han señalado que está en curso una propuesta de reformas legales que no satisface los acuerdos a que habían llegado. Es decir, que busca tener un fiscal a modo de Palacio Nacional.

La pelea de fondo será, en realidad, entre grupos cargados a la derecha, esencialmente proclives al antiobradorismo, que proclaman la necesidad de una autonomía real entre la nueva fiscalía y el gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre, y el nuevo poder moreno que no desea correr ningún riesgo de golpes judiciales o maniobras de desestabilización (como ha sucedido en otros países) provenientes de entidades e intereses afectados por los nuevos poderes políticos.

En mañana de lunes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) colocó una videograbación en las redes sociales para declararse, como suele hacerlo, “bien y de buenas”. Aprovechó la ocasión para responderle a la revista Proceso por la polémica portada en que se habla, a partir de una entrevista con el académico y ex servidor público, Diego Valadés, del fantasma del fracaso que estaría rondando al gobierno federal por entrar. López Obrador consideró tal publicación como “muy amarillista, sensacionalista”.

Más allá del diferendo específico entre AMLO y Proceso, es de gran interés la reiteración, como política presidencial, de los rasgos de confrontación con periodistas que han caracterizado al tabasqueño durante su largo camino como opositor (con frecuencia atacado y calumniado) e incluso durante su intenso periodo como presidente electo.

Dijo el próximo jefe virtual del Estado mexicano: “Quisieran estarnos cuestionando y nos quedáramos callados. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular, libertades plenas para todos. Para el que critica en los medios y el que es criticado tenga el derecho a la réplica. Lo voy a ejercer siempre y que nadie se sienta ofendido”.

A juicio de quien estas letras escriben, sería plenamente justificada esa visión desde el flanco del opositor siempre perseguido e incluso, con menor fundamento, desde la postura del presidente electo, sujeto a presiones como nadie antes en esa tesitura. Pero tal argumentación no puede aplicarse en automático cuando se ejerce la Presidencia de México, el puesto de mayor poder por sí mismo e incluso, ahora, incrementado como nunca, merced a una extraordinaria votación a su favor que está concentrando en sus manos, en Palacio Nacional, el máximo control de las actividades públicas.

No debería montarse el presidente López Obrador el traje de guerrero en combate personal (para eso está su oficina de prensa) contra ciertas expresiones de periodismo que pudiesen ser o parecer excedidas, imprecisas o incluso tendenciosas. Hay una enorme desproporción entre el poder de las palabras de un presidente, más de este en particular, y las de una publicación, por equivocada o sesgada que fuera. Los personajes públicos están obligados a aceptar que su umbral de resistencia a la crítica debe ser más alto y amplio, en razón consustancial de su cargo, y que las reacciones sociales o partidizadas ante señalamientos descalificatorios de un presidente de la República pueden tener consecuencias estigmatizantes y violentas (más en una sociedad tan polarizada, como es la actual), más allá de las nobles intenciones de esclarecer o debatir.

En todo caso, lo que le corresponderá será demostrar con hechos, no con palabrería polemista, la profundidad y autenticidad de los cambios propuestos e informar con pulcritud sobre ellos, al igual que respecto a los obstáculos y frenos que fuera encontrando en el camino. Más que pelear con periodistas y por coberturas periodísticas, es de desear que AMLO sea capaz de desmontar el aparato de complicidades históricas entre los poderes político y periodístico, específicamente en cuanto a propietarios de medios de comunicación y negocios colaterales.

Una buena oportunidad de mostrar una legítima espada flamígera contra las meras cúpulas del poder periodístico está a la vista, por ejemplo, en el caso de la renovación de las concesiones de Televisa y Televisión Azteca, otorgadas virtualmente a última hora del sexenio que fenece, ¿acaso en una acción concertada con el próximo gobierno? López Obrador podrá ir más allá de las polémicas circunstanciales si con hechos políticos se muestra distante y justiciero de intereses televisivos criticados durante décadas, pero ahora, en campaña y en momentos de triunfo, convertidos en buenos aliados. Obras (desde la Presidencia) son amores, y no buenas polémicas.

Crítica y poder, 2018-2024

-Polémica de temporada
-Obradorismo bajo la lupa
-Periodismo con libertad

La edición de la revista Proceso, correspondiente a la semana en curso, ha generado polémica a partir de los encabezados de su portada: “El fantasma del fracaso”, como principal, y “AMLO se aísla”, como título secundario. Tales formulaciones tienen como sustento la entrevista que el reportero Álvaro Delgado hizo a Diego Valadés Ríos, un reconocido experto en constitucionalismo que ha ocupado las procuradurías de justicia en el plano federal (al final de la administración de Carlos Salinas de Gortari) y en la capital del país (con Manuel Camacho como jefe de gobierno).

Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Valadés formó parte del grupo de juristas que fueron cercanos al fallecido Jorge Carpizo McGregor, quien fue rector de la UNAM, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y titular de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación; estos tres últimos cargos, con Salinas de Gortari como presidente de la República.

La entrevista a Valadés, sensata y atendible, a juicio del autor de estos teclazos astillados, busca advertir sobre los riesgos que corre el futuro gobierno obradorista, construido con una alta carga de voluntad personal y aún sin el andamiaje institucional y de colectividad política bien organizada que requiere el tamaño de los cambios esperados. No es un ataque al político tabasqueño, pero sí un análisis de las debilidades y las fortalezas, con acento en estas, de lo que puede suceder en la política mexicana del sexenio por iniciar, sobre todo si el equipo del tabasqueño, su gabinete, y la fuerza de Morena, dominante del congreso federal, no acompañan y apuntalan los esfuerzos del próximo presidente de la República.

Sin embargo, la portada en mención provocó una intensa polémica que, según la Videocharla Astillada disponible en https://goo.gl/5xZxDH, pudo haberse atenuado con una puntual decisión editorial si en la portada de la discordia se hubiese hecho saber que se estaba frente a una entrevista, al agregar el nombre y apellido del declarante en cualquiera de los dos encabezados.

En un extremo se colocaron quienes buscan llevar al cadalso a la histórica revista crítica, por afectar con hipótesis políticas el camino, aún sin inicio formal, del hombre de los treinta millones de votos. En otro extremo, quienes defendieron (en varios casos, para aprovechar el filo de la publicación y enderezarla facciosamente contra AMLO) la congruencia crítica de la revista que, junto con La Jornada, han realizado un ejemplar ejercicio periodístico durante décadas, incluyendo etapas de grandes dificultades que, a la luz de los tiempos que corren, pudieran parecer poco relevantes o ser desconocidas por lectores de horas recientes.

El fondo de la discusión (más allá de especulaciones sobre sucesiones accionarias y perfiles políticos de herederos filiales) está en el papel que el periodismo crítico debe ejercer ante el nuevo poder presidencial, legitimado por un insólito volumen de votos y convertido en opción actualmente única de posibilidades de cambio (aunque sean leves y en circunstancias a veces contradictorias) de un sistema político y económico profundamente deteriorado.

Para un segmento de los seguidores de AMLO, la prensa crítica debe acompasarse a los planteamientos y las necesidades políticas del futuro gobierno. No asumir tal comportamiento significaría, bajo ese criterio, una suerte de traición y merecería un fusilamiento cívico a partir de un juzgamiento sumario de presunta corrupción. Pero, a pesar de la vehemencia postelectoral, y más allá de las tolvaneras que se producen en Twitter y en las redes sociales en general, prevalece la convicción de que es necesario el ejercicio periodístico que critique con fundamento, que mantenga una honesta distancia del poder y que sea capaz de dar difusión a errores, distorsiones y retrocesos.

Este martes, cuando se elijan legisladores federales de Estados Unidos y varios gobiernos estatales, habrá de conocerse la suerte política del presidente Donald Trump, quien ha detonado una política de exacerbación del ánimo antimigrante con la esperanza de estimular a sus votantes, republicanos, y no perder posiciones políticas ante sus adversarios, miembros del Partido Demócrata.

México ha jugado un papel involuntario, aunque negociado, en el montaje electoral de Trump. Los hechos demuestran que los poderes mexicanos, el saliente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y el entrante, que en asuntos concretos ya ha ejercido López Obrador, han aceptado tratar de sobrellevar la carga de contener la migración centroamericana en el sur mexicano. Peña Nieto, mediante el ejercicio de la fuerza física, aunque rebasados los operativos policiacos por la numerosidad de los centroamericanos en caravanas; López Obrador con los planes de desarrollo económico sureño a los que pretende incorporar a migrantes que así lo acepten.

La ampliamente conocida porosidad de la frontera mexicana con Guatemala y la calculada indisposición del peñismo para convertirse en verdugo sangriento de fin de sexenio respecto a esas caravanas de migrantes, han permitido que miles de centroamericanos se hayan organizado para ingresar a México y se encaminen hacia la capital del país (a donde ayer llegaron los primeros grupos). La marcha de centroamericanos ha sido oro electoral puro para Trump, quien ha cumplido con gusto su papel de general en jefe que ha enviado a la frrontera con México a miles de soldados pertenecientes al ejército más poderoso del mundo, para “enfrentar” la “invasión” de quienes huyen de la pobreza y la violencia (cruzando por un país que sufre similares desgracias) en busca de relativa mejoría económica.

Y, mientras es propuesta la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, ¡hasta mañana!

Pensiones presidenciales difuntas

• Ilegales e inmorales
• Cobrarles, más que pagarles
• Dolientes, Fox y Calderón

Las pensiones ilegales que se adjudicaron durante décadas algunos de quienes pasaron por Los Pinos recibieron la noche de este miércoles su virtual certificado de defunción.

La decisión había sido tomada desde septiembre pasado por el nuevo poder legislativo federal, con absoluta mayoría de Morena y sus aliados, al aprobar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Pero Enrique Peña Nieto prefirió abstenerse de ordenar la publicación de tal decreto legislativo en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, cumplido el plazo constitucional para que el actual ocupante de la casa presidencial cumpliera con ese trámite, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, ordenó de manera oficial, y con legitimidad jurídica, que tal protocolo sea cumplido.

La cancelación de esas pensiones presidenciales fue una de las propuestas más celebradas en los actos de campaña del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Para muchos mexicanos resulta inadmisible que el Estado deba mantener a personajes que incumplieron sus obligaciones constitucionales, hundieron al país y tienen sobrados recursos propios para sus gastos cotidianos. Más que pagarles, se les debería cobrar, se dijo más de una vez en esos actos electorales.

Conforme al decreto legislativo en mención, Peña Nieto será el primer egresado de Los Pinos en ser privado de los beneficios que estableció de manera ilegal Luis Echeverría Álvarez (quien presidió el país de 1970 a 1976) y luego fueron sostenidos y mejorados por los siguientes ocupantes de la silla presidencial. Echeverría emitió un acuerdo, el 7637, para disponer de por vida, y bajo las órdenes directas de cada ex presidente, de miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, además de una pensión también vitalicia, con personal administrativo y de apoyo y con los viáticos y gastos que correspondan.

En estricto sentido, tal como se publicó el 1 de marzo de 2017 en esta columna (Ex presidentes: devolver lo mal habido https://goo.gl/92kp4Y ) Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa “deberían devolver a la nación mexicana el monto de lo recibido no solo de manera ilegítima, sino ilegal, y los responsables de autorizar y entregar esas cantidades, de manera presumiblemente delictiva, deberían responder por sus actos y recibir las sanciones correspondientes”.

Sin embargo, tan orondos ex usuarios de la banda presidencial se niegan a reconocer el daño que han hecho a la economía nacional. Uno de ellos es Felipe Calderón Hinojosa, quien aprovechó la última tarde como ocupante espurio de Los Pinos para reformar el Reglamento del Estado Mayor Presidencial y aumentar hasta 400 el número de elementos disponibles para la vigilancia de él, su familia directa y ampliada y ciertos ex colaboradores por él designados.

Ahora, doliente, Calderón alega que retirarle su pensión dejará sin esos recursos a una organización para atención de niños con cáncer a la que él había cedido dicha pensión, como maniobra tramposa en el contexto de la postulación presidencial de su esposa, Margarita Zavala. Por cierto, personal asignado a esa cuota de servicios a “ex presidentes” participó en la recolección de firmas de apoyo para la fallida aspirante Zavala.

Peor espectáculo ofrece en estos días Vicente Fox Quezada, el empresario que llegó quebrado a Los Pinos y ahora goza de extraordinaria prosperidad (tanto él como su esposa y familiares de ambos). Como si no fuera evidente la riqueza que ha acumulado, el embotado ex presidente juega a declararse necesitado de tal pensión, mientras organiza (entre otros) negocios transnacionales relacionados con la mariguana legalizada. Ayer, en una más de sus escenas grotescas, Fox anunció que ha cambiado de opinión y siempre sí va a apoyar la construcción de muros en la frontera norte. Puras vergüenzas

Donald Trump, mientras tanto, sigue utilizando el fantasma de la invasión de migrantes a suelo estadounidense para potenciar las candidaturas del Partido Republicano a las elecciones intermedias del próximo 6. Ayer se mostró a favor de que el ejército más poderoso del mundo enfrente a tiros la eventualidad de recibir pedradas de parte de centroamericanos que buscan entrar a territorio gringo.

Aun cuando Trump es un impresionante productor de disparates, ayer lanzó uno memorable: “El aventar piedras a nuestros soldados o agentes lo consideraremos como un ataque con un arma de fuego letal (…) Todo se justifica y es totalmente legal porque es una invasión”. Por lo pronto, ya está en la frontera con México una avanzada del ejército estadounidense, lista para entrar en acción contra el “peligroso” contingente que sigue en territorio oaxaqueño, con la mira de llegar a la Ciudad de México como meta intermedia.

Astillas: La Bolsa Mexicana de Valores registró ayer una notable alza en sus ganancias: 3.42%, lo cual es el mayor avance desde diciembre de 2014. A su vez, el peso cerró a la venta en 20.45, es decir, 15 centavos menos que el día anterior… Sin embargo, los organismos internacionales que otorgan calificaciones crediticias han colocado a México bajo la lupa… En ese contexto de especulaciones, el futuro secretario de hacienda, Carlos Urzúa, declaró ayer que las reservas internacionales en el Banco de México no habrán de ser tocadas por el próximo gobierno federal para financiar gasto social e inversiones.

La salida a cuadro de Urzúa se produjo luego de las versiones de que podría ponerse a “consulta” una decisión de ese tipo, según eso a propuesta del diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, quien ha negado la autoría de tal idea… Le fue renovada por veinte años la concesión para prestar servicio televisivo, a través de Televisión Azteca, a Ricardo Salinas Pliego, empresario oportunamente aliado al obradorismo…
¡Hasta el próximo lunes!

El buen amigo Medina-Mora

Manto protector a EPN
El expediente Chihuahua
Amigos aeroportuarios

Eduardo Medina-Mora lcaza constituye el ejemplo más contundente y escandaloso de la distorsión facciosa de los sitiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ligado a personajes del poder político, ocupante él mismo de varios cargos de primer nivel, pasó en marzo de 2015 de la embajada de México en Estados Unidos a ser ministro de la citada Corte, máximo órgano del Poder Judicial Federal.

Nacido en la Ciudad de México en 1957, ha servido a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En particular, resalta la relación de EM-M con quien está por dejar Los Pinos.

Medina-Mora fue protector de Yéssica Lamadrid Téllez, con quien Peña Nieto, siendo mandatario mexiquense, tuvo un hijo, Luis Enrique, que murió siendo niño debido a una enfermedad terminal. A pesar de que es una versión ampliamente difundida, Medina-Mora ha negado ser compadre de Peña Nieto.

Lo que sí está probado es que en la Procuraduría General de la República dio abrigo laboral a Lamadrid Téllez, a quien hizo su secretaria privada y, luego, directora de Cooperación Internacional. Lamadrid fue colaboradora de Radar Servicios Especializados, una empresa que era parte de Grupo TV Promo, de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Televisa y socio de Medina-Mora en el Grupo Crea TV. Lamadrid y Peña Nieto se conocieron en el proceso de construcción televisiva de la imagen del mexiquense como precandidato a la presidencia de la república.

Medina-Mora no se excusó de conocer y responder en estos días, a la solicitud de la consejería jurídica de la Presidencia de la República para impedir que se puedan girar órdenes de aprehensión o se ordene otro tipo de diligencias respecto al expediente que se armó en Chihuahua, bajo el gobierno del panista Javier Corral Jurado, para demostrar que dinero público federal fue enviado a esa entidad, cuando la gobernaba el priista César Duarte para luego distribuirla delictivamente a campañas electorales del partido tricolor.

Cacerolismo pro-Texcoco

• Marcha antiobradorista
• Esperan resolución judicial
• IP: ¿comprar proyecto NAIM?

 

El golpe sobre la mesa dado por Andrés Manuel López Obrador, con el caso Texcoco como circunstancia propicia, ha acelerado la (re)organización de un flanco múltiple de oposición activa a quien todavía es presidente electo y a su partido dominante (y, ahora y en lo mediato, institucionalmente imparable) Morena.

En las redes sociales se convoca a una concentración en el Ángel de la Independencia el próximo domingo 11 del undécimo mes, noviembre, a las 11 horas (11-11-11). A tal movilización se le denomina “Marcha por el estado de derecho” y está programada para avanzar hacia la Plaza de la Constitución (el Zócalo). Los promoventes invitan a manifestarse en torno a dos exigencias, “No a consulta falsa” y “Sí a la legalidad”, y piden a los participantes ir vestidos de negro, pues “estamos de luto”, y llevar cacerolas, pues “somos ciudadanos de la sociedad silenciosa que despertó”.

Esa convocatoria intenta nuclear a los variados segmentos empresariales, políticos y sociales que del uno de julio pasado, a la fecha, han carecido de argumentos y banderas para enfrentar al electoralmente avasallador obradorismo. Tan adelantados están los tiempos de los segmentos derechistas que aún no toma posesión López Obrador de la silla presidencial y ya se ha comenzado a mencionar al actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, como precandidato presidencial para 2024 a nombre de una coalición estructurada para “salvar” a la patria. El presunto precandidato es un abogado regiomontano, pero asentado en Mexicali, especializado en asuntos jurídicos empresariales.

Aun cuando los dirigentes formales de las cámaras y representaciones empresariales carecen de fuerza política y económica por sí mismos, pues suelen ser empleados o comisionados de grupos cuyos jefes, los verdaderos multimillonarios, no quieren “perder el tiempo” en gerenciar esas organizaciones, a De Hoyos Walther ya se le candidatea en función de un papel empresarial de “redención” que abiertamente le están pidiendo a ese sector algunos ciudadanos e incluso comentaristas de radio, una de las cuales ha exhortado a los magnates a “poner orden” en México.

A tratar de conjurar el enojo de los grandes capitales ha enviado López Obrador a tres piezas políticamente lastimadas. Nombró una comisión en la que participan Alfonso Romo, el enlace original con empresarios a quienes prometió una conducta de AMLO que no se ha cumplido conforme a esas ofertas, sobre todo en el caso del nuevo aeropuerto a construirse en Texcoco. Romo ha perdido, ante sus pares, el valor de la palabra empeñada y cumplida, lo cual le inhabilita para estas tareas de reconciliación que le han encargado.

El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aparece distante o poco presente en el primer círculo obradorista, angustiado por el desfase entre los compromisos a cumplir a partir del uno de diciembre y la insuficiente disponibilidad presupuestaria.
Y el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha sufrido un fuerte desgaste a causa de pifias o desinformación técnicas, y de una inocultable postura a favor de la opción de Santa Lucía.

López Obrador mantiene una postura que va de la tranquilidad a la ofensiva. Ayer, en un video, aseguró que las reacciones en contra de la “consulta” provienen de quienes esperaban hacer gran negocio en los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez, lo que habría sido un desarrollo inmobiliario al estilo del gran lujo de Santa Fe.

La clave del futuro, como ya se ha dicho aquí, pasa por los tribunales. Los adversarios del obradorismo esperan resoluciones judiciales que nieguen cualquier validez legal al ejercicio denominado consulta, especificando que no tiene ningún carácter vinculante. Otra salida la ha planteado el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que inversionistas nacionales y extranjeros le compren al gobierno la parte que se ha invertido en Texcoco, para desarrollar a título enteramente privado el mismo proyecto hasta ahora aparentemente desechado.

El planteamiento hecho por el secretario De la Madrid podría destrabar el enredo actual y terminaría aterrizando en un campo previsto por el propio López Obrador: que los capitalistas se encarguen del negocio aeroportuario de Texcoco con sus propios fondos, sin dinero gubernamental. Desde luego, ha de suponerse que para aprobar una decisión así sería necesaria una nueva “consulta” ciudadana.

Astillas: Como era de esperarse, el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, fue cuestionado ampliamente durante su comparecencia ante la cámara de diputados. En especial, se criticó el derroche presupuestal para comunicación social…

Ahora vienen las denuncias y protestas de pobladores de Santa Lucía por el daño ecológico que provocaría la construcción de dos pistas en la base militar del lugar… Y, mientras hoy fija López Obrador la nueva fecha para la presentación de su propuesta de seguridad, pues no le fue posible darla a conocer en octubre, como había planteado originalmente.

¡Hasta mañana, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamando a desatender los procesos de evaluación programados para noviembre, pues tienen la promesa de que el próximo gobierno los cancelará!

Maduro: polémica extrapolada

• Derecha culpa a AMLO
• Consulta aterrizada
• Decisiones e impugnaciones

El anuncio de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, generó una explicable efervescencia entre quienes en México le culpan de los males de aquel país sudamericano. En muchos países y en diversos tipos de reuniones suele manifestarse el rechazo a la presencia de determinados personajes públicos. No solo en redes sociales, como sucede hasta ahora en México respecto a Maduro: también a través de manifestaciones, marchas públicas y otras formas de protesta.

Sin embargo, dos alicaídos personajes de la agazapada derecha mexicana han encabezado un forzado intento de endosar el tema de Nicolás Maduro a la cuenta política de López Obrador, a quien culpan, con tintas cargadas, de invitar al venezolano y, así, “permitir” que “ofenda” al suelo patrio. Vicente Fox Quezada (una especie de derecha priizada, netamente oportunista) y Felipe Calderón Hinojosa (de fuerza política en sostenido declive), han lanzado desmemoriadas ofensivas contra el tabasqueño, como si ellos mismos no hubieran aceptado, en cumplimiento de responsabilidades políticas y diplomáticas (obtenidas bajo fraude electoral, en el caso de Calderón), la convivencia y el entendimiento con personajes de filiación política similar a la que hoy atribuyen a Maduro.

La necesidad de encontrar banderas contra el obradorismo ha llevado a una apasionada corriente de esa derecha a exigir que se cancele la invitación al sucesor de Hugo Chávez, sin atender el hecho concreto de que el presidente electo decidió invitar a su toma de posesión a mandatarios representantes de países de todo el mundo y que esa práctica diplomática abre las puertas, igualmente, a personajes indeseados para otras porciones de mexicanos, como Donald Trump, quien no vendrá personalmente pero envía al vicepresidente Mike Pence, o como el rey de España, Felipe VI, en medio de la creciente oposición en España al monarquismo.

A la hora de redactar la presente columna no se tenían resultados oficiales de la consulta sobre temas aeroportuarios que impulsó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ni se había producido el mensaje dominical anunciado sobre el tema. El futuro coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, había informado, al final de cada uno de los tres primeros días de esa jornada de auscultación, respecto al número de sufragantes en cada ocasión, sin entrar en mayores detalles. Y ayer, ya a punto de cerrar las mesas receptoras de votación, redondeó en un millón el cálculo sobre la cantidad de partícipes.

El laxo diseño de ese ejercicio, denominado “consulta”, le restó la contundencia jurídica y política que un tema de tal magnitud requeriría. Opositores al obradorismo aprovecharon la oportunidad para lanzar críticas de variado calibre y, en particular, personajes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciaron que presentarán impugnaciones por la vía judicial (ya antes, como se informó en esta columna, cuatro estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México habían solicitado a la justicia federal que se invalide la “consulta” en mención). En estricto sentido jurídico, el citado sondeo queda sujeto a la resolución judicial que podría llevarse un par de semanas.

Más allá del aspecto meramente procesal y del desenlace judicial que se produzca, lo importante es que el presidente electo asumirá como propio el resultado que se anuncie. Concebida como una fórmula para aminorar el costo político de la decisión a tomar sobre los aeropuertos, esa consulta permitirá a López Obrador enfrentar, con cargo a la “democracia”, el enojo de sus seguidores, si el desenlace oficial apunta a la continuidad del proyecto de Texcoco, o de los empresarios y grandes capitalistas, si fuera lo contrario y se decidiera avanzar por la ruta tripartita del actual aeropuerto capitalino, el de Toluca y dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

Policías federales repelieron ayer a migrantes centroamericanos que pretendían ingresar a México en la frontera con Guatemala. En la gresca hubo disparos de latas de gases lacrimógenos y de proyectiles plásticos, según las denuncias de los afectados. Los riesgos de violencia habían sido disipados hasta ahora, pues la citada Policía Federal ha evitado el enfrentamiento directo con el primer grupo, que entró a México cruzando el río Suchiate y luego se ha reagrupado en una caravana que ya llegó a Oaxaca.

Un momento clave podría suscitarse cuando la caravana, ahora denominada éxodo centroamericano, busque dejar Oaxaca, pues en el ánimo de las autoridades federales está la intención de confinar a esos migrantes en los estados de Chiapas y Oaxaca, sin permitirles seguir adelante. Tal es el sentido del ofrecimiento peñista de empleo temporal y servicios médicos y educativos en esas entidades. Sin embargo, los dirigentes de la marcha de migrantes pretenden llegar a la Ciudad de México, para plantear sus problemas y exigencias a las autoridades federales en la sede nacional.

El gobierno peñista ha sobrellevado el caso de la caravana de migrantes, pero esa tolerancia tiene como límite la exigencia de Trump de que estos problemas no sean llevados a la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual obligaría a nuestro país a negociar o imponer mecanismos para arraigar provisionalmente a los centroamericanos a las zonas de contención antes mencionadas.

Dirigentes de las secciones sindicales del magisterio no oficialista (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) se reunieron ayer con López Obrador y con el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la casa de transición, en la Ciudad de México. Además de las demandas gremiales específicas, sobre todo las relacionadas con los términos específicos de la derogación de la reforma educativa, está en el aire el tema del intento de Elba Esther Gordillo de deponer al actual dirigente sindical oficial, Juan Díaz de la Torre, y ser instalada ella misma como presidenta del sindicato nacional. ¡Hasta mañana

NAIM: disputa por el poder

– Arremetida pro Texcoco
– Con EPN: 66 periodistas muertos
– Reporteras: no olvidar saldo

Es la primera prueba de fuerza después de las elecciones. El poderío histórico del gran capital frente a una nueva estructura formal de gobierno (activa ya en el Congreso de la Unión; a la muy activa espera en cuanto a Palacio Nacional). El tema de los aeropuertos es la causa específica del litigio, pero el fondo está más allá: es la disputa por el verdadero ejercicio del poder, la capacidad de determinar los asuntos esenciales.

De entrada, los empresarios han conseguido que el apabullante poder electoral de Andrés Manuel López Obrador haya buscado un camino alterno, que le permitiera ganar tiempo y posibilidades de negociación, el de una consulta ciudadana no oficial. A pesar de su tajante posición adversa a la continuidad de los trabajos de construcción en el lago de Texcoco, AMLO ha optado por aplicar un peculiar sondeo que no ha ofrecido en otros temas de similar condición polémica (el Tren Maya, el corredor transístmico, las zonas económicas especiales, la descentralización de la burocracia, por dar algunos ejemplos).

La organización y la ejecución de esa forma de consulta no han sido impecables, como la importancia del tema obligaría. Ello ha permitido la previsible crítica de los opositores a dicha forma de votación. Además, en una impactante arremetida mediática se advirtió a los eventuales votantes de la aparición de un México de desastre económico y financiero si se rechazara la continuidad de los trabajos en Texcoco. Perder la confianza de los inversionistas representaría el peor error del gobierno que aún no toma posesión, es el estribillo de batalla.

Lo que ha sucedido en el caso del nuevo aeropuerto da una muestra de la capacidad de condicionamiento que conservan los grupos económicos y políticos desplazados el pasado primero de julio del usufructo del aparato de representación política institucional. El mandato del 1-J, que debería ser suficiente para la toma de una decisión sin necesidad de “consultas”, ha debido aterrizar, irónicamente, en un proceso “electoral” que permita al futuro presidente de la República valoraciones, matices y arreglos finales. Frente a ese poder económico insurrecto, la porción social contraria a Texcoco trata de hacer visible su peso en la balanza. Ya veremos el desenlace de esta trascendente disputa por el poder.

Frente a Palacio Nacional fueron colocadas las fotografías de los sesenta y cinco periodistas que han sido víctimas de asesinato o desaparición a lo largo del sexenio que está por terminar. Enrique Peña Nieto se va, pero las integrantes de Reporteras en Guardia, una organización de “la tropa del periodismo mexicano”, según se definen las participantes, busca que el saldo funerario del político mexiquense (solo en el terreno de los trabajadores de medios de comunicación) no sea olvidado ni se deje de buscar justicia.

En realidad, al recuento de los periodistas caídos faltó (de manera explicable) el caso más reciente (el 66): Gabriel Soriano, locutor y productor de radio y televisión que fue asesinado la noche del miércoles en Acapulco, irónicamente después que volvía de cubrir el informe de actividades del fallido gobernador Héctor Astudillo.
Reporteras en Guardia (@repoenguardia, en Twitter) está formada por 140 editoras y reporteras de diversas partes del país, que se han dado a la tarea de hacer reportajes a fondo sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas en México. Todas esas agresiones han quedado en la impunidad, es como “Matar a Nadie”, que es el título genérico de esos trabajos (www.mataranadie.com ).

Según la recopilación de datos que han hecho, los cinco estados con más periodistas muertos o desaparecidos durante el sexenio que está por fenecer son Veracruz (14), Oaxaca (12), Tamaulipas (5), Guerrero (5) y Sinaloa (4). Con ellas, con su trabajo y su denuncia, vale sumarse a la exigencia de que no se olvide lo sucedido en el gremio periodístico durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto.

Esteban Moctezuma Barragán, de sabida buena relación con la profesora Elba Esther Gordillo, ha dicho que la próxima administración federal aceptará las decisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto al regreso o no de la política chiapaneca al mando de esa organización. No podría ser de otro modo: erróneo sería que el obradorismo pretendiera frenar o promover explícitamente determinada opción en ese sindicato. Sin embargo, en el contexto específico, las palabras del futuro secretario de educación pública son oro molido para Gordillo, quien avanza en su proceso de reinstalación política con la bandera de una especie de tolerancia no explícita del gobierno amlista hacia ella, e incluso en la importancia de que retome el control sindical para darle estabilidad al siguiente gobierno en el tema delicado del desmantelamiento de la reforma educativa.

Gerardo Ruiz Esparza estuvo ante el nuevo poder legislativo dominado por Morena y, como era de suponerse, su palabrería poco impacto tuvo ante la evidencia de la gran corrupción que caracterizó a la SCT. Especializado en la negociación con inversionistas, comisionistas y empresarios diversos, Ruiz Esparza representa uno de los puntos más altos del daño causado por el peñismo al país. Aspira a irse sin mayores aspavientos a casa, el 30 de noviembre, y que el manto de la generosa amnistía le permita un plácido retiro de las funciones públicas que ha ejercido durante décadas.

Resbaladizo caso Texcoco

Apariencias y enigmas
Trump, sin pruebas
Gordillo: “presidenta”

La advertencia es puntual y reiterada: si se cancela el proyecto aeroportuario de Texcoco habrá una señal mala, tirando a pésima, para los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual significaría un mal inicio para la administración obradorista y una desconfianza de los capitalistas a lo largo del próximo sexenio.

Así hablan y argumentan, con preocupada sincronía, diversos comentaristas, dirigentes empresariales e incluso funcionarios públicos (el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, uno de ellos).

Y, sin embargo, la consulta (o lo que sea COSea), va. Su condición procesal no ganaría premios a la seguridad comicial. Al contrario. Es una especie de auscultación consagrada a la buena fe: hay que confiar en que todo se haga bien y los resultados no sean afectados por voluntad(es) superior(es). El andamiaje de Morena está volcado a favor de la triple opción (aeropuerto actual, Toluca y Santa Lucía): líderes y bases partidistas, futuros altos funcionarios y el propio López Obrador (una semana antes del inicio de la COSea, el presidente electo dijo en Saltillo: “No quiero dejar de ser imparcial, pero si me lo permiten, nada más por esta vez: si se hacen las dos pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100 mil millones”.

Famosa es la anécdota atribuida a Adolfo Ruiz Cortines, un maestro en el arte del terso engaño político, cuando un compadre suyo insistía en ser candidato a gobernador. “¡Perdimos, compadre!”, le dijo el jefe máximo del aparato político que incluía, desde luego, al Partido Revolucionario Institucional, a la hora de notificarle que no sería el abanderado y, en aquellos tiempos de la aplanadora tricolor, seguro ocupante del gobierno estatal buscado.

¿Está todo preparado para que se declare triunfadora la opción preferida por las bases obradoristas y grupos ecologistas y políticos diversos? ¿La Consulta-O lo que sea es un mero trámite para legitimar una decisión superior ya tomada, contra el proyecto de Texcoco? ¿El presidente electo “decepcionará” a los grandes empresarios y correrá el riesgo de desajustes o abiertas represalias del gran capital? ¿Slim y compañía apechugarán el cambio de jugada? ¿La forma de legitimar futuras encuestas pasaría por “perder” la primera? ¿”Perdimos, compadre”? (los enigmas subsistentes, ha de decirse, no provienen de una virtuosa circunstancia democrática, es decir, de la natural “inseguridad” respecto a resultados aceptables, sino de un manejo muy reservado, y sin candados confiables, de una experimentación cuyo desenlace podría quedar fuera del rango de la aceptación convencida).

Donald Trump aceptó que no tiene pruebas de que en la caravana de migrantes que ha entrado a México haya “personas del Medio Oriente”, pero insistió en que eso “podría ser, o no necesariamente tienen que estar en ese grupo”. Y se aferró: “no los voy a dejar entrar, no van a entrar, no van a entrar”. El grupo salido de Centroamérica, en tanto, descansó ayer en Huixtla y hoy reanudan su marcha, rumbo a Mapastepec, todavía en territorio chiapaneco.

Elba Esther Gordillo Morales apareció en escena con la tea sindical encendida. El lunes, por la noche, se difundieron videos en que se le ve y escucha en una reunión con profesores a los que dirigió un discurso de tonos vehementes, retadora, enérgica, como en sus momentos de más fuerza política.
Habló de sí misma en tercera persona y dejó clara la peculiar tesis de que su reloj sindical es inmutable, virtualmente vitalicio: “que nadie esté pensando en que va a regresar. No se fue, estuvo detenida porque no tuvieron las agallas para defender en el espacio que se debía, la razón de una ley infame, opresiva y humillante a los trabajadores de la educación”.

La farragosa alocución de Gordillo, agitando el micrófono, paseando por el escenario, con el brazo derecho como émbolo, rindió homenaje a esa mítica persona, de la que Elba Esther habla como si fuera otra, y confirmó que está puesta para seguir en el sacrificio intemporal de defensa del gremio magisterial. Los asistentes a esa reunión corearon “¡presidenta, presidenta!”, pero no se crea que en competencia (no solo de género) con la denominación que los seguidores de AMLO le adjudicaban en sus actos de tercera campaña presidencial.

Se referían, los emocionados elbistas, a la exigencia de que Gordillo reasuma la presidencia del comité nacional del (SNTE), luego que ella dijo: “yo sigo siendo la presidenta del comité ejecutivo nacional; lo que tiene Juan Díaz es la chequera de los maestros sometidos. Lo que tengo yo es el liderazgo de los profesores. Esa es la diferencia”.

El menú elbista ha incluido, en este primer tiempo, una demanda penal contra el citado Juan Díaz de la Torre (el subordinado de Elba Esther, que la sustituyó cuando fue aprehendida) y miembros de su grupo, un mitin de martes frente al Senado de la República y la espera de la resolución de la autoridad laboral respecto a la demanda elbista de reponerla en la presidencia del SNTE.

Además de la iniciativa presentada por Lorena Villavicencio, diputada federal de Morena, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, ha presentado una iniciativa de reformas a la Constitución y a las leyes secundarias correspondientes, para que se permita la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.

Sujetas a la dictaminación en comisiones y a la eventual presentación en el pleno legislativo, esas iniciativas potenciarán la resistencia conservadora que organismos de influencia clerical están organizando a título de “Ola Celeste”. ¡Hasta mañana!

AMLO toma poder militar

Designaciones sin continuidad
Fidelidad para intentar cambios
Trump: pataleos electorales

 

El presidente electo no mostró apego a la estructura actual de dominio de las fuerzas armadas a la hora de designar a los futuros secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Las especulaciones inducidas desde oficinas del poder militar saliente no fueron satisfechas: no se escogió ninguna de las cartas particularmente promovidas como cercanas al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Francisco Salazar Sanz.

A partir de esa toma de distancia es de esperarse que la aparición del bajacaliforniano Luis Cresencio Sandoval González, como próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del veracruzano José Rafael Ojeda Durán en la Armada de México, signifiquen un progresivo desmantelamiento de las estructuras facciosas que durante varios sexenios han mantenido el poder militar en élites que por encima de sus diferencias, e incluso pleitos circunstanciales, han mantenido vigentes varias inercias negativas y han ejercido casi sin control real las facultades extralegales, e ilegales, que les ha adjudicado la “guerra contra el narcotráfico” y el disparado gasto de operaciones por todo el país, en un contexto virtualmente ajeno a un verdadero escrutinio civil.

Las circunstancias difíciles que caracterizan el proceso de transferencia de poderes en esta etapa habrían hecho muy difícil cualquier intento de ir más allá de lo que el necesario pragmatismo recomendaría: Andrés Manuel López Obrador está sustituyendo un grupo por otro grupo; nombres, estilos y fidelidades diferentes pero sin proponer cambios sustanciales en el terreno hasta ahora intocado del funcionamiento de las fuerzas armadas. El tabasqueño se ha movido en el terreno de lo posible, no de lo deseable: eligió de entre la baraja castrense que le fue puesta a disposición y buscará consolidar un apoyo militar que le acompañe en los procesos de cambio profundo que en otros ámbitos se planteen.

Habrá de verse si en el segundo tramo del gobierno obradorista, con un poder presidencial consolidado y ya remontados los momentos críticos, pudiera intentarse alguna modificación de fondo del esquema tradicional de las fuerzas armadas mexicanas. Por lo pronto, ya con los futuros mandos designados, será importante ir desactivando molestias y malos entendidos, conducir con cuidado el proceso de desaparición del Estado Mayor Presidencial y su asignación a otras áreas, adaptar a las preocupaciones y la visión andresina el hasta ahora casi autónomo actuar de las armas oficiales contra el crimen organizado y, sobre todo, garantizar la más absoluta fidelidad de esas armas hacia el presidente de la República cuya legitimidad es tan alta como la polémica que algunas de sus decisiones y declaraciones suscitan en ciertos ámbitos.

El polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa dando cuerda a la campaña del Partido Republicano para las elecciones legislativas del mes entrante. Se enoja, exagera y amenaza respecto a la caravana de migrantes que partió de Honduras, con la intención de llegar a la frontera sur del país imperial. Del falso beneplácito de un día atrás, por las medidas que iba tomando el gobierno mexicano, en consonancia con los “acuerdos” habidos con Mike Pompeo, ha pasado el rubio magnate al enojo porque la policía y el ejército mexicanos “no han sido capaces” de frenar (obviamente, por la fuerza) el tránsito de una marcha que conforme avanza va ganando más fuerza social y más presencia mediática.

El peñismo ha respondido con previsibilidad discursiva (“a México no se le presiona”, etcétera) y con cuidado operativo: la Policía Federal no ha recibido órdenes de impedir a cualquier costo el progreso de la mencionada caravana. López Obrador mantiene una postura precavida que su condición de electo le permite: ofrece visas de trabajo y respeto a los derechos humanos, pero sin confrontar el discurso y las posturas del electoralmente indignado Trump.

Astillero: Chido el AMLOver Enrique Peña Nieto, tomándose un autorretrato en una conferencia de empresarios en Guadalajara con un teléfono móvil cuya carcasa llevaba una leyenda de amor hacia el político tabasqueño cuyo nombre aparece en los lugares menos previsibles… Ahí, EPN dijo a reporteros que difícilmente entrarán a Estados Unidos los migrantes centroamericanos que no hubieran cumplido con los procesos migratorios y de solicitud de refugio en México. En estricto sentido jurídico, no hay relación de un tema con otro. México no es una estación de trámites previos ni Estados Unidos está sujeto a lo que otro país haga, para aceptar o no el ingreso de migrantes.

Las palabras de Peña suenan a treta acordada: tachar de ilegales las solicitudes de entrada a Estados Unidos desde lo sucedido en México…  Pareciera de novela negra lo que ha pasado en la residencia del cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado emérito y virtual jefe de la iglesia católica mexicana durante décadas: poder económico y político evidentes, lujos nada piadosos, vigilancia policiaca especial, ataque de pistoleros fallidos, un agente muerto, historia de negocios al amparo del crucifijo, protección a curas pederastas. Aunque, como luego sucede, la realidad supera a la ficción… Presiona la iniciativa privada respecto a la peculiar consulta no vinculante que se realizará respecto a temas aeroportuarios. En general, hay una descalificación del ejercicio que se realizará durante cuatro días. Ayer, por otra parte, hubo una solicitud para que se instalen mesas de recepción de opiniones en los aeropuertos públicos del país… Y, mientras se anuncian las designaciones de los futuros titulares de Aduanas, Servicio de Administración Tributaria y Migración (en este instituto, se habla de un tamaulipeco que ha sido jefe delegacional sustituto), ¡hasta mañana, con la policía del principado de Andorra reportando indicios de pagos millonarios de Odebrecht a un funcionario encargado de construir una presa en Michoacán, durante los gobiernos de los ahora políticamente resurrectos Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy!

Trump: usar a México

• En el sur, garrote tricolor
• Pompeo: Venezuela y migrantes
• Petroleros: elecciones “limpias”

Está en campaña y utiliza a México. Busca exhibir a los legisladores del partido demócrata como culpables de una permisividad en materia migratoria que él, con mano dura, y con la vista puesta en las elecciones de noviembre, está dispuesto a enfrentar a base de tuitazos y con amagos militares.

Es el Donald Trump de siempre. El destemplado tuitero temprano. El peleador sucio, dispuesto a provocar, exagerar y amenazar. Ya ha usado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para hacerse de unos puntos electorales en la contienda electoral por venir. Ahora toca el turno al expediente migratorio.

En la frontera sur, lo que queda del gobierno peñista rompe tradiciones humanitarias y monta a toda velocidad el verdadero muro migratorio de Trump. El comisionado en jefe de la Policía Federal encabeza el emplazamiento de centenares de agentes dispuestos a impedir que una caravana de hondureños, y centroamericanos de otros países, intenten ingresar a México (como lo han hecho tantas veces, durante tantos años) para tratar de llegar a Estados Unidos, al dizque sueño americano que cada vez es más una pesadilla explícita.

La decisión de cerrar el paso a los centroamericanos no es ni puede ser un producto autónomo de la administración peñista. Quien todavía ocupa Los Pinos está dedicado a tejer la impunidad de la banda que le acompañó durante el sexenio y a cerrar los últimos negocios de la temporada. Si por Peña fuera, lo mejor sería el paso del tiempo y el paso de migrantes de cualquier índole.

Pero Trump necesita dar “pruebas” de fuerza ante su electorado que es de fácil efervescencia contra los migrantes. Y el gobierno mexicano se doblega ante esas presiones. Hasta ahora, el gobierno entrante, el de Andrés Manuel López Obrador, ha ido acompañando algunas de las acciones o decisiones peñistas que tendrán impacto en la administración futura. El ejemplo más claro se dio en la negociación de lo que ahora es el acuerdo comercial trinacional.

En ese contexto de transición política mexicana, Trump ha lanzado un disparo tuitero de mañana: “En adición a detener todos los pagos a estos países (Guatemala, Honduras y El Salvador, según había precisado en anterior tuit: nota de la redacción astillada), que parece no tienen control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos pedirle a México detener este ataque y si no pueden hacerlo, llamaré al ejército y cerraré nuestra frontera sur”. Más tarde, el picapleitos imperial celebró que México hubiera enviado a la Policía Federal a Tapachula (aunque, en realidad, dicha policía ya estaba ahí desde mucho antes que Trump lo tuiteara).

La crisis en el sur mexicano puede ser de consecuencias muy importantes y duraderas. Trump desea usar a México como su policía de patio trasero, el oportuno garrote tricolor desde la frontera con Centroamérica. Con Peña y con Luis Videgaray se vivió un vergonzoso y dañino entreguismo a los intereses estadounidenses, y en el primer círculo del obradorismo hay personajes proclives al “entendimiento pragmático” con el disparatado ocupante de la Casa Blanca de Washington.

Hoy estará en México el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para reunirse con Peña Nieto, Videgaray y el futuro secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Dos temas centrales se abordarán: la insistencia del gobierno de Trump para que México siga presionando a Venezuela y eventualmente “acompañe” una decisión de fuerza tomada desde El Pentágono y la Casa Blanca, y la exigencia plena, sin atenuantes, de que México se comprometa a ser el muro policiaco y militar ante la migración centroamericana.

En otro tema: tal como, durante décadas, los institutos y tribunales electorales juraron que en México había comicios libres y democracia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha declarado que fue respetado el voto libre y secreto en las recientes “elecciones” de comités sindicales petroleros, que ganaron los grupos alineados con el cacique Carlos Romero Deschamp.

El equipo de abogados que ha representado a Carmen Aristegui comió ayer con ella para celebrar su regreso a la radio abierta. Javier Quijano y Javier Cortina son, también, representantes legales de José Gutiérrez Vivó y en la comida estuvo Juan Aguirre Abdó, directivo de Radio Centro y artífice del acuerdo que permitió a Aristegui estar ahora en el 97.7 del cuadrante radiofónico. En el conjunto de cambios que va impulsando Radio Centro está la intención de saldar antiguos litigios con el legendario Gutiérrez Vivó. Sobre el mismo asunto: aparte de los expedientes específicos con firmas radiofónicas, quien fue conductor del programa Monitor tiene otros procesos pendientes, complicados y enconados, que en su contra presentaron algunos de sus ex empleados.

El futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, dijo ayer que “todas las obras del próximo gobierno federal tendrán consultas participativas, me refiero a procesos democráticos y a Foros Escucha. Foros, espacios de consulta, de debate y de análisis con la ciudadanía, con los pueblos originarios, con las comunidades”. Mencionó, como ejemplos de ese futuro esfuerzo de auscultación, los proyectos del Tren Maya y las refinerías. Aunque ha de decirse que el proceso de ejecución de estos dos proyectos va mucho más avanzado que la intención de hacer consultas sobre ellos. ¿Se consultará a la gente sobre las obras que ya estén en curso, a todo vapor?

Y, mientras el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha asegurado que no busca impunidad Enrique Peña Nieto al solicitar a la Corte una controversia constitucional para impedir que haya órdenes de aprehensión y otras diligencias judiciales contra actuales y anteriores funcionarios del peñismo a causa del expediente abierto en Chihuahua por triangulación de fondos federales a campañas electorales priistas. ¡Hasta el próximo lunes!

Romero Deschamps gana primer asalto

“Elecciones” simuladas
Obradorismo, ¿derrotado?
Meyer, flashmob, show

Entre descoordinación política y visos de ingenuidad, el obradorismo dejó la puerta abierta al cacique Carlos Romero Deschamps y su pandilla de dirigentes seccionales en todo el país para que mantengan bajo control el sindicato de trabajadores petroleros.

A pesar del extraño festejo que adelantó la noche del martes la futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, flanqueada por la futura secretaria de energía, Rocío Nahle, respecto a un presunto acuerdo de democratización en los procesos mafiosos de elecciones sindicales petroleras (según eso, con el voto “libre y secreto” como logro “histórico”), el peso de la realidad fue aplastante: una enorme y descarada simulación que permitió el “avance” meramente procesal de que no se anotaran los nombres, apellidos y ficha de los trabajadores en las cédulas electorales, frente a una convocatoria a modo, apresurada (se emitió el lunes, dando el martes para registro de planillas y el miércoles para la votación), con planillas únicas (los caciques seccionales en la rotación acostumbrada: sale uno pero entra otro del mismo bando), ¡urnas itinerantes! llevadas a los centros de trabajo sin mayor vigilancia ni recato, funcionarios sindicales presenciando la emisión del voto “libre” e inmediatas celebraciones del oficialismo sindical, la tarde de ayer, del triunfo “democrático” de los candidatos únicos.

Lo sucedido no se compadece del “festejo” que con tal palabra expresó la ministra en retiro, senadora en funciones y futura secretaria de gobernación, Sánchez Cordero, por la presunta “democratización”, ni con el conocimiento pleno de la realidad sindical petrolera que tiene la futura secretaria de energía, Nahle. Tampoco se honró el esfuerzo de directivos y legisladores de Morena que impulsaron actos públicos de agitación de bases laborales petroleras para impulsarlas al combate a campo abierto contra el vengativo romerismo. El propio López Obrador quedó fuera de lugar con sus discursos por el sureste, asegurando que ahora sí habría democracia sindical, sobre todo en el sindicato petrolero.

Los principales grupos opositores a Romero Deschamps y sus 36 secretarios seccionales consideran la posibilidad de emitir hoy un pronunciamiento de descalificación de la farsa electoral y una exigencia de que se nieguen las tomas gubernamentales de nota de tales comicios. Hay un camino legal por recorrer, incierto en términos meramente jurídicos pero susceptible de ser potenciado por el nuevo poder morenista: la búsqueda de declarar nulas las elecciones de este miércoles, por considerar que no se ajustaron a las modificaciones recién aprobadas por el congreso de mayoría morena. Ya se verá si el obradorismo aplica toda su fuerza a revertir lo que hoy ha sido una victoria del sindicalismo nefasto del emblemático Romero Deschamps o si, en aras de entendimientos para el cumplimiento de los planes petroleros del sexenio, hubo un avenimiento pragmático para convertir al charrismo sindical petrolero en un nuevo aliado circunstancial.

No ha sido afortunada la designación de Sergio Mayer Bretón como presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados (en realidad, tampoco lo fue la candidatura en sí de tan peculiar personaje, particularmente destacado en la farándula). Con una rapidez y consistencia muy notables, ha ido cometiendo pifias en su ambicioso cargo. Ayer, en el contexto de la instalación de la citada comisión, llevó a un grupo que, según luego declaró su coordinador, llevan “veinte años trabajando para Televisa”, además de estar disponibles para actos empresariales y “pedidas de mano”.

Ese grupo realizó lo que en inglés se conoce como flashmob, una actuación relámpago entre un público que no sabe lo que sucederá. No es una novedad el flashmob, pero sí lo fue en un acto formal como el de ayer en la cámara de diputados, cuando un puñado de cantantes interpretaron partes del coro de la ópera La traviata, de Guiseppe Verdi. La visión ligera, práctica y efectista de Televisa (el “show”), como matriz “cultural” en San Lázaro.

En una insólita recurrencia defensiva, la Presidencia de la República (ocupada en esta ocasión por Enrique Peña Nieto), ha promovido una controversia constitucional para impedir eventuales acciones judiciales que pudiesen implicar aprehensión u otras medidas de apremio o indagación respecto a un caso que Los Pinos se ha empeñado en tratar de disminuir jurídicamente y de ocultar mediáticamente: la acusación, radicada en Chihuahua y promovida y sostenida por el gobernador Javier Corral Jurado, de que dinero público bajo manejo federal fue enviado a aquella entidad, cuando la gobernaba el priista César Duarte Jáquez, para triangularlo delictivamente hacia campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

La promoción de la citada controversia constitucional fue hecha el pasado 11 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Misha Granados. Con ese recurso se busca impedir que haya o vaya a haber órdenes de aprehensión contra “actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, en el contexto del proceso que tuvo en la cárcel al exsecretario adjunto del comité nacional priista, Alejandro Gutiérrez, en un expediente que involucra a Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso y, desde luego, Enrique Peña Nieto.

Más allá de consideraciones partidistas (el gobernador Corral es panista) y de pugnas de las recientes campañas presidenciales (Corral apoyó abiertamente a Ricardo Anaya), el tema debería ser de la mayor importancia para el proceso de democratización nacional: ese expediente es el primero y único, hasta ahora, que da muestra del uso de dinero público para campañas priistas, con nombres de un altísimo nivel que, ahora, buscan protección judicial en una maniobra que en el fondo es un reconocimiento de las culpas que les señalan. ¡Hasta mañana!

Los perdones de AMLO

• Planes del Sur
• ¿Persecución o cambio?
• Gobernadores a salvo

El presidente electo está volcado en el sur del país. Sus principales planes corresponden a aquella región: Tren Maya, el corredor transístmico, las Zonas Económicas Especiales y, como necesidad operativa y también como mediata consecuencia electoral, el ensanchamiento de la morenización.

Dado que el aterrizaje de esos planes estratégicos requiere de la colaboración o, cuando menos, de la menor obstrucción posible de parte de los gobernadores en funciones de aquella región, Andrés Manuel López Obrador se ha esmerado en cerrar filas con ellos y hacerles sentir a gusto. El amago de los superdelegados que el centro enviaría para ejercer una especie de gubernatura alterna ha ido bajando de tono, y en más de una ocasión el propio tabasqueño ha advertido a sus futuros comisionados que deben respetar y entenderse con el mandatario constitucional, ahí presente. También ha enfrentado AMLO los gritos y rechiflas contra los gobernadores mal queridos por la ciudadanía y ha pedido a los quejosos que se sumen a una nueva etapa, la del perdón y la reconciliación.

Este fin de semana tocó el turno a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, un depurado ejemplar del priismo clásico, que actualmente gobierna Campeche. Ante los gritos de “¡fuera Alito!”, López Obrador reprodujo y amplió su conocida tesis de la amnistía política, del perdón a los depredadores del país. El presidente electo dijo que, dado que estaban “coreando eso de ‘¡fuera Alito!’”, él deseaba precisar que “¡no!, no vamos a empezar con eso. Se los digo así con toda claridad. Vamos a llevar a cabo la transformación de México y no es sacar a un político; eso es lo que hacían antes, que llegaba el nuevo gobierno y encarcelaban a un político del pasado y con eso decían ‘ahora sí va a haber cambios’”.

Mencionó a Carlos Salinas de Gortari como ejemplo de esos golpes judiciales o políticos que la gente celebraba mientras el gobierno federal avanzaba en sus planes contrarios al interés nacional. Señaló el político tabasqueño que él no necesita legitimarse; llamó a dejar “a un lado la politiquería y levantar la mira”, pues “¿qué es más importante? ¿Meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo políticos corruptos o transformar a México? ¡Cambiar al régimen! ¡No engañar, simular, con la persecución de uno, de dos, de tres políticos corruptos! Lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y privilegios”.

Como en todo el país, en el sur hay un extendido rechazo a la inmensa mayoría de los gobernadores en funciones: Chiapas, con el caso de Manuel Velasco Coello como preocupante ejemplo de malabarismo transpartidista y transexenal, convertido ahora en una especie de representante regional del obradorismo, sin cartera explícita (gobernador-senador-gobernador, a quien relevará el verde-morenista, güero-amlista Rutilio Escandón). Quintana Roo, con una secuencia criminal de ocupantes de la gubernatura, algunos de ellos oportunamente encaramados a la generosa carreta del morenismo y el actual, el peñista un tiempo pintado de “opositor”, Carlos Joaquín González. Arturo Núñez enérgicamente repudiado en las urnas tabasqueñas, en espera de que tome posesión el obradorista Adán Augusto López Hernández. En Yucatán, los matices negativos son menores: el panista Mauricio Vila ha sucedido al priista Rolando Zapata Bello.

Los perdones de López Obrador (él mismo dijo que ha perdonado a quienes dos veces le robaron la Presidencia de la República) contrastan con la vocación de justicia, no de venganza ni de linchamientos, que a muchos mexicanos hizo votar por López Obrador y Morena, a pesar de que el tabasqueño había postulado con toda anticipación y claridad su propuesta de virtual borrón y cuenta nueva en materia de política, corrupción y castigos. El perdón es un acto de índole personal, íntima; la justicia es una condición insalvable para fincar la paz duradera, la auténtica reconciliación y la verdadera reconstrucción nacional.

Jesús Zambrano, fundador, ex presidente nacional y legislador en varias ocasiones a nombre del Partido de la Revolución Democrática, declaró a Abigaíl Cruz, reportera de “El Sol de México” (https://goo.gl/tuSP5H ), que “el PRD indiscutiblemente ya cumplió con un ciclo muy importante de su vida”, así que “hoy el PRD con humildad y generosidad debemos de poner a disposición su registro para un nuevo partido y, para ello, hemos decidido iniciar con foros de diálogo en estados del país y donde hemos tenido acercamientos con intelectuales, entre ellos con José Antonio Crespo y José Woldenberg”.

El gobierno municipal de Monterrey, a cargo del priista Adrián de la Garza, negó permiso para la presentación de Marduk, una banda sueca de black metal, en una cafetería de la capital neoleonesa. La censura gubernamental tiene como contexto una solicitud planteada por “Familias Cristianas” en change.org, para exigir que se impidan “estos conciertos que atentan contra la Fe y dignidad Cristiana y contra todos los valores morales. No permitamos que este grupo de adoradores blasfemos, esclavos de satán lleguen a nuestros jóvenes, corrompiéndolos con sus canciones depravadas, aprovechándose de su vulnerabilidad”.

Astillas: Se ha convocado para hoy a una manifestación de protesta frente a las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), coincidente con el inicio del proceso de adjudicación, a particulares, de concesiones de fin de sexenio para el uso de pozos acuíferos. El senador de Morena, Martí Batres, ha dicho que se legislará para evitar la privatización del agua y que los arreglos que se hagan hoy podrán ser revertidos por López Obrador cuando llegue a Palacio Nacional… Reyna Valenzo Pérez, médico-oftalmóloga del Seguro Social, fue asesinada este viernes a bordo de su automóvil, en una expresión más de la violencia que desborda a Acapulco y a Guerrero en general. Hubo este domingo una marcha para protestar y exigir justicia…
¡Hasta mañana!

Caciques sindicales en resistencia

– Petroleros maniobran
– Congreso de electricistas
– ¿Elecciones realmente libres?

 

Liderazgos sindicales acusados de corrupción y cacicazgo tratan de blindarse ante la nueva política laboral del obradorismo, la cual garantizará elecciones libres en las organizaciones de trabajadores y a cuyo amparo se están organizando corrientes disidentes para empujar el cambio de esos dirigentes “charros” y, de ser posible, su procesamiento judicial.

En las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sus actuales dirigentes están en búsqueda de mantenerse en el poder (por sí mismos o a través de miembros de sus camarillas) y, a la vez, sostener a Carlos Romero Deschamps, el máximo símbolo actual de corrupción sindical.

En Ciudad del Carmen, Campeche, por ejemplo, Víctor Kidnie de la Cruz, dirigente de la sección 47 del sindicato petrolero, ha iniciado la entrega de “plazas definitivas”: ya lo hizo con 77 trabajadores y ha anunciado que en total serán 300 “beneficiados” con empleo seguro.

Kidnie de la Cruz, como varios de los miembros de la dorada clase sindical petrolera, está acusado penalmente de diversos delitos, sobre todo, del conocido como “lavado de dinero” (así lo reconoció en esta semana el fiscal general de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos). Además, los dirigentes petroleros han sido constantemente acusados de extorsionar a los aspirantes a obtener empleos; para conseguir una plaza definitiva deben entregarse centenares de miles de pesos a los “líderes”.

Víctor Fuentes del Villar, líder máximo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), ha disfrutado durante largos años de escenificaciones degradantes para quienes aspiran a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad o a mejorar sus ingresos: sus subordinados le organizan filas de solicitantes de empleo que le aplauden y le buscan agradar, en particular mujeres vestidas con faldas cortas. Esas escenas se han montado a la entrada del edificio donde tiene sus oficinas y en un caro restaurante en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Ante los nuevos tiempos, Fuentes del Villar ha hecho convocar, con toda oportunidad, a un congreso nacional a realizarse en Cancún en noviembre próximo. Ahí, en el orden del día correspondiente al 14 de noviembre (un orden “indicativo”, se precisa) se pondrán a controlada votación las propuestas de “reformas estatutarias” que permitan a los “representantes” de los trabajadores electricistas intentar su continuidad. Por lo pronto, se invita a los interesados a que envíen sus propuestas, ponencias y sugerencias a las oficinas sindicales y a sitios de internet. Pero, en la “democracia” sindical vigente, a la hora de la verdad solo se hace lo que el “líder” indica.

Otra historia de oprobio es la de otro Víctor, este de apellido Flores, un auténtico saqueador de la riqueza del gremio ferrocarrilero, habilitado como verdugo de los trabajadores del riel justamente en el proceso zedillista de privatización del sistema ferroviario. Similares historias hay en demasía, en los planos nacional y de los estados y regiones. En algunos casos, como el de los petroleros, ya se han realizado reuniones de organización de una disidencia esperanzada y alentada por el arribo del obradorismo a los poderes legislativo y, próximamente, al ejecutivo.

La senadora de Morena por Campeche, Cora Cecilia Sánchez García, trabajadora petrolera impulsada por Layda Sansores, y el senador por Oaxaca, también morenista, Salomón Jara, está participando activamente en la organización de esa disidencia.

¿La Cuarta Transformación sacudirá a las élites sindicales tradicionales y propiciará una esperanzadora renovación?
José Walter Valenzuela Acosta llegó a la presidencia municipal de Comondú, Baja California Sur, postulado por Morena y el Partido Encuentro Social. Aparte de colocar a algunos familiares en cargos administrativos y de permitir que otros funcionarios colocaran a sus parientes en otras áreas del mismo gobierno municipal, nombró a Marco Antonio Barriguete Montoya, quien se denomina “obispo evangélico metodista”, como director de la oficina “de asuntos religiosos”. El diario El sudcaliforniano, de la Organización Editorial Mexicana, anunció que desde su oficina pública se regalarán ejemplares de la Biblia
Y, mientras López Obrador asegura a inversionistas del NAICM que están protegidos si la consulta sobre el tema es adversa a Texcoco, pues el próximo gobierno federal les garantizará sus intereses, y en tanto el futuro secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, anuncia planes para una rehabilitación del aeropuerto capitalino actual. ¡Hasta el próximo lunes!

Puebla: cartas marcadas

Decidirá el TEPJF
Cacicazgo o cambio
NAICM: tensión

El tribunal electoral de Puebla confirmó ayer (como era ampliamente previsto) su intención de que Martha Erika Alonso sea la próxima gobernadora. Falta, sin embargo, la sentencia final, que será emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el cual Miguel Barbosa y Morena objetarán la resolución de la instancia estatal, a la que acusan de estar absolutamente supeditada al mando del cacique Rafael Moreno Valle, esposo de la presunta próxima gobernadora y probable coordinador de sus compañeros senadores por el Partido Acción Nacional.

Será importante la decisión que tome el mencionado tribunal federal, pues son abundantes las pruebas y evidencias del manejo fraudulento de las elecciones poblanas. Valga tener presente que en anteriores litigios (la alcaldía de Coyoacán y las presidencias municipales queretanas de la capital estatal y de Huimilpan), la decisión de los magistrados electorales federales favoreció a quienes originalmente habían sido anunciados como triunfadores, a pesar de las fundadas impugnaciones de los oficialmente derrotados (María Rojo, Adolfo Ríos y Celia Durán, conforme a las demarcaciones señaladas en el anterior paréntesis).

En términos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha beneficiado a los grupos políticos de dos panistas relevantes: el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, opuesto a Ricardo Anaya Cortés y presuntuoso comentarista ante Andrés Manuel López Obrador, en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de que en esa entidad de raigambre blanquiazul el ganador en la contienda presidencial había sido el tabasqueño, y Rafael Moreno Valle, quien dejó de ser gobernador formal de Puebla pero mantiene un control asumido con ciertos matices por Antonio Gali y ahora en busca de aplicación plena si arriba la esposa, Alonso, a la misma silla de gobierno.

El expediente poblano tiene ingredientes especiales. El candidato de Morena, Miguel Barbosa, experredista del primer círculo del chuchismo (aunque luego se distanció de ese grupo y del propio partido), no suscita una adhesión vehemente de los cuadros dirigentes del obradorismo ni de la propia base de Morena en Puebla. Una muestra de esas distancias se tuvo en la famosa y polémica boda de César Yáñez y Dulce María Silva en la capital poblana, pues entre los invitados no estuvo el mencionado Barbosa, y sí el gobernador Gali, morenovallista pero con puentes y entendimientos con el obradorismo (durante la administración de Gali fue liberada la empresaria Silva, encarcelada cuando Moreno Valle era gobernador).

Por su parte, Moreno Valle ha ido canjeando posiciones menores, pero importantes, a cambio de presuntas aspiraciones mayores: se propuso como precandidato presidencial panista y acabó negociando la candidatura de su esposa a gobernadora y la suya propia a senador. En el jaloneo por la sucesión en la dirigencia panista se ha hecho de la probabilidad de coordinar a los senadores de su partido, a cambio de declinar su escuálida posibilidad de competir por el liderazgo partidista.

Al proyecto obradorista no le iría mal, en términos absolutamente pragmáticos, contar con un aliado en las filas panistas, en específico en la coordinación de los senadores. Ya se verá si la resolución del TEPJF confirma el cacicazgo de Moreno Valle (cercano a Elba Esther Gordillo y a Esteban Moctezuma) o rehabilita a Barbosa. La mejor opción, en todo caso, sería anular los comicios y convocar a nuevas elecciones en Puebla, en las que no participaran las cartas marcadas de ahora: ni la esposa del cacique ni el experredista impresentable.

Una comisión de primer nivel del próximo gobierno federal se asomó ayer de manera involuntaria a algunos de los rasgos distintivos del accionar de dueños, concesionarios o beneficiarios de procesos empresariales ajenos o contrarios al interés popular: el uso del instrumental jurídico para amedrentar o entrampar a quienes indagan o se oponen a esos negocios y, además, el amago de la violencia física, criminal.

Los futuros funcionarios, encabezados por Javier Jiménez Espriú, postulado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acompañaron a pobladores de la región del Lago de Texcoco en un recorrido de explicaciones y denuncias respecto a los daños que aseguran ya han causado los proyectos relacionados con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NA(Slim), sus posibles siglas) y, también, respecto a las consideraciones históricas, técnicas y culturales que les llevan a rechazar ese proyecto y la aún imprecisa consulta pública que durante cuatro días se realizará para definir la suerte de Texcoco y Santa Lucía.

Los visitantes fueron corridos de un terreno por la abogada de una firma propietaria de una mina , ¡hasta mañana!

Foros tropezantes

Educativo, violentado
Pacificadores, suspendidos
NAICM, rechazo

Un foro en busca de acuerdos sobre temas educativos fue impedido de realizarse el sábado en Acapulco, en el marco del enfrentamiento creciente entre el sindicalismo no oficialista (que se expresa no solo a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sino también de agrupaciones regionales como, en el caso, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero), y el flanco oficialista ahora con dos polos, Juan Díaz de la Torre como residuo peñista y Elba Esther Gordillo como “opción” revanchista.

Un día antes, Alfonso Durazo, propuesto para ser secretario federal de seguridad pública, anunció la cancelación de cinco foros presenciales sobre pacificación y reconciliación nacionales, según eso para tener tiempo suficiente para “sistematizar las propuestas” recogidas de anteriores encuentros similares. Tal cancelación hará que si alguien aún deseara participar en esos foros tendría que hacerlo a través de una plataforma de internet: por esa vía, en dado caso, estarían aportando testimonios, críticas y propuestas los habitantes de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Tabasco. Las reuniones celebradas hasta ahora habían resultado de difícil manejo para los futuros funcionarios, particularmente por el choque entre la postura del gobierno venidero, de otorgar perdón a los verdugos, y la de los familiares de las víctimas, en el sentido de exigir justicia institucional y dejar el perdón al ámbito íntimo de cada persona.

Difícil también es el camino de la consulta ciudadana, que finalmente será una encuesta de opinión, para decidir la suerte del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Andrés Manuel López Obrador iniciará a partir de hoy una tarea informativa sobre las ventajas y desventajas de construirlo en el Lago de Texcoco u optar por un proyecto que incluiría al actual aeropuerto capitalino y las instalaciones de Santa Lucía, en el Estado de México. Hasta ahora, las voces en contra de la edificación en Texcoco han sido más insistentes y difundidas, incluyendo a algunos de los futuros altos funcionarios que fueron comisionados para hablar sobre el tema ante abiertos opositores al proyecto que, en tanto, sigue en marcha.

En los tres temas, la próxima administración obradorista ha buscado promover la participación popular, en ejercicios de foros o consultas que contrastan con la histórica cerrazón de un sistema político regido por la opacidad y acostumbrado a que la élite tomara decisiones sin consultar más que a unos cuantos o, en ocasiones, a nadie, mero ejercicio de faraonismo sexenal mexicano.

Sin embargo, el aterrizaje de esta buena intención política se ha topado con obstáculos y distorsiones. En su campaña presidencial y luego ya como presidente electo (incluso frente a Enrique Peña Nieto), López Obrador ha expresado su tajante disposición a abolir la reforma educativa propuesta por el actual gobierno federal. Sin embargo, los grupos más politizados y radicales del movimiento magisterial independiente temen que solo se dé un maquillaje a la citada reforma, y están empujando para que se vaya realmente a fondo.

En el camino, ese sindicalismo magisterial independiente se está topando con un compañero indeseado de viaje: el oficialismo en decadencia, del grupo de Juan Díaz de la Torre, y el resucitado grupo de Elba Esther Gordillo, la rehabilitada profesora deseosa de retomar el control del SNTE. El choque acapulqueño de ayer fue causado por la protesta del sindicalismo independiente contra lo que dicen fue una privilegiada cesión de espacios para el grupo del SNTE y la corriente gordillista. Esteban Moctezuma Barragán, bien relacionado con Gordillo desde hace muchos años, no pudo realizar el citado foro y lo acusaron, junto al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, de favorecer al SNTE. Ya se verá si la confrontación, en otros foros, sube de intensidad o es atemperada.

Por lo pronto, el escenario de ese sindicalismo educativo se ve alterado por la campaña iniciada para reponer a la profesora Gordillo en el asiento directivo del SNTE, así sea por un lapso breve, en una búsqueda de reivindicación política e histórica de quien fue detenida en 2013 y depuesta del liderazgo sindical y ahora, descargada de acusaciones judiciales, y con una subterránea relación funcional con el obradorismo, cree posible botar al “traidor” Díaz de la Torre y colocar a un propio como dirigente formal del citado SNTE. En Coahuila, por cierto, directivos de la sección 38 (dominada durante años por Carlos Moreira, hermano de los ex gobernadores de esa entidad) están difundiendo videos de clamor sincronizado en demanda de que Elba Esther regrese al mando sindical (nota y videos en https://goo.gl/9X75ue )

Respecto a los foros en busca de acuerdos pacificadores y de términos para una ley de amnistía, ha de decirse que en general han sido accidentados, siempre desbordados por familiares de víctimas que no deseaban escuchar discursos con generalidades por parte de los futuros funcionarios (López Obrador, en una ocasión; Durazo, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en esa ocasión y las demás) sino propuestas concretas. No diagnósticos sino propuestas de solución en curso. Y, en particular, esas audiencias altamente dolidas rechazaron la tesis obradorista del perdón.

Además, la aún volátil división de funciones entre las futuras secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública ha hecho que haya regateos y jaloneos. Además, los equipos de cada una de esas próximas secretarías están integrados por personajes con agendas e intereses que no siempre permiten el acompasamiento en los muy delicados temas que están atendiendo.

Y, mientras en Ecatepec (municipio gobernado en su momento por Eruviel Ávila) se han manifestado contra los feminicidios y las historias de horror como la más reciente, de la pareja que sacaba en carriola restos humanos para tirarlos en lotes baldíos, ¡hasta mañana!

Madrazo a Calderón

AMLO, “arriba en 2006”
FC: gané “limpiamente”
Hola!, César Yáñez

Doce años después, y con una distinta correlación de fuerzas políticas, Roberto Madrazo Pintado cortó camino en el maratón de la historia electoral del presente siglo y soltó algunas frases que han vuelto a cimbrar al (todavía) panista Felipe Calderón Hinojosa (FCH), a causa del fraude electoral que en 2006 le permitió colocarse en el pecho una banda presidencial de tres colores a la que luego, a lo largo de un sexenio funerario, remarcó en especial el rojo sangre.

En realidad, el ex gobernador tabasqueño Madrazo Pintado dijo y no dijo, aunque fueron siete las palabras más notables de su intento de resurrección o, cuando menos, de reacomodo: “En mis actas estaba López Obrador arriba”. No precisó en qué momento de aquel día electoral se produjo dicho “estar arriba” ni qué porcentaje del total de las actas había tenido a la vista. Desde luego, no presentó ninguna prueba. Todo con cargo a su palabra. “¿Tú le crees a Madrazo? Yo no”, rezaba una propaganda del grupo de Elba Esther Gordillo contra el entonces presidente del PRI, cuando se peleó con la profesora que había sido la secretaria general del comité priista y saldría del tricolor para construir su partido personal, Nueva Alianza, el Panal.

El propio Madrazo Pintado matizó y casi contradijo al mismo Madrazo Pintado en la entrevista radiofónica realizada en Villahermosa: ¿por qué no avisó o puso a disposición de su paisano, López Obrador, esos resultados electorales que le ponían “arriba”?. Bueno, explicó quien fue candidato presidencial priista en aquella ocasión, porque nadie le pidió los datos (que nadie sabía que existían sino hasta ahora que los “revela”, a puro golpe prosódico) pero, sobre todo, porque habría significado “dinamitar la vida democrática”.

Podía haber impactado, pero no cambiaba el resultado. “Me faltaban casillas en zonas muy panistas, pero la tendencia le favorecía (…) Si yo hubiera tenido certeza de que en mis actas ganaba López Obrador, no dudaba en dárselas, pero me faltaban datos”. Aunque, en ese trote usuario de atajos para fingir finales, también se dijo convencido de que un recuento de votos en 2006 habría dado el triunfo a AMLO.

Haiga sido como haiga sido, la soltura declarativa del ex gobernador de Tabasco impactó el frágil posicionamiento del maltrecho Calderón, quien hubo de salir a medios de comunicación: “Las declaraciones de Roberto Madrazo son delicadas. Yo gané la elección presidencial del 2006 limpiamente, muy cerrada, muy controversial. Una campaña muy cerrada, pero la gané en las urnas limpiamente”.

En general, el calderonismo ha buscado desactivar las críticas y el rechazo a la manera cómo se hizo de la silla presidencial, convocando a que se deje de tender la vista “hacia atrás”. A quienes insisten en mantener la memoria histórica se les invita a “olvidar” esos temas. Lo cierto es que a Calderón y su grupo les acompañará siempre el estigma del fraude electoral (como a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez, el de la represión asesina contra estudiantes). Con el agravante de que, en busca de una “legitimación de facto”, como la acordada en 1988 por Carlos Salinas de Gortari con los dirigentes del Partido Acción Nacional, el mencionado Calderón Hinojosa desató una “guerra contra el narcotráfico” que hundió a México en la espiral de violencia salvaje e impunidad que se mantiene hasta la fecha.

La portada de la edición reciente de la versión mexicana de la revista española de frivolidades, Hola!, reavivó la polémica respecto a la boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva, futuro coordinador de política y gobierno de la administración obradorista, el primero, y empresaria con capital suficiente para bodas rumbosas, la segunda.

El uso del máximo escaparate de las élites nacionales para difundir, en 19 páginas, la peculiar fiesta poblana, y su inevitable liga referencial con repudiadas exhibiciones de personajes públicos (especialmente, la familia Peña-Rivera), llevó al más notable de los asistentes a aquel sarao, López Obrador, a precisar que no había sido él quien contrajo matrimonio, y que cada cual es responsable de sus actos.

Astillas: Ricardo Monreal, como coordinador de la bancada dominante en el Senado, propuso mecanismos rotatorios de jueces y personal judicial, para “sacudir” este poder, tan cargado de nepotismo e intereses creados. Habrá de verse el desenvolvimiento de esta guerra de poderes… Enrique Graue, hubo de regresar del aeropuerto capitalino (de donde volaría a Monterrey) a la torre de rectoría de la UNAM para recibir personalmente el pliego de peticiones de la asamblea interuniversitaria, que se aprestaba a realizar un plantón hasta que el funcionario se presentara a ser notificado de las demandas respecto a las cuales han dado siete días de plazo para escuchar respuesta oficial… La cantante Belinda pasó a engrosar la lista de perseguidos políticos, pues AMLO dijo ayer, en un acto público morelense, que ella había sufrido “represalias” por haberse decidido a apoyar la campaña electoral del tabasqueño… El propio López Obrador invitó a algunos de sus futuros funcionarios públicos de alto nivel a mostrarse “imparciales” en el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Tal señalamiento se produjo un día después de que Alejandro Encinas, Josefa González Blanco, Román Meyer y Javier Jiménez Espriú habían expresado, con distintos matices, críticas u objeciones al proyecto que será puesto a consulta ciudadana el próximo 28, cuando menos en 500 municipios, mediante un método aplicado por la Fundación Arturo Rosenblueth… Y, mientras la profesora Elba Esther Gordillo presiona en busca de retomar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque sea de manera efímera, para luego dejar a un propio (se habla del hidalguense Moisés Jiménez) y seguir como poder tras el trono (todo, al amparo de una interpretación jurídica que postula que la sustitución de Gordillo, cinco años atrás, al ser detenida, fue infundada). ¡Hasta el próximo lunes!