CANCÚN.- Por segunda ocasión Estados Unidos y México deciden prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza, al continuar la epidemia siendo un foco rojo para la salud en el continente norteamericano.
Tras este hecho, la llegada del turismo al Caribe mexicano tendrá que esperar por lo menos un mes más para que se reactive.
Los viajes no esenciales como ir de compras al extranjero, visitar a familias fuera del país o ir de paseo a otra nación, en tiempos de pandemia no son una prioridad, por lo que seguirán restringidos.
A esto se suma que los protocolos sanitarios en la industria turística serán la base de la reactivación, por lo que se requiere la aplicación constante y permanente de pruebas rápidas para detectar a personas contagiadas, reaccionar oportunamente y cerrar la brecha de incertidumbre de nuevos contagio, algo que apenas comienza a dar los primeros pasos en el estado.
Muchos hoteles y parques temáticos anunciaron sus reaperturas a partir del 1 de junio, lo cual no será posible, ya que las empresas, ni el mercado lo determinarán; será el gobierno federal y del estado.
ANTICIPAN CONFLICTO POR PAGO DE UTILIDADES
La Barra de Abogados de Quintana Roo anticipa una conflicto legal en puerta ante la obligación de las empresas de pagar a más tardar el 30 de mayo las utilidades correspondientes a 2019.
El presidente del organismo, Héctor Sarti Pérez asegura que no hay justificación por parte de las empresas en el estado para no pagar esta prestación, pues ésta se deriva de los ingresos generados en 2019, previo al inicio de la pandemia.
El reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, se ha vuelto punto de controversia de intereses en el sector obrero-patronal en cuanto a su pago oportuno, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 por la que atraviesa el país; no obstante dicha remuneración en términos de la legislación laboral debe entregarse a los trabajadores antes del próximo 31 de mayo en el caso de empresas; mientras que las personas físicas con actividad empresarial o patrones, tienen hasta el 29 de Junio del 2020, para entregar dicho beneficio a sus empleados.
Independientemente de la emergencia sanitaria no se cancela ni se suspende su pago, aun cuando en este momento las empresas tengan problemas de liquidez, por causas relacionadas a la pandemia en el entendido que fueron generadas en el ejercicio fiscal 2019 (del 1º de Enero y el 31 Diciembre 2019), insistió.
En caso de negativa por parte de las empresas, están previstas en la ley multas que van de 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes entre 21 mil 720 a 434 mil 400 pesos, sin perder de vista que dichas sanciones se incrementaran con base al número de empleados que tenga la fuente de trabajo y les sean vulnerados sus derechos, lo que implica un incremento a dicha sanción”.
Agregó que esta prestación es un derecho incluso para aquellos trabajadores que fueron despedidos durante la actual contingencia, por lo que también es obligación de los patrones contactar a sus ex empleados para pagarles esta prestación.
Sarti Pérez recordó que son casi 80,000 empleos los que se han perdido en los últimos dos meses y medio y se anticipa que habrá muchas denuncias por falta de pago, pues las empresas están alegando insolvencia para cumplir con esta obligación.
La secretaria del Trabajo en el estado, Catalina Portillo, informó que algunas empresas pudieron adelantar el pago de esta prestación, pero se encuentran realizando inspecciones para verificar que las empresas cumplan.
Por Licety Díaz y Jesús Vázquez/GRUPO CANTÓN
