CANCÚN.- Ante la ola de abusos y excesos en el ejercicio de la función pública de alcaldes, gobernadores y mandos policiacos, la Secretaría de Gobernación (Segob), puso un alto a estos funcionarios que han trasgredido los derechos de los ciudadanos con sus medidas restrictivas a consecuencia de los contagios por coronavirus.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a gobernadores y alcaldes mantener la unidad y ser responsables ante brote de Covid19; y precisó que es indispensable acatar la rectoría de las autoridades de salud del Ejecutivo Federal.
La Segob hizo el llamado a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, para que no se apliquen medidas que restrinjan los derechos de las personas, al atravesar una emergencia sanitaria, no un estado de excepción, por lo que pidió a estos funcionarios abstenerse de tomar medida que violen o limiten los derechos de los ciudadanos.
Se pidió aplicar medidas emergentes con apego a los derechos de las personas y frenar todo abuso de autoridad, amenaza o castigo a la población.
La sociedad en su conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin vulnerar derechos de terceros. Proteger a migrantes, reclusos y personal de salud
Conminó también a proteger a los grupos agredidos y discriminados como el personal del sector salud y personas diagnosticadas con Covid-19, así como el alza en la violencia doméstica y agresiones a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El documento, “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19”, destacó que la emergencia sanitaria no representa una suspensión de garantías.
Según la distribución de competencias, estas medidas, únicamente puede dictarla el Consejo de Salubridad Nacional General, por lo que es preocupante el establecimiento de un mal llamado “Toque de Queda”, como ha ocurrido en Cozumel, Tulum y Lázaro Cárdenas en Quintana Roo.
El documento indica el derecho de libre tránsito en todo el territorio nacional, no puede ser restringido por el cierre de caminos y carreteras, ni de fronteras estatales o vialidades municipales, al ser restricciones severas, los estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, solo lo autoriza el Consejo de Salubridad General.
Amparos en Quintana Roo por abusos
Como parte de los abusos cometidos en Quintana Roo por frenar los contagios masivos de Covid-19, se han violentado los derechos ciudadanos, el propio gobernador Carlos Joaquín González, ha anunciado con arresto de hasta 36 horas o multa a quienes no acaten sus disposiciones, como quedarse en su casa, no usar cubrebocas o caretas a quienes por necesidad o actividades esenciales transiten por las calles.
Ha ordenado el cierre de calles y vialidades, y afectado con ello a negocios esenciales, que han tenido que cerrar sus cortinas, lo que ha generado que algunos ciudadanos recurran a los amparos.
Jorge Ramos, comerciante de Cancún, señaló que el secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, ha incurrido en excesos en el ejercicio de su función pública de manera agresiva con cierre de calles, negocios y amenazas hacia la gente de darles cárcel, sino cumplen las medidas gubernamentales.
El abogado, Eduardo Chong, con domicilio en Cancún, dio a conocer que interpuso el amparo 320/2020 en el juzgado Séptimo de Distrito, contra las amenazas y violaciones a los derechos de la ciudadanía, como el caso de no poder circular con placas de otros estados, la obligación al uso de un tarjetón y el arresto o multa por no uso de cubrebocas, por lo que hoy espera obtener la suspensión provisional.
Lo interpuso al ser detenido por traer placas foráneas, y el elemento de tránsito le dijo “No sabías que el gobernador ya te quitó tu derecho de circular con placas de otro estado”.
Los requisitos para el uso del tarjetón, indicó, son también violatorios de la privacidad, al pedir información confidencial y personal de la empresa, dueño, domicilio, giro, número telefónico, tipo de vehículo, placas y rutas que recorre habitualmente, la cual podría llegar a manos de la delincuencia organizada.
Por Víctor Flores/GRUPO CANTÓN