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20 abril, 2024

Cancún

Proponen decálogo para biodiversidad

CEMDA considera que el país continúa arrastrando rezagos en materia de protección al ambiente.

CANCÚN, Q. Roo.- A unos días de que México sea la sede de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo en diciembre próximo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), considera que el país continúa arrastrando rezagos importantes en materia de protección de su biodiversidad y patrimonio biocultural.

Se requiere que tanto el gobierno, como el sector privado y la sociedad civil trabajen de forma conjunta a fin de que México pueda ser capaz de cumplir con las denominadas Metas de Aichi, del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, refirió el organismo. El CEMDA propone el siguiente decálogo a favor de la biodiversidad de nuestro país:

1.- Otorgar mayores recursos públicos, así como personal suficiente y capacitado. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 redujo los recursos que se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un 37% con relación al año anterior. Sumado a lo que se redujo en 2016, el sector ha sufrido una baja de casi el 50% en tan sólo dos años. Esto manda un claro mensaje de que la protección al medio ambiente no se encuentra necesariamente dentro de las prioridades nacionales.

2.-
Expedir los decretos pendientes de Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como los programas de manejo de todas las ANP existentes en el país, incluyendo estatales y municipales.

3.- Elaborar en el corto plazo los ordenamientos ecológicos locales y regionales necesarios para proteger los ecosistemas existentes en el territorio nacional. Estos instrumentos permiten contar con la información sobre la capacidad de carga de los ecosistemas y controlar los proyectos de desarrollo en el territorio en cuestión. En el país son muy pocos los ordenamientos ecológicos locales que se han expedido (recordemos que estos son vinculantes) y por ende, es imperioso que las autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto.

4.-
Reducir el número de especies en riesgo y recuperar aquellas en peligro de extinción. A pesar de que el gobierno mexicano ha establecido como meta de política pública, evitar la pérdida de biodiversidad, especies tales como la vaquita marina, la tortuga caguama y el águila real han sufrido decremento de población.

5.- Adoptar medidas legislativas, administrativas y políticas, suficientes, necesarias, oportunas y progresivas para regular la actividad pesquera. Esto incluye reorientar subsidios hacia una gestión pesquera sustentable; incorporar la gestión pesquera en los Programas de Ordenamiento Ecológicos Marinos; aumentar la cobertura de áreas marinas protegidas al 10% de las zonas marinas y costeras mexicanas.

6.- Reducir las presiones antropogénicas a los arrecifes de coral. Como ejemplo de esta necesidad urgente están el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), amenazado por la construcción de la ampliación del Puerto de Veracruz.

7.- Revisar y/o expedir un marco jurídico que proteja adecuada y progresivamente la biodiversidad y el Patrimonio Biocultural del país, el cual deberá ser culturalmente aceptable.

8.- Velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Es urgente fortalecer los instrumentos existentes para la toma de decisiones así como lo relativo a los procedimientos de inspección-vigilancia y sanción.

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9.- Modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) a fin de garantizar el derecho al medio ambiente desde el estándar más alto de protección. Desde el punto de vista social y de conservación, el principal reto es lograr equilibrio entre las partes que participan, así como buscar congruencia y coordinación entre los programas de protección a los ecosistemas, con los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, y las dependencias de los tres niveles de gobierno.

10.- Incluir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como eje articulador y transversal de toda la política pública. Ello incluye a las actividades agropecuarias, pesqueras, silvícolas, mineras, energéticas y turismo. (Jesús Vázquez / QUINTANA ROO HOY)

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