Virginia Próspero
CANCÚN, Q. Roo
Christhofer Adolfo Briseño Franco, presidente de la comisión enlace con el Poder Judicial del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes de Quintana Roo, criticó que existan colegios y barras de abogados “patito” y los invitó a regularizar su situación y también anunció que analizará las reformas aprobadas por el Congreso para impugnarlas.
Ante las ternas propuestas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los colegios y barras de abogados se pronunciaron en contra de Carlos Alejandro Lima Carvajal debido a la mala imagen pública por su desempeño en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Briseño Franco en conferencia de prensa explicó que la semana anterior algunas agrupaciones de abogados se pronunciaron en contra y enviaron un escrito al presidente de la Gran Comisión, pero indicó que no pueden emitir ningún pronunciamiento, porque la Ley de Profesiones del estado establece que deben estar colegiados y además contar con todos sus papeles en regla.
Calculó que del total de abogados, alrededor de un 20% no son abogados y exhortó a los colegios y barras a que realicen el procedimiento para poder emitir opiniones y constituirse como un órgano de consulta.
También solicitó a los ciudadanos a que antes de contratar un abogado les exijan que exhiban su cédula profesional y no acepten que les muestren una copia de ésta a fin de que verifiquen que realmente son profesionales, porque en la mayoría de los casos arman mal los expedientes.
El experto añadió por otra parte que hasta que sean publicados los decretos sobre los nombramientos y reformas a la constitución realizadas para el caso la Fiscalía de Justicia, del auditor, de la Ley de Seguridad Pública y del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, analizarán si presentarán un recurso.
Con respecto a la reforma a la Ley de Seguridad mostró su desacuerdo en que se le extienda al gobernador el uso de guardaespaldas por 15 años o más, porque representa un gasto con cargo al erario público.
