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28 marzo, 2024

Cancún

Alerta de empresarios, se cansan de Tajamar

Amenazan que si no se destraba cuanto antes el proyecto, retirarán sus inversiones.

TAJAMAR-(2)

Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre el retiro de inversiones en Malecón Tajamar luego de la suspensión de las obras desde hace casi un año.

Urgieron que se deje de “violentar el estado de derecho” y se destrabe cuanto antes el proyecto.

Eloy Peniche Ruiz, dirigente del organismo patronal en Cancún, aseguró en conferencia de prensa que hay por lo menos tres proyectos cuyos promoventes están evaluando vender los terrenos comprados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) o cancelarlos definitivamente.

“Se está inhibiendo la inversión cuando lo que necesitamos es de nuevos proyectos para generar empleo”, aseguró.

Dijo que el más reciente resolutivo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo valer el estado de derecho, al dejar claro que Fonatur actuó conforme a la ley, por lo cual no debería existir impedimento alguno para que el proyecto siga adelante.

“Es un apercibimiento a que hay que resolver de manera expedita esta situación, porque se ha cumplido con lo que marcaba la ley en su momento, y las empresas están muy preocupadas con lo que pueda sucederle a sus inversiones”, añadió.

En el mismo sentido, ya se han pronunciado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, en voz de su dirigente Luis Cámara Patrón, quien emitió un desplegado en el que exigían respeto al estado de derecho y a las instituciones de gobierno.

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Cámara Patrón aseguró que el proyecto Malecón Tajamar cuenta con los permisos correspondientes para llevarse a cabo, tanto federales, estatales y municipales, además de que el entuerto legal “da una imagen a nivel mundial de que en Cancún no hay seguridad en las inversiones que se realizan y esto desalienta inversiones futuras”.

El propio Fonatur ha difundido información en la que asegura que la cancelación del proyecto implicaría dejar de generar 5 mil 166 empleos directos y 10 mil 332 indirectos, además de cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias del orden de los 11 mil millones de pesos.

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