Redacción / GRUPO CANTÓN

CDMX.- La firma estadounidense Vulcan Materials emitió un nuevo posicionamiento respecto del conflicto con el gobierno mexicano en el que rechaza en definitiva el ofrecimiento de compra de la mina Calica en Playa del Carmen, al considerar que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador “subvalora sustancialmente” sus activos de piedra caliza y el puerto Punta Venado.

La empresa se dice víctima de “amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones” por parte del gobierno mexicano para tratar de justificar la conversión sus terrenos en Playa del Carmen en una “supuesta Área Natural Protegida”, se lee en posicionamiento de la empresa.

Incluso señala que el plan anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir la mina Calica en un espacio turístico no tendría ningún beneficio para la población, “sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales. No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”.

Apenas el pasado 29 de febrero, el propio presidente López Obrador aseguró que habían reiniciado los acercamientos con Vulcan para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen a través de su filial Calica.

El presidente también aseguró entonces que estas negociaciones implicaban pausar el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida de esa superficie de tierra, lo cual se anunció como una medida para impedir que se continúe con la actividad extractiva que Calica realiza en estos terrenos para exportar material de construcción a Estados Unidos.

La propuesta de compra sobre las 2,400 hectáreas que la empresa posee en Playa del Carmen asciende a los 6,500 millones de pesos.

Con esto el gobierno busca al mismo tiempo finiquitar el litigio internacional que Vulcan Materials entabló contra el gobierno mexicano en las instancias de resolución de controversias, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante el cual reclama un pago indemnizatorio por 1,900 millones de dólares.